Ulises Mora Rosas
Expediente 215/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 215/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Ulises Mora Rosas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
pral.215/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en la que, por una parte, se sobreseyó en este juicio y, por la otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las I) autoridades responsables y II) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; ello, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3.1. Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de la sentencia sea consultable por internet. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 5. Destino (depurable). Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, este expediente es depurable; por ello, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 6. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Certificación. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de que el mismo es depurable. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 9. Documentos a disposición de la parte quejosa. Por otra parte, se dejan a disposición de la parte quejosa los originales del 1) acuse de recibo de su escrito de veinte de enero de dos mil veintidós e 2) instructivo de notificación del acuerdo de uno de febrero del año en curso; ello, por el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; dentro del cual, si no se presenta para tal fin, fenecido ese plazo de noventa días y para el caso de no comparecer, podrán ser destruidos, en el momento oportuno, toda vez que este expediente es depurable. Se puntualiza que, para la entrega de dichas documentales, deberán observarse los lineamientos establecidos para la atención al público en el acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su vigencia por el diverso 7/2022 (generación de cita para ingresar al órgano jurisdiccional mediante un código QR); ello, con motivo de las medidas implementadas en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por el virus COVID-19. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
PRAL.215/2022 MESA 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cuarenta y siete minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, *** R E S U L T A N D O S: Primero. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo depositada el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, *** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y acto reclamado que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Dicha parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado e invocó como derechos fundamentales vulnerados los siguientes: Además, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. En auto de veintitrés de febrero de este año se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno impreso y electrónico con el número 215/2022; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 49, 50 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se reforman diversos ordenamientos, publicado en el mencionado medio de difusión oficial el siete de junio de dos mil veintiuno; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de este año, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y porque las autoridades responsables tienen su residencia en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizarán el análisis relativo es: La negativa de acceso a los registros de la investigación que realizan en su contra; materializada en acuerdo de uno de febrero de este año. Acto que se atribuye al 1) titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género y 2) agente del Ministerio Público adscrita a dicha Fiscalía Especializada. Es aplicable la tesis del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado solicitado, la autoridad responsable fiscal Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, negó la existencia del acto que se le atribuye, sin que la parte quejosa aportara medio de convicción para desvirtuar dicha negativa. En esas condiciones, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, no rindió su informe justificado, no obstante haber quedado notificada de la petición respectiva el veintiocho de febrero de este año; en esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Presunción que se corrobora de la documental exhibida por la parte quejosa, consistente en el instructivo de notificación del acuerdo de uno de febrero del año en curso, mismo que se encuentra firmado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género. Quinto. Causas de improcedencia. No se advierten motivos de improcedencia constitucionales o legales que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan, por lo que se analiza el fondo del asunto. Sexto. Conceptos de violación. La parte quejosa vertió diversos conceptos de violación, mismos que no se transcribirán literalmente, al no existir disposición de la Ley de Amparo que obligue hacerlo, ni se le deja en estado de indefensión; atento a la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 830 del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Séptimo. Análisis de los conceptos de violación. El análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en relación con las constancias de autos, en específico del instructivo de notificación del acuerdo de uno de febrero del año en curso, conduce a estimar lo siguiente: 7.1. Acuerdo reclamado. En el acuerdo reclamado, la autoridad responsable, en lo sustancial, expresó que, después de haber realizado un análisis a la carpeta de investigación, advirtió que hasta ese momento no existía una determinación en la que el quejoso Ulises Mora Rosas hubiese sido señalado como partícipe o responsable del hecho que se investiga, razón por la que, con fundamento en los artículos 112 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales no era posible darle intervención a los registros de investigación. En desacuerdo con tal decisión, en este juicio amparo el quejoso refiere que se vulnera en su perjuicio los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que: Motivos de disenso. a) La negativa de acceso a la carpeta de investigación sin fundamento alguno constituye una vulneración a su derecho de igualdad y demás establecidos en el artículo 1° constitucional. b) Se están realizando actos de molestia en su contra antes de que un procedimiento se lleve a cabo, lo que hace procedente el acceso a los registros de investigación, tal como lo establece el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estudio de los argumentos. En primer término, devienen infundados los conceptos de violación que vierte el quejoso, relativos a que la negativa reclamada es infundada, ya que tal como lo establece el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es procedente el acceso a los registros de investigación; toda vez que, contrario a lo que aduce, la resolución impugnada sí se encuentra fundada y motivada, porque la responsable señaló el artículo aplicable al caso, así como las circunstancias especiales o consideraciones particulares por las que le negó el acceso a los registros de investigación; además, se considera que existe una debida fundamentación y motivación, como se analizará con posterioridad, puesto que la responsable se basó para emitir su determinación, en lo dispuesto en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona imputada a intervenir en el proceso que se sigue en su contra, lo que implica facilitarle todos los datos que solicite para su defensa. En congruencia con lo anterior, los numerales 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales señalan en términos similares al postulado constitucional, los supuestos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a tal información, siendo los siguientes: ? Cuando el imputado se encuentre detenido. ? Cuando sea citado para comparecer como imputado; sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y ? Una vez que hayan sido convocados a la audiencia inicial, es decir, antes de que comparezcan por primera vez ante el juez de control. Previsiones de la ley fundamental que tienen la finalidad de resguardar el principio de reserva que rige toda investigación ministerial. Y es que de no ser así y permitir que cualquier persona pueda tener acceso pleno a ella, sin tener el carácter de imputado o de víctima u ofendido, podría poner en riesgo su éxito, con la consecuente afectación general que se ocasionaría a la sociedad de que el sistema de procuración de justicia no fuera efectivo. En esas razones encuentran justificación entonces las limitantes previstas en los artículos 218 y 219 citados. Sobre esa base, si, en el caso, del instructivo de notificación del acuerdo de uno de febrero del año en curso, se desprende que el quejoso no encuadra en alguno de dichos supuestos, esto es, a) que se encuentre detenido en su carácter de imputado, b) que se haya dictado en su contra y como imputado un acto de molestia para que rinda su declaración o entrevista o c) que haya sido convocado a su primera comparecencia ante el juez de Control respectivo, entonces fue apegado a derecho que dicha autoridad le negara el acceso a la indagatoria de origen. Además, en aplicación de los artículos constitucional y legales mencionados, la autoridad ministerial responsable no estaba en aptitud de acoger su pretensión, pues de hacerlo vulneraría el principio de legalidad, que le permite hacer únicamente lo que la ley establece, siendo que, en el caso, es permitirle el acceso a la carpeta de investigación sólo a quienes se ubican en los supuestos citados. Sin que obste el hecho de que la parte quejosa haya referido en su escrito inicial constitucional que ha sufrido actos de molestia, toda vez que el artículo 218 del Código adjetivo es refiere que dichos actos deben materializarse a fin de que una persona rinda su declaración o entrevista, lo que no se advierte de los antecedentes del acto reclamado; por lo que concederle su pretensión, como ya se dijo, pondría en riesgo la investigación. No obstante, si en algún momento adquiere tal calidad, se encontrará en aptitud de acceder a los registros de la investigación, documentos, objetos, registros de voz, imágenes o cosas que le estén relacionados para preparar una defensa adecuada a sus intereses. Entonces, si, como ya se indicó, en la especie, el quejoso no tiene tal carácter, es totalmente aplicable lo previsto en el precepto 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo expuesto, resultan infundados los argumentos expresados por el quejoso, relativos a que la negativa de acceso a la carpeta de investigación que se instruye en su contra constituye una vulneración a sus derechos humanos, ya que el acto reclamado no transgrede el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal, dado que no se contraviene el principio de contradicción, como tampoco los derechos de audiencia, defensa y debido proceso, al no autorizarse su intervención dentro de la carpeta de investigación; pues, como se ha precisado, ese principio y derechos cobrarán aplicación una vez que se adquiera la calidad de imputado, esto es, a partir de que se actualicen los supuestos establecidos en los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de violación vertidos por el quejoso, sin que se advierta alguna deficiencia que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Octavo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado de Distrito a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 1°, 73, 74 y 75 y demás relativos de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra la negativa de acceso a los registros de la investigación que realizan en su contra, materializada en acuerdo de uno de febrero de este año, que atribuyó al fiscal Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; por los motivos precisados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso Ulises Mora Rosas, contra la negativa de acceso a los registros de la investigación que realizan en su contra, materializada en acuerdo de uno de febrero de este año, que reclama al agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; en términos del considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo Notifíquese.
- Incidental
inc.215/2022 mesa 7 AUDIENCIA INCIDENTAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las nueve horas con cuarenta y siete minutos del nueve de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia incidental en este incidente de suspensión,*** R E S U L T A N D O S: Primero. Radicación. En auto de veintitrés de febrero del año en curso, en cumplimiento al proveído de esa fecha, dictado en el juicio de amparo principal 215/2022, se formó el incidente de suspensión solicitado por ***, a quien, en lo subsecuente, se le denominará parte quejosa, contra el acto atribuido a las autoridades que se precisarán en el considerando respectivo. Segundo. Medida cautelar provisional. En dicha determinación se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa, se solicitó informe previo a las autoridades responsables y se señaló hora y fecha para la audiencia incidental, misma que se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión del acto reclamado, en términos de los artículos 103 y 107, fracción X, de la Constitución Federal; 125 a 169 de la Ley de Amparo vigente; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, por tratarse de la suspensión del acto reclamado respecto de un juicio de amparo que se tramita en este Juzgado. Segundo. Fijación de la litis incidental. Con el objeto de proveer en relación a la suspensión definitiva solicitada, en términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama del 1) titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género y 2) agente del Ministerio Público adscrita a dicha Fiscalía Especializada, lo siguiente: La negativa de acceso a los registros de la investigación que realizan en su contra; materializada en acuerdo de uno de febrero de este año. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable fiscal Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al rendir su informe previo negó la existencia del acto reclamado, argumentando lo siguiente: (Imagen escaneada) Sin que dicha negativa haya sido desvirtuada por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, respecto de dicha autoridad. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil, tomo VI, común, página 286, del epígrafe y contenido siguientes: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Cuarto. Existencia del acto reclamado. Por su parte, la diversa autoridad responsable, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, convino la existencia del acto reclamado; al respecto, refirió: (Imagen escaneada) Quinto. Estudio de la suspensión definitiva. Ahora, no obstante la certeza del acto reclamado, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, y 146 del citado ordenamiento legal, se niega la suspensión definitiva solicitada, toda vez que se trata de un acto consumado, contra el cual es improcedente la medida cautelar solicitada, en razón de que, dada la naturaleza de dicho acto, aquel no tiene efectos restitutorios, los que, en su caso, son propios de la sentencia que en cuanto al juicio constitucional se pronuncie. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 12, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la páginas 13, tomo VI, correspondientes a los años 1917 a 2000, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". Sexto. Archivo del original y duplicado del incidente de suspensión. Toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 20, 21 y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Destino del original (destruible). Comuníquese a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, independientemente de la concesión de la suspensión provisional, el original de este expediente será destruible, una vez que transcurran tres años, en términos del artículo 21, inciso c), del mencionado acuerdo general, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal"; por lo cual, una vez cumplido ese término, dentro de los treinta días siguientes, se destruirá el expediente. Destino del duplicado (destruible). En tanto que, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo acuerdo general, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes. En el entendido que, en su oportunidad, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva al quejoso **** contra la negativa de acceso a los registros de la investigación que se realizan en su contra, materializada en acuerdo de uno de febrero de este año; que atribuye a las autoridades responsables 1) titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género y 2) agente del Ministerio Público adscrito a dicha Fiscalía Especializada; en términos de los considerandos tercero y quinto de esta interlocutoria. SEGUNDO. En su momento, dése cumplimiento al último considerando de esta resolución interlocutoria. Notifíquese.
- Incidental
inc.215/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de marzo de dos mil veintidós. 1. Informe previo. Incorpórese el oficio sin número, suscrito por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; visto su contenido, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo téngasele rindiendo su informe previo; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 2. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental de la citada autoridad responsable la copia del instructivo de notificación del acuerdo de uno de febrero del año en curso; medio de convicción que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, para ser considerado en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Ulises Gadiel Cortés Cruz1111/2022
- Ulises García Otero1003/2021
- Ulises Gutiérrez Padilla127/2019
- Ulises Gutiérrez Sánchez224/2017
- Ulises Juan Bonilla Martínez y Otros.1191/2022
- Ulises López Ángeles417/2021
- Ulises Uriel Cruz Moreno714/2021
- Uniser Antonio García de la Cruz969/2018
- Urbano Demetrio Bautista Hernández753/2018
- Urbano González Domínguez1406/2022
- Urbina Aquino Maldonado975/2017
- Uri Eliacin Cruz Fuentes1152/2018