Ulisses Palacios Correa

Expediente 1239/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1239/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Ulisses Palacios Correa

Actuaciones

  1. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia Constitucional, en el juicio de amparo número 1239/2023, el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión del Secretario que autoriza y da fe, licenciado Carlos Medina Muñoz, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, hace relación de las constancias que obran en autos y da cuenta al Juez con el escrito inicial de demanda e informes justificados rendidos por las dos autoridades responsables. Abierto el período de pruebas, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, la documental exhibida por la parte quejosa con su escrito de demanda, así como las documentales que las autoridades responsables, remitieron como complemento a su informe de ley, relacionadas con el acto reclamado, con lo que se declara cerrado el mismo. A continuación, se abre la etapa de alegatos y el Secretario da cuenta con el alegato 370/2023, formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, los que se tienen por reproducidos en sus términos; por tanto, se declara cerrada dicha fase. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia, quedando los autos a la vista para dictar la correspondiente sentencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense únicamente para que obren como legalmente correspondan los oficios 1284 y 1286, signados por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, mediante los cuales informa los trámites que está realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, toda vez que en proveídos de dieciséis y treinta de octubre de dos mil veintitrés, se proveyó lo conducente a los mismos. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con la copia de la demanda de amparo que antecede, con el escrito aclaratorio y con fundamento en los artículos 125, 128, y 138 de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós; fórmese y tramítese en un tanto el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número ********************/2023, promovida por ********************, contra actos del Juez de Oralidad Mercantil del Primer Circuito Judicial del Estado de Nuevo León, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en: "(.) IV.- ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA. Del Juez Ordenador, Juez de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, le reclamo el auto de fecha 20 veinte día abril de 2023 dos mil veintitrés, emitido dentro del expediente número ********************, mediante el cual ordena "para que dentro del improrrogable término de 3 tres días, procedan a la desocupación y entrega material y jurídica de dicho inmueble a ********************, ya que por virtud a la adjudicación se le ha transmitido formal y materialmente la propiedad del mismo. Con el apercibimiento de que en caso de incumplir con lo anterior, se procederá a su lanzamiento forzoso, autorizándose para tal efecto los medios de apremio que establece la ley, consistentes en el uso de la fuerza pública y cateo con rompimiento de cerraduras, en caso de ser necesarios, en términos del artículo 1067 Bis del Código de Comercio." Del Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil, en Morelia, Michoacán. Le reclamo el auto de fecha 12 doce de mayo de 2023 dos mil veintitrés, emitido dentro del Exhorto ********************, mediante el cual ordena: "Y en términos de la encomienda, les notifique personalmente a la demandada ******************** y a cualquier tercer ocupante, en la ubicación del mencionado raíz, para que en el término de 3 tres días, procedan a la desocupación y entrega material y jurídica de dicho bien inmueble a ********************, ya que por virtud a la adjudicación se le ha transmitido formal y materialmente la propiedad del mismo. Con el apercibimiento que en caso de incumplir con lo anterior, se procederá a su lanzamiento forzoso, autorizándose para el efecto los medios de apremio que establece la ley, consistentes en el uso de la fuerza pública y cateo con rompimiento de cerraduras, en caso de ser necesario, en términos del artículo 1067 Bis del Código de Comercio." Del Actuario o Secretario, en funciones de Ejecutor, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Civil en Morelia, Michoacán, le reclamo la ejecución del auto de fecha 12 doce de mayo de 2023 dos mil veintitrés, emitido dentro del Exhorto ********************, mediante el cual ordena: "Y en términos de la encomienda, les notifique personalmente a la demandada ******************** y a cualquier tercer ocupante, en la ubicación del mencionado raíz, para que en el término de 3 tres días, procedan a la desocupación y entrega material y jurídica de dicho bien inmueble, a ********************, ya que por virtud a la adjudicación se le ha transmitido formal y materialmente la propiedad del mismo. Con el apercibimiento que en caso de incumplir con lo anterior, se procederá a su lanzamiento forzoso, autorizándose para el efecto los medios de apremio que establece la ley, consistentes en el uso de la fuerza pública y cateo con rompimiento de cerraduras, en caso de ser necesario, en términos del artículo 1067 Bis del Código de Comercio." Fundamentalmente, se reclama la ejecución forzosa de dicho auto.(.)" Escrito aclaratorio: "Del Juez Ordenador, Juez de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, le reclamo, además de los ya señalados, la audiencia de remate, celebrada en fecha fecha 24 veinticuatro de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, por la que se adjudicó a ******************** dentro del Fideicomiso irrevocable ********************, dentro del expediente número ********************, ello atendiendo, a que en el propio expediente citado, hay constancia que exhibió la parte actora del mismo, del certificado de gravamen, donde constan el relativo al Juicio que sobre alimentos promoví en contra de la C. ********************, por lo que atendiendo a lo dispuesto en los numerales 818 y 819 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, debí ser llamado a dicha diligencia, pues tenía el carácter de Acreedor preferente, en cuanto acreedor alimentario, como así se desprende claramente de la certificación aportada a los autos, y que se inscribió con los siguientes datos: registro número ********************, del tomo ********************, de fecha 17 de agosto del año 2016, correspondiente al Distrito de Morelia." En atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Ahora bien, la medida cautelar de que se trata se solicita para los siguientes efectos: ".le solicito se ordene la suspensión provisional y en su momento la definitiva del acto que se reclama, para que las cosas se mantengan así hasta que se resuelva en definitiva el presente amparo, toda vez que dicha suspensión es procedente conforme a derecho, en virtud de que el acto que se reclama atenta contra derechos fundamentales, como es entre otros, mi derecho a recibir alimentos.". Ahora bien, en el caso en concreto, el quejoso solicitó expresamente en su escrito de demanda la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito a que alude el numeral 128 en cita. Por lo que ve a la fracción II del artículo 128 en comento, también se actualiza, en razón a que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan. Ahora bien, el aquí promovente bajo protesta de decir verdad manifestó haber sido citado por la autoridad responsable al contradictorio ********************, del índice de oralidad mercantil del primer distrito judicial en el Estado de Nuevo León al cual, sostuvo, compareció a deducir sus derechos como diverso acreedor en específico, al procedimiento de remate, dentro del citado juicio de donde deriva el acto reclamado, por lo que con tal circunstancia tiene acreditado su interés suspensional para los efectos de determinar sobre la medida cautelar solicitada. Apoya a lo anterior, la tesis XXI.4o.17 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1460, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "SUSPENSIÓN. SE ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO SI QUIEN LA SOLICITA DEMUESTRA SER PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Basta con demostrar ser parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, para acreditar el interés jurídico que le asiste en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, sobre todo si se trata de un juicio seguido en la vía especial hipotecaria que trae aparejada ejecución sobre el bien hipotecado, que resulta ser la base del adeudo y, por tanto, del litigio; lo anterior aunado al hecho de que la autoridad responsable admite la existencia del acto". No obstante lo anterior, SE NIEGA a ******************** la suspensión provisional que solicita respecto a la omisión de notificarle la celebración de la audiencia de remate de data veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio ********************, del índice del Juez de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, en razón de que éstos carecen de ejecución material por ser omisivos, acto contra el que es improcedente conceder la medida cautelar solicitada y, en su caso, ello sería materia de estudio de la sentencia que se emita dentro del juicio de amparo de donde derivan los presentes cuadernos incidentales. Tiene aplicación a lo anterior la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 1912, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio.". Así como la jurisprudencia número 1096, visible a fojas 759, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo texto es: "ACTOS NEGATIVOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Contra ellos es improcedente conceder la suspensión." En relación con la diversa, visible en la página 312, Tomo XI, correspondiente al mes de Junio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSION, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida.". Asimismo, SE NIEGA a ******************** la suspensión provisional que solicita respecto del acto reclamado consistente en la celebración de la audiencia de remate de data veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio ********************, del índice del Juez de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, por la que se adjudicó a ******************** dentro del Fideicomiso irrevocable ********************, el bien inmueble materia del citado juicio, dado que a éste le reviste el carácter de consumado, siendo improcedente contra ello la medida cautelar solicitada, pues de considerar lo contrario sería darle efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo a que este incidente corresponde. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 64, aplicada por identidad de razón, visible en la página 109 Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988 del rubro: "ACTOS CONSUMADOS.- Es improcedente conceder la suspensión pues equivaldría darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.". Por otro lado, con apoyo en la Jurisprudencia número P./J. 4/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 14, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". Con fundamento en los artículos 130, 132, 136, 138 y 147, de la Ley de Amparo en vigor, SE CONCEDE a ********************, la suspensión provisional que solicita para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, esto es, para que sin suspender el procedimiento de ejecución del juicio de origen por tratarse de orden público, las responsables se abstengan de ejecutar el auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, dentro del exhorto ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Morelia, por medio del cual se ordena notificar y ejecutar el diverso auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro de la ejecución del juicio ********************, del índice del Juez de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, por el que se ordena, la desocupación y entrega material y jurídica del bien inmueble materia de la ejecución del juicio de origen a ********************, de conformidad con lo previsto en el artículo 151 de la Ley de Amparo, siempre y cuando a la fecha esto no haya acontecido, en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2487, Tomo CV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 343754, que dice: "REMATES, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. Es bien conocida la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia según la cual, no cabe suspensión alguna contra actos que tiendan a la paralización de un procedimiento judicial, por ser esto contrario al interés público, por cuyo motivo, al concederse la suspensión definitiva de las consecuencias ulteriores de los actos de ejecución que están llevando a cabo las autoridades responsables, debe ser únicamente para el efecto de que no se haga aplicación a terceras personas, del bien embargado, en tanto que no se falle el juicio de amparo con el que se relaciona el incidente, sin perjuicio de que la autoridad responsable pueda seguir adelante los trámites relativos a la ejecución de la sentencia que se trata de cumplir. Por este motivo, la suspensión concedida no debe abarcar la celebración del remate, ni su aprobación, sino reducirse a la aplicación definitiva que se haga de los bienes embargados; aplicación que es la que no debe realizarse en tanto que no se resuelva en definitiva el juicio." Esta medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si el quejoso no otorga una garantía a satisfacción de este juzgado por la cantidad de ********************, en los cinco días siguientes al en que quede legalmente notificada del presente proveído en cualquiera de las formas establecidas por la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136, de la Ley de la materia, en relación con el diverso 132 del mismo ordenamiento jurídico a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada con el otorgamiento de esta suspensión, dicha cantidad fue fijada en atención a la facultad discrecional que confiere al suscrito el precepto 132 de la del ordenamiento jurídico en consulta, por no tener elementos para cuantificar a cuánto ascienden los citados daños y perjuicios. En el entendido de que dicho certificado deberá contener los datos relativos al nombre del quejoso como depositante, número de expediente, cantidad que ampara y el concepto para el cual se exhibe, bajo apercibimiento que de omitirse tales requisitos, no se tendrá por exhibido. En la inteligencia de que la parte quejosa, deberá solicitar a la institución que emita el documento en el cual conste la garantía, se asiente la leyenda siguiente: "El depositante autoriza expresamente al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de este depósito", de conformidad con lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación y si opta por exhibir póliza de fianza, ésta deberá de contener además de los requisitos anteriores, la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de la cantidad caucionada y deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 136 de la Ley de Amparo vigente. Asimismo, de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, las documental que adjuntó a su escrito de demanda, como se ordenó en el juicio principal al que pertenece este incidente, sin perjuicio de hacer relación de ello al momento de la celebración de la audiencia incidental. Tiene aplicación a lo anterior la tesis Jurisprudencial 71/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver." Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas a que se refiere en su ocurso de cuenta, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos. Ahora bien, mediante oficio correspondiente, al que deberá agregarse copia de la demanda de demanda y anexo, pídase a las autoridades responsables, su informe previo que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el cual se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen; asimismo, podrán expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, y deberá proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al suscrito juzgador establecer el monto de las garantías correspondientes, conforme lo establece el artículo 140 de la nueva Ley de Amparo; apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso concedido, con fundamento en el artículo 142, se presumirá cierto el acto reclamado y además, en su caso, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos del numeral 260 fracción I, de la citada ley. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo aquellos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se nieguen a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables y a los que en su caso les revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estimen necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia incidental. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe previo vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda signado por ..., por propio derecho, contra actos de ADMINISTRADORA DE RENTAS del Municipio de Hidalgo, Michoacán y otra autoridad; consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo, por los actos que hace consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS.- a).- De la autoridad expresada como ORDENADORA, reclamo la NEGATIVA FICTA consistente en negarse oral y/o verbalmente a inscribir en la Oficina de Catastro la sentencia judicial como título de propiedad inmueble, surgida del Juicio Ordinario Civil expediente número 737/2020 promovido sobre Prescripción Positiva frente a Elisa Correa Álvarez. b).- De la autoridad expresada como EJECUTORA reclamo el acatamiento de la decisión de la autoridad "Ordenadora", consistente en la NEGATIVA FICTA de no recibirme la documentación e inscribir la referida sentencia judicial como mi título de propiedad en sus archivos del sistema y libros existentes en la oficina de Catastro de la Administración de Rentas." En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 1239/2023. Dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. No se formar incidente de suspensión por no haberse solicitado en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, y sin que sea el caso de abrirlo de oficio, en razón a que en la especie no se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 127, del citado ordenamiento. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por las autoridades responsables. En el entendido, de que en caso de no rendir el informe se presumirá cierto el acto reclamado y se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia. En la inteligencia, de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaran una falsedad o negaran la verdad en todo o en parte, serán sancionados en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Es aplicable en lo que aquí interesa, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. ... Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informen a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciba provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se les requiera para que lo haga. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley reglamentaria en cita, las notificaciones que deban hacerse al promovente, aún las de carácter personal, se le practicarán por lista, toda vez que no señaló domicilio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa las documentales que adjuntó a su escrito inicial de demanda, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). ... Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. En términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estimen necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. ... Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Así también, dígase a la autoridad responsable que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 ..., o al correo electrónico oficial ... Notifíquese.

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