Uriel Alejandro Rico Caro

Expediente 839/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
839/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Uriel Alejandro Rico Caro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto dictado el veinticuatro de octubre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, se establece que el presente juicio es susceptible de depuración, esto a pesar de que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y conforme a lo establecido por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte es susceptible de destrucción; sin embargo, al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, se estima que dicha medida tiene efectos definitivos, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución que lo tuvo por concluido, por lo que debe estarse a lo dispuesto en el capítulo 7 numeral 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se establece como fecha probable el dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Yonaji Nuria Juárez Rivas, secretaria con quien actúa y da fe.YNJR/avh

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 839/2021-1, se advierte que mediante proveído de diecinueve de octubre de año en curso, se tuvo al Jefe de Estado Mayor del Grupo de Tarea Policía Naval en Apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, sede en la ciudad de Veracruz, rindiendo su correspondiente informe justificado, al que acompañó copia certificada de las constancias relativas al acto que por esta vía constitucional se combate. Ahora bien, del estudio efectuado a la demanda de amparo, así como a las constancias que integran el presente sumario, procede establecer con claridad y precisión los actos reclamados, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, es dable establecer que el acto reclamado en el presente controvertido consiste en el arresto administrativo ejecutado en la base del Grupo de Tarea Policía Naval en Apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, sede en la ciudad de Veracruz. En relación con lo anterior, en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, y que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Materia común, Novena Época, visible en la página 386, registro 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Del numeral transcrito se evidencia la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se indica, por virtud de la sustitución procesal de actos, en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En este contexto, se reitera, en la especie el quejoso Uriel Alejandro Rico Caro reclama el arresto administrativo efectuado por parte de la autoridad responsable. Al respecto, de las constancias remitidas por el Jefe de Estado Mayor del Grupo de Tarea Policía Naval en Apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, sede en la ciudad de Veracruz, con su informe justificado consistentes en copia certificada de las constancias de las que destacan la resolución de veinte de septiembre del año en curso, iniciada a las 01:22 horas y concluida a las 01:35 horas de la misma fecha, por la Juez Calificador adscrita al Grupo de Tarea Policía Naval en Apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, en la que impuso al quejoso la sanción administrativa consistente en 36 horas de arresto iniciando el diecinueve de septiembre del año en curso, a las 23:50 horas y concluirá el veintiuno del mes y año en cita a las 11:50 horas o un pago de una multa de cien días de salario mínimo equivalente a $17,287.00 (diecisiete mil doscientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el Bando de Policía y Buen Gobierno; así como el oficio 1326 de diecisiete de octubre de esta anualidad, el que informa que en virtud de que el quejoso el veinte de septiembre del año en curso, salió en libertad, se dejó sin efecto el acuerdo de la misma fecha, mediante el cual se sancionó al peticionario del amparo por la comisión de la falta administrativa consistente en alterar la tranquilidad y el orden público, en cumplimiento a la suspensión otorgada en el presente juicio. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la multicitada ley de la materia. Por tanto, válidamente se puede concluir que en el caso particular cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa; por tanto, la afectación de que se dolía el impetrante de amparo desapareció, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Lo anterior es así, no obstante que del informe rendido por la autoridad responsable Jefe de Estado Mayor del Grupo de Tarea Policía Naval en Apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, sede en la ciudad de Veracruz, se pudiese advertir un diverso acto reclamado y autoridad responsable distintos, pues no resultó factible requerir al quejoso la ampliación de su demanda, toda vez que del informe que se tuvo por rendido el diecinueve de octubre del año en curso, en alcance al diverso justificado que se glosó a los autos el veintinueve de septiembre de este año, se evidencia que la resolución emitida por el Juez Calificador adscrita al Grupo de Tarea Policía Naval en Apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, como ya se dijo, se dejó sin efectos, por lo que, ninguna trascendencia tendría ampliar la demanda sobre un acto que ya no tiene consecuencias jurídicas. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado, por haber cesado sus efectos, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables. Notifíquese.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 24 DE OCTUBRE DE 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 839/2021-1, se advierte que mediante proveído de diecinueve de octubre de año en curso, se tuvo al Jefe de Estado Mayor del Grupo de Tarea Policía Naval en Apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, sede en la ciudad de Veracruz, rindiendo su correspondiente informe justificado, al que acompañó copia certificada de las constancias relativas al acto que por esta vía constitucional se combate. Ahora bien, del estudio efectuado a la demanda de amparo, así como a las constancias que integran el presente sumario, procede establecer con claridad y precisión los actos reclamados, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, es dable establecer que el acto reclamado en el presente controvertido consiste en el arresto administrativo ejecutado en la base del Grupo de Tarea Policía Naval en Apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, sede en la ciudad de Veracruz. En relación con lo anterior, en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, y que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Materia común, Novena Época, visible en la página 386, registro 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Del numeral transcrito se evidencia la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se indica, por virtud de la sustitución procesal de actos, en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En este contexto, se reitera, en la especie el quejoso Uriel Alejandro Rico Caro reclama el arresto administrativo efectuado por parte de la autoridad responsable. Al respecto, de las constancias remitidas por el Jefe de Estado Mayor del Grupo de Tarea Policía Naval en Apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, sede en la ciudad de Veracruz, con su informe justificado consistentes en copia certificada de las constancias de las que destacan la resolución de veinte de septiembre del año en curso, iniciada a las 01:22 horas y concluida a las 01:35 horas de la misma fecha, por la Juez Calificador adscrita al Grupo de Tarea Policía Naval en Apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, en la que impuso al quejoso la sanción administrativa consistente en 36 horas de arresto iniciando el diecinueve de septiembre del año en curso, a las 23:50 horas y concluirá el veintiuno del mes y año en cita a las 11:50 horas o un pago de una multa de cien días de salario mínimo equivalente a $17,287.00 (diecisiete mil doscientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el Bando de Policía y Buen Gobierno; así como el oficio 1326 de diecisiete de octubre de esta anualidad, el que informa que en virtud de que el quejoso el veinte de septiembre del año en curso, salió en libertad, se dejó sin efecto el acuerdo de la misma fecha, mediante el cual se sancionó al peticionario del amparo por la comisión de la falta administrativa consistente en alterar la tranquilidad y el orden público, en cumplimiento a la suspensión otorgada en el presente juicio. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la multicitada ley de la materia. Por tanto, válidamente se puede concluir que en el caso particular cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa; por tanto, la afectación de que se dolía el impetrante de amparo desapareció, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Lo anterior es así, no obstante que del informe rendido por la autoridad responsable Jefe de Estado Mayor del Grupo de Tarea Policía Naval en Apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, sede en la ciudad de Veracruz, se pudiese advertir un diverso acto reclamado y autoridad responsable distintos, pues no resultó factible requerir al quejoso la ampliación de su demanda, toda vez que del informe que se tuvo por rendido el diecinueve de octubre del año en curso, en alcance al diverso justificado que se glosó a los autos el veintinueve de septiembre de este año, se evidencia que la resolución emitida por el Juez Calificador adscrita al Grupo de Tarea Policía Naval en Apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, como ya se dijo, se dejó sin efectos, por lo que, ninguna trascendencia tendría ampliar la demanda sobre un acto que ya no tiene consecuencias jurídicas. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado, por haber cesado sus efectos, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables. Notifíquese.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso oficio firmado por el Jefe de Estado Mayor del Grupo de Tarea Policía Naval en Apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, sede en la ciudad de Veracruz, y dos oficios signados por este último y anexos. Atento al contenido de éstos, téngase al aludido Jefe de Estado Mayor rindiendo su informe justificado en términos de lo que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el cual se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, como pruebas de la referida autoridad las constancias que adjuntó a los oficios de mérito, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional respectiva, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia. Sin que se haga mayor pronunciamiento respecto del domicilio y delegados que indica en su informe, en virtud de que mediante proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, se acordó lo conducente. Notifíquese.

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