Valdemar Zumaya Sánchez
Expediente 1153/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1153/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Valdemar Zumaya Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera el recurso de revisión contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración al haberse concedido la suspensión de plano; asimismo, una vez que se cumplan tres años de haberse dictado el acuerdo de archivo, deberá depurarse con posterioridad al VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de diciembre de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos los telegramas de cuenta, remitidos por el Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Veracruz, con residencia en Veracruz, Veracruz, a través de los cuales con el primero rinde su informe en relación a la suspensión de plano concedida al aquí quejoso y con el segundo rinde su informe justificado; al respecto, agréguense sin mayor proveer, en razón de que por auto de treinta de noviembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa. Cúmplase.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Uriel Curti Espinosa, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Fiscal Primera adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló por acuerdo de veintidós de noviembre del año en curso, remite copia autentificada del oficio *******, por el que puso a disposición del Juez de Control en turno del XI Distrito Judicial de Xalapa, con sede la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz. al aquí quejoso ******, radicándose el proceso penal 433/2022, por hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos contra las Instituciones de Seguridad Pública y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión simple de marihuana. Asimismo, la autoridad oficiante, remitió la constancia respectiva para acreditar su dicho, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, pues se trata de un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por otro lado, del análisis íntegro de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el presente asunto, se desprende que el quejoso Valdemar Zumaya Sánchez, reclama lo siguiente: 1. La ilegal detención, incomunicación y posibles actos de tortura. Ahora bien, del contenido de la constancia remitida por la autoridad responsable, la suscrita juzgadora advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica" Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". El precepto transcrito prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo el cambio de situación jurídica, entendiéndose por tal el hecho de que, al completarse una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, lo que da pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva fase procesal o situación jurídica. En este contexto, el presupuesto procesal en comento, establece que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando en virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En tesitura, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, instituyó en su tesis aislada número 2a. CXI/96, que para que opere el cambio de situación jurídica como causa de improcedencia del juicio de amparo, deben coexistir las siguientes condiciones: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. La tesis citada es la siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Asimismo, cobra vigor lo sustentado en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que interpreta: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguiente requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." Expuesto lo anterior, para encuadrar el caso concreto en la premisa legal precedente, es oportuno señalar que el acto reclamado lo constituye la ilegal detención, y como consecuencia, la posible incomunicación y actos de tortura de que pueda ser objeto; y, mediante oficio******, de trece de noviembre del año en curso, la Fiscal Primera adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, con residencia en esta ciudad, puso a disposición al aquí quejoso ***** del Juez de Control en turno, con residencia en la congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, por la probable comisión de los delitos de contra las Instituciones de Seguridad Pública y contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión simple de marihuana, ante ello, se radicó el proceso penal *****. En ese tenor, resulta patente que ha cambiado la situación jurídica del quejoso ******, respecto a los actos reclamados, atendiendo a que, con la consignación ante el juez de control cambió el escenario jurídico en que se encontraba el directo quejoso por virtud de los actos que reclamó inicialmente en esta vía y no puede decidirse sobre la constitucionalidad de lo reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica; de modo que, es evidente que la detención que el quejoso pudo haber sufrido por parte de las autoridades administrativas, se consumó irreparablemente y cesó, al consignársele a la autoridad judicial. En efecto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, puesto que existe autonomía o independencia entre los actos que se reclamaron en el juicio de amparo. Es aplicable al caso concreto, la tesis sustentada por la entonces Quinta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 892, tomo LXXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro son del literal siguiente: "SITUACIÓN JURÍDICA, CAMBIO DE LA, COMO CAUSA DE SOBRESEIMIENTO (DETENCIÓN REALIZADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS): Es inoperante el argumento esgrimido en el sentido de que la causa de improcedencia de que habla la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, atañe solamente a los actos emanados de un procedimiento judicial, porque la citada fracción establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando se opera un cambio de situación jurídica que dé lugar a que las violaciones cometidas a través de un acto emanado de la autoridad judicial, deben considerarse consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica; y es inconcuso que la detención inmotivada que el quejoso pudo haber sufrido, por parte de las autoridades administrativas, se consumó irreparablemente y cesó, al consignársele a la autoridad judicial, y la circunstancia de que la fracción X del artículo 73 aluda solamente a actos emanados de un procedimiento judicial, no hace viable el argumento que se analiza, porque la fracción IX del propio precepto contiene la causal de improcedencia que genéricamente se refiere a actos consumados de un modo irreparable y la XVI a la cesación de los efectos del acto reclamado, fracciones ambas que sirven de apoyo al sobreseimiento, con relación a la detención arbitraria que pudo haber sufrido el reclamante, por parte de las autoridades administrativas." De ahí que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus razonamientos jurídicos, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de la constancia que remitió la Fiscal Primera adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, con residencia en esta ciudad, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de la constancia de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Ténganse por rendidos los informes justificados de la autoridad Jefe de la Oficina de Apoyo Legal por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial y del Subdirector General de la Policía Ministerial, con residencia en la Congregación de las Trancas, Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguense para que surtan sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación de estos en la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 119 del citado ordenamiento legal, téngase como pruebas de la autoridad responsable, las documentales que anexó a dichos informes, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes...
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