Ulises Raúl Márquez Olvera
Expediente 703/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ulises Raúl Márquez Olvera
Actuaciones
- Principal
En doce de junio de dos mil veintitrés, la secretaria certifica: Que los autos y promociones que integran el expediente han sido incorporadas al expediente electrónico y coinciden en su totalidad. Con lo anterior, con el estado que guardan los autos, y con un oficio registrado bajo el folio 7454, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de junio de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, mediante el cual remite copia autorizada del testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja número 237/2022, del índice del citado tribunal, de la que se desprende que declaró infundado el recurso de queja, interpuesto en el presente juicio de amparo por la parte quejosa en contra del proveído de diecisiete de noviembre del dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo. De lo anterior, se toma conocimiento para el efecto legal conducente. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, y hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo. ORDEN DE ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 20, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
- Principal
En nueve de diciembre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 15908, dentro del juicio de amparo indirecto ********************. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de diciembre de dos mil veintidós. 1. Acusa recibo. Por recibido el oficio que remite el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, en el que se encuentra reproducido el acuerdo emitido por su Magistrado Presidente el siete de diciembre del año en curso, del cual se advierte el trámite dado al recurso de queja en la forma que ahí indica, mismo que se registró bajo el número ********************/2022; asimismo, acusa recibo de las constancias que refiere. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.
- Principal
En treinta de noviembre de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un escrito recibido físicamente en la oficialía de partes, registrado bajo el folio 15543. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de noviembre de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional emite las determinaciones, siguientes:********************1. SE INTERPONE QUEJA. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de diecisiete de noviembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo.********************2. SE RINDE INFORME. Atento a lo anterior con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado sobre la materia de queja comunicando al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia en turno, que es cierto el acto recurrido, toda vez que en el citado proveído se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Comandante de la Guardia Nacional, Comisario General y otras autoridades.********************Sin que sea el caso proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes de la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente juicio, el auto recurrido consiste en el que desechó la demanda de garantías, por lo que no existen más partes en el juicio.********************3. SE ORDENA REMITIR EXPEDIENTE. En mérito de lo anterior y en obvio de mayores dilaciones procesales, remítase el juicio en que se actúa, así como original y copia del escrito de expresión de agravios VÍA ESTAFETA, a la Superioridad, para lo que tenga a bien determinar.********************Asimismo, de no tener inconveniente alguno, remita el acuse de recibo respectivo; para el efecto legal conducente.********************4. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, Infórmese al tribunal de alzada que se encuentra disponible el expediente electrónico, a fin de que proceda a realizar su vinculación correspondiente, y pueda realizar su consulta; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional emite las determinaciones, siguientes: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. REGISTRO. Por recibida la demanda de amparo promovida por Ulises Raúl Márquez Olvera contra actos del Comandante de la Guardia Nacional, Comisario General y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 703/2022. 1.3. DESECHAMIENTO. Ahora bien, y a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. En el caso, el promovente de amparo señala como acto reclamado: ". 2. Actos Reclamados: 1. Del COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, COMISARIO GENERAL, reclamo: La nueva asignación de mis funciones por cambio de adscripción como Suboficial de la Guardia Nacional en la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones a una comisión Procesal dentro de la de Seguridad y Protección Ciudadana. 2. Del MAESTRO CRUZ ISAAC MUÑOZ NAVARRO, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD EN E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, reclamo: La emisión y contenido de un oficio dirigido al Coordinador de Batallón de seguridad en Carreteras e instalaciones de la Guardia Nacional para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la POLICIA PROCESAL, UNA AREA ADMINISTRATIVA, SIENDO QUE EL SUSCRITO PERTENEZCO AL AREA OPERATIVA. Autoridad que cuenta con correo electrónico: jurídico.gn@sspc.gob.mx 3. Del COORDINADOR ESTATAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN MICHOACAN reclamo: La ejecución del oficio dirigido al Coordinador de Batallón de seguridad en Carreteras e instalaciones de la Guardia Nacional para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la POLICIA PROCESAL, UNA AREA ADMINISTRATIVA, SIENDO QUE EL SUSCRITO PERTENEZCO AL AREA OPERATIVA. Autoridad que cuenta con correo electrónico: juridico.gn@sspc.gob.mx 4. Del COORDINADOR DE BATALLON DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES MICHOACAN DE LA GUARDIA NACIONAL y/o TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE COMPAÑÍA DE SEGURIDAD A VÍAS DE COMUNICACIÓN MICHOACAN, reclamo: La ejecución del oficio dirigido al Coordinador de Batallón de seguridad en Carreteras e instalaciones de la Guardia Nacional para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la POLICIA PROCESAL, UNA AREA ADMINISTRATIVA, SIENDO QUE EL SUSCRITO PERTENEZCO AL AREA OPERATIVA. Autoridad que cuenta con correo electrónico: juridico.gnasspc.gob.mx 5. DEL TITULAR DE LA ESTACIÓN URUAPAN, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN DE BATALLON DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL EN MICHOACAN y/o TITULAR DE LA ESTACIÓN URUAPAN DE LA COORDINACIÓN DE COMPAÑÍA DE SEGURIDAD A VÍAS DE COMUNICACIÓN MICHOACAN, reclamo: La ejecución del oficio dirigido al Coordinador de Batallón de seguridad en Carreteras e instalaciones de la Guardia Nacional para mi nueva asignación de funciones por cambio de adscripción a la POLICIA PROCESAL, UNA AREA ADMINISTRATIVA, SIENDO QUE EL SUSCRITO PERTENEZCO AL AREA OPERATIVA Autoridad que cuenta con correo electrónico: juridico.gnasspc.gob.mx." De lo expuesto, así como de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado lo constituye medularmente la nueva asignación de funciones al quejoso por cambio de adscripción como Suboficial de la Guardia Nacional en la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones a una comisión Procesal dentro de la de Seguridad y Protección Ciudadana. Antes que nada es importante precisar, que del cuerpo de principios fundamentales que rigen nuestro medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, por lo que la legislación secundaria, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora encargada en el juicio de amparo. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios ordinarios de defensa de la ley que rige al acto reclamado para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, siendo que debe agotarse antes de promover el presente juicio de amparo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que sea interpuesto por la parte quejosa, el juicio de amparo es improcedente. Dicho principio, se fundamenta en la naturaleza misma del juicio de amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso o medio ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el juicio de amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales. Es lógico concluir, que antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Se estima que en relación con el acto reclamado consistente medularmente en la nueva asignación de funciones al quejoso por cambio de adscripción como Suboficial de la Guardia Nacional en la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones a una comisión Procesal dentro de la de Seguridad y Protección Ciudadana, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De conformidad con lo dispuesto en el artículo preinserto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el acto reclamado de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en el que proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que ésta establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley ordinaria. El hacer referencia a la inexigibilidad de mayores requisitos significa, que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, el quejoso deberá agotar los medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias en las que pueda obtener la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Atento a lo anterior, este Juzgado Federal estima que las determinaciones sobre el cambio de adscripción de los elementos que pertenecen a la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, no puede decirse que les revista el carácter de definitivas e inatacables, ni que sean emitidas en ejercicio de atribuciones constitucionales que hagan procedente el juicio de amparo indirecto, por tratarse de cuestiones que van la relación administrativa en el lugar de desempeño de sus funciones, lo que no implica que sean susceptibles de ser reclamadas en a través del juicio de amparo indirecto, sino que deben impugnarse mediante el recurso ordinario que prevé la ley o mediante el juicio contencioso administrativo; y al no haberse realizado así, es que deriva improcedente el juicio de amparo, por no haberse agotado el principio de definitividad. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la jurisprudencia 2ª./J.91/2007, precisa que las controversias entre los miembros de las instituciones policiales y el Estado, al ser de naturaleza administrativa, sus diferencia deben someterse a la jurisdicción administrativa, por lo que debe agotarse esa instancia ordinaria; así como la diversa 2ª./J. 130/2013 (10ª.) que establece la obligatoriedad de agotar el juicio contencioso administrativo. En esta línea, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos que como ya se señaló, tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los recursos. En ese aspecto se tiene que, es la Ley de la Guardia Nacional -artículo 26, fracción VIII - y el Reglamento de Ley de la Guardia Nacional- las autoridades competentes de ordenarlo, las normas que disponen que el personal de la Guardia Nacional podrá ser cambiado de adscripción, con base en las necesidades del servicio, así como las autoridades competentes para hacerlo. De ese modo, los elementos de la Guardia Nacional no tienen el derecho a permanecer en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, porque lo cierto es que el cambio de adscripción este sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir. En ese contexto, el hecho de que la Guardia Nacional expidiera reglas esenciales supone no una limitación a la facultad de su titular o del funcionario en quien delegue la facultad a decidir los cambios de adscripción del personal de la carrera de Guardia Nacional, sino el deber de acatar las reglas que propenden a mejorar la calidad del servicio público que la Constitución Federal le asigna. Lo anterior implica no sólo lograr la adecuada seguridad pública, también que el personal del servicio de carrera tenga reglas mínimas que le permitan conocer los casos y las condiciones en que se puede producir un cambio de adscripción así como la remoción o conclusión de cargo- esto es, se encuentra imbíbita la intención de equilibrar el ejercicio de las facultades de la institución y sus funcionarios facultades en el caso de decidirse el cambio de adscripción. Por lo que resulta evidente que el personal de la carrera de la Guardia Nacional tiene una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, pero una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a derecho a la legalidad, así como a otras exigencias propias de esos actos. Así, contra la nueva asignación de funciones al quejoso por cambio de adscripción como Suboficial de la Guardia Nacional en la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones a una comisión Procesal dentro de la de Seguridad y Protección Ciudadana, procede el recurso de inconformidad previsto en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional - si ésta se impuso como sanción - o el juicio contencioso administrativo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esto es así, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la Jurisprudencia 129/2022 , de rubro: "POLICÍAS JUDICIALES FEDERALES. EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE DECRETE SU REMOCIÓN POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", determinó que la relación existente entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública y el Estado es de naturaleza administrativa, y que compete por afinidad, al entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios de los agentes de la policía federal a través del juicio de nulidad, independientemente del origen de la controversia, es decir, ya sea con motivo de las prestaciones que les asisten en razón de ese vínculo administrativa, por cuestiones de responsabilidad administrativa. Razonamiento que por identidad de razón es aplicable al personal de la Guardia Nacional. Esto es así, porque la relación que sostiene el Estado con los miembros de las instituciones policiales que efectivamente realicen funciones de policía y estén sujetos al servicio de carrera, es de naturaleza administrativa y, por tanto, dicho vinculo será regulado por las leyes especiales que para el efecto se emitan, es decir, mediante normas secundarias de carácter administrativo, se establecerán los lineamientos que regirán el servicio de mérito entre los servidores públicos y la Federación, los Estados, Municipios o el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), mismos que podrán traducirse en los requisitos de ingreso, permanencia, causales de remoción, entre otros aspectos y principios que regirán el servicio. Por tanto, la relación existente entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública y el Estado es de naturaleza administrativa, y compete al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios del personal de la Guardia Nacional con ésta, como institución de seguridad pública adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a del juicio de nulidad, independientemente de! controversia. origen de la controversia. Esto es, ya sea que la controversia derive con motivo de las prestaciones que les asisten debido a ese vínculo administrativo o por cuestiones de responsabilidad. Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que al haber definido que la naturaleza de la relación entre los miembros de una institución policiaca y el Estado, entiéndase, federación, estados y municipios, es administrativa, con base en el contenido del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: luego, sus diferencias deben someterse a la jurisdicción concerniente a esta última materia. Ello se observa en la jurisprudencia 2a./J. 91/2007 siguiente: "SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD." Del proceso legislativo que dio origen al decreto de reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República (Diario Oficial de la Federación del 8 de marzo de 1999), se advierte que el Constituyente precisó que los miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes y su relación con el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa. Asimismo, el artículo 116, fracción VI, constitucional, faculta a las Legislaturas Locales para regular las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, pero sobre las bases determinadas en el propio artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que entre esa dependencia y sus servidores públicos existe una relación laboral regida por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de cuyo artículo 113 se desprende que su aplicación corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose que dicho Tribunal, en principio, sería competente para conocer y dirimir las controversias entre los miembros de las instituciones policiales y la dependencia citada. Sin embargo, tales disposiciones no son acordes con los preceptos constitucionales citados, conforme a los cuales esa relación no es de naturaleza laboral sino administrativa y, en consecuencia, sus diferencias deben someterse a la jurisdicción concerniente a esta última materia, por lo que en atención al principio de supremacía establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si los artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Número 433 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Número 194, todas del Estado de Guerrero, instituyen la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer los procedimientos contenciosos de ese orden, suscitados entre las autoridades y los particulares, por afinidad, en observancia de la garantía prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, ese órgano jurisdiccional debe conocer de los conflictos entre los miembros de una institución policial y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en las cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha jurisdicción es la más pertinente para conocer y resolver dichas controversias, resultando aplicables por analogía las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicadas con los números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y P./J. 24/95. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es necesario agotar el juicio contencioso administrativo regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo previamente antes de acudir al juicio de amparo, porque los alcances que se dan a la suspensión del acto reclamado conforme a la Ley de Amparo, en esencia, son iguales a los que se otorgan conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Lo anterior, en la Jurisprudencia 2ª./J. 27/2006 (10ª), con el rubro siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Entonces, mediante el juicio contencioso administrativo, regulado por la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo es posible lograr la suspensión del acto de autoridad y repararse las violaciones de derecho, porque éste ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un recurso efectivo. Luego, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo puede promoverse el juicio de amparo directo. Además no se advierte un supuesto de excepción para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues si los actos reclamados se contraen a los cambios de adscripción del quejoso que reclama de las autoridades que señala como responsables es inconcuso, que al ser impugnable mediante el recurso ordinario en la vía administrativa o el juicio contencioso administrativo se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. De igual forma resulta orientador el criterio adoptado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Decimoprimer Circuito al resolver la Queja Administrativa 118/2022. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por no haberse cumplido con el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. 1.4 NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones que le resulten a través del usuario "Licerwin" para lo cual se instruye al actuario de la adscripción darle de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, deberá habilitarse la consulta del expediente Electrónico. 1.5. AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Isaías Montesinos Reyes, Luz Elba Ayala Flores y Luis Alberto Cabrera Herrera, quienes cuentan con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que las acredita como licenciada en derecho; y únicamente para recibir notificaciones al resto de las personas que refiere hasta en tanto acrediten contar con cedula profesional que los avale como licenciados en derecho. 1.6. DATOS DE CONTACTO. Por otro lado, se le tiene proporcionando el correo electrónico y número telefónico que indica; por tanto, manténgase bajo resguardo, a fin de que sean utilizados como medios especiales y expeditos de contacto, de tal forma que solo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DE LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, conforme al artículo 3º de la Ley de Amparo; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 2.1. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes
- Ulises Dueñez Villaseñor562/2019
- Ulises Leñero García357/2012
- Ulises Manzanilla Quiñonez515/2022
- Ulises Naranjo Magallán157/2022
- Ulises Ramsés Rodríguez Flores177/2021
- Ulises Ramsés Rodríguez Flores342/2021
- Uriel Bravo Paz450/2020
- Uriel Cervantes Tapia251/2022
- Uriel Espinosa Mayorquin226/2023
- Uriel González Chávez767/2022
- Uriel Murillo Tinoco218/2019
- Uriel Olayo Solís728/2022