Uriel Ruiz Rubio

Expediente 803/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
803/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
08/12/2021

Partes del expediente

  • Uriel Ruiz Rubio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso *****************, no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintitrés de noviembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que presentó; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    Agréguense a los autos los escritos signados por ************; con el segundo de ellos, da cumplimiento con el requerimiento que le fue formulado en proveído de veintinueve de octubre del año en curso. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda que promueve el gestionante ***************, por su propio derecho, es necesario traer a colación lo dispuesto en el normativo 113 de la ley de la materia, que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra sustentado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, se señala que en la especie la parte quejosa reclama: La notificación que le fue practicada por lista de acuerdos del Juzgado de Ejecución Penal con sede en esta ciudad, de la resolución incidental de fecha diez de septiembre del año en curso, dictada en la carpeta de ejecución número ************, en la que le fue revocado el sustitutivo de jornadas de trabajo en favor de la comunidad que le fue concedido en su calidad de sentenciado.. De igual forma, es necesario destacar que los artículos 8, 100 y 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen: Artículo 8. Supletoriedad. En todo lo no previsto por la presente Ley se atenderá en lo conducente a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y a las leyes penales aplicables." Artículo 100. Ejecución de la sentencia El Juez de Ejecución dará trámite a los procedimientos que correspondan a la Ejecución de Sentencia, para dar cumplimiento al fallo emitido por el Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento en los términos establecidos por esta Ley, por el Código y demás leyes penales aplicables." Artículo 120. Principios del procedimiento Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe. El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental." De la lectura de los anteriores preceptos legales, se desprende que: En tratándose de la etapa de ejecución de la sentencia, el Juez de Ejecución dará trámite a los procedimientos que a ésta correspondan para dar cumplimiento al fallo emitido por el Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento en los términos establecidos por la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, por el Código Nacional de Procedimientos Penales (aplicado supletoriamente) y demás leyes aplicables. También prevé que las acciones y recursos judiciales se sustanciaran conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. Por su parte, el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: Artículo 88. Nulidad de la notificación La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el presente Código." Bajo ese contexto, en la especie la parte quejosa reclama la notificación que le fue practicada por lista de acuerdos del Juzgado de Ejecución Penal con sede en esta ciudad, de la resolución incidental de fecha diez de septiembre del año en curso, dictada en la carpeta de ejecución número 362/2020, en la que se le revocó el sustitutivo de jornadas de trabajo en favor de la comunidad que le fue concedido. Ahora, atendiendo a los contenidos de los preceptos transcritos en líneas precedentes, dicha notificación, de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal, es impugnable a través de las acciones y/o recursos judiciales, acorde al artículo 120 de dicha legislación, el cual se sustanciará conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad, ante el Juez de Ejecución quien dará trámite a dichos procedimientos, esto es, que existe un recurso ordinario a través del cual la notificación que se reclama en este juicio pueda ser nulificada, lo anterior, atendiendo a que el numeral 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, (de aplicación supletoria a la Ley Nacional de Ejecución Penal), prevé que la notificación podrá ser nula, cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en dicho código; por ello, es inconcuso que el peticionario del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer la nulidad de la notificación que reclama, mediante la acción o recurso judicial establecido para ello, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como el solicitante del amparo no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que no se trata de un tercero extraño a procedimiento, dado que tiene el carácter de sentenciado en la carpeta de ejecución 362/2020, y el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XVIII- de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por último, como lo solicita el gestionante, se le tiene autorizando en términos de la última parte, segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****************, por así haberlo solicitado.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguense a los autos los escritos signados por ************; con el segundo de ellos, da cumplimiento con el requerimiento que le fue formulado en proveído de veintinueve de octubre del año en curso. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda que promueve el gestionante ***************, por su propio derecho, es necesario traer a colación lo dispuesto en el normativo 113 de la ley de la materia, que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra sustentado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, se señala que en la especie la parte quejosa reclama: La notificación que le fue practicada por lista de acuerdos del Juzgado de Ejecución Penal con sede en esta ciudad, de la resolución incidental de fecha diez de septiembre del año en curso, dictada en la carpeta de ejecución número ************, en la que le fue revocado el sustitutivo de jornadas de trabajo en favor de la comunidad que le fue concedido en su calidad de sentenciado.. De igual forma, es necesario destacar que los artículos 8, 100 y 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen: Artículo 8. Supletoriedad. En todo lo no previsto por la presente Ley se atenderá en lo conducente a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y a las leyes penales aplicables." Artículo 100. Ejecución de la sentencia El Juez de Ejecución dará trámite a los procedimientos que correspondan a la Ejecución de Sentencia, para dar cumplimiento al fallo emitido por el Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento en los términos establecidos por esta Ley, por el Código y demás leyes penales aplicables." Artículo 120. Principios del procedimiento Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe. El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental." De la lectura de los anteriores preceptos legales, se desprende que: En tratándose de la etapa de ejecución de la sentencia, el Juez de Ejecución dará trámite a los procedimientos que a ésta correspondan para dar cumplimiento al fallo emitido por el Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento en los términos establecidos por la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, por el Código Nacional de Procedimientos Penales (aplicado supletoriamente) y demás leyes aplicables. También prevé que las acciones y recursos judiciales se sustanciaran conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. Por su parte, el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: Artículo 88. Nulidad de la notificación La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el presente Código." Bajo ese contexto, en la especie la parte quejosa reclama la notificación que le fue practicada por lista de acuerdos del Juzgado de Ejecución Penal con sede en esta ciudad, de la resolución incidental de fecha diez de septiembre del año en curso, dictada en la carpeta de ejecución número 362/2020, en la que se le revocó el sustitutivo de jornadas de trabajo en favor de la comunidad que le fue concedido. Ahora, atendiendo a los contenidos de los preceptos transcritos en líneas precedentes, dicha notificación, de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal, es impugnable a través de las acciones y/o recursos judiciales, acorde al artículo 120 de dicha legislación, el cual se sustanciará conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad, ante el Juez de Ejecución quien dará trámite a dichos procedimientos, esto es, que existe un recurso ordinario a través del cual la notificación que se reclama en este juicio pueda ser nulificada, lo anterior, atendiendo a que el numeral 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, (de aplicación supletoria a la Ley Nacional de Ejecución Penal), prevé que la notificación podrá ser nula, cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en dicho código; por ello, es inconcuso que el peticionario del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer la nulidad de la notificación que reclama, mediante la acción o recurso judicial establecido para ello, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como el solicitante del amparo no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que no se trata de un tercero extraño a procedimiento, dado que tiene el carácter de sentenciado en la carpeta de ejecución 362/2020, y el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XVIII- de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por último, como lo solicita el gestionante, se le tiene autorizando en términos de la última parte, segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****************, por así haberlo solicitado.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito del quejoso **************, mediante el cual aduce dar cumplimiento a la prevención efectuada el veintinueve de octubre del año en curso, en la que se le requirió para que por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr a cada una de las partes: Precisara qué acto o actos reclama en esta instancia constitucional, así como la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de ellos; y Bajo protesta de decir verdad señalara todos y cada uno de los antecedentes que los constituyen de manera, sucinta y cronológica; y además manifestara si actualmente se encuentra en libertad o privado de ella. Ahora, en el escrito de cuenta si bien aduce que actualmente se encuentra en libertad, señala el acto reclamado, la fecha en que tuvo conocimiento de éste, así como alguno de los antecedentes que lo constituyen. Sin embargo, del contenido íntegro del mismo se advierte que la prevención efectuada el veintinueve de octubre del año en curso, no fue cabalmente cumplida. Se afirma lo anterior, porque el promovente del amparo en el apartado de acto reclamado, precisa que lo constituye la ilegal notificación de la resolución incidental de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Ejecución Penal de esta ciudad, respecto de la cual tuvo conocimiento el veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno; sin embargo, en el capítulo de conceptos de violación refiere que parte de la resolución que causan dichos conceptos lo constituye la resolución de apelación dictada en el toca ***************, por la Séptima Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Esto es, no se puede establecer con exactitud si lo que reclama lo es la notificación de la resolución incidental de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez de Ejecución Penal de esta ciudad o bien, la resolución de apelación emitida en el toca *************, por la Séptima Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por desahogada la prevención de que se trata, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto de veintinueve de octubre del año en curso. Razón por la cual, se hace necesario requerir de nueva cuenta al promovente para que precise: Qué acto o actos reclama en esta instancia constitucional, así como la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de ellos; y Bajo protesta de decir verdad manifieste de manera sucinta y cronológica la totalidad de los hechos y abstenciones que los constituyen. Ahora bien, como el promovente del amparo pretendió atender la prevención de mérito el primer día de los cinco que le fueron concedidos para ello, hágasele saber que cuenta con el plazo de cuatro días para dar cabal cumplimiento a lo solicitado; el cual se computará a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este auto, así como que continúa vigente el apercibimiento formulado en proveído de veintinueve de octubre del año en curso.

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