Uriel Caballero García
Expediente 301/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Uriel Caballero García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que la determinación de seis de julio del año en curso, en la que este tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ********************en favor de ******************** contra actos del Juez Cívico en turno de Acámbaro, Guanajuato y otras autoridades, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que causó estado. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Control. Orden de archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente. A efecto de realizar la valoración del expediente en que se actúa, se precisa que las resoluciones que se dictaron fueron las siguientes. En el juicio principal, se sobreseyó fuera de audiencia; Dada la naturaleza del acto, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decretó de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado. El asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo cual no es de relevancia documental. Por otra parte, de conformidad con lo que establece el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el expediente que nos ocupa es conservable. Lo anterior, en concordancia a lo dispuesto en el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementaba al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (abrogado), que precisaba: " [.] 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano. Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables"." Destacando que se acude a esa disposición administrativa, porque a pesar de que actualmente rige un nuevo acuerdo en la materia, la hipótesis que aquí se analiza no se encuentra regulada, pero es idéntica a la que dio origen a la precisión que se realizó en su momento en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en razón de que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como las constancias que obran en autos, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, se desprende que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada, porque del estudio íntegro de la demanda de amparo, que se efectúa con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que en el escrito de demanda presentada a nombre de *************, se reclamó: La incomunicación, la desaparición forzada y la privación de la libertad fuera de procedimiento." Ahora, de acuerdo con las documentales que adjuntaron las autoridades que fueron señaladas como responsables, Agente del Ministerio Público 1 Investigador de la Unidad de Tramitación Común; Juez Calificador de Seguridad Pública; Director General de Seguridad Publica Movilidad y Protección Civil y Coordinador Operativo de Seguridad Pública, todos de Acámbaro Guanajuato, al rendir los informes que les fueron requeridos en el presente asunto, se desprende que: El quejoso ***************, fue detenido en flagrancia el seis de abril de dos mil veintitrés y con motivo de ello se formó la carpeta de investigación número ************* por hechos constitutivos del delito de lesiones. Después de que se le recabó entrevista, el quejoso ************* el ocho de abril del año en curso, quedó en libertad con las reservas de ley, como se advierte de la boleta de libertad que anexó el Agente del Ministerio Público 1 Investigador de la Unidad de Tramitación común, de Acámbaro, Guanajuato. Por tanto, es evidente que la omisión que se tilda de inconstitucional en este juicio de amparo por el quejoso de referencia cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio (incomunicación, la desaparición forzada y la privación de la libertad fuera de procedimiento del quejoso directo), debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al acreditarse que actualmente se encuentra en libertad con las reservas de ley. De lo que se puede advertir que no se transgredió el derecho fundamental cuya violación se hizo valer en esta instancia, cesando así la omisión que se reclamó, dado que desaparecieron los efectos para lo cual solicitó el amparo y protección de la justicia federal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que lo fueron las once horas con diez minutos del veintisiete de julio de dos mil veintitrés. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, debido a que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Agente del Ministerio Público 1 Investigador de la Unidad de Tramitación Común, de Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, en el diverso 8939/2023, de fecha veintiocho de junio del año en curso, informa: Que al aquí quejoso **************, se le decretó su libertad con reservas de ley el ocho de abril del año en curso, en los autos de la carpeta de investigación **************, que se le instruye por el delito de lesiones; asimismo, remite la boleta de libertad que giró al nombrado.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se desprende la razón por la que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, toda vez que el Agente del Ministerio Público 1 Investigadora de la Unidad de Tramitación común, de Acámbaro, Guanajuato, autoridad responsable, no ha informado lo solicitado por este órgano jurisdiccional en fecha veintiocho de junio del año en curso, esto es, la situación jurídica actual del quejoso **********; en tales condiciones, se difiere y se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo.
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