Valente Contreras Luna
Expediente 55/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Valente Contreras Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde la pieza postal devuelta por la Administración de Correos de esta Ciudad, la cual contiene el oficio 11207, derivado del proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, dirigido al Director del Centro Federal de Readaptación Social número nueve (CEFERESO nueve), con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, pieza postal de la que se advierte la imposibilidad para su entrega, por el motivo plasmado en el reverso de la misma: .... En consecuencia y toda vez que es un hecho notario para este Juzgado de Distrito, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintisiete de diciembre del dos mil veintidós, en el que se expidió el acuerdo por el que se desincorporó del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social Número 9 Norte en la Ciudad de Juárez, Chihuahua. En tales condiciones, en obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena notificar el proveído de veinte de junio pasado al Coordinador de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, en la Ciudad de México, en su carácter de SUPERIOR JERÁRQUICO del Titular del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 Norte en Ciudad de Juárez, Chihuahua. NOTIFÍQUESE.
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Uruapan, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se emitieron los oficios 21637, 21638 y 21639 los cuales se puede advertir que se generaron mediante la libreta de oficios y se puede consultar su emisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en la página 42 de la libreta electrónica de oficios de 2021, toda vez que en el cuerpo de la sentencia no se encuentran especificados los números de oficio a que se hace referencia, así mismo, se tiene que se omitió remitir los oficios señalados con anterioridad. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento, y al efecto se refiere que se giren los oficios a las autoridades responsables citadas, debiendo remitir los oficios enunciados pendientes, como anexo emitido en la resolución de data veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Asimismo, del contenido de la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se advierte que se emitió como notifíquese, sin embargo, toda vez que se trata de una persona que se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social, número 17 "CPS-MICHOACÁN" con sede en Buenavista Tomatlán, se continua con la regularización, y se ordena que la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno se notifique al quejoso VALENTE CONTRERAS LUNA, en su lugar de reclusión de manera personal. Consecuentemente, se comisiona al Actuario de la adscripción para que realice lo ordenado en el presente proveído. NOTIFÍQUESE; AL QUEJOSO PERSONALMENTE EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CITADAS.
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R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante oficio 1273/2021 firmado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua con residencia en Chihuahua, remitió los autos del juicio de amparo 61/2021-I-1 de su índice, en cumplimiento al auto de quince de enero de dos mil veintiuno, con el cual declinó, por razón de territorio, competencia a un Juzgado de Distrito con residencia en esta ciudad, el cual se recibió por este Juzgado de Distrito el veintinueve siguiente, y se adjuntó la demanda de amparo que promovió María Isabel Luna Rascón, en favor del directo quejoso Valente Contreras Luna en contra del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS, Michoacán, y otras autoridades, al reclamar: "todo los ACTOS DE TORTURA PSICOLÓGICA ejercida en mi hijo VALENTE CONTRERAS LUNA antes, durante y posterior a su traslado ante el desconocimiento de su situación legal y del lugar donde sería trasladado.todos los actos de incomunicación. Entre otros actos. SEGUNDO. Por auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se radicó dicha demanda de amparo, asignándole el número 55/2021, y por ese auto, no se aceptó la competencia planteada por razón de territorio, siendo que, por resolución dictada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, resolvió el conflicto competencial 9/2021, en el sentido de decretar legalmente competente al suscrito juez, en razón que fue en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, donde se materializó la ejecución del acto consistente en el traslado del peticionario de amparo de un Centro de Readaptación Social a otro. TERCERO. Por auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, al recibirse la determinación competencial mencionada, por un lado, se desechó la demanda de amparo respecto al acto reclamado consistente en ".la ilegal emisión y ejecución de la orden de traslado de mi HIJO VALENTE CONTRERAS LUNA del lugar donde se encontraba recluido que era el CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 9 ubicado en ciudad Juárez, Chihuahua, AL CENTRO FEDEERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 ubicado en el estado de Michoacán"; por otro, se admitió la demanda por los demás actos reclamados, solicitándose a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; fue señalada hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 tercer párrafo, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que el acto reclamado se imputa su realización a una autoridad con sede en el territorio sobre el cual este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En principio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisará con claridad el acto que se reclama en este juicio y que será materia de la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis: Tesis: P. VI/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 181810 1 de 1 Pleno Tomo XIX, Abril de 2004 Pag. 255 Tesis Aislada(Común) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: Al Titular del Centro Federal de Readaptación Social número 9 (CEFERESO 9) Todos los actos de tortura psicológica ejercida sobre el quejoso antes, durante y posterior a su traslado ante el desconocimiento de su situación legal y del lugar a donde sería trasladado, así como del motivo y desconocimiento del proceso del cual emanara la ilegal orden de traslado. Al Comisionado del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, todos los actos de tortura psicológica ejercida antes, durante y posterior a su traslado ante el desconocimiento de su situación legal y del lugar a donde sería trasladado, así como del motivo y desconocimiento del proceso del cual emanara la ilegal orden de traslado. Al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17, se reclama todos los actos de incomunicación [con relación a su progenitora y hermanos] TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Una vez establecido el acto reclamado sobre el que versará la litis constitucional, procede determinar su existencia o inexistencia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192097 1 de 1 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Pag. 32 Jurisprudencia(Común) "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad". En ese sentido, tal como se hizo constar en el acta que antecede a esta resolución, las autoridades responsables que fueron emplazadas al juicio, rindieron su informe justificado de que se trata: NO AUTORIDAD SENTIDO 1 Titular del Centro Federal de Readaptación Social número 9 (CEFERESO 9). Niega 2 Comisionado del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Niega 3 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17. Niega Luego, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el quejoso refirió que los actos reclamados, de tortura psicológica acontecieron antes, durante y posterior a su traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 9 al Centro Federal de Readaptación Social número 17, en tanto, el acto de incomunicación lo concretiza en la obstaculización para comunicarse con sus familiares en este último centro. En ese sentido, los actos reclamados al Centro Federal de Readaptación Social número 9, de haber existido, sus efectos culminaron previo a la presentación de la demanda de amparo, porque, del informe justificado rendido por dicha autoridad, indicó que el quejoso egresó de sus instalaciones el veintisiete de diciembre de dos mil veinte, para ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" con residencia en Buenavista, Tomatlán. Luego, de la copia certificada del acta de ingreso número 34/2020 remitida por el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" con residencia en Buenavista, Tomatlán se indica la fecha en la cual el quejoso ingresó a esas las instalaciones, concretamente, el veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Documental pública que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Son aplicables en la especie los criterios que a continuación se indican: Tesis: 226 Apéndice de 1995 Quinta Época 394182 1 de 1 Pleno Tomo VI, Parte SCJN Pag. 153 Jurisprudencia(Común) "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, el quejoso a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, el quince de enero de dos mil veintiuno, ya se encontraba, bajo el control y vigilancia del Director del General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" con residencia en Buenavista, Tomatlán al estar interno en ese centro. Por tanto, los alegados actos de tortura que se afirma en la demanda de amparo, sufrió [sin precisarse en qué consistieron dichos actos] antes, durante y posterior a su traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 9 al Centro Federal de Readaptación Social número 17, presuntamente de existir, dejaron sus efectos de verificarse, por lo que ve al centro carcelario del cual fue trasladado, por lo menos a partir del veintiocho de diciembre de dos mil veinte, porque, es la fecha en que se puede tener certeza el quejoso dejó de estar bajo el control y vigilancia de esa autoridad responsable, por encontrarse ya en otro centro de reclusión. Esto es, por un lado, el Centro Federal de Readaptación Social número 9, negó la existencia de los actos reclamados de tortura, sin que la parte quejosa, aportada elemento de prueba que desvirtuara esa negativa; por otro lado, se corrobora la inexistencia de los actos reclamados por lo que se refiere a dicha autoridad responsables, en razón que, el quejoso a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, había dejado de estar bajo la vigilancia de esa autoridad penitenciaria, dado que para esa fecha, esto es, la de la presentación de la demanda de amparo, el quejoso, ya se encontraba en otro centro, en el caso, en el CPS-17, Michoacán. Por tanto, con independencia de que el quejoso afirme en su demanda de amparo, que aun posterior a su traslado ya en este último centro federal, y le infringieron actos de tortura psicológica, ello no cambia el hecho de que al momento de la presentación de la demanda de amparo, los actos reclamados, ya no podían surtir efectos, por lo que se refiere al Centro Federal de Readaptación Social número 9, porque, como se ha indicado, el quejoso dejó de estar bajo su cuidado el veintiocho de diciembre dos mil veinte, de ahí que, para el quince de enero de dos mil veintiuno, presentación de la demanda de amparo, se trata de un acto inexistente. Por otra parte, las autoridades responsables siguientes, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados: No AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 2 Comisionado del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. NIEGA Y REALIZA MANIFESTACIONES RESPECTO DE ACTOS DE TORTURA PSICOLÓGICA. 3 Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17. NIEGA Y REALIZA MANIFESTACIONES RESPECTO DE LA INCOMUNICACION RECLAMADA. Esto es, Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana negó la existencia de los actos reclamados, en el caso los actos de tortura psicológica ejercida sobre el quejoso antes, durante y posterior a su traslado. En ese sentido, dicha negativa no se destruye, porque, la parte quejosa, no refirió en qué o cómo se manifestaron en su persona los alegados actos de tortura psicológica, dado que, todos ellos los hace depender únicamente por el desconocimiento de su situación legal y del lugar a donde sería trasladado, así como del motivo y desconocimiento del proceso del cual emanara la ilegal orden de traslado, lo que, no permite identificar tales actos de tortura. Por su parte, el Director General Del Cefereso 17 "Cps-Michoacán", con Residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán negó el acto reclamado referente a los actos de incomunicación del quejoso con relación a su progenitora y hermanos, al indicar en su informe justificado que el quejoso, desde su ingreso a dicho centro, hasta el cinco de agosto de dos mil veintiuno, en que rindió su informe justificado, ha tenido uso y disfrute de las prerrogativas con que cuenta el resto de la población albergada en esa institución; sin que haya sufrido actos de incomunicación, o alguno otro prohibido por el artículo 22 Constitucional, esto es, al afirmar que ha mantenido contacto constante con el exterior, tal y como sostiene, se acredita con el registro de control de llamadas telefónicas, signados por puño y letra del quejoso, privado de su libertad. Asimismo, indicó que el citado quejoso cuenta con la prerrogativa de la visita familiar e íntima, y si no registra visita es porque no se ha presentado persona a ejercer el citado derecho, incluso señala la autoridad que el quejoso desde su ingreso en dicha institución, realizó trámites a fin de que se informara a la su familia o persona de su confianza su ingreso a dicha unidad administrativa; además de que cuenta con el servicio de correspondencia, mismo que se brinda de manera equitativa a todas las personas privadas de la liberad en dicha unidad, con la precisión que la actividad de recepción y envío de la correspondencia, se encuentra regulada por los ordinales 30, 31 y 32 del Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social. Así, según se advierte de las constancias remitidas con el informe justificado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "Cps-Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán, para acreditar su negativa de que el quejoso no se encuentra incomunicado con relación a sus familiares, aparecen aquellas con las leyendas siguientes: PAPELETA DE CONTROL DE LLAMADAS NOMBRE DEL PPL [09 ENERO 2021] CONTRERAS LUNA VALENTE" NOMBRE COMPLETO CON QUIEN DESEA HABLAR MARÍA ISABLE LUNA RASCÓN. PARENTEZCO: MADRE LOCALIDAD: CHIHUAHUA. TELÉFONO: [se omite colocar en esta sentencia, para efectos de confidencialidad al momento de la impresión del oficio que derive de esta sentencia, empero, dada la cuenta realizada por el secretario proyectista, se indica aparece un número telefónico]" GABRIELA CONTRETAS LUNA. PARENTEZCO: HERMANA LOCALIDAD: CD. JUÁREZ. TELÉFONO: [se omite colocar en esta sentencia, para efectos de confidencialidad al momento de la impresión del oficio que derive de esta sentencia, empero, dada la cuenta realizada por el secretario proyectista, se indica aparece un número telefónico]" domingo, 10 de enero de 2021 INTENTO 1ero () ENLAZADA LLAMADA SI (X) NO ( ). NOMBRE DEL PPL Valente Contreras Luna. [firma] Horacio en que se realizó la llamada: Inicio: 11:23 Terminó: 11:33 Miércoles, 13 de enero de 2021 INTENTO 1ero (1) ENLAZADA LLAMADA SI (X) NO ( ). NOMBRE DEL PPL Valente Contreras Luna. [firma] Horacio en que se realizó la llamada: Inicio: 17:42 Terminó: 17:52 Constancias a las que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, con las que se desvirtúa la incomunicación que aduce el quejoso; esto es así, porque, se advierte que el quejoso se ha comunicado, vía telefónica con sus familiares GABRIELA CONTRETAS LUNA y MARÍA ISABLE LUNA RASCOS y que la autoridad responsable, le brinda los medios necesarios para ello, en virtud de que en las papeletas de control que registran sus llamadas aparece con la firma del quejoso. Es decir, se inadvierte restricción ordenada por la autoridad responsable para incomunicar al quejoso con sus familiares, de modo que se le respetó el derecho de realizar las llamadas, tal y como se advierte de las citadas papeletas, porque, el diez de enero de dos mil veintiuno, el quejoso entabló comunicación telefónica con GABRIELA CONTRERAS LUNA con inicio a las 11:23 a 11:33 o por lo menos logró enlazar comunicación por esa vía al teléfono que dicho quejoso dio a conocer a la autoridad penitenciaria como de su hermana; asimismo, el trece de enero de este año, el quejoso entabló comunicación telefónica con MARÍA ISABLE LUNA RASCÓN con inicio a las 17:42 a 17:52 o por lo menos logró enlazar comunicación por esa vía al teléfono que dicho quejoso dio a conocer a la autoridad penitenciaria como de su madre, esto es, días previos a la presentación de la demanda de amparo el quince de ese mes de enero. Asimismo, se robustece la negativa de la autoridad responsable, respecto a la incomunicación del quejoso, con el acta de ratificación de demanda de amparo, realizada por la Actuaria Judicial adscrita a la autoridad judicial del orden común que auxilió para obtener la ratificación de la demanda de amparo, con lo que se demuestra que no se encontraba incomunicado, puesto que la fedataria, logró comunicarse con el aquí quejoso, el dieciséis de enero de dos mil veintiuno, esto es, un día después de la presentación de la demanda de amparo. En esa medida, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar las referidas negativas ni la información anexada al informe justificado del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "Cps-Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos que se atribuyen a las citadas autoridades. Resulta aplicable, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". De igual forma, conviene citar la tesis jurisprudencial 18, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL.- Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." CUARTO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Isabel Luna Rascon, en favor del directo quejoso Valente Contreras Luna, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo, conforme a los razonamientos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta resolución se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución NOTIFÍQUESE; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema de Seguimiento de Expedientes SISE.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de la certificación secretarial que antecede se desprende que el presente asunto se encuentra debidamente integrado. De igual manera, que la audiencia constitucional se encuentra señala para esta fecha sin que la misma hubiere sido señalada para celebrarse por medio de videoconferencia. Ahora, a causa de las medidas especiales que se tomaron para la reanudación de las labores ordinarias en los Órganos Jurisdiccionales Federales, derivada de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2, y toda vez que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, las partes se encuentran facultadas para comparecer al desahogo de la misma. Tomando en consideración, que el ocho de junio y veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020, el primero, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; mientras que, el segundo, determina lo relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, los cuales entraron en vigor a partir del dieciséis de junio y tres de agosto de la presente anualidad. Normativa que permite recibir las audiencias con la presencia de las partes por videoconferencia, incluso el último de esos acuerdos en sus artículos 25 y 26, establece que ese medio se privilegiará como regla general. Por lo tanto, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, específicamente en su artículo 27, fracción III, relativo a la impartición de justicia más expedita, con fundamento en el artículo 28, fracción I, del mencionado Acuerdo General 12/2020, se deja insubsistente la fecha y se señalan: Las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto por videoconferencia, a través de la plataforma Webex. En consecuencia, mediante citatorio para audiencia, requiérase a las partes interesadas para que acudan a la hora y fecha indicadas, quienes deben entrar a la sesión virtual quince minutos antes de la hora señalada, con identificación oficial fehaciente, para preparar el desahogo de la audiencia, así como la implementación de la logística operacional; diligencia que se llevará a cabo virtualmente a través de la plataforma Cisco Webex. En el entendido, que de no hacer manifestación al respecto, dicha audiencia se desahogará en esa plataforma virtual, aún sin la presencia de las partes; lo anterior, de conformidad con el artículo 28, fracciones I y II, del mencionado acuerdo General, y se entiende que las partes que no comparezcan a la audiencia, al no proporcionar los medios requeridos para entregarles las claves, no tienen interés en presentarse; por lo cual la audiencia se llevará a cabo sin grabarse, quedando resguardados los derechos de las partes con el acta correspondiente. Hágase saber a las partes que la clave necesaria para entrar a la videoconferencia es: 1). Nombre de la página: www.webex.com 2). ID o número de reunión: 24961494410. 3). Contraseña: Cto11juzg8 NOTIFÍQUESE.
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