Valente Medina Seoane

Expediente 356/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
356/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
05/07/2018

Partes del expediente

  • Valente Medina Seoane

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. [...]

  2. Principal

    [...] RESUELVE ÚNICO. Se sobresee....

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se advierte que ya feneció el término concedido a la parte quejosa *****, para que señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el cual fueran conminados en proveído de nueve de mayo pasado, y con fundamento en el artículo 27, inciso c), párrafo tercero, de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, háganseles por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto no subsanen dicha omisión.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual en atención a lo solicitado por este juzgado en proveído de treinta de abril pasado, remite los cuadernos incidentales derivados de la tramitación del juicio de amparo 981/2017, de su índice, ello con motivo de la incompetencia planteada por el juzgado oficiante y que por cuestión de turno correspondió a éste juzgado; por tanto, toda vez que ya fue resuelta la suspensión definitiva en el referido incidente de suspensión, únicamente colóquenseles las caratulas correspondientes para su identificación y acúsese el recibo correspondiente. Al respecto, se acuerda: ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Toda vez que mediante proveído de treinta de abril pasado, este juzgado se reservó de aceptar la competencia planteada por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad del mismo nombre, hasta en tanto fueran recibidos los cuadernos incidentales, lo que en el caso ya aconteció como se proveyó en el párrafo que antecede; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia de mérito. No ha lugar a solicitar a las autoridades responsables sus informes justificados, en razón de que ya obran agregados en el juicio de garantías origen de este asunto; sin embargo, notifíquesele a ésta, así como a la fiscal federal adscrita a dicho órgano, la radicación del presente juicio, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Por otra parte, no ha lugar a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que se adviertan irregularidades que subsanar, éste órgano jurisdiccional debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas y dictar la sentencia que en derecho proceda; por tanto, si en el presente juicio se desahogaron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, la de ofrecimiento y desahogo de pruebas y la de recepción de alegatos, y por declaración superveniente de incompetencia el presente asunto se remitió a éste juzgado, no existe impedimento para dictar la sentencia que corresponda, por tanto, túrnense los presentes autos para resolver lo que en derecho proceda. Tiene aplicación el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 36/2009, la cual dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento." Ahora bien, advirtiendo de autos que el domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado de Distrito, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del precepto 2 de la propia Ley y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común con residencia en San Andrés Cholula, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique a la parte quejosa en el en el domicilio ubicado en la casa marcada con el número tres mil cien (3100), de la avenida Veinte Sur, colonia El Mirador, de la ciudad de Puebla, Puebla, por conducto de cualquiera de sus autorizados Cecilia Vargas Zamudio, Luis de los Santos Romero, Anamali Tecuapacho Aguila, Oscar Madrid Camacho, Jesús Danisu Hernández Juárez, Daniel Loaiza Ramírez y Diego Loaiza Ramírez, asimismo, deberá requerirlos para que al momento de la diligencia o por escrito dentro del término de tres días contado legalmente, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolos que de no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter personal se le realizarán por lista de acuerdos en los estrados de éste juzgado. En aras de la pronta y expedita impartición de justicia, estatuida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de agilizar el trámite del presente asunto, envíese a su destino la comunicación oficial de que se trata, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicando en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. De igual modo, solicítese al órgano jurisdiccional al que por razón de turno corresponda diligenciar la comunicación oficial librada, que una vez desahogada la diligencia encomendada, remita la totalidad de las constancias respectivas, únicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo mencionado, por lo que su envío por la vía ordinaria resultaría innecesario. Finalmente, notifíquese a los terceros interesados Álvaro Gustavo de Dios Zúñiga, Iris Anel Yesenia Vergara Nájera, Paulino Cruz Barragán, Alonso Núñez Poisot, Acelia Zavaleta Ortega, Clara Salomón Gil, Jovita Gil Vidal, Yolanda González, Teresa Vega Hernández, María de Jesús Callejas Romero, Nicolás Segura Prigadad, Cynthia Rivera Segura, Agustín Patricio Martínez, Andrés Rufino Morales, Lucinana Carmona Bernabé, Luis Gerardo Arellano Franco, José Manuel Rubio Sánchez y Felipe Pérez Méndez, la radicación del presente asunto y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, ello en atención a que mediante proveído de uno de marzo pasado, el juzgado declinante hizo constar que los referidos terceros interesados no señalaron domicilio para tal efecto, por lo que hicieron efectivo el referido apercibimiento, por tal motivo, los nombrados terceros interesados tendrán conocimiento de la radicación del presente expediente en este órgano jurisdiccional, con la notificación que al efecto realice el Juez declinante respecto de la presente aceptación de competencia. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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