Uriel Reyna Cortes
Expediente 311/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 311/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Uriel Reyna Cortes y Otros.
- Uriel Reyna Cortes
- Presidente de la Junta Local de Conciliacón y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de mayo de dos mil veintidós. En principio, visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes, quejosa y tercera interesada no hicieron manifestación alguna con relación a la vista ordenada en proveído de siete de abril de dos mil veintidós, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; por tanto, este órgano de control constitucional de oficio procede a emitir el pronunciamiento que corresponde en relación con dicho cumplimiento. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante resolución de primero de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal, concedió el amparo y protección para efecto de que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de guerrero, realice lo siguiente: De inmediato emita día y hora para que se lleve a cabo la audiencia correspondiente al incidente de liquidación y resuelva la misma, planteado en el juicio laboral ****. Y notifique la determinación a las partes. Consecuentemente, mediante auto de quince de marzo de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable. 2. Trámites de la responsable. De las constancias que obran en autos se aprecia que la autoridad responsable mediante oficio 673 de cinco de abril de dos mil veintidós remitió copia certificada de la audiencia celebrada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, así como la resolución interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación en el expediente laboral D.O. ***, y sus respectivas notificaciones a las partes. 3. Vista y notificaciones. Mediante proveído de siete de abril de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa vía electrónica el dieciocho de abril de dos mil veintidós y a la tercera interesada mediante oficio 8779/2022, el ocho de abril de dos mil veintidós. 4. Verificación del cumplimiento. Analizadas que han sido las constancias remitidas por la autoridad responsable descritas en el párrafo que antecede se advierte que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en virtud que el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, resolvió el incidente de liquidación en el expediente laboral D.O. ***, y notificó dicha determinación a las partes contendientes; colmando los efectos precisados en el fallo amparador. 5. Conclusión. En virtud de lo expuesto, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. 6. Archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos, remite copia certificada de la audiencia celebrada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, así como la resolución interlocutoria y la notificación a las partes dentro del juicio laboral D.O. **********. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contados a partir al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubieran recurrido la sentencia de primero de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obligan a: De inmediato emita día y hora para que se lleve a cabo la audiencia correspondiente al incidente de liquidación y resuelva la misma, planteado en el juicio laboral *****. Y notifique la determinación a las partes. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Ricardo Quiñones Orozco, en su carácter de Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
A U D I E N C I A C O N S T I T U C I O N A L. En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a las nueve horas con treinta minutos del primero de diciembre de dos mil veintiuno, Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 311/2020, promovido por Uriel Reyna Cortez, por propio derecho, ante la fe del Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, sin asistencia de las partes. Enseguida el Secretario da cuenta al Juez, con la totalidad de constancias que obran en el expediente que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, se declara abierto el período de pruebas, y se hace relación de las documentales que acompañó el quejoso a su escrito de demanda (foja 7) y las que remitió la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero a través de su presidente, al rendir su informe justificado (fojas 81-90), asimismo, se hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas por el quejoso y las remitidas por la autoridad responsable; y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas; ahora, no existiendo pruebas por desahogar, se cierra esta etapa probatoria. Abierto el periodo de alegatos el Secretario da cuenta con el alegato ministerial 241/2020 del Agente del Ministerio público Federal adscrito y hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito por formulando alegatos y a las demás partes por perdido tal derecho. Cerrado que fue el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 311/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, remitido por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Uriel Reyna Cortez, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. ACTO RECLAMADO: "LA OMISIÓN DE DESAHOGAR Y RESOLVER EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN , COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO, de fecha 05 de abril del 2018, violando en consecuencia el derecho del quejoso de recibir la impartición de Justicia Pronta y Expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional, incurriendo con ello en RETRASO e INACTIVIDAD PROCESAL en mi agravio, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo; se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 311/2020; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no emitió pedimento; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer del presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud que el acto reclamado es atribuido a una autoridad cuya residencia se ubica dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario armonizar lo expuesto por la parte quejosa. Acorde a lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran agregadas al expediente, se observa que la parte quejosa reclama: La omisión de señalar día y hora para la audiencia incidental de liquidación y resolver la misma promovido en el juicio laboral 503/2014, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su Presidente, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le reclama (foja 80), lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente laboral 503/2014 (fojas 81 a 90); documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por provenir de un servidor público en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, aun de oficio debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, por ser ésta una cuestión preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia, es dable analizar el acto reclamado - omisión de resolver el incidente de acumulación de autos promovido en el juicio laboral de origen - a la luz de único concepto de violación propuesto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa formuló motivos de inconformidad que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, ya que dicha circunstancia no lo deja en estado de indefensión, habida cuenta que con ello no se le veda de la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estime pertinente. SEXTO. Calificación del concepto de violación y estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Resulta esencialmente fundado el concepto de violación, por las consideraciones que se exponen enseguida. La parte quejosa reclama la omisión de señalar fecha para la audiencia incidental de liquidación y resolver la misma promovido en el juicio laboral 503/2014, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por lo que no se ha ajustado a los plazos legales que establece la ley para el desarrollo del juicio laboral. Así, es fundado el único concepto de violación expuesto por el quejoso, en donde medularmente alegó que la responsable viola su derecho de acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que ha omitido dictar la resolución correspondiente al incidente de liquidación planteado en el juicio laboral 503/2014; sin que hasta la fecha lo haya hecho, o al menos, de las constancias allegadas al presente sumario no se advierte lo contrario. En efecto, la responsable viola en perjuicio del amparista el derecho de acceso a la justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su párrafo segundo, establece: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]." El derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, fue garantizado por el Constituyente a fin que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas surgidas entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que, no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios, traducidos en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendentes a hacerla pronta y expedita. Aspectos que en el caso la potestad responsable ha dejado de observar, pues de las constancias que remitió como apoyo de su informe justificado, no se aprecia que haya emitido la interlocutoria correspondiente; cuando tenía la obligación de resolverlo de manera inmediata, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo. En el caso, la Junta responsable no ha atendido tales disposiciones legales porque de la constancia que adjuntó a su informe justificado, se advierte que del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve (data en que la potestad se reservó a dictar la resolución) al tres de marzo de dos mi veinte (en que presentó su demanda de amparo), transcurrieron tres meses y tres días sin haber dictado la determinación correspondiente, incluso a la fecha de la presente sentencia, transcurrieron un año ocho meses y veintiocho días más sin que se emita día y hora para que se lleve a cabo la audiencia incidental y se resuelva la misma y sin justificación alguna; lo cual se traduce en una violación al derecho que se le imparta justicia, dentro de los plazos y términos establecidos en las leyes. SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso, a fin que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, obre en el sentido de respetar el derecho fundamental violado, es decir: A. De inmediato emita día y hora para que se lleve a cabo la audiencia correspondiente al incidente de liquidación y resuelva la misma, planteado en el juicio laboral 503/2014. B. Y notifique la determinación a las partes. OCTAVO. Publicación de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; por ello, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Uriel Reyna Cortez, en lo relativo a la omisión de emitir la interlocutoria correspondiente al incidente de liquidación planteado en el juicio laboral 503/2014, atribuida a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero; de acuerdo a lo expuesto en el considerando SEXTO, y para los efectos precisados en el diverso considerando SÉPTIMO de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, que actúa ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
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