Ulises Ochoa Madrigal
Expediente 736/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ulises Ochoa Madrigal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos originales. Asimismo, en razón de que a foja ocho obra un documento que por sus características debe ser devuelto a su oferente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlo, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dicho documento, podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos originales. Asimismo, en razón de que a foja ocho obra un documento que por sus características debe ser devuelto a su oferente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlo, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dicho documento, podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Recepción de documento Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Ulises Ochoa Madrigal; mediante el cual solicita que este órgano jurisdiccional reconsidere el proveído por el que se tuvo no presentada la demanda, por las razones que expone; por lo que se provee: Con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles1 , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no ha lugar a proveer de conformidad su petición, dado que este órgano jurisdiccional no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Sin perjuicio de lo anterior, comuníquese al promovente que tiene expedito su derecho para interponer el medio de impugnación que estime conducente. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se reservó acordar lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa; hasta en tanto obren la totalidad de los informes justificados que al efecto deberán rendir las autoridades responsables. Desechamiento de prueba testimonial. Ahora, como lo anterior ya aconteció se provee: De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo1 en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones, esa facultad que se otorga a los quejosos no es irrestricta, sino que debe satisfacer ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido tenga relación con los hechos en controversia, lo que se conoce como principio de pertinencia, idoneidad o utilidad de la prueba. 1 "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. [.]" El principio de pertinencia se actualiza cuando el medio de convicción de que se trata guarda relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. En tanto que, el principio de idoneidad consiste en que la prueba debe ser el medio apropiado y adecuado para acreditar el hecho que se pretende demostrar, por tanto, se rige por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal. En el caso la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 1136/2018. Ahora, en el caso, la parte quejosa, ofrece la prueba testimonial en razón de que se pretenden acreditar ubicación, medidas, colindancias y superficies de diversos predios; sin embargo, dicho elemento probatorio no es el idóneo para tal efecto, en la medida en que para demostrar aquello se requieren conocimientos y análisis técnicos que no se satisfacen con la formulación de preguntas a los testigos; por lo tanto se desecha la citada prueba testimonal. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 41/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." 2 Así como, por identidad de razón jurídica, la tesis XXI.1o.21 C del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuya literalidad es: "ACCIÓN PUBLICANO O PLENARIA DE POSESIÓN, LA PRUEBA IDÓNEA PARA DEMOSTRAR LA INVASIÓN DE UN INMUEBLE, ES LA PERICIAL, EN MATERIA DE TOPOGRAFÍA O TOPOMETRÍA, Y NO LA TESTIMONIAL NI LA DE INSPECCIÓN JUDICIAL. No obstante que la actora cuenta con título en el que consta la causa generadora de su posesión respecto del bien inmueble materia del juicio, con el cual demuestra que del lado poniente colinda con el predio del demandado; las pruebas testimonial y la de inspección judicial que ofreció y se desahogaron durante el procedimiento, no son las idóneas para establecer que la construcción que llevó a cabo el demandado, se encuentra dentro de una parte del terreno de su colindante y actora en el juicio; pues de admitirse ese extremo se llegaría al absurdo de considerar a los testigos y personal judicial que practica la diligencia de inspección, como peritos en topografía y topometría, y por ende, ya no tendría razón de ser la prueba pericial, que es admisible cuando los puntos o materia de la misma, requieren el auxilio de peritos o expertos con conocimientos o especial competencia en una ciencia, arte o industria, de conformidad con el artículo 305 del código procesal civil vigente en el Estado de Guerrero; sin embargo, para que tenga validez el dictamen pericial debe abarcar un estudio completo de los documentos que precisen las medidas y colindancias de los predios en conflicto, y realizar los trabajos técnicos correspondientes de topografía o topometría, en los que se exponga el sistema respectivo empleado y los razonamientos suficientes para la localización de las distancias y linderos (línea divisoria) de cada uno de los inmuebles, en términos del diverso precepto 314, del código procesal antes citado."3 Desechamiento de prueba de inspección judicial. Asimismo, en relación con la inspección ocular, se desecha, ya que, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, es necesario enunciar los puntos sobre los que debe versar aquélla; lo que en el caso no acontece, toda vez que no existe certeza sobre lo que pretende que se desahogue con dicha probanza; entonces, al no expresar aquéllos, lo que procede es desecharla por omitir el requisito que establece el numeral en cita. Es aplicable, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia P./J. 17/2018 (10a.) del Alto Tribunal del país, cuyo rubro establece: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)."4 Admisión de prueba pericial. Por último, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admite la pericial en materia de topografía. Se reserva. Prueba que se reserva su tramitación, hasta en tanto obre en autos el emplazamiento a la tercero interesada Catalina Olvera Jiménez. Diferimiento. En consecuencia, a efecto de que la citada parte tercero interesada se encuentre debidamente emplazada al presente juicio de amparo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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