Usai Mora Uvaldo

Expediente 671/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
671/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
18/07/2017

Partes del expediente

  • Usai Mora Uvaldo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de cinco de julio de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Luego, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el escrito signado por 1Usai Mora Uvaldo, 2Yesenia Dircio Mariano, 3César Cruz Suastegui, 4Roberto Carlos Marín Santana, 5Luis Manuel Castro Laredo, 6Cristian Alan Isidor Justo, 7Jaime Zapoteco Abundez, 8Víctor Manuel Guerrero Carmona, 9Miriam Cristhy Ávila Rodríguez, 10Eleuterio Arizmendi Flores, 11Antonio Juárez Carmona y 12María Dolores Mendoza Cuevas, quejosos en el presente juicio de amparo; y en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que en proveído de cinco de julio de dos mil diecisiete, se desechó su demanda de amparo, auto que quedó firme de acuerdo a lo expuesto en párrafos que anteceden.

  2. Principal

    Visto el escrito signado por 1Usai Mora Uvaldo, 2Yesenia Dircio Mariano, 3César Cruz Suastegui, 4Roberto Carlos Marín Santana, 5Luis Manuel Castro Laredo, 6Cristian Alan Isidor Justo, 7Jaime Zapoteco Abundez, 8Víctor Manuel Guerrero Carmona, 9Miriam Cristhy Ávila Rodríguez, 10Eleuterio Arizmendi Flores, 11Antonio Juárez Carmona y 12María Dolores Mendoza Cuevas, quejosos en el presente juicio; y en atención a su contenido, téngaseles desahogando la prevención de veintitrés de junio de dos mil diecisiete (fojas 59 a 60); por tanto, con lo anterior la suscrita procede a proveer sobre la procedencia de la demanda de trato. Analizada la demanda en su integridad, se advierte que la misma resulta improcedente en virtud del acto reclamado, puesto que es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, los cuales son los que marcan los artículos, 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para la que esto juzga determinar la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que los quejosos reclaman: ". Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Pedro Almazán Cervantes: Le reclamamos todos y cada uno de nosotros: el abuso de autoridad y represalias por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Pedro Almazán Cervantes. Del Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, Lic. Florencio Salazar Adame. Le reclamamos todos y cada uno de nosotros así como los relacione por el consentir de estos abusos de autoridad por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Pedro Almazán Cervantes. Al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Le reclamamos todos y cada uno de nosotros así como los relacionamos ya que fue notificado con fecha 23 de junio de 2016 mediante escrito de denuncia de hechos de los actos que estaba cometiendo el Secretario de Seguridad Pública. Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Guerrero. Le reclamamos todos y cada uno de nosotros así como los relaciones: por el consentir estos abusos de autoridad por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Pedro Almazán Cervantes, pues estaba enterado de lo que a nosotros estaba pasando. Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Lic. Constantino Leyva Romero. Le reclamamos todos y cada uno de nosotros así como los relaciones, el consentir de estos abusos de autoridad por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Pedro Almazán Cervantes. Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Lic. Francisco Montesino Baños. Le reclamamos todos y cada uno de nosotros así como los relaciones, el consentir de estos abusos de autoridad por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Pedro Almazán Cervantes." Del texto y numeral antes trascritos se desprende que el juicio de amparo indirecto en materia administrativa, deviene improcedente cuando se reclama un acto contra el cual proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, como se ha señalado, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esa óptica, siguiendo los lineamientos establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 106/2006-SS (ejecutoria publicada en la página 676, del Tomo XXIV, noviembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época), conviene señalar que del análisis de la causa de improcedencia en estudio, se obtiene: 1. Que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de los actos que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rigen, o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; 2. Que el recurso deberá interponerse, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos del acto reclamado con la presentación del recurso o medio de defensa legal; y 3. Que no se exijan mayores requisitos que los señalados por la Ley de Amparo, para que proceda la suspensión del acto reclamado, independientemente de que el acto sea o no suspendible. No es óbice a lo anterior, que en la contradicción de tesis citada se analicen los requisitos establecidos en la Ley de Amparo abrogada, en virtud a que del análisis a los numerales 128 y 132 de la Ley de Amparo, se desprende que la legislación actual preserva dichos requisitos, en virtud que al conceder la suspensión en el juicio constitucional, el juzgador deberá analizar que procede cuando se solicite por la parte interesada, que no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y ponderar en cada caso los daños o perjuicios que se pudieran causar al quejoso, hipótesis semejantes a las establecidas. En ese sentido, es necesario citar el artículo 4 en relación con el 29, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente: "Artículo 4º. El tribunal tiene competencia para conocer de los procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero." "Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver: I. De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal; II. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días; III. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones positivas fictas, las que se configuran una vez transcurridos los plazos y términos de las leyes conducentes; IV. De los juicios que se promuevan por omisiones para dar respuesta a peticiones de los particulares, las que se configuran mientras no se notifique la respuesta de la autoridad; V. De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de un acto favorable a un particular; VI. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos descentralizados; VII. Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión otorgada o de las sentencias que dicten; VIII. Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite de la misma Sala; IX. De las demás que las disposiciones legales dicten." En concatenación con lo anterior, los numerales 3, 65, 66, 67 y 68, del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, señalan: "Artículo 3. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal." "Artículo 65. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda." "Artículo 66. El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio." "Artículo 68. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la resolución que corresponda. También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas pertinentes para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular." Del contenido de los anteriores preceptos, se desprenden dos situaciones: Primero, que las Salas Regionales conocen de los asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la cual en sus artículos 4º y 29, entre otras fracciones dispone que aquéllas tienen competencia para conocer y resolver de los procedimientos contenciosos promovidos contra actos administrativos, fiscales y de resoluciones que se dicten en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; así como de aquellas que ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal. Segundo, que la suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte, en este último supuesto se debe solicitar en el escrito de demanda ante la sala regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Dicha suspensión tiene por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio, la cual no se otorgará si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. Consecuentemente, podemos concluir que el Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero prevé la suspensión del acto reclamado sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ya que establece que con la sola presentación de la demanda, de manera oficiosa o si lo solicita el reclamante y tal medida no traiga perjuicio al interés social, no contravenga disposiciones de orden público o deje sin materia el juicio, se suspenderán los efectos del acto recurrido, sin que para el caso se exija la presentación de garantía alguna, lo que sí acontece en la Ley de Amparo, motivo por el cual es indudable que la ley a que se hace mérito no exige mayores requisitos para la obtención de la suspensión del acto reclamado, sino por el contrario resulta más benévola; inclusive la medida cautelar se decreta de plano en el mismo acuerdo que admite la demanda o cuando ésta se solicita, al tenor del segundo párrafo del precepto 66 transcrito. En efecto, en la situación sujeta a estudio procede la suspensión con la sola presentación de la demanda, si lo solicita el recurrente o incluso de manera oficiosa en los casos que la propia codificación establezca, sin que para el caso se exija garantía alguna, lo que sí acontece en la Ley de Amparo, por lo que es inconcuso que no se está en el caso de excepción a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, para no agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley local; es decir, el juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional que corresponda del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado. Establecido lo anterior, se colige que contra lo reclamado en esta vía constitucional, evidentemente procede el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, por tratarse de actos administrativos atribuidos a autoridades estatales y al no haberlo hecho valer los quejosos previo a comparecer a esta instancia, el juicio de amparo por el promovido se torna improcedente, en términos del numeral XX, fracción 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior implica, como ya se dijo, que previo a acudir a la justicia Federal para solicitar la protección de amparo, los quejosos debieron agotar el recurso ordinario establecido en los precitados artículos 4º, en relación con el 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y 3°, 66, 67 y 68, del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, lo que en el caso que nos ocupa no se hizo; por ello, el presente juicio deviene improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.1o.6 A, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, a página: 255, que dice: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De una correcta interpretación del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los mismos; por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías." Sin que pase inadvertido, el hecho que el medio ordinario de defensa (juicio contencioso administrativo) está contemplado en ordenamientos legales diferentes al cuerpo normativo local en que se funda esencialmente el acto de autoridad combatido en esta vía constitucional, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de amparo restringe la procedencia del recurso ordinario al ordenamiento del cual emane formalmente lo reclamado, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 116/99, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Octubre de 1999, página: 447 que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular." Máxime que, los miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes y su relación con el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa. Asimismo, el artículo 116, fracción VI, constitucional, faculta a las Legislaturas Locales para regular las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, pero sobre las bases determinadas en el propio artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que entre esa dependencia y sus servidores públicos existe una relación laboral regida por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de cuyo artículo 113 se desprende que su aplicación corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose que dicho Tribunal, en principio, sería competente para conocer y dirimir las controversias entre los miembros de las instituciones policiales y la dependencia citada. Sin embargo, tales disposiciones no son acordes con los preceptos constitucionales citados, conforme a los cuales esa relación no es de naturaleza laboral sino administrativa y, en consecuencia, sus diferencias deben someterse a la jurisdicción concerniente a esta última materia, por lo que en atención al principio de supremacía establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si los artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Número 433 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Número 194, todas del Estado de Guerrero, instituyen la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer los procedimientos contenciosos de ese orden, suscitados entre las autoridades y los particulares, por afinidad, en observancia de la garantía prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, ese órgano jurisdiccional debe conocer de los conflictos entre los miembros de una institución policial y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en las cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha jurisdicción es la más pertinente para conocer y resolver dichas controversias. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 91/2007, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, a página: 1178, que dice: "SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. Del proceso legislativo que dio origen al decreto de reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República (Diario Oficial de la Federación del 8 de marzo de 1999), se advierte que el Constituyente precisó que los miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes y su relación con el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa. Asimismo, el artículo 116, fracción VI, constitucional, faculta a las Legislaturas Locales para regular las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, pero sobre las bases determinadas en el propio artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que entre esa dependencia y sus servidores públicos existe una relación laboral regida por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de cuyo artículo 113 se desprende que su aplicación corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose que dicho Tribunal, en principio, sería competente para conocer y dirimir las controversias entre los miembros de las instituciones policiales y la dependencia citada. Sin embargo, tales disposiciones no son acordes con los preceptos constitucionales citados, conforme a los cuales esa relación no es de naturaleza laboral sino administrativa y, en consecuencia, sus diferencias deben someterse a la jurisdicción concerniente a esta última materia, por lo que en atención al principio de supremacía establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si los artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Número 433 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Número 194, todas del Estado de Guerrero, instituyen la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer los procedimientos contenciosos de ese orden, suscitados entre las autoridades y los particulares, por afinidad, en observancia de la garantía prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, ese órgano jurisdiccional debe conocer de los conflictos entre los miembros de una institución policial y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en las cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha jurisdicción es la más pertinente para conocer y resolver dichas controversias, resultando aplicables por analogía las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicadas con los números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y P./J. 24/95." En mérito de lo expuesto, se desecha la demanda, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    A sus autos el escrito de los quejosos 1Usai Mora Uvaldo, 2Yesenia Dircio Mariano, 3César Cruz Suastegui, 4Roberto Carlos Marín Santana, 5Luis Manuel Castro Laredo, 6Cristian Alan Isidor Justo, 7Jaime Zapoteco Abundez, 8Víctor Manuel Guerrero Carmona, 9Miriam Cristhy Ávila Rodríguez, 10Eleuterio Arizmendi Flores, 11Antonio Juárez Carmona y 12María Dolores Mendoza Cuevas, por medio del cual pretende desahogar la prevención realizada mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Sin embargo, del escrito que se provee no se advierte que haya desahogado en su totalidad dicha prevención, ello en razón de que únicamente precisó el acto que reclama a cada una de las autoridades responsable y exhibió dos copias más de su escrito de demanda de amparo; siendo que, el segundo punto a desahogar era el siguiente: "1. En relación con el punto anterior, bajo protesta de decir verdad, deberá relacionar los actos reclamados a las autoridades responsables en el capítulo de antecedentes del acto reclamado." Empero, del contenido del escrito de cuenta no se advierte el desahogo del punto dos de la prevención de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, el cual se precisó con anterioridad. Por tanto, no ha lugar a tenerle desahogada en sus términos la multicitada prevención de veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Tienen aplicación al caso la Jurisprudencia2a./J. 106/2003, visible a página 133, XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo promovida por 1Usai Mora Uvaldo, 2Yesenia Dircio Mariano, 3César Cruz Suastegui, 4Roberto Carlos Marín Santana, 5Luis Manuel Castro Laredo, 6Cristian Alan Isidor Justo, 7Jaime Zapoteco Abundez, 8Víctor Manuel Guerrero Carmona, 9Miriam Cristhy Ávila Rodríguez, 10Eleuterio Arizmendi Flores, 11Antonio Juárez Carmona y 12María Dolores Mendoza Cuevas, por propio derecho, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 671/2017 y fórmese el expediente respectivo. En razón de lo anterior, toda vez que los promoventes no designan un representante común en su libelo constitucional, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional designa como representante común a 1Usai Mora Uvaldo, sin perjuicio de que la parte respectiva lo substituya por otro en el momento procesal que lo desee. PREVENCIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracciones II y V de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: 1) Precise el acto que reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables; toda vez que del apartado relativo, únicamente se advierte el acto que reclama al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 2) En relación con el punto anterior, bajo protesta de decir verdad, deberá relacionar los actos reclamados a las autoridades responsables en el capítulo de antecedentes del acto reclamado. 3) Exhiba dos copias más de su escrito de demanda, toda vez que resulta necesaria para emplazar a todas las partes, es decir, a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal; pues únicamente, exhibe siete reproducciones, las cuales se corre traslado de la forma siguiente: seis copias para cada una de las autoridades responsables y la restante para el Agente del Ministerio Público de la federación, faltando las que conformarán el incidente de suspensión solicitado dado que éste se tramita por duplicado y por cuerda separada. A lo anterior tiene aplicación la Jurisprudencia 86/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 2/2001-PL.- Entre las sustentadas por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, veintiuno de junio de dos mil dos; que a la letra dice en su rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACION DEL INCIDENTE DE SUSPENSION, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCION DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE." Apercibida que de no dar cumplimiento al inciso 1) y 2), en el lapso indicado, se tendrá como única autoridad responsable al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; y en caso, de no exhibir las copias requeridas en el inciso 3), se postergará la tramitación del incidente de suspensión solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel García Guatemala, toda vez que cuenta con registro de cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, sólo se les tiene por autorizado para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Brenda Palmira Juárez Inés, por así haberlo indicado en su escrito de cuenta, quien no gozará de las demás facultades que tiene el autorizado en términos amplios. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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