Uriel Lara Franco

Expediente 539/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
539/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Uriel Lara Franco
  • Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
  • Uriel Lara Franco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 539/2019-ID; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Por escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado en la misma fecha a este Juzgado; Uriel Lara Franco solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. En auto de quince de agosto del año en curso se admitió la demanda. Mediante proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve se dio vista al quejoso para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria. Por escrito de veinte de septiembre del año en curso el quejoso amplió su demanda y señaló como autoridad responsable a la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria; por lo que en auto de veintitrés siguiente se admitió la ampliación de la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama un acto declarativo que carece de ejecución material y la demanda se presentó en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso reclama del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, lo siguiente: El oficio digital con número de folio CRBTPF031906399, que le fuera enviado al correo electrónico obligaciones2014@yahoo.com.mx por el que se le invita a revisar su situación fiscal y en su caso presentar las declaraciones complementarias y pagos que correspondan respecto del impuesto sobre la renta en los meses de enero, febrero y abril del año dos mil dieciocho; así como en relación al impuesto al valor agregado de los meses de febrero de dos mil diecisiete y abril, agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciocho. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Subadministradora de amparo e instancias judiciales en representación de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria (en su denominación correcta) negó la existencia del acto reclamado (fojas 65 a 67); sin que el quejoso aportara pruebas para desvirtuar dicha negativa, de ahí que se tenga por inexistente el acto a ella reclamado. Máxime que si bien la responsable al rendir su informe justificado refirió que el acto si existe pero que fue emitido por la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria; por lo que es dable concluir que el acto reclamado a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria es inexistente por ser emitido por una diversa autoridad. En tales circunstancias, ante la inexistencia del acto reclamado aquí en estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, únicamente por lo que concierne a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuarto. Certeza del acto reclamado. La Administradora de amparo e instancias judiciales en representación del Administrador Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, al rendir su informe justificado (fojas 109 a 121), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; por tal motivo, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como cierto. Lo anterior se corrobora con la impresión digital que exhibió el quejoso; constancia a la que se concede valor probatorio, en términos de lo establecido en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Máxime que el contenido de dicha impresión digital fue transcrita en su integridad por la responsable al rendir su informe justificado. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con los diversos preceptos legales 5°, fracción I y 77, ambos de la Ley de Amparo, que literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De lo anterior, es dable decir que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del promovente de amparo, en el entendido de que la parte quejosa es la titular, en el caso, de un derecho subjetivo, o bien, en otros casos, de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos a que se hace referencia en el artículo 1° de la legislación de amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe precisar, además, que los elementos constitutivos del interés jurídico, el cual en el caso interesa, consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Requisitos anteriores, que en caso de no satisfacerse alguno de ellos, el juicio de amparo será improcedente. De lo que se sigue, que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere, indispensablemente, que quien lo promueva demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; publicada en la página 1598 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2019456, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora bien, como ya quedó de manifiesto, el acto reclamado consiste esencialmente en el oficio digital con número de folio CRBTPF031906399, que le fuera enviado al correo electrónico obligaciones2014@yahoo.com.mx por el que se le invita a revisar su situación fiscal y en su caso presentar las declaraciones complementarias y pagos que correspondan respecto del impuesto sobre la renta en los meses de enero, febrero y abril del año dos mil dieciocho; así como en relación al impuesto al valor agregado de los meses de febrero de dos mil diecisiete y abril, agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciocho, lo que de ninguna forma puede considerarse como un acto de autoridad capaz de afectar o vulnerar la esfera jurídica o derechos humanos del peticionario del amparo. Lo anterior es así, dado que de la impresión digital del oficio reclamado exhibido por el quejoso, el cual se encuentra robustecido con el informe justificado rendido por la responsable en el que transcribe en su totalidad dicha comunicación electrónica; constancias a las que se concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se advierte que el contenido del citado oficio es: En ese tenor, del contenido de la referida comunicación electrónica se advierte que está por su naturaleza, no afecta la esfera jurídica del quejoso, pues la autoridad responsable únicamente le indicó que en su autodeterminación fiscal disminuyó los impuestos de los periodos citados por lo que lo invitó a revisar su situación fiscal, y en su caso llevar a cabo las declaraciones complementarias y realizar los pagos correspondientes; aunado a que en la parte final del oficio le hizo de su conocimiento que si necesitaba información o asesoría fiscal, ingresara al sitio sat.gob.mx, en la sección de contacto, chat uno a uno, o realizara su aclaración en el sitio Mi portal, o bien se comunicara al MarcaSAT, ello a fin de que lo orientaran respecto de la invitación formulada al promovente. De lo anterior se desprende que la comunicación electrónica reclamada únicamente establece una invitación, pero no trae aparejada algún acto de autoridad que lesiones la esfera jurídica del quejoso, en tanto que no constituye un agravio, personal eminente y directo que lesione los derechos sustantivos del peticionario de amparo; en tanto que no irroga alguna consecuencia para el garante, toda vez que incluso no se le apercibe con nada en caso de no hacer caso a dicha comunicación, en consecuencia la citada invitación por sí misma no irroga perjuicio alguno, pues no se trata de algún acto eminente de ejecución con lo que se le lesione su esfera de derechos. Ello es así, ya que la invitación para revisar su situación fiscal no le irroga perjuicio alguno al quejoso al no constituir una restricción a su esfera de derechos, en virtud de que no le impone alguna obligación bajo un apercibimiento con fuerza coercitiva, ni determina cantidad alguna a pagar, ni trae consigo consecuencia alguna; de ahí que se estime que la referida invitación no constituya un agravio inminente personal y directo en contra del quejoso. Atento a lo expuesto, es dable sostener que el quejoso no acredita fehacientemente el agravio personal y directo que lesione sus derechos sustantivos para demandar el amparo y protección de la justicia federal, el cual debe demostrarse de manera indiscutible y no inferirse con base en presunciones, habida cuenta que en ese oficio la autoridad señalada como responsable no le está fincando un crédito fiscal, ni le impuso alguna sanción, pues únicamente lo invita a revisar su situación fiscal respecto de ciertos periodos, y en su caso, presentar las declaraciones complementarias y realizar los pagos correspondientes. Además, le indica diversos sitios virtuales donde puede recibir más información o asesoría fiscal a efecto de que se le oriente para rectificar errores u omisiones en las declaraciones; de donde se estima que la citada comunicación electrónica se trata de un acto meramente informativo y no de un acto de ejecución con lo que se le lesione su esfera de derechos. Además, tal como lo establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, en caso de que se dictara sentencia concesoria, los efectos de la misma deberían ser, tratándose de actos de carácter positivo, el restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que si se trata de un acto de carácter negativo u omisión, sería el obligar a la responsable a respetar el derecho que se trate o cumplir lo exigido. Luego, si como se indicó el oficio digital reclamado constituye únicamente una invitación a revisar su situación fiscal, sin incluir en ella algún apercibimiento o consecuencia, entonces en caso de que se concediera el amparo el efecto sería que no se le informara nada respecto del derecho que tiene a revisar su situación fiscal; de donde se desprende con mayor claridad que la comunicación electrónica reclamada no constituye en sí misma un agravio personal, eminente y directo, en tanto que no lesiona la esfera jurídica del quejoso al no constituir una resolución que imponga obligaciones y consecuencias al garante. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 62/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 724, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2003822, que establece: "CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. La carta invitación del Servicio de Administración Tributaria dirigida al contribuyente para regularizar su situación fiscal con relación al pago del impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados durante un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se trata únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, acogiéndose a los beneficios establecidos por la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente, y presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación y, en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado, la que sí será definitiva para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, por incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo. A lo anterior se suma que en el texto de la propia carta se informe expresamente que esa invitación no determina cantidad alguna a pagar, ni crea derechos, lo cual significa que su inobservancia tampoco provoca la pérdida de los beneficios concedidos por la mencionada regla, pues para que así sea debe contener, además del apercibimiento en tal sentido, la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo y, en el caso, la autoridad sólo se limita a dar noticia de la existencia de un presunto adeudo, sin establecer consecuencias jurídicas para el interesado." En ese contexto, resulta clara la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 77, ambos de la Ley de Amparo. Ahora no se desatiende que el quejoso ofreciera diversas pruebas tendentes a acreditar su interés jurídico al exhibir diversas constancias que demuestran que es contribuyente y por consiguiente susceptible de ser fiscalizado; sin embargo, dichos medios probatorios no sirven para acreditar el agravio personal y directo que sufre con el acto reclamado. Lo anterior es así, pues como ya se indicó para acreditar el interés jurídico para acudir al juicio de amparo, es necesario acreditar dos situaciones la primera que se es titular de un derecho sustantivo y la segunda que ese derecho se ve afectado por el acto de autoridad al constituir un agravio personal y directo. De ahí que si bien, con las pruebas ofertadas por el quejoso pudiese llegarse a acreditar que éste es titular de un derecho sustantivo, lo cierto es que con ellas no se acredita que el acto de autoridad constituya un agravio personal y directo que lesione su esfera de derechos por las razones ya indicadas. Por ello, se estima que se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico pero en su vertiente relativa a la falta de acreditación de que el acto reclamado irrogue un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, en tanto que dicho acto no constituye un agravio, personal eminente y directo. Por ende, al quedar materializada la hipótesis de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente litigio constitucional con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia normatividad legal. Sin que sea necesario abordar el estudio de la diversas causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, en virtud de que al decretarse el sobreseimiento del presente juicio, es evidente que en nada variaría el sentido del presente fallo si las causales por ellos invocadas se actualizan o no. Sirve de apoyo a lo anterior, por no contraponerse a la Ley de Amparo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, Tomo VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Uriel Lara Franco, por derecho propio, respecto de los actos reclamados de las autoridades que quedaron precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; quien actúa asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe. EL Juez El Secretario

  2. Principal

    SE RESUELVE: ÚNICO: SE SOBRESEE...

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en esta Naucalpan de Juárez, por medio del cual remite testimonio de la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el recurso de queja ***, en la cual se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.". En consecuencia, acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas. Por tanto, se ordena levantar la suspensión decretada en auto de ocho de noviembre del año en curso , y dado el sentido de la resolución recibida, se continúa con la secuela procesal del presente juicio, y se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos se advierte que ha fenecido la vista otorgada a las partes mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve; por tanto, y dado que de la certificación de cuenta se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra programada para las diez horas con diez minutos del once de noviembre de dos mil diecinueve, se deja sin efectos dicha hora y fecha; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se suspende el procedimiento del juicio en que se actúa, hasta en tanto sea resuelto por la superioridad el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, contra el auto de once de septiembre de dos mil diecinueve.

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