Ulises Uriel Cruz Moreno

Expediente 714/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
714/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/07/2021

Partes del expediente

  • Ulises Uriel Cruz Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 714/2021-2B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintiuno. 1. Informe de suspensión de plano. Agréguense los oficios del a) presidente Municipal de Santa María Coyotepec, Oaxaca y b) síndico Municipal de esa población (folios 8160 y 8161), mediante los que rinden el informe relativo a la suspensión de oficio y de plano decretada en este juicio de amparo. Además, se les tiene informando que, en acatamiento a dicha medida cautelar, el quejoso Ulises Uriel Cruz Moreno quedó en libertad el seis del mes actual; al efecto, remite copia certificada de las constancias relativas. 2. Se sobresee fuera de audiencia en este juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. El quejoso reclamó la privación de su libertad, que atribuyó al: a) Presidente Municipal de Santa María Coyotepec, Oaxaca. b) Síndico Municipal; y, c) Comandancia de la Policía Municipal, últimas dos autoridades, de la citada población. De las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado, calidad que se demuestra por contener los sellos y firmas de los funcionarios que las expiden; se advierte lo siguiente: 1°) En acuerdo de seis de julio de dos mil veintiuno se tuvo a Griselda Yuridia Cruz Moreno, promoviendo demanda de amparo en favor de Ulises Uriel Cruz Moreno, contra actos del presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa María Coyotepec, Oaxaca y de otras autoridades. 2°) En diligencia de seis del mismo mes y año, desahogada por el actuario adscrito a este Juzgado, el directo quejoso Ulises Uriel Cruz Moreno ratificó la demanda de amparo promovida a su favor. 3°) Por auto de siete de julio último se admitió la demanda, por lo que se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 4°) Al rendir el informe relativo a la suspensión de oficio y de plano decretada en este juicio de amparo, las autoridades responsables informaron que, en acato a dicha medida cautelar, el quejoso Ulises Uriel Cruz Moreno quedó en libertad el seis de de julio de dos mil veintiuno; remitiendo, al efecto, copia certificada de las constancias que lo acreditan. Como se ve, en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del quejoso, en tanto que la razón que justifica la referida improcedencia es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, en virtud de la modificación del entorno en el cual aquél se emitió; por lo que, aun de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente, se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que estime vulnerado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Al respecto, es aplicable la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Séptima Época Registro: 254735 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 75 Sexta Parte Materia(s): Común Página: 16 Genealogía: Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 7. ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO". Por tanto, al actualizarse la referida hipótesis de improcedencia, ello conlleva, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, a sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo. Acceso a la justicia. Finalmente, debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. 3. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, al haberse actualizado de manera notoria e indudable la causa de improcedencia invocada en párrafos anteriores, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional (trece horas con doce minutos del seis de agosto de dos mil veintiuno). 4. Se tiene por inexistente a una autoridad responsable. Finalmente, agréguese el diverso oficio del síndico Municipal de Santa María Coyotepec, Oaxaca (folio 8162), mediante el que comunica que en el organigrama del Ayuntamiento de dicha población no existe la autoridad responsable que la parte quejosa señaló como, Comandancia de la Policía Municipal de Santa María Coyotepec, Oaxaca. En su atención, con fundamento en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tiene por inexistente a la citada autoridad, cesando toda comunicación con la misma. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, agosto de 1993, Octava Época, Página 464, con registro 215501, con el rubro siguiente: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES". Sin que en el caso sea procedente dar vista a la parte quejosa, para que manifieste los que a sus derechos convenga respecto de la inexistencia de la citada responsable, dado el sentido de esta resolución. Notifíquese personalmente a Ulises Uriel Cruz Moreno. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 714/2021-2B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintiuno. 1. Cumplimiento a prevención. Vista la diligencia de ratificación de la demanda amparo que antecede, de la que se advierte que el directo quejoso Ulises Uriel Cruz Moreno ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Griselda Yuridia Cruz Moreno; al respecto, se provee: 2._Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 108, 110, 112, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Sin que sea necesario ordenar formar nuevo expediente ni llevar a cabo diverso registro en el libro de gobierno, debido a que se seguirá actuando en el en que se hizo la prevención que se formuló el seis del mes actual. 3. Incidente de suspensión. No es procedente tramitar el incidente de suspensión relativo, toda vez que el acto reclamado fue materia de la suspensión de oficio, decretada de plano en proveído de seis de julio de este año. 4. Petición de informe justificado. Solicítese informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), quien(es) que deberá(n) rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban la notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Además, conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del invocado numeral 117, de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s), para que al rendir su informe justificado acompañe(n): a) copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyarlo y b) que las copias sean integras y legibles. 4.1. Medios habilitados para remitir comunicaciones. Con fundamento en los artículos 4 y 17 de la Constitución Federal; 3, 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo; 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus covid19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, así como presentar promociones físicamente, se requiere a las responsables que: a) envíen comunicaciones oficiales, b) reciban toda clase de notificaciones y c) acusen recibo de las que sean remitidas por este órgano jurisdiccional, mediante oficio con firma electrónica digitalizada, a través del siguiente correo electrónico institucional del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca: 10jdo13cto@correo.cjf.gob.mx Asimismo, se hace de su conocimiento que de existir imposibilidad para remitir vía electrónica algún oficio o constancias relativas, podrán presentarlo por conducto en el buzón judicial que al efecto se instaló en el edificio sede de este órgano jurisdiccional, dentro del horario que establece la fracción I del artículo 10 del acuerdo general 21/2020. 4.2. Apercibimiento. Con los propios fundamentos legales invocados, apercíbase a la(s) responsable(s) que, de no cumplir con lo anterior, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado (quince días) o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la resolución del juicio constitucional, o de no comunicar el cambio de situación jurídica de la parte quejosa, o de alguna causal notoria de sobreseimiento que se produzca, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente al importe de cincuenta días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha de este auto2. 4.3. Datos reservados. Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 17, 97, 99, 107, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) que, para el caso de exhibir documentación o información que tengan el carácter de reservada o confidencial, la envíe(n) en sobre cerrado con la leyenda respectiva, como parte de las medidas necesarias que le(s) corresponde tomar para asegurar su conservación, para lo cual expresará(n) las razones que lo justifiquen y el plazo de reserva; en tal caso, deberá(n) emitir la versión pública de las constancias que tomó (tomaron) en cuenta para emitir los actos reclamados. 4.4. Además, se hace del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de que exhiba alguna prueba documental, deberá indicar expresamente si contiene información confidencial o que deba tener un tratamiento especial, argumentando los motivos y fundamentos en los que se sustente su dicho, así como exhibirlas en sobre cerrado, a fin de proveer lo procedente. 4.5. Informe de diverso juicio de amparo. Se solicita a la(s) responsable(s) comunique(n) si la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo en relación con los actos reclamados; en su caso, precise(n) el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de expediente. 4.6. Causa de improcedencia. Con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que comuniquen cuando cesen o hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento. 5. Audiencia constitucional. Se señalan las trece horas con doce minutos del seis de agosto de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo. 6. Precisión en la denominación de la(s) autoridad(es) responsable(s). Con apoyo en lo dispuesto por el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que establece entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a las autoridades responsables), tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si la(s) autoridad(es) responsable(s) no existe(n) con la denominación que indica en su demanda, previo requerimiento respectivo, se le(s) tendrá por inexistente(s), suspendiéndose toda comunicación con la(s) misma(s) y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o señalamiento corregido. 7. Notificación al fiscal adscrito y a las autoridades responsables. Se ordena que las notificaciones que deban practicarse a a) la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional, b) autoridades responsables, c) autoridades que tengan el carácter de terceros interesados y d) autoridades que, sin tener este último carácter, deban tener intervención en este juicio de amparo, se realicen vía correo electrónico, para lo cual, el (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado deberá enviar el oficio digitalizado mediante la utilización de la firma electrónica, y cerciorarse de las direcciones de correo electrónico de los destinatarios, para posteriormente elaborar la razón en la que conste nombre y cargo de la persona que reciba las comunicaciones oficiales que se envíen; en su caso, deberá observarse el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el virus sars-cov2 (covid 19)", emitido el diecisiete de abril de dos mil veinte por la Secretaría de la Función Pública. Así, se faculta al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que consulte el concentrado de correos electrónicos institucionales de las dependencias de las entidades federativas, autorizado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, para efectos de la práctica de notificaciones en términos de los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades de los tres niveles, federal, estatal o municipal, que deseen incorporarse a dicho directorio, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. 8. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda. Con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados de la parte quejosa únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que indica en su demanda, por así haberlo solicitado expresamente. 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.714/2021.MESA-2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Griselda Yuridia Cruz Moreno, en favor de Ulises Uriel Cruz Moreno, contra actos del presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa María Coyotepec, Oaxaca y de otras autoridades, presentada en línea el día de hoy y turnada a este Juzgado de Distrito en la misma fecha, sin firma al calce ni evidencia criptográfica de firma electrónica; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 714/2021. Precisión. No obstante que no contiene firma al calce ni evidencia criptográfica de firma electrónica, en el caso, no se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo, como lo es la instancia de parte agraviada, ya que los actos reclamados es de aquellos a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual es innecesaria la firma autógrafa o electrónica por promoverse el juicio de amparo, con fundamento en el último párrafo del artículo 3 de dicho ordenamiento legal. Se invoca en apoyo la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2019715 Instancia: Pleno. Décima Época Materias(s): Común. Tesis: P./J. 8/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79. Tipo: Jurisprudencia. DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Requerimiento. En atención a las razones que expresa la promovente en la promoción inicial constitucional, por ahora, el directo quejoso se encuentra imposibilitado para promover la demanda de amparo por sí mismo; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al agraviado Ulises Uriel Cruz Moreno, para que, en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, manifieste si ratifica la demanda de amparo promovida en su favor por Griselda Yuridia Cruz Moreno. Se comisiona al actuario(a) de este órgano jurisdiccional se haga presente en los separos de la Policía Municipal de Santa María Coyotepec, Oaxaca, en los que la promovente dice se encuentra el quejoso privado de su libertad, o en cualquier otro lugar que funcione como centro de reclusión por diversas autoridades, en los que pudiera estar detenido; hecho lo cual: a) Requiera al directo quejoso en los términos indicados en este proveído. b) Y certifique su integridad física. 3.1. Apercibimiento. Se apercibe al quejoso Ulises Uriel Cruz Moreno que, de no ratificar la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el tercer párrafo del precepto 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada y, en el acuerdo relativo, quedarán sin efecto las providencias decretadas en su favor. 4. Suspensión decretada de oficio y de plano. En virtud de que el acto reclamado por la parte promovente de la demanda de amparo, consiste en la privación ilegal de la libertad del quejoso; con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta, de oficio y de plano la suspensión, para el efecto de que cese dicho acto, es decir, para que el directo quejoso sea puesto en libertad por la autoridad que materialmente ejecutó la orden de detención impugnada, o por la autoridad que lo tenga a su disposición. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la federación, visible en la página 2928, tomo LVIII, Quinta Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales". 5. Suspensión en caso de que la detención sea por motivos distintos al planteado en la demanda de amparo. I. Si la detención reclamada obedece a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 constitucional; la medida cautelar se concede para el efecto de que el quejoso Ulises Uriel Cruz Moreno quede a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que hace a su libertad personal, en el lugar donde se encuentre detenido, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad, si procediere, o su retención, dentro del plazo y en los términos que establece el artículo 16 constitucional, o bien, determine su consignación a la autoridad judicial. II. Si la detención se ordenó por parte del Ministerio Público, en uso de las facultades que le otorga el artículo 16 de la Constitución Federal, o en caso de flagrancia, la suspensión de que se trata se concede para que el quejoso quede a disposición del Juzgado de Distrito, por lo que hace a su libertad personal, en el lugar en que se encuentre detenido, y a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, por lo que hace a la continuación del procedimiento penal, sin perjuicio de que el quejoso sea puesto a disposición dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según el caso, contado a partir de su detención, o bien, ordene su libertad si procediere; si no se trata de flagrancia o urgencia el quejoso deberá quedar en inmediata libertad, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente. III. Si la detención obedece a la ejecución de una orden judicial, la suspensión será para el efecto de que la parte quejosa sea puesta, de inmediato, a disposición del juez correspondiente. 6. Informe relacionado con la suspensión de oficio. La(s) autoridad(es) señaladas como responsable(s) deberá(n) informar el acatamiento de la medida suspensional decretada a favor de la quejosa dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la fecha en que quede(n) notificada(s) de este auto, por el cual se le(s) envía el oficio con transcripción del mismo. Se le(s) hace saber que para el caso de no hacerlo, será(n) sancionada(s) en los términos que señala el Código Penal Federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, con independencia de cualquier otro delito en el que incurran, como lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) rendir su informe a través del correo electrónico 10jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. 7. Se reserva pronunciamiento sobre notificaciones. Para el caso de que sea ratificada la demanda de amparo, provéase lo conducente respecto del domicilio y personas autorizadas para recibir notificaciones, así como de la expedición de la copia certificada de este acuerdo. 8. Se reserva acordar diversa manifestación. Respecto de la petición que realiza la promovente, relativa a que se dé vista a la a) Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y b) defensor de los Derechos Humanos dependiente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, resérvese acordar lo procedente, hasta en tanto el directo quejoso manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor. Notifíquese personalmente al directo quejoso. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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