Urbano Guzmán Jiménez
Expediente 514/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/06/2016
Partes del expediente
- Urbano Guzmán Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto lo asentado en la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes recurrieran la sentencia de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. En ese orden, glósese el original del incidente de suspensión y después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente cuaderno se advierte que no existe promoción o diligencia por practicar, por tanto, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) En cumplimiento al punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseido. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se concedió y negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, junto con el original del incidente de suspensión. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, desglósese el mismo previa certificación que obre en actuaciones. Las anotaciones pertinentes háganse en el Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 514/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciséis (foja 1), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano jurisdiccional, Urbano Guzmán Jiménez, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: III).- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- COMO ORDENADORAS SE SEÑALA: 1).- AL C. JUEZ DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO. 2).- AL C. JUEZ DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA, MÉXICO. B).- COMO EJECUTORAS: 1).- AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 2).- EL C. COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV).- ACTO RECLAMADO: De las autoridades precisadas como ordenadoras, se señala como acto reclamado, la infundada e inmotivada orden de aprehensión girada en su contra. De la autoridad precisada como ejecutora, se señala como acto reclamado la ejecución física de la misma. De ambas sus causas y efectos. SEGUNDO. Por auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional radicó el asunto con el número 514/2016, y admitió a trámite la demanda; solicitó los informes justificados, dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, ordenó el trámite del incidente de suspensión de los actos reclamados; señaló hora y día para la audiencia constitucional. La parte quejosa narró los antecedentes del caso y no señaló tercero interesado; expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes; y, precisó que los actos reclamados son violatorios del artículo 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, sustanciado en sus trámites el presente cuaderno, la audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede y que forma parte de esta resolución; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia de este órgano jurisdiccional. Este Juzgado de Distrito, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, fracción I, 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse actos que afectan la libertad personal, cuya ejecución se llevará a cabo donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio se debe precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio, antes de verificar lo relativo a su existencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo ha de observar para establecer cuál es el acto reclamado, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, cuyo contenido es ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados son: -La orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Ahora, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que, al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Actos inexistentes. -El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México (folio 24). -El Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México (folio 14). -El Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Procurador y del Comisario General de la Policía Ministerial, éstos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (fojas 15 y 16). Al rendir su informe justificado, respectivamente, negaron la existencia de los actos atribuidos por el quejoso. CUARTO. Análisis de la procedencia del presente juicio de amparo. A partir de la consideración precedente, y en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, conviene destacar que, concerniente a la negativa que hace la autoridad responsable, en relación a los actos reclamados, la mismas no quedó desvirtuadas por el quejoso ya que no ofreció prueba alguna para tal efecto, ni objetó el informe rendido por la responsable, por lo tanto, es de establecerse que ésta surte efectos plenos, en virtud de ello, el solicitante del amparo estuvo obligado en todo caso a desvirtuar su contenido. En efecto, es de señalarse, que las autoridades responsables se constituyen en parte dentro del juicio de amparo, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el informe con justificación que es rendido por las autoridades responsables reviste el carácter de documento público, como lo dispone el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo anterior se afirma dado que se trata de un documento cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública. Consideraciones por las cuales se arriba a la convicción, de que al no objetar la solicitante del amparo el informe correspondiente, entonces producen el efecto de que como documento público, surtan sus efectos legales. Aunado a ello, la carga de la prueba de la existencia del acto reclamado, estuvo a cargo de la parte quejosa, es decir, existió la obligación por parte de ésta de aportar elementos de convicción para acreditar la existencia de los actos reclamados. Más aún, y dada la naturaleza del acto reclamado, su obligación no solamente debe de circunscribirse a demostrar su existencia, sino que la misma debe de acreditarse respecto de la fecha de presentación de la demanda de amparo y no a una posterior; lo cual, ninguna de esas hipótesis, en la especie no aconteció. En consecuencia, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, lo que conduce a sobreseer en el juicio, ya que del análisis de las constancias que integran el cuaderno de amparo, se advierte que la parte quejosa no ofertó medio probatorio idóneo para acreditar la existencia de los actos reclamados. La anterior determinación impide a este órgano jurisdiccional analizar el fondo del asunto, dado el sobreseimiento que en el juicio se decretó. Por lo expuesto, fundado y motivado; SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 514/2016, promovido por Urbano Guzmán Jiménez, por propio derecho, contra los actos consistentes en la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución.
- Incidental
Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto número 514/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Urbano Guzmán Jiménez, solicitó la suspensión del acto reclamado, en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se especifican: III).- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- COMO ORDENADORAS SE SEÑALA: 1).- AL C. JUEZ DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO 2).- AL C. JUEZ DE CONTROL Y JUICIOS ORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA, MÉXICO B).- COMO EJECUTORAS: 1).- AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 2).- EL C. COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO IV).- ACTO RECLAMADO: De las autoridades precisadas como ordenadoras, se señala como acto reclamado, la infundada e inmotivada orden de aprehensión girada en su contra. De la autoridad precisada como ejecutora, se señala como acto reclamado la ejecución física de la misma. De ambas sus causas y efectos. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que en el presente incidente de suspensión, el acto reclamado es el siguiente: Orden de aprehensión, así como su ejecución. TERCERO. Tramite otorgado al incidente. Este Juzgado de Distrito, en su oportunidad, admitió a trámite la demanda de amparo promovida y ordenó formar por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitaron los informes previos a las autoridades responsables y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Certeza del acto. El Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma; el agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Comisario General de la Policía Ministerial y del Procurador General de Justicia del Estado de México; y, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; negaron los actos que se les reclaman. En atención a lo anterior y al no haber aportado pruebas el quejoso que desvirtúe dicha negativa, con fundamento en los artículos 144 y 146 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, es procedente negar la medida cautelar solicitada por cuanto hace a los actos descritos a la autoridad responsable indicada en el párrafo que precede, por no existir materia a que aplicarla. Al respecto, resulta conducente la Tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que textualmente dice: INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos. (Octava Época, S.J.F. Tomo X, Octubre 1992, página 356). Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a Urbano Guzmán Jiménez, la suspensión definitiva solicitada en contra de los actos reclamados a las autoridades indicadas en el contenido del considerando primero de la presente determinación por las razones ahí expuestas.
- Incidental
Informe previo. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, por medio del cual rinde informe previo; con ellos, dese vista a las partes en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, para los efectos legales conducentes.
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