Uriel López Valencia
Expediente 550/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 38 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Uriel López Valencia
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
- Director del Hospital General de Apatzingán, Michoacán, perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Uruapan, Michoacán, trece de junio de dos mil veintitrés. Visto, el estado que guardan los presentes autos, en especificado la certificación de cuenta, y en consideración a que ya transcurrió el término de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa y tercera interesada, interpusieran recurso de inconformidad en contra del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es conservable, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 17 fracción III, inciso a) del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el término de tres años, establecido en el primer párrafo de dicho numeral, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 34 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que por acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto al contenido del oficio sin número, remitido por el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General de Apatzingán, con el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar, si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos, ni defectos, o si hay imposibilidad para cumplirla; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por la persona juzgadora de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen, actos preliminares para su cumplimiento. Acto reclamado. En esta instancia constitucional, el quejoso********************, reclamó lo siguiente: La negativa de proporcionarle atención médica y el tratamiento adecuado para la enfermedad de insuficiencia renal crónica que padece. 2. Efectos del fallo protector. En sentencia de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por este juzgado, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que, las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: ?Las autoridades responsables, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la parte quejosa********************, respecto al tratamiento de insuficiencia renal crónica y diabetes mellitus tipo 2 que padece. ? Asimismo, la valoración médica constante que corresponda, respecto a los padecimientos, así como suministrarle el medicamento para su debida atención. ? Atendiendo a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, en la actualidad dos sesiones por semana, debiendo, para ello, tomar en cuenta: a) En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia de la parte quejosa, en el municipio de Buena Vista Tomatlán, Michoacán y que al acudir al Hospital General Ramón Ponce de Apatzingán, Michoacán, a efecto de que sea la más cercana a su domicilio; b) Se adopten las medidas sanitarias debidas, a efecto de que, el tratamiento definitivo a la parte quejosa a los padecimientos que presenta de insuficiencia renal crónica, en el lugar donde se le deba suministrar, contrarreste el riesgo la salud ante los efectos de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. c) Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, al menos dos veces por año, para que el médico especialista correspondiente determine, si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. d) Si de acuerdo con sus protocolos de actuación, es necesario, se inicie expediente médico a nombre de la parte quejosa********************, en el hospital que consideré es mejor para prestar ese servicio, tomando como referencia el Hospital General Ramón Ponce de Apatzingán, Michoacán, y de no ser este la mejor opción para ello, señalar otro, cercano al domicilio de la parte quejosa, donde se le pueda prestar la atención con los mismos alcances que en el hospital antes mencionado, con el fin de lograr cumplir con los efectos de esta sentencia. e) Para efecto de los dos incisos anteriores, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable el Hospital General de Apatzingán, Michoacán, para que sea abierto su expediente y valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto, al menos dos veces por año. f) En caso de que la autoridad responsable emita la orden, si el servicio de sustitución renal se sigue prestando en instituciones privadas, como la que actualmente lo presta, bajo pago de la autoridad responsable, para que la institución privada quede obligada a estar reportando mensualmente a la autoridad responsable que le hace el pago, si el impetrante de garantías ha recibido, cuántas veces y cuándo, las sesiones de hemodiálisis contratadas. 3 Causó ejecutoria. Mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se declaró que la sentencia anterior causó ejecutoria. 4. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico y por ende, representante legal del director del hospital responsable exhibió lo siguiente: 1. Acuerdo administrativo de treinta de enero de dos mil veintitrés, suscrito por el subdirector jurídico y apoderado del organismo público citado, dirigido al director del hospital responsable, del cual se desprende lo siguiente: .A fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado dentro del juicio de amparo 550/2021, radicado en el Juzgado Octavo de Distrito, en el cual se ordena a estos Servicios de Salud de Michoacán y/o Secretaría de Salud de Michoacán a cumplir con los efectos de la misma; al respecto, solicito a Usted proporcionar de manera gratuita la atención médica y tratamiento correspondiente, así como los medicamentos necesarios derivados de la insuficiencia renal crónica que padece el C.********************; así mismo se instruya al personal médico y administrativo de ese Hospital General de Apatzingán, para que otorguen atención médica de manera integral a fin de garantizar acceso al derecho a la salud. Por otro lado, mis mandantes determinaron de forma permanente e irreductiblemente (contratar y pagar) el servicio de hemodiálisis en favor del quejoso, para brindar el tratamiento dialítico que requiere de manera subrogada en la Clínica Particular denominada CALIDAD EN HEMODIÁLISIS en Apatzingán, en la que se le aplicara como tratamiento dialítico, Hierro y Eritropoyetina, de forma gratuita para él, en la forma y términos en que ya los viene recibiendo y las veces por semana en que las requiere. 2. Expediente clínico, a nombre del quejoso********************, emitido por el Hospital General "Dr. Miguel Silva", dependiente del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán. Documentales que adquieren pleno valor demostrativo, en términos de lo dispuesto por los numerales 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en atención a su artículo 2. 5. Calificación del cumplimiento dado a la ejecutoria. De las documentales descritas con anterioridad, se obtiene que las responsables dieron cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, pues a través del referido acuerdo administrativo se advierte la solicitud del Subdirector Jurídico y apoderado del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán y Secretaría de Salud de Michoacán, dirigida al director del hospital responsable, a fin de que proporcione, en específico, al quejoso********************, de manera gratuita la atención médica y tratamiento correspondiente, así como los medicamentos necesarios a fin de contrarrestar su padecimiento (insuficiencia renal crónica); asimismo, instruya al personal médico y administrativo para que otorguen atención médica de manera integral a fin de garantizar acceso al derecho a la salud. Por otra parte, informó que sus representadas determinaron de forma permanente e irreductiblemente el servicio de hemodiálisis en favor del quejoso para brindar el tratamiento dialítico que requiere de manera subrogada en clínica particular Calidad en Hemodiálisis, con residencia en Apatzingán, Michoacán, para proporcionar el tratamiento dialítico y los medicamentos requeridos, de forma gratuita en la forma y términos en que ya los recibía. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos al quejoso respecto de los cuales se concedió el amparo, pues las responsables, por una parte, realizaron las gestiones a fin de que le sea proporcionada de manera gratuita la atención médica necesaria y, por otra, determinaron brindar el tratamiento consistente en las sesiones de hemodiálisis en la clínica particular señalada, la cual se ubica en Apatzingán, Michoacán, domicilio más cercano al señalado por el quejoso, pues radica en el Municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán. Por tanto, la suscrita concluye que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Finalmente, se ordena notificar a la parte quejosa, haciéndole saber que cuenta con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, en términos de lo previsto por el artículo 196 de la citada legislación. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponde, el oficio de cuenta, suscrito por el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado d Michoacán y del Organismo Público Descentralizado de Salud de Michoacán; y en cuanto a superior jerárquico del Director del Hospital General de Apatzingán, mediante el cual, en atención a lo requerido en autos, informa que sus mandantes determinaron brindarle al quejoso Uriel López Valencia, el tratamiento de manera subrogada en un clínica particular, para lo cual, remite las constancias que así lo acreditan; así como copia certificada del expediente clínico del referido quejoso, del cual entre otras veces se advierte las veces que ha acudido a que le sea brindada atención médica, así como los padecimientos por los cuales, fue atendido. Ahora, entre las documentales que se adjuntan, obra el diverso acuerdo administrativo, emitido por la Subdirección Jurídica de los Servicios de Salud de Michoacán, que a su vez se dirige al Director del Hospital General de Apatzingán, Michoacán, y del cual, se evidencia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo le instruyó para que proporcione de manera gratuita la atención médica y tratamiento corresponde, así como los medicamentos necesarios derivados de la insuficiencia renal crónica que padece el quejoso Uriel López Valencia, así como para que se instruya al personal médico y administrativo de ese Hospital General de Apatzingán, para que otorguen atención médica de manera integral a fin de garantizar al derecho a la salud. De todo lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por consiguiente, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual, se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que dentro del presente expediente, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso ********************, para que, [entre otras cosas] se establezca "de manera definitiva" la opción que mejor garantice el derecho a la salud del quejoso; es decir, las autoridades responsables deben dejar constancia de las gestiones realizadas, acuerdos, determinaciones o autorizaciones otorgadas, que dieron lugar a la contratación del servicio subrogado, así como de los plazos y términos que se hayan convenido con la Clínica privada correspondiente, donde se observe la definitividad del servicio contratado que garantice el derecho a la salud del quejoso enfocado al tratamiento de insuficiencia renal crónica que padece. Por lo que las autoridades responsables tienen la obligación material de cumplir con la sentencia de amparo, con la formación de un expediente administrativo en el que conste el acuerdo emitido por autoridad competente respecto de la autorización del pago definitivo del servicio subrogado, así como la contratación de la Clínica particular respectiva y las cláusulas y condiciones necesarias, a fin de que se otorguen las sesiones semanales, que en la actualidad tiene prescritas la quejosa, y la orden para que se realice la valoración médica al menos dos veces al año, y en su caso otorgar el número de hemodiálisis que requiera, así como cualquier otra documentación que consideren necesaria las autoridades responsables. Sin que en autos, obre dicha constancia. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la brevedad, cumplan cabalmente con la sentencia de amparo, en los términos antes precisados, hecho lo anterior, deberán remitir a este órgano jurisdiccional copia debidamente certificada del expediente relativo. Apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una MULTA equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. En el entendido que de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos, de la ley de la materia. Asimismo, se les hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutora concesoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195, de la legislación en consulta. NOTIFÍQUESE.
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