Valente Alvarez Reyes

Expediente 697/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
697/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Valente Alvarez Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. SE RECIBE EJECUTORIA. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada dentro de las actuaciones de la queja civil 118/2022, de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante resolución aprobada en sesión de veintiocho de julio del año en curso, resolvió: ".ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 3957/2022, al que se anexó el testimonio autorizado de la ejecutoria de mérito; lo anterior, para los efectos a que haya lugar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veinte. SE ADMITE RECURSO DE QUEJA Agréguese el oficio de cuenta remitido por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la parte promovente, quedando registrado con el número 118/2022. De lo que se toma conocimiento, en espera de la resolución que se dicte en torno al recurso de que se trata. Cúmplase.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintidós. INTERPONE QUEJA Visto el escrito signado por el quejoso Valente Álvarez Reyes, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veinticuatro de junio de este año; a través del cual se desechó la demanda de garantías que originó el presente cuadernillo; atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en esta ciudad, en Turno, que es cierto el acto reclamado, toda vez que en el proveído recurrido se desechó por su notoria improcedencia la demanda de garantías promovida por Valente Álvarez Reyes, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y el actuario de su adscripción. Para justificar lo anterior, juntamente con el escrito original y copia del mismo de los agravios, remítase copia certificada del presente cuadernillo de amparo en que se actúa, lo anterior a efecto de que esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente juicio, el auto recurrido consiste en el que se tiene por desechada la demanda de garantías promovida por la parte quejosa de mérito, por lo que no existen partes en el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado bajo el número I-697/2022. SE DA CUENTA CON LA DEMANDA Visto el escrito de demanda promovida por VALENTE ALVAREZ REYES, por propio derecho contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y el actuario de su adscripción; se ordena proveer sobre su admisión o desechamiento: ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el diverso artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes trascritos, se considera que la misma resulta improcedente por cuanto a que en relación al acto reclamado consistente en la resolución de seis de junio de dos mil veintidós, emitida por el juez responsable en el incidente de falta de personería dentro del juicio sumario civil 40/2022, mediante la cual declaró improcedente dicha incidencia, por lo que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, 171 y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En tanto, el precepto 107, fracción V, de la ley de la Materia, dispone: "El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Por su parte, artículo 171, de la ley en cita, determina: Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo..". Finalmente, en el numeral 172, fracción XII, de la invocada ley, se establece: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:. XII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.;" De los artículos de la Ley de Amparo trascritos, se conoce que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como lo es a título de ejemplo la determinación relacionada con el declarar improcedente una incidencia relacionada con la falta de personalidad y personería de las partes derivada de un proceso jurisdiccional que por constituir una violación al procedimiento sólo puede reclamarse al promover la demanda contra la resolución que resuelva en lo principal. También cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada tanto la demanda generadora del presente expediente, como los preceptos legales invocados, se arriba a la conclusión de que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado citado en líneas antecedentes. Lo anterior es así dado que no son actos de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, virtud a que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable en el juicio sumario civil 40/2022, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con las determinaciones que se pretenden reclamar; y en caso contrario, podrán impugnar tales violaciones a través del amparo directo que se promueva contra la resolución que ponga fin al juicio de origen, de ser contrario a los intereses del impetrante; razón por la cual, se actualiza en la especie, la causa de improcedencia antes invocada. Ahora, la sola determinación consistente en la resolución de seis de junio de dos mil veintidós, emitida en el incidente de falta de personería dentro del juicio sumario civil 40/2022, mediante la cual el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial declaró improcedente dicha incidencia, no determina el sentido en que habrá de dictarse la sentencia correspondiente, pues aún falta la valoración que la autoridad responsable otorgue en su conjunto a los medios de prueba ofrecidos, admitidos y desahogados en ese juicio. Lo anterior es así, pues el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece la regla general de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, en su fracción VIII el legislador contempló como única hipótesis de excepción para la procedencia del juicio biinstancial, en tratándose de violaciones formales cometidas en juicio, aquellos actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o conocimiento del asunto. Por tanto, es inconcuso que en el caso el juicio de amparo indirecto promovido contra cuestiones atinentes a la personería es improcedente, por tratarse de un tema de naturaleza adjetiva que no puede impugnarse conforme a las citadas fracciones, por no haber sido establecida expresamente por el legislador como norma de excepción, pues, es un principio de interpretación generalmente aceptado, que las normas de excepción son de aplicación estricta. Se invoca en lo particular, la jurisprudencia en materia común P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, tomo I, libro 7, junio de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2006589 Pleno Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Página 39 Jurisprudencia (Común) PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Por otra parte, en un aspecto general resulta aplicable al respecto, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia por contradicción número P./J. 24/92, visible a fojas 11, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ´ejecución irreparable´ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Los criterios invocados en esta resolución se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de los mismos; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por VALENTE ALVAREZ REYES, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad. SE AUTORIZA CONSULTA ELECTRÓNICA DE EXPEDIENTE. Por otra parte solicita la consulta vía electrónica del sumario en que se actúa, así como las notificaciones que deban ser personales a través de la misma vía. Por tanto, se tiene a la promovente solicitando se le autorice la consulta del expediente vía electrónica; precisando al efecto el usuario que indica en el libelo constitucional. Atento a lo anterior, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, se autoriza la consulta electrónica, del presente expediente en el señalado sistema electrónico, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFICACIONES A LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que la parte promovente lo solicita expresamente las notificaciones de manera electrónica, se tiene como medio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, a través del nombre de usuario indicado en la libelo constitucional, de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico SISE para que realice la habilitación correspondiente una vez que verifique que los datos proporcionados son correctos. DESIGNA AUTORIZADO. Asimismo, se le tiene designado como autorizado de su parte a FERNANDO MARTÍNEZ GARCÍA, con la amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de la cédula que lo acredita que se encuentra facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. SE EXHORTA A LAS PARTES. En atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 28, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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