Usuarios del agua potable del Fraccionamiento "Valle Quieto"

Expediente 1099/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1099/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Usuarios del agua potable del Fraccionamiento "Valle Quieto"

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso en el se envió el juicio de amparo 1099/2022 y tres tomos de prueba; asimismo, informa que se avocó al conocimiento del asunto y formó el amparo directo civil número 146/2023. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese solo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. CONDICIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. Finalmente, como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentran en resguardo los billetes de depósito números N-899609 y N-899663 valiosos por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) expedidos por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., a nombre de la quejosa María de Lourdes Bustos González, los que exhibió para que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional y definitiva otorgada en autos; hágase saber a la parte quejosa, que una vez transcurridos seis meses, como lo prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído a la parte tercera interesada podrán solicitar la devolución de los billetes de depósito antes aludidos, en el entendido que de no hacerlo en dicho lapso o transcurridos dos años, con fundamento en el artículo 34, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y en cumplimiento a la circular de uno de febrero del año dos mil, que aclara las confusiones de interpretación de los órganos jurisdiccionales de la circular de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, prescribirán dichos billetes a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES TERCERAS INTERESADAS. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.********************CAUSA EJECUTORIA********************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que por una parte se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado indicado con el inciso b) y, por otra, se determinó que este órgano jurisdiccional CARECÍA DE COMPETENCIA para conocer de la demanda promovida por ********************, por propio derecho y en cuanto representante común de los usuarios de agua potable del fraccionamiento "********************", con sede en esta ciudad, únicamente por lo que veía al acto indicado en el inciso a), del considerando segundo.********************En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes.********************REMÍTASE POR INCOMPETENCIA AL TRIBUNAL DE ALZADA********************En otro sentido, como se advierte de la sentencia emitida el treinta de enero del año en curso, se advierte que este órgano jurisdiccional resolvió lo siguiente:********************"PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho y en cuanto representante común de los usuarios de agua potable del Fraccionamiento "********************", con sede en esa ciudad, precisados en la parte inicial de esta sentencia, contra el acto precisado en el inciso b) del considerando segundo, y por los motivos expuestos en el tercero y sexto de los considerandos de la presente ejecutoria.********************SEGUNDO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y en cuanto representante común de los usuarios de agua potable del Fraccionamiento "********************", con sede en esa ciudad, precisados en la parte inicial de esta sentencia, únicamente por lo que ve al acto indicado en el inciso a), del considerando segundo, y por los motivos expuestos en el último de la presente sentencia. ********************Una vez que cause estado este fallo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, en turno, el presente juicio y tres tomos de pruebas, a través de su Oficina de Correspondencia Común."********************En tal virtud, como está ordenado, se ordena remitir el presente juicio de amparo y tres tomos de prueba, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno; con la atenta súplica de acusar el recibo correspondiente.********************Además, se ordena que previo a lo anterior se deje cuaderno de antecedentes de las principales constancias que integran el presente juicio de amparo.********************RESERVA PROVEER********************Finalmente, se reserva proveer respecto al archivo definitivo del cuaderno de antecedentes que se ordenó formar, hasta en tanto el Tribunal Colegiado acuse de recibo del juicio de amparo y tres tomos de prueba, y realice el pronunciamiento conducente en cuanto al presente juicio de amparo.********************NOTIFÍQUESE.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número III-1099/2022, promovido por ********************por propio derecho y en cuanto representante común de los usuarios de agua potable del fraccionamiento********************con sede en esa ciudad, de nombres María Guadalupe Mejía Arroyo, Salvador Javier Ferreyra Medina, Guillermina Raya Morales, Teresa de Jesús Trejo Mancilla, Samuel López Aguilar, Ana Rosa Godínez Espinoza y Cop, Ana Rosa Godínez Espinoza, Virginia Villa García, Berenice Amezcua Ordaz, Lucía Gómez Guiza, I******************** Lourdes Mondragón Rosales, Ma******************** del Carmen Velázquez Salas, Esteban Ambríz Reyes, José Antonio Abad Murillo, Artemia del Carmen Olayo Muñoz, Eduardo Escobedo Gómez, Elidia Vargas Pérez, Juan Manuel Torres Velázquez, Angélica González Huerta, Fania Medel Encinas, Jesús Zamudio Villanueva, María del Rosario Severiano Juárez, José Luis Farías Pérez, Ismael Arredondo Delgado, Florencia Ma******************** E******************** Corona Herrera, Kitsia S******************** González Chávez, Manuel Molina Rodríguez, José Luis Tapia García, Francisco Arroyo Sandoval, Dhilery Alejandra García Hernández, Rigoberto Pérez Gutiérrez, René Christian Villagómez López, José Luis Tapia García (sic), J******************** Jesús Sánchez Cortez o J******************** Jesús Sánchez Cortés, Magali Padilla López, Ma******************** Isabel García de García y Roberto Hinojosa Aguirre, contra actos de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO******************** Demanda de amparo******************** Mediante escrito depositado el seis de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y recibido en este órgano jurisdiccional el día siguiente ********************por propio derecho y en cuanto representante común de los usuarios de agua potable del Fraccionamiento********************con sede en esa ciudad, precisados en el párrafo anterior, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, así como del acto que precisó en el propio ocurso******************** En ese escrito, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos******************** SEGUNDO******************** Trámite del juicio de amparo******************** Del escrito inicial tocó conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que prevía prevención y cumplimiento, mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós admitió la demanda, solicitó sus informes justificados a las autoridades responsables, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional******************** En proveído de tres de enero de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de terceras interesadas a (1) Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, y (2) Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS)******************** A las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO******************** Competencia******************** Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, exclusivamente respecto del acto reclamado consistente en la orden de notificar por lista a la parte quejosa el acuerdo de ocho de julio de dos mil veinte, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente JA-R-0095/2020-II, en consecuencia, la falta de notificación personal de tal proveído; el cual fue emitido por una autoridad en materia administrativa con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal******************** Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito******************** No obstante, se reserva el pronunciamiento de la competencia de este órgano jurisdiccional por lo que respecta al diverso acto reclamado consistente en el acuerdo de ocho de julio de dos mil veinte, en cuanto al desechamiento del recurso de reconsideración que interpuso la aquí parte quejosa******************** SEGUNDO******************** Precisión de los actos reclamados******************** En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia******************** Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P********************/J******************** 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO******************** DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD******************** Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo********************" En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados consisten en: a) El acuerdo de ocho de julio de dos mil veinte, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente JA-R-0095/2020-II, por el que (1) desechó el recurso de reconsideración que interpusieron los actores en contra de la (2) resolución dictada el dos de junio de dos mil veinte, en el diverso de apelación en autos en el expediente RAA-0312/2019-III del índice de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el que a su vez se presentó en contra de (3) la sentencia definitiva de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos que integran el juicio administrativo JA-1479/2018-III de la estadística del Juzgado Tercero Administrativo del Estado******************** b) La orden de notificar por lista a la parte quejosa el acuerdo precisado en el párrafo anterior y, en consecuencia, la falta de notificación personal de tal proveído******************** Al respecto cabe señalar que el acto reclamado en el inciso b), se constriñe en la orden que realizó la Magistrada de la Segunda Sala citada, a efecto de que a la parte recurrente en el recurso de reconsideración, se le notificara tal acuerdo de ocho de julio de dos mil veinte por medio de lista, en consecuencia, la falta de notificación personal de dicho proveído y dado que no impugnó por vicios propios la publicación en listas levantada por el Actuario de la adscripción en ejecución a tal acuerdo, es que no era dable requerir a la parte quejosa para que indicara si era su deseo señalar a dicha autoridad como responsable******************** TERCERO******************** Inexistencia del acto reclamado******************** No es cierto el acto reclamado señalado en el inciso b) del considerando anterior a las autoridades responsables (1) Juzgado Tercero Administrativo, (2) Tercera Sala Administrativa Ordinaria y (3) Secretario General de Acuerdos, todos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado******************** Ahora, no obstante tales negativas, la parte quejosa, aun y cuando le correspondía la carga de la prueba para desvirtuarlas, no aportó al presente juicio elemento probatorio alguno para tal efecto, ni objetó la autenticidad del informe mencionado******************** Aunado a que de las constancias aportadas por la Segunda Sala Administrativa del citado Tribunal, se observa que no existe actuación en la cual dichas autoridades hubieran dictado el acto reclamado, de ahí que se acredite su inexistencia; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles******************** Sirve de apoyo la jurisprudencia por reiteración sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguientes: Tesis: VI******************** 2o******************** J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) "INFORME JUSTIFICADO******************** NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS******************** Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo******************** También se cita, por ilustrativa, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 41/2021, que literalmente dice: "Tesis: VI********************2o********************A********************4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) PRUEBA, CARGA DE LA******************** RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO******************** La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo********************" Consecuentemente, por los razonamientos expuestos y al acreditarse la inexistencia del acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando anterior, a las autoridades responsables (1) Juzgado Tercero Administrativo, (2) Tercera Sala Administrativa Ordinaria y (3) Secretario General de Acuerdos todos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, procede sobreseer en el juicio, acorde a lo que dispone el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por tales actuaciones******************** CUARTO******************** Certeza del acto reclamado******************** Al rendir su informe justificado, la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, confirmó la existencia del acto reclamado, motivo por el cual se tiene por acreditado******************** Además, su certeza se corrobora con la copia certificada de los autos que integran el expediente JAR-0095/2020-II del índice de la Segunda Sala citada, que derivó del recurso de apelación RAA-0312/2019-III de la estadística de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria de dicho Órgano Jurisdiccional, el que a su vez se interpuso en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio JA-1479/2018-III del índice del Juzgado Tercero Administrativo del Estado, y que ya fueron valoradas previamente******************** QUINTO******************** Antecedentes relevantes******************** Previo a determinar lo conducente, conviene relatar los siguientes antecedentes******************** Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el domicilio particular de la secretaria de acuerdos habilitada para recibir promociones fuera de horario de labores del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, remitido al día hábil siguiente ante la Oficialía de Partes de dicho Tribunal, María Guadalupe Mejía Arroyo, Salvador Javier Ferreyra Medina, Guillermina Raya Morales, Teresa de Jesús Trejo Mancilla, Samuel López Aguilar, Ana Rosa Godínez Espinoza y Cop, Ana Rosa Godínez Espinoza, Virginia Villa García, Berenice Amezcua Ordaz, Lucía Gómez Guiza, I******************** Lourdes Mondragón Rosales, Ma******************** del Carmen Velázquez Salas, Esteban Ambríz Reyes, José Antonio Abad Murillo, Artemia del Carmen Olayo Muñoz, Eduardo Escobedo Gómez, Elidia Vargas Pérez, Juan Manuel Torres Velázquez, Angélica González Huerta, Fania Medel Encinas, Jesús Zamudio Villanueva, María del Rosario Severiano Juárez, José Luis Farías Pérez, Ismael Arredondo Delgado, Florencia Ma******************** E******************** Corona Herrera, Kitsia S******************** González Chávez, Manuel Molina Rodríguez, José Luis Tapia García, Francisco Arroyo Sandoval, Dhilery Alejandra García Hernández, Rigoberto Pérez Gutiérrez, René Christian Villagómez López, José Luis Tapia García (sic), J******************** Jesús Sánchez Cortez o J******************** Jesús Sánchez Cortés, Magali Padilla López, Ma******************** Isabel García de García y Roberto Hinojosa Aguirre, Roberta Isaura Saenz Durán, Araceli Gallaga López, María de Lourdes Bustos González y Melania Serranía de Pacheco, así como Carlos Zamudio Villanueva y Servando González Botello, por su propio derecho, y nombrando como representante común a ********************comparecieron a demandar al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y al Ayuntamiento, ambos de Morelia, Michoacán, lo siguiente: La reclasificación del fraccionamiento "Valle Quiero", como zona habitacional tipo "residencial", o nivel 4, en el contrato de adhesión que les hizo firmar el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), pero respetando el acto administrativo primario, consistente en la autorización que dieron las autoridades de urbanismo competentes, al clasificar su fraccionamiento como de tipo medio y, por tanto, la tarifa que les corresponde pagar es la de nivel 3******************** Por razón de turno, tocó conocer de la demanda a la entonces Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, quien mediante proveídos de veinticuatro de septiembre y once de octubre, ambos de dos mil dieciocho, la registró con el número de expediente JA-1479/2018-III, la admitió a trámite, con excepción de Carlos Zamudio Villanueva y Servando González Botello, dado que por estos últimos la tuvo por no presentada******************** En el primer proveído citado, se ordenó el emplazamiento de las autoridades demandadas******************** Hecho lo anterior, contestada la demanda, y posterior ampliación del escrito inicial por parte de los actores, mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó hacer del conocimiento de las partes que con motivo de la reforma al Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, publicada el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, el Pleno del Tribunal Administrativo de origen, designó a Fabricio Dorantes Romero, Juez Tercero Administrativo de ese Órgano Jurisdiccional, el que se avocó al conocimiento del asunto******************** Así, seguido el juicio de nulidad por sus cauces legales, el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el citado Juez Tercero Administrativo dictó (1) sentencia definitiva en la que determinó por un lado, declarar el sobreseimiento del juicio, respecto de los actores José Antonio Abad Murillo, Fania Medel Encianas y Rigoberto Pérez Gutiérrez; y, por otro, declaró improcedente la acción de nulidad de reclasificación de la zona socioeconómica del fraccionamiento Valle Quito, para la determinación de la tarifa del servicio de suministro de agua potable que intentó la parte actora, por ende, también determinó que era improcedente la condena al pago de las prestaciones accesorias solicitadas******************** Inconforme con la anterior sentencia, la parte actora por medio de su autorizado en términos amplios Jorge Luis Tinajero Escobedo, interpuso (2) recurso de apelación, el cual tocó conocer por razón de turno a la Magistrada de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la que lo registró con el número de expediente RAA-0312/2019-III, y lo resolvió el dos de junio de dos mil veinte, confirmando la resolución recurrida******************** En desacuerdo con dicha sentencia, la parte actora interpuso, a través de su autorizado en términos amplios Jorge Luis Tinajero Escobedo, (3) recurso de reconsideración, del que conoció por razón de turno a la Magistrada de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, la que mediante acuerdo de ocho de julio de dos mil veinte, determinó desechar por notoriamente improcedente el medio de impugnación intentado, al indicar que éste solo procedía en contra de las resoluciones que sobreseían el juicio o las que pusieran fin al procedimiento de ejecución de sentencia******************** En ese acuerdo, también tomó en consideración que la parte recurrente omitió indicar el nombre de la calle en la cual se ubicaba el inmueble que pretendía señalar como domicilio para recibir notificaciones relacionadas con dicho recurso, acorde al artículo 224 del Código de Justicia Administrativa del Estado, en consecuencia, comisionó a la Actuaria de la adscripción a fin de que notificara tal proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aun las que se tuvieran que efectuar mediante notificación personal, por medio de lista que se publicara en los estrados de dicha Sala******************** Lo que efectivamente se realizó el nueve de julio de dos mil veinte, como se aprecia del legajo de las listas correspondientes exhibidas******************** Última parte del proveído de ocho de junio de dos mil veinte que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional******************** Finalmente, por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, el autorizado en términos amplios de los actores, Jorge Luis Tinajero Escobedo, presentó escrito donde precisó que, virtud de haber incurrido en un yerro al señalar el domicilio procesal en el escrito del recurso de reconsideración, solicitó se le tuviera señalando el correcto domicilio y autorizados******************** A lo cual el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se le tuvo señalando tal domicilio, y no así a los autorizados******************** SEXTO******************** Análisis de las causales de improcedencia******************** Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo******************** En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por cuanto ve al acto reclamado señalado con el inciso b) del considerando segundo de la presente sentencia, como se expone a continuación******************** En efecto, del citado numeral se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos respecto de los cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas******************** En otras palabras, el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de modo tal que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el juicio constitucional es improcedente******************** El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del juicio de amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que solo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios******************** Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio constitucional para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría jurídicamente el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que el juicio de amparo es el arma jurídica suprema de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, y su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales******************** Por lo que es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que solo se ataca directamente, en su origen y, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado algún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio******************** A partir lo anterior, y a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, resulta necesario precisar que de los artículos 265, 266, fracción III y 271 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, se obtiene que se podrá interponer incidente de nulidad de notificaciones ante el Magistrado o Juez Administrativo dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tuvo conocimiento del hecho de la notificación, donde puede ejercer pruebas y alegatos******************** Además de que si se declara la nulidad, el Magistrado o Juez Administrativo ordenará reponer el procedimiento desde la fecha de la notificación anulada******************** En consecuencia, en la legislación aplicable al caso se contempla la procedencia del medio de impugnación denominado incidente de nulidad de notificaciones, es decir, sí existe un medio de defensa por medio del cual una notificación ordenada de manera contraria a la norma, puede ser nulificada******************** En el caso, de la lectura de la demanda se desprende sustancialmente que la parte quejosa pretende controvertir la forma en que se ordenó se notificara el acuerdo de ocho de julio de dos mil veinte, dictado por el Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente JA-R-0095/2020-II, esto es, por lista de acuerdos, lo que trajo como consecuencia, la falta de notificación personal de tal proveído******************** Por consiguiente, siendo que la legislación local contempla, de manera clara y precisa, un medio de defensa en virtud del cual tal orden de notificación puede ser nulificada (incidente de nulidad(, y la parte quejosa, no lo agotó, resulta inconcuso que se surte la causal de improcedencia descrita en la Ley de Amparo, que sustenta el principio de definitividad******************** Lo anterior es así porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, como lo es desde luego el juicio de amparo******************** En consecuencia, aún de considerar que fue la forma en que se ordenó realizar la notificación en el auto de ocho de enero de dos mil veinte, lo que derivó en la falta de notificación personal, si la quejosa no agotó el incidente de nulidad de notificaciones previsto en la ley, en su contra, al ser un medio de impugnación idóneo para tal efecto, resulta claro que bajo esta óptica, la demanda es improcedente******************** Se citan como apoyo a lo anterior, por las razones que lo sustentan, los siguientes criterios******************** "Registro digital: 2000605 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Laboral Tesis: XVI********************3o********************C********************T********************1 L (10a********************) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta******************** Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, página 1807 Tipo: Aislada NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA LABORAL******************** CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA QUE ORDENA LA FORMA DE HACER LA NOTIFICACIÓN DE UN PROVEÍDO PROCEDE EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 762, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO******************** Acorde con el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas no pueden revocar sus determinaciones; sin embargo, debe entenderse que la forma en que se ordena hacer una notificación (personalmente, por lista o por edictos), así sea en el texto de un proveído, puede impugnarse en términos del artículo 752 de la citada ley, conforme al cual son nulas las notificaciones que no se practiquen en términos de ley******************** Dicha contravención puede encontrarse tanto en el proveído que ordena notificar de una u otra forma, como en el procedimiento seguido por el notificador, ya que el referido artículo 752 no hace distinción, por lo que la orden dada por la Junta de notificar en cierta forma un proveído, puede impugnarse a través del incidente de nulidad previsto en el diverso numeral 762, fracción I, de la propia ley********************" "Registro digital: 2020845 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a********************/J******************** 68/2019 (10a********************) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación******************** Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 1047 Tipo: Jurisprudencia INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES******************** ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL******************** El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones******************** Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto******************** Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican******************** Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento******************** Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad********************" (subrayado añadido)******************** Cabe destacar que en el asunto que nos ocupa no se surte alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales******************** Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso******************** Además, no se está en el supuesto de que el amparo se promueva por persona extraña al procedimiento, pues la quejosa es parte actora y recurrente en el juicio de origen******************** Asimismo, la procedencia del incidente de nulidad de notificación no está sujeta a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente al encontrarse regulado en los numerales antes indicados******************** Sin que la anterior determinación se considere negación de justicia, pues aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos procede el juicio de amparo, ya que ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin******************** Es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso******************** Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo******************** Apoya lo expuesto la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, de la Décima Época, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO******************** LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25********************1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS******************** Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25********************1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso******************** Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25********************1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías********************" En ese orden, atento a los razonamientos expuestos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación con relación a la inconstitucionalidad que se aduce del acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando segundo de la presente sentencia******************** Lo anterior conforme a la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 394465, visible en la página 335 del Apéndice de 1995, tomo VI, Séptima época, materia común, que prevé lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO******************** NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO******************** No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio"******************** SÉPTIMO******************** Incompetencia respecto del acto reclamado precisado con el inciso a), del considerando segundo de la presente ejecutoria******************** Por lo que respecta al acto reclamado consistente en el acuerdo de ocho de julio de dos mil veinte, dictado por el Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente JA-R-0095/2020-II, por el que (1) desechó el recurso de reconsideración que interpusieron en contra de la (2) resolución dictada el dos de junio de dos mil veinte, en el diverso de apelación en autos en el expediente RAA-0312/2019-III del índice de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el que a su vez se presentó en contra de (3) la sentencia definitiva de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos que integran el juicio administrativo JA-1479/2018-III de la estadística del Juzgado Tercero Administrativo del Estado, el que suscribe carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por lo que respecta a tal proveído******************** Lo anterior porque por cuestión de grado, no encuadra en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 107 de la ley reglamentaria de la acción constitucional, para que se estime procedente la vía indirecta******************** En efecto, tratándose del juicio de amparo uniinstancial, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracciones V, inciso c) y VI establece: "Artículo******************** 107******************** Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V******************** El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: . c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común******************** En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y VI******************** En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones******************** (.)********************" Por su parte, los artículos 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 34******************** Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo******************** La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia******************** (.) Artículo 170******************** El juicio de amparo directo procede: I******************** Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo******************** Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido******************** En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley******************** Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos******************** Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva******************** Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)********************" Por otra parte, el artículo 38, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: Artículo 38******************** Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I******************** De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales; (.)********************" Como se ve, las disposiciones transcritas establecen la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; reservando la competencia para conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito******************** Ahora bien, de conformidad con el numeral 47 de la Ley de Amparo, cuando se presente una demanda ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda******************** El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia******************** En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días hábiles para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en el supuesto, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente******************** En el entendido que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito******************** Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de Distrito o tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en el supuesto, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en la ley******************** En el caso, ya que el acto que a través de este juicio se reclama consiste en el acuerdo de ocho de julio de dos mil veinte, dictado por el Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente JA-R-0095/2020-II, por el que (1) desechó el recurso de reconsideración que interpusieron en contra de la (2) resolución dictada el dos de junio de dos mil veinte, en el diverso de apelación en autos en el expediente RAA-0312/2019-III del índice de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el que a su vez se presentó en contra de (3) la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos que integran el juicio administrativo JA-1479/2018-III de la estadística del Juzgado Tercero Administrativo del Estado, última citada que tiene carácter de definitivo, en términos del artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo******************** Lo anterior en virtud de que atento a los efectos que produce el acto reclamado implica que, sin decidir el fondo de la controversia, se desechó el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la resolución que resolvió un diverso de apelación, en el que se confirmó la de primera instancia, ya que igualmente en dichos casos -esto es, por todos los medios de impugnación intentados y resueltos- concluye el juicio******************** Por identidad jurídica, es aplicable la jurisprudencia 97/2008 sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 50, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, con registro electrónico 168339; rubro y texto siguiente: "DENEGADA APELACIÓN******************** LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA)******************** Conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por los tribunales judiciales que pongan fin al juicio y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan modificarse o revocarse; asimismo, los artículos 44 y 46 de la Ley citada señalan que puede promoverse amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio, precisando que éstas son las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario******************** En congruencia con lo anterior, se concluye que la determinación que desecha o declara infundado el recurso de denegada apelación y deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, además de que tanto los artículos 307 y 308 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, como los diversos 435 a 442 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que aluden al indicado recurso, no prevén algún medio de defensa en su contra********************" Robustece lo expuesto la jurisprudencia 1a********************/J******************** 51/2004 emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 21, Tomo XX, Agosto de 2004; que dispone: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO******************** PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO******************** De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio******************** Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación******************** Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural********************" Bajo ese contexto, al tratarse el acto reclamado de una resolución cuya consecuencia es la firmeza de la determinación que puso fin al juicio de origen, se estima que la sustanciación del juicio de amparo debe hacerse de conformidad a las reglas previstas tratándose de amparo directo******************** Dado que, se insiste, el acto tildado de inconstitucional, precisado en el presente considerando, queda comprendido en el párrafo segundo, de la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo y, por tanto, se considera que su estudio es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito en términos de los artículos 33, fracción II y 34 de la Ley de la materia, así como de conformidad con el artículo 107, fracción V de la Constitución Federal******************** Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tercero Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación******************** Tomo IX, Febrero de 1992, página 239, Octava Época, con registro digital 220617, que dispone: "PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCION QUE DECRETA LA CADUCIDAD EN LA PRIMERA INSTANCIA Y ES CONFIRMADA EN APELACION******************** La caducidad de la instancia es un medio extraordinario establecido en las legislaciones procesales, cuya característica es la de extinguir la relación jurídica que liga a los sujetos que participan en un procedimiento contencioso, sin resolver cuestión alguna respecto de sus pretensiones; por lo que cuando se decreta la caducidad dentro de la primera instancia y tal determinación es confirmada en grado de apelación, esta última resolución, para los efectos que marca el artículo 46 de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio susceptible de combatirse en amparo directo********************" Por tanto, con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, al estimar que es competencia de un Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, conocer de la demanda de mérito, vía amparo directo******************** En consecuencia, una vez que quede firme el sobreseimiento decretado en el considerando anterior, previa la integración de un cuaderno de antecedentes, remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con sede en dicha ciudad, a fin de que proceda a proveer lo que en derecho corresponda******************** Finalmente, tocante a las manifestaciones que realizó la parte quejosa, el agente del Ministerio Público adscrito, así como la autoridad tercera interesada Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, a manera de alegatos, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio, ni formar parte de la litis******************** Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia de contenido siguiente: " Registro digital: 2018276 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P********************/J******************** 26/2018 (10a********************) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación******************** Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 5, Tipo: Jurisprudencia******************** ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO******************** SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA******************** En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos******************** De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración******************** Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer******************** Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial********************" Por lo expuesto y con fundamento legal, además, en los artículos 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO******************** Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************por propio derecho y en cuanto representante común de los usuarios de agua potable del Fraccionamiento********************con sede en esa ciudad, precisados en la parte inicial de esta sentencia, contra el acto precisado en el inciso b) del considerando segundo, y por los motivos expuestos en el tercero y sexto de los considerandos de la presente ejecutoria******************** SEGUNDO******************** Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho y en cuanto representante común de los usuarios de agua potable del Fraccionamiento********************con sede en esa ciudad, precisados en la parte inicial de esta sentencia, únicamente por lo que ve al acto indicado en el inciso a), del considerando segundo, y por los motivos expuestos en el último de la presente sentencia******************** Una vez que cause estado este fallo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, en turno, el presente juicio y tres tomos de pruebas, a través de su Oficina de Correspondencia Común******************** Notifíquese personalmente******************** Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta hoy treinta de enero de dos mil veintitrés en que lo permitieron las labores del juzgado******************** Doy fe********************

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el juicio de amparo III-1099/2022 promovido por María de Lourdes Bustos González, por propio derecho y en cuanto representante común de los usuarios de agua potable del Fraccionamiento "Valle Quieto" contra actos del Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se reconoció como terceras interesadas a las autoridades (1) H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán y (2) Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS). Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Acto continuo, se da cuenta con el oficio registrado con el número 1027. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; asimismo, se tiene por recibido el oficio signado por la autoridad tercera interesada Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, a través del cual realiza manifestaciones a guisa de alegatos, en tal virtud, se ordena hacer relación en la etapa correspondiente. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: (1) Titular de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo; (2) Secretario General de Acuerdo Habilitado para Ejercer Funciones de Magistrado de la Tercera Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo; (3) Primera Secretaria Habilitada para ejercer funciones de Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo; y, (4) Titular del Juzgado Tercero Administrativo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que las autoridades señaladas como responsables adjuntó como sustento de sus informes las documentales consistente en: Diversas constancias relativas a los procesos administrativos números JA-R-0095/2020 II, RAA0312/2019 y JA-1479/2018-III, con las cuales se formaron tres tomos de prueba. Al no existir más pruebas que desahogar se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que la parte quejosa, el agente del ministerio público de la adscripción, así como la autoridad tercera interesada Ayuntamiento de Morelia, Michoacán formularon alegatos de su parte. EL JUEZ: Ténganse por rendidos los alegatos de referencia, y al no existir diversas manifestaciones al respecto, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente sentencia Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. GUSTAVO ALLFADIR BALANZÁ KIDNIECon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

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