Ulises Martinez Ledezma
Expediente 592/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Ulises Martinez Ledezma
- Elsa Francisca Reyes Garcia
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; a siete de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto por el cual se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por Ulises Martínez Ledezma, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEFINITIVO En consecuencia, con fundamento en el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el diverso 196, párrafos tercero y cuarto, de la misma legislación, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los presente autos el escrito firmado por el licenciado Horacio Enríquez Guzmán, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, atento a su contenido, téngasele vertiendo diversas manifestaciones las que se tienen como alegatos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, y se tienen por reproducidas sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de dictar el fallo correspondiente. En atención a lo anterior y tomando en consideración las manifestaciones vertidas en el escrito que se provee, donde se duele de falta de motivación y fundamentación del oficio emitido en respuesta a su petición por parte de la autoridad responsable Jefe del Departamento de Vivienda en Hidalgo de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el diez de febrero del año en curso; en tales condiciones y con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de derechos por cuanto hace a la violación que aduce en su escrito de alegatos, en la inteligencia que en caso de ser así deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 108 y 110 de la ley de la materia, apercibida que de no hacerlos se continuara el trámite de la demanda en los términos inicialmente planteados. Tiene aplicación la diversa jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.) sustentada por la Primera Sala, publicada en el Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Página, 801, del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, de rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA." En tal virtud, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE para su celebración. Notifíquese personalmente.
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DEL MES Y AÑO EN CURSO, PREVIO AVISO, QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda signado por Ulises Martínez Ledezma, por propio derecho, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juzgado de Materia Penal de carácter Acusatorio y Oral del Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y otra. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 592/2017-2, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La privación ilegal de su libertad, derivado a que el quince de enero de dos mil diecisiete, feneció el año de la prisión preventiva que le fue impuesta en la causa penal 17/2015 del índice de la responsable, con motivo de la reposición de procedimiento hasta la etapa intermedia ordenada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en el toca penal 714/2016. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El artículo transcrito contiene el principio fundamental del juicio de amparo, conocido como "principio de definitividad", el cual implica que, para poder ejercitar la acción constitucional, previamente deben haberse agotado todos los medios ordinarios de defensa que permitan modificar o revocar el fallo que se reclame, es decir, que la resolución que se combate sea de las denominadas definitivas. En caso de no hacerse así, la acción constitucional será improcedente, pues no se habrá colmado uno de sus presupuestos procesales. Además, el precepto invocado señala las salvedades a que el principio se encuentra sujeto; es decir, puede acudirse directamente al juicio de amparo cuando los actos combatidos: importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; o cuando el quejoso sea persona extraña al procedimiento. De ahí que, el acto combatido en esta acción constitucional, consistente en la privación ilegal de la libertad del quejoso derivada del proceso penal que se le instruye ante el juez responsable, resulta improcedente; toda vez que el quejoso es parte formal y material en el controvertido de origen, tal y como lo expuso al referir que él es el imputado dentro del proceso penal 17/2015; por ende, tiene la oportunidad de hacer valer los medios de defensa correspondientes. En el caso, el quejoso se duele de que el juez responsable lo tiene privado de su libertad de manera ilegal, toda vez que el quince de enero de dos mil diecisiete feneció el año de la prisión preventiva que le fue impuesta en el proceso penal que se le instaura; sin embargo, dicho acto es susceptible de ser sustituido, modificado o cesar, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 171 y demás aplicables Código Nacional de Procedimientos Penales, antes de la reforma de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que dice: Artículo 171. Pruebas para la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva Las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. En todos los casos se estará a lo dispuesto por este Código en lo relativo a la admisión y desahogo de medios de prueba. Los medios de convicción allegados tendrán eficacia únicamente para la resolución de las cuestiones que se hubieren planteado. De cuyo precepto se observa que la imposición de medidas cautelares son susceptibles de ser sustituidas, modificadas o en su caso cesar, a través del incidente de revisión de medidas cautelares. En ese contexto, es inconcuso que para acatar el principio de definitividad, la parte quejosa debió promover, previamente a acudir al juicio de amparo, el incidente en comento; por lo que, si no lo hizo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Dicho principio obliga al promovente a agotar los recursos o medios de defensa establecidos por la ley ordinaria, a través de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los precitados actos. En consecuencia, si la parte quejosa desatendió el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia antes invocada; por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Sin que se soslaye a lo anterior, que en esta fecha el quejoso haya solicitado al juez responsable que lo dejé en libertad inmediata; ello, toda vez que aun cuando no existe respuesta por parte del juez en relación con dicho escrito, cierto es que dicha petición no trascendería en el fallo de la presente determinación, por las consideraciones expuestas. Por último, no se soslayan los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Por su contenido y alcance, se invoca la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Oscar Castillo Hernández. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.
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