Uriel Martínez Contreras
Expediente 504/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Uriel Martínez Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud de que por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la promovente o la persona autorizada para tales efectos deberá generar su cita a partir del diez de agosto de dos mil veinte en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el miscrositio "Agenda OJ". Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio J30/2365/2022, enviado vía correo electrónico por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, adjunta las copias certificadas que le fueron solicitadas. En la inteligencia que el aludido oficio ha sido previamente certificado por la Secretaria de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte, que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Lo anterior es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, por acuerdo de once de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo promovida por Uriel Martínez Contreras, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: ".El acuerdo de fecha 25 veinticinco de abril del año 2022 en el cual la responsable señala fecha de audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS PARA EL DÍA 01 PRIMERO DE JULIO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS y que fue notificada a esta parte el día antes mencionado. La omisión REPETITIVA de la responsable de NO administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que la autoridad responsable ha señalado fecha de audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS PARA EL DÍA 01 PRIMERO DE JULIO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, VIOLANDO los términos establecidos en el artículo 873 y demás relativos de la supletoria Ley Federal del Trabajo.". Ahora bien, de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, acompañó en copias certificadas como complemento a su informe justificado, el proveído de uno de julio de dos mil veintidós, por el cual llevó a cabo la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente laboral 1082/2019, misma que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, por lo cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado, como se anticipó, la omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, también lo es que la autoridad responsable, el uno de julio del presente año, llevó a cabo la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente laboral 1082/2019. Por lo cual, al haber surgido una nueva situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el acto reclamado lo constituya la omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo y, que durante la secuela procesal del presente juicio de amparo, la autoridad responsable llevó a cabo la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente laboral 1082/2019, virtud a que, como se aprecia líneas precedentes, por auto de uno de julio próximo pasado, se desprende que únicamente compareció el apoderado jurídico de la parte actora; así mismo en dicha audiencia se concedió termino de alegatos a las partes, a efecto de que presenten los mismos; transcurrido dicho termino y mediante auto de fecha tres de agosto de dos mil veintidós, de declaro cerrara instrucción, turnándose los autos a efecto de que sea emitido el laudo correspondiente, razón por la cual, se tuvo como único acto reclamado el invocado primigeniamente. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio 15040, presentado vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por *******, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie 70.8a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.00, a nombre de la promovente en alusión, por el cual informa que por diverso oficio 12386 de ocho de julio pasado, remitió el 375/2022 (138/2022-E), por el que se le solicitó que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado, emplazara a juicio a las personas morales terceras interesadas COMERCIALIZADORA PEPSICO MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. Y/O SABRITAS, S. DE R.L. DE C.V. POR CONDUCTO DE QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DE LA MISMA y QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES Y/O PROPIETARIOS Y/O BENEFICIARIOS Y/O USUFRUCTUARIOS DE LA FUENTE DE EMPLEO UBICADA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, 200- A, COLONIA ZONA INDUSTRIAL Y/O COLONIA INDUSTRIAL, EN APATZIGÁN, MICHOACÁN; toda vez que el mismo ya obra en autos. Cúmplase.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, por resultar necesarias para resolver el presente juicio de amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente auto y de no existir inconveniente legal o material que tuviera para ello, informe si a la fecha se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas señalada para la nueve horas del uno de julio de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral número 1082/2019, remitiendo constancias que acredita lo actuado a partir de esa fecha, o bien manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello; esto, con fundamento en el artículo 75 tercer párrafo de la Ley de Amparo y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la mencionada ley; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el lapso concedido, al momento de emitirse la resolución respectiva, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional se difiere para las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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