Ulises Rocha Viggiano
Expediente 875/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ulises Rocha Viggiano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, que causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años y cumplido aquél, deberá destruirse dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del presente expediente, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de dichas autoridades, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo 875/2020-VII. No es cierto el acto que se reclama a la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, toda vez que así lo manifestó expresamente la citada responsable al rendir su informe justificado, en cuanto señaló que esa autoridad es exclusivamente administrativa, por lo cual se infiere que dentro de sus atribuciones legales no se encuentra la de proporcionar de manera directa la atención médica integral reclamada por el ahora quejoso. Aunado a ello, no se aportaron por el nombrado agraviado, pruebas en contrario que desvirtuaran dicha negativa. Y en esas condiciones, al no acreditarse la existencia del acto reclamado, por lo que a la citada autoridad se refiere, procede decretar el sobreseimiento, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, es cierto el acto reclamado a las diversas responsables TITULAR DE LA JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS; TITULAR DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2; MÉDICO JUAN FRANCISCO TORRES CARRERA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2 y MÉDICA GEORGINA LÓPEZ ZÚÑIGA, ADSCRITA AL PISO 3 DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2, TODOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN ESTA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, no obstante que las aludidas autoridades lo hayan negado al rendir su informe justificado, pues así se desprende de las constancias que las propias responsables acompañaron a dicho informe. Certeza que inclusive se corrobora con las constancias que se acompañaron al informe relativo a la suspensión de plano decretada en el presente juicio, que fueron exhibidas por dichas autoridades para acreditar el cumplimiento dado a la referida medida cautelar. No obstante lo anterior, en concepto de esta juzgadora, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, como quedó establecido, el quejoso reclama la omisión de las autoridades responsables de proporcionarle la atención médica adecuada, para contrarrestar la hemorragia interna que le provocaba constantes y abundantes evacuaciones de sangre, debido a su padecimiento de várices en el esófago; particularmente, porque a pesar de encontrarse internado en el Hospital perteneciente a la responsable y de que ya existía la orden de una facultativa de suministrarle sangre inmediatamente, pues los niveles de hemoglobina en su cuerpo ponían en riesgo su vida, no se había acatado lo anterior, como tampoco se le había practicado un estudio de endoscopía en su aparato digestivo como se prescribió. Ahora bien, de las constancias que remitieron las responsables se advierte que, posterior a la presentación de la demanda, que lo fue el veinte de noviembre de dos mil veinte, las citadas responsables brindaron al aquí quejoso la atención médica reclamada. En esa medida, es dable concluir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de amparo y en consecuencia procede decretar el sobreseimiento en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe relativo a la suspensión de plano rendido por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación San Luis Potosí, con su contenido y anexo, de conformidad con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa le atribuye a las autoridades responsables, los actos reclamados relativos a: La falta de atención médica, relativas a las actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluso la atención de urgencias, aplicación de procedimientos médico quirúrgicos para contrarrestar la hemorragia interna que el quejoso refiere tener, así como la falta de suministro de sangre. Derivado de ello, por auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus funciones, atribuciones y competencias, dieran cumplimiento a lo siguiente: . 1) Brinden al quejoso Ulises Rocha Viggiano la atención y la totalidad de los tratamientos que requiera, contando siempre con el consentimiento informado del paciente y de acuerdo a las instrucciones del médico tratante. En la inteligencia que de no contar con equipos médicos para realizar los estudios necesarios, a efecto de garantizar el más alto nivel posible de salud del quejoso y su existencia digna, deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido eficaz y eficientemente, aun cuando se deba hacer uso de la subrogación de servicios. . Asimismo, al rendir sus correspondientes informes relativos a la suspensión de plano decretada, las autoridades responsables comunicaron únicamente las gestiones realizadas para lograr la atención que en su momento solicitó el quejoso e informaron que se ha proporcionado oportunamente la atención médica necesaria al peticionario de garantías, acompañando al efecto el resumen clínico suscrito por el director del Hospital General de zona número 02 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se informa que con los diagnósticos de hemorragia de tubo digestivo alto remitido, hipertensión portal, anemia, peliosis hepática, lesión renal aguda, nefropatía diabética, diabetes mellitus tipo II descontrolada e hipertensión arterial, el estado de salud del quejoso es grave, en riesgo de complicaciones, de lo que se ha informado al paciente y a su esposa, por lo cual su pronóstico era reservado, a evolución, no exento de complicaciones. Sin embargo, toda vez que al decretarse la citada medida cautelar, se requirió a las responsables para que informaran no solo respecto de la atención médica y el tratamiento proporcionado, sino el resultado de ello, para el debido cumplimiento de dicha suspensión, sin que a la fecha conste en autos lo anterior, como tampoco las gestiones que se hubiesen continuado realizando a fin de dar cumplimiento a la medida cautelar de que se trata; por tanto, con fundamento en los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo, requiérase a dichas responsables para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, informe sobre el cabal cumplimiento dado a la referida suspensión y remita las constancias originales o debidamente certificadas, con las que se acrediten sus manifestaciones. Con el apercibimiento que de no acatar dicho requerimiento, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción I de la Ley de Amparo. Además de que dicha conducta contumaz, puede dar lugar a la comisión del delito establecido en el artículo 262, fracción III, del mismo cuerpo legal, el cual prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Aunado a que, de conformidad con el numeral 66 de la Ley de Amparo, podrá ordenarse de oficio la apertura del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, previsto por el artículo 206 de la ley en cita. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe de ley al correo electrónico oficial de este juzgado: 8jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese.
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