Uzziel Chiguil Martínez

Expediente 678/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
678/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/10/2021

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • Uzziel Chiguil Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el seis de octubre de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente... Notifíquese y háganse las anotaciones correspondientes...

  2. Principal

    Vista la demanda promovida por Uzziel Chiguil Martínez, diez copias y ocho anexos; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 678/2021-V. DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. En ese tenor, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En la tesis en cita, el más alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda de derechos fundamentales en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional; en otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda de amparo es un todo que debe interpretarse de manera integral. Teniendo en cuenta lo señalado, del completo análisis de la demanda de amparo, a pesar de no asentarse en un capítulo especifico, se advierte que el promovente expuso hechos o antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, de acuerdo al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." (Lo destacado es propio). En ese sentido, los actos que en esta vía constitucional se reclaman consisten en: "de las autoridades responsables la ilegal expedición de los permisos para la construcción de la estación de gasolina, ubicada en Calle Allende esquina Madero Colonia Centro, del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz." En el caso, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos numerales 17 y 18 del propio ordenamiento, que a la letra establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." (Lo destacado es propio) "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados estos, a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclama o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicha término depende básicamente de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efecto, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las dos restantes, se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la ley que rige la materia, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior, se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero 2011, Tomo XXXIII, página 5, con número de registro 163172, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". En ese sentido, es necesario precisar que si bien el quejoso Uzziel Chiguil Martínez, manifestó en su escrito de demanda de amparo, lo siguiente: ".que bajo protesta de decir verdad, es que conozco de la construcción de la estación de gasolina desde el pasado 18 de agosto del presente año,.."; sin embargo, de las constancias que adjunta el quejoso a su escrito de demanda, se advierte que tuvo conocimiento de la ejecución del acto que ahora reclama en fecha distinta a la que manifiesta. En principio, ya que del ocurso de doce de julio de dos mil veinte, dirigido a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Oficina Administrativa Federal en la Ciudad de México, el cual fue signado por varias personas con el carácter de "VECINOS UNIDOS EN INCONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN DE LA GASOLINERA UBICADA EN AV. FRANCISCO I. MADERO ESQ. CALLE IGNACIO", se observa que fue firmado por el promovente. Lo anterior, se deduce de la firma estampada en dicha documental, misma que fue cotejada con la copia que adjunta sobre la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. Aunado a lo anterior, es un hecho notorio para el suscrito los juicios que se tramitan ante este Juzgado Federal, así como las constancias que integran los expedientes electrónicos correspondientes, por lo que se tienen a la vista las relativas al juicio de amparo 615/2021 de este índice, las cuales son consultables a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); lo anterior tiene sustento de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo por analogía, la tesis P./J. 16/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2017123, del tenor siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En ese sentido, de la demanda relativa al juicio de amparo en comento, se advierte que fue promovido por Eloísa Flores Martínez, en el cual también se reclama el mismo acto, esto es, la ilegal expedición de los permisos para la construcción de la estación de gasolina, ubicada en Calle Allende esquina Madero Colonia Centro, del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz y adjunta a la misma obra la constancia relativa a la "RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA EVITAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA GASOLINERA Calle Allende esquina Madero", la cual se observa fue recibida por diversas autoridades del Ayuntamiento de Tierra Blanca, el cinco de julio del año en curso, mismo que cuenta con firma autógrafa del aquí promovente Uzziel Chiguil Martínez. De lo que se colige que el promovente tenía conocimiento de la existencia del acto reclamado al menos desde el cinco de julio de este año, al haber signado el documento donde se asentó la recolección de firmas para evitar de la construcción de la gasolinera que nos ocupa. Así, en términos de lo dispuesto por el numeral 17 de la ley de la materia, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo se computó a partir del día siguiente a aquel en que el promovente haya tenido conocimiento o se ostenten sabedor del acto reclamado; por tanto, si se encuentra demostrado que tenía conocimiento de la existencia del acto reclamado al menos desde el cinco de julio de este año, de ahí que, su presentación se hizo evidentemente fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo; no obsta, que el promovente refiera bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciocho de agosto del año en curso, sin embargo, con las constancias a las que se hace alusión queda desvirtuada dicha manifestación. Por ello, es claro que la demanda de amparo al presentarse hasta el treinta de agosto de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, se hizo en forma extemporánea. de ahí que el acto que se reclama, se considera tácitamente consentido al no presentarse la demanda dentro del plazo genérico de quince días siguientes a la fecha en que tuvieron conocimiento del acto reclamado; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el párrafo primero, fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al no haber presentado su demanda de amparo Uzziel Chiguil Martínez, dentro del término señalado en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es incuestionable su improcedencia, conforme con el párrafo primero, fracción XIV, del artículo 61 de la ley en consulta, razón por la cual con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 14, publicada en la página once, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Así como la jurisprudencia número 4, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ocho, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, así como autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Omar Ruiz Martínez y Juan Manuel Martínez Ruiz, toda vez que se encuentran facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho por estar dados de alta ante el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales de toda la República y/o en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada el día de hoy en la página electrónica respectiva, con dirección: http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanz ada.action, asimismo, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a José Gerardo Aparicio Gutierrez, toda vez que no se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, ni en el registro de su cédula profesional del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza al letrado de referencia la consulta del expediente electrónico vía internet, con nombre usuario ORUIZM1302 por lo que, se instruye a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitarla para que pueda acceder y consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, téngase a la parte quejosa proporcionando un correo electrónico, en la inteligencia de que en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se utilizará únicamente como medio de contacto tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables, no así como medio para realizar notificaciones, al no constituir un conducto contemplado en la ley de la materia para ese fin. REQUERIMIENTO NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a la promovente a fin de que se sirva proporcionar un número telefónico móvil donde se pueda localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo...

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 01/09/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C...Vista la demanda promovida por Uzziel Chiguil Martínez, diez copias y ocho anexos; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 678/2021-V. DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. En ese tenor, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En la tesis en cita, el más alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda de derechos fundamentales en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional; en otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda de amparo es un todo que debe interpretarse de manera integral. Teniendo en cuenta lo señalado, del completo análisis de la demanda de amparo, a pesar de no asentarse en un capítulo especifico, se advierte que el promovente expuso hechos o antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, de acuerdo al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." (Lo destacado es propio). En ese sentido, los actos que en esta vía constitucional se reclaman consisten en: "de las autoridades responsables la ilegal expedición de los permisos para la construcción de la estación de gasolina, ubicada en Calle Allende esquina Madero Colonia Centro, del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz." En el caso, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos numerales 17 y 18 del propio ordenamiento, que a la letra establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." (Lo destacado es propio) "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados estos, a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclama o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicha término depende básicamente de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efecto, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las dos restantes, se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la ley que rige la materia, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior, se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero 2011, Tomo XXXIII, página 5, con número de registro 163172, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". En ese sentido, es necesario precisar que si bien el quejoso Uzziel Chiguil Martínez, manifestó en su escrito de demanda de amparo, lo siguiente: ".que bajo protesta de decir verdad, es que conozco de la construcción de la estación de gasolina desde el pasado 18 de agosto del presente año,.."; sin embargo, de las constancias que adjunta el quejoso a su escrito de demanda, se advierte que tuvo conocimiento de la ejecución del acto que ahora reclama en fecha distinta a la que manifiesta. En principio, ya que del ocurso de doce de julio de dos mil veinte, dirigido a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Oficina Administrativa Federal en la Ciudad de México, el cual fue signado por varias personas con el carácter de "VECINOS UNIDOS EN INCONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN DE LA GASOLINERA UBICADA EN AV. FRANCISCO I. MADERO ESQ. CALLE IGNACIO", se observa que fue firmado por el promovente. Lo anterior, se deduce de la firma estampada en dicha documental, misma que fue cotejada con la copia que adjunta sobre la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. Aunado a lo anterior, es un hecho notorio para el suscrito los juicios que se tramitan ante este Juzgado Federal, así como las constancias que integran los expedientes electrónicos correspondientes, por lo que se tienen a la vista las relativas al juicio de amparo 615/2021 de este índice, las cuales son consultables a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); lo anterior tiene sustento de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo por analogía, la tesis P./J. 16/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2017123, del tenor siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En ese sentido, de la demanda relativa al juicio de amparo en comento, se advierte que fue promovido por Eloísa Flores Martínez, en el cual también se reclama el mismo acto, esto es, la ilegal expedición de los permisos para la construcción de la estación de gasolina, ubicada en Calle Allende esquina Madero Colonia Centro, del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz y adjunta a la misma obra la constancia relativa a la "RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA EVITAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA GASOLINERA Calle Allende esquina Madero", la cual se observa fue recibida por diversas autoridades del Ayuntamiento de Tierra Blanca, el cinco de julio del año en curso, mismo que cuenta con firma autógrafa del aquí promovente Uzziel Chiguil Martínez. De lo que se colige que el promovente tenía conocimiento de la existencia del acto reclamado al menos desde el cinco de julio de este año, al haber signado el documento donde se asentó la recolección de firmas para evitar de la construcción de la gasolinera que nos ocupa. Así, en términos de lo dispuesto por el numeral 17 de la ley de la materia, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo se computó a partir del día siguiente a aquel en que el promovente haya tenido conocimiento o se ostenten sabedor del acto reclamado; por tanto, si se encuentra demostrado que tenía conocimiento de la existencia del acto reclamado al menos desde el cinco de julio de este año, de ahí que, su presentación se hizo evidentemente fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo; no obsta, que el promovente refiera bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciocho de agosto del año en curso, sin embargo, con las constancias a las que se hace alusión queda desvirtuada dicha manifestación. Por ello, es claro que la demanda de amparo al presentarse hasta el treinta de agosto de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, se hizo en forma extemporánea. de ahí que el acto que se reclama, se considera tácitamente consentido al no presentarse la demanda dentro del plazo genérico de quince días siguientes a la fecha en que tuvieron conocimiento del acto reclamado; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el párrafo primero, fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al no haber presentado su demanda de amparo Uzziel Chiguil Martínez, dentro del término señalado en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es incuestionable su improcedencia, conforme con el párrafo primero, fracción XIV, del artículo 61 de la ley en consulta, razón por la cual con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 14, publicada en la página once, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Así como la jurisprudencia número 4, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ocho, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, así como autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Omar Ruiz Martínez y Juan Manuel Martínez Ruiz, toda vez que se encuentran facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho por estar dados de alta ante el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales de toda la República y/o en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada el día de hoy en la página electrónica respectiva, con dirección: http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanz ada.action, asimismo, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a José Gerardo Aparicio Gutierrez, toda vez que no se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, ni en el registro de su cédula profesional del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza al letrado de referencia la consulta del expediente electrónico vía internet, con nombre usuario ORUIZM1302 por lo que, se instruye a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitarla para que pueda acceder y consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, téngase a la parte quejosa proporcionando un correo electrónico, en la inteligencia de que en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se utilizará únicamente como medio de contacto tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables, no así como medio para realizar notificaciones, al no constituir un conducto contemplado en la ley de la materia para ese fin. REQUERIMIENTO NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a la promovente a fin de que se sirva proporcionar un número telefónico móvil donde se pueda localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano