Unión de Comerciantes Semifijos de Tizayuca
Expediente 1414/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1414/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Unión de Comerciantes Semifijos de Tizayuca
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por el que acusa recibo de los autos del juicio de amparo 1414/2023, así como del original y copia del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; asimismo, hace del conocimiento que se admitió la misma, quedando registrada con el número 326/2023, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial de la que se advierte que en acuerdo de esta fecha, emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, se ordenó su archivo definitivo del mismo; en consecuencia, la incidencia ha dejado de tener vida jurídica en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo. Por tanto, debido a que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción III del Acuerdo General antes citado, toda vez que se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa, el original de esta incidencia es susceptible de destrucción una vez que transcurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. De igual manera, se establece que el duplicado es susceptible de destrucción una vez que cumpla SEIS MESES de archivo como asunto concluido, al ubicarse en el supuesto contemplado en la fracción II, inciso a) del artículo 19 del referido Acuerdo, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. En ambos supuestos, hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, una vez al año, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Por último tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el escrito firmado por ******************** quienes se ostentan los tres primeros de manera respectiva como Presidente, Secretaria y Tesorera, así como los tres últimos como vocales, todos de la Unión de Comerciantes Semifijos de Tizayuca, Hidalgo, por propio derecho, por el cual desahogan la prevención en tiempo y forma que se le hizo por auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Luego, debido a que para demostrar la personalidad con que aquellos se ostentan exhibieron acta constitutiva de asociación de veintiuno de noviembre de dos mil once, por ende, en su atención, así como del escrito de demanda que obra en autos, se provee. DETERMINACIÓN En principio, debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al respecto conviene citar por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta1, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el siguiente: "la ocupación y construcción en ejecución del denominado Centro de Desarrollo Comunitario en el Barrio de Huicalco, Municipio de Tizayuca, Estado de Hidalgo, sobre un inmueble cuyo destino original era distinto." Así, a juicio del suscrito se estima procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de citados la Ley de Amparo. Esto es así, ya que los órganos señalados por la parte quejosa como responsables, no tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo; ello, atendiendo al acto que les atribuye en el presente asunto. Para sustentar la causal de improcedencia en comento, es importante puntualizar el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se refiere a aquéllos funcionarios a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que trastocan los derechos fundamentales del particular. Esta consideración, tiene origen en la tesis P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, página 118, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL." De igual forma, en relación con el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Materia Común, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Conforme a lo anterior, el Alto Tribunal de la Nación ha establecido las notas distintivas de los actos de autoridad: - La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. - Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. - Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. - Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. En ese sentido, las primeras (coordinación) corresponden a las que se suscitan entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros. Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Conforme a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Las relaciones de supra a subordinación en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y los conflictos que surgen entre ellos, están regulados por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos que limitan el actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En resumen, debe decirse que la autoridad para efectos del juicio de amparo, es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella y, los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los gobernados en los términos mencionados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso particular, el acto reclamado precisado con antelación, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que se trata de un acto entre particulares. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña, se advierte que los quejosos reclaman la ocupación y construcción en ejecución del denominado Centro de Desarrollo Comunitario en el Barrio de Huicalco, Municipio de Tizayuca, Estado de Hidalgo, sobre el inmueble (fracción restante del predio denominado "La Barranca" ubicado en el Barrio Huicalco de Tizayuca, Hidalgo, con una superficie aproximada de 15,162.82 quince mil ciento sesenta y dos metros veintiocho centímetros), cuyo destino original era para reubicar a los comerciantes de la Avenida Juárez desde la tienda Soriana hasta la tienda Aurrera, incluyendo los comerciantes que se ubican en la Plaza Cívica y en las calles circunvecinas de Tizayuca, Hidalgo, de acuerdo a la cláusula segunda del contrato de donación condicionada de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, que otorgan como donante Martín Hernández Carrasco y como donatario el H. Ayuntamiento del municipio de Tizayuca, Hidalgo, contenido en la escritura 15, 899 quince mil ochocientos noventa y nueve, otorgada ante la fe del Notario Público número uno del referido distrito judicial, en la que se expuso: ". SEGUNDA.- La presente DONACIÓN es gratuita y queda sujeta a la condición de que en el predio se lleve a cabo la reurbanización de los comerciantes de la Avenida Juárez, desde la tienda SORIANA hasta la tienda AURRERA, incluyendo los comerciantes que se ubican en la Plaza Cívica y en las Calles Circunvecinas, de esta Ciudad de Tizayuca Hidalgo." Así, se llega a la conclusión que el acto reclamado a las diversas autoridades señaladas como responsables, no se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que la relación entre dichas dependencias con la parte quejosa, no se encuentra en el plano de supra a subordinación, sino en el diverso de coordinación, es decir, como particulares. Asimismo, se aprecia que el nacimiento del acto señalado, no tiene su origen en una norma legal, sino en un contrato de donación condicionada. Por tanto, las omisiones o incumplimiento en que incurran los órganos señalados como responsables, serían objeto de análisis ante la potestad común y no en esta vía constitucional. Es de puntualizarse que el juicio de amparo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, constituye un procedimiento federal de control constitucional, por virtud del cual los gobernados se encuentran en aptitud de solicitar a los tribunales de la federación la protección, cuando a través de un acto de autoridad se vulneran sus derechos fundamentales. Sin embargo, a fin de entender su teleología y alcances de este medio de control constitucional, se invoca el criterio aislado sustentado por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 70, Volumen 121-126, Tercera Parte, materia común, Sétima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ""SENTENCIAS DE AMPARO, ALCANCE LEGAL DE LAS." Del criterio transcrito, se colige que la teleología del juicio de amparo o el fin último que persigue es el de proteger y preservar el régimen constitucional y los derechos humanos; por consiguiente, el juicio de amparo no tiene como fin resolver directamente sobre la situación jurídica de los gobernandos, sino proteger al individuo o a persona moral en el goce de los derechos humanos consagrados en lo constitución o los previstos en los tratados internacionales en los que México es parte. Luego, el juicio de amparo no es un derecho de acción procesal ordinario que tenga como propósito inmediato la declaración del derecho sustantivo de los particulares, como sí lo hacen los tribunales del fuero común; no obstante que el juez de amparo tenga la obligación de revisar si los derechos fundamentales de los gobernados fueron respetados, pues ésta facultad nace una vez impulsada la maquinaria del sistema judicial, es decir, una vez que el gobernado instó el procedimiento ante una autoridad judicial para que resuelva su pretensión. Por lo tanto, el juez de amparo no tiene facultad de decidir de manera directa e inmediata el derecho entre las partes, pues en la vía constitucional únicamente se resuelve si el acto que emitió la autoridad o persona física -actuando como autoridad- es violatoria de derechos humanos, o contraria a la Constitución. Entonces, el juicio de amparo es un medio extraordinario para invalidar los actos de las autoridades o de personas físicas si el acto que se le reclama reúne las características de ser considerado acto de autoridad, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. En ese tenor, si bien la acción constitucional (tratándose del juicio de amparo bi-instancial o directo) sirve a los gobernados como defensa de sus derechos, éste no tiene por su propia naturaleza el fin último de otorgar derechos; es decir, no declara derechos a favor de ningún gobernado, como sucede en los juicios de vía ordinaria, que por su propia naturaleza, dilucidan contiendas entre particulares para declarar un derecho a quien mejor corresponda. Considerarlo de otra forma, llevaría al extremo de que se presuma que a través del juicio constitucional, se puedan dirimir todas las controversias, tanto del orden civil, laboral, administrativo, agrario, etcétera, sin acudir primeramente a la instancia respectiva, lo que trastocaría el sistema jurídico mexicano, pues el agotamiento previo de la vía ordinaria, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Lo anterior obedece al régimen federal del Estado mexicano y a la distribución de competencias y responsabilidades entre los diversos órdenes de gobierno y a sus respectivas lógicas funcionales y, por tanto, operativas y finalistas; además, permite el perfeccionamiento de los actos judiciales y que los justiciables cuenten con los procedimientos necesarios y accesibles para la solución de controversias. Resulta ilustrativa a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 14/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, marzo de 2018, Décima Época, Tomo II, página 1284, de rubro y texto: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. Las cláusulas que integran un contrato forman una unidad que no puede desvincularse, esto es, deben analizarse en su conjunto, de ahí que deben compartir la naturaleza del contrato que las contiene. Luego, si en las cláusulas de los contratos administrativos se encuentran las relativas al precio a pagar, los plazos, forma y lugar de pago, éstas tienen la naturaleza del contrato del que forman parte; en ese sentido, el hecho de que la prestación reclamada sea la alta de pago de una contraprestación a un contratista particular, no obsta para concluir que ese incumplimiento tiene naturaleza administrativa, toda vez que el documento que originó la prestación es un contrato administrativo. En consecuencia, los conflictos surgidos en relación con la falta de pago estipulada en los contratos administrativos deben resolverse en los juicios administrativos respectivos (federales o locales) dependiendo del régimen al que aquéllos estén sujetos." En mérito de lo expuesto, se concluye que el acto reclamado por el promovente del amparo, no puede ser considerado como acto de autoridad, para efectos de la tramitación del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; vinculado con los artículos 103 y 107 de la Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ******************** quienes se ostentan los tres primeros de manera respectiva como Presidente, Secretaria y Tesorera, así como los tres últimos como vocales, todos de la Unión de Comerciantes Semifijos de Tizayuca, Hidalgo. Sin que la determinación adoptada implique denegación de justicia porque las causas de improcedencia establecidas en la ley reglamentaria del juicio de amparo, corresponden a lo que en la doctrina se conoce como presupuestos procesales, motivos que una vez advertidos en el juicio de amparo, de oficio o a instancia de parte, impiden al órgano jurisdiccional emitir un pronunciamiento de fondo, sin prejuzgar sobre el contenido de la pretensión planteada en la demanda, es decir, sin resolver en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Notifíquese personalmente
- Principal
Vista la comparecencia de ********************, Presidente, Secretario y Tesorero del ********************quejosos en el presente asunto, por medio de la cual ratifican el escrito de desistimiento turnado a este órgano jurisdiccional el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, provéase lo conducente: Al respecto, el artículo 6° de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del precepto legal transcrito, se colige que el juicio de amparo siempre se seguirá a instancia de parte y si en el caso concreto, el peticionario de derechos mediante escrito turnado a este Juzgado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, manifestaron que era su deseo desistirse del juicio de derechos promovido; el cual ratificaron en diligencia de veintiuno de agosto de dos mi veintitrés, con este acto queda corroborada su voluntad, lo cual hace evidente que no tiene interés legal alguno en la prosecución de la litis; en consecuencia, se actualiza lo dispuesto en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." En tales condiciones, al actualizarse la causa de sobreseimiento antes citada, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Al respecto son aplicables las jurisprudencias de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO." "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS." Por tanto, quedan sin efectos las nueve horas con treinta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
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