Ulises Naranjo Magallán
Expediente 157/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ulises Naranjo Magallán
Actuaciones
- Principal
Cuenta. En cinco de abril de dos mil veintidós, el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, certifica: Que el plazo legal de que disponía la parte quejosa para impugnar el auto que desechó la demanda de amparo, transcurrió del veintiocho de marzo al uno de abril de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificado por lista el veinticuatro de marzo, como se ordenó en auto de veintitrés de marzo del año en curso, sin que lo hubiere hecho, con lo que se da cuenta al Juez y con el estado que guardan los autos dentro del juicio de amparo número 157/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de abril de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, toda vez que en el diverso de veintitrés de marzo, se ordenó la notificación del primero de los citados autos por lista, como se desprende de la certificación que antecede; por tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente cuaderno, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Abel Jonapá García, quien da fe.
- Principal
Cuenta. En veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con una razón actuarial misma que se registró con el folio 3550, dentro del juicio de amparo indirecto número 157/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Razón actuarial. Visto lo de cuenta, se desprende la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción, para notificar personalmente al quejoso ********************, el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, por las razones que expone; en esas condiciones, y toda vez que de autos no se advierte diverso domicilio, únicamente el señalado en su escrito inicial de demanda, para llevar a cabo notificaciones al referido quejoso. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese la notificación del citado proveído, así como el presente auto, a dicha parte procesal y las subsecuentes aún las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto el quejoso ********************, señalé nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Abel Jonapá García, quien da fe. i n s e r c i ó n : En diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el secretario certifica: Que Ángel II Alanis Pedraza, cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que lo acredita como licenciado en derecho; lo que se asienta para el efecto legal conducente. Con ello se da cuenta al Juez y con un oficio al que se acompaña la demanda de amparo promovida por Ulises Naranjo Magallán, y turnada a este órgano jurisdiccional por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, en esta ciudad, misma que se registró con el folio 3283. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción de autos. Por recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, al que acompaña el juicio de amparo 232/2022, promovido por Ulises Naranjo Magallán, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia y otras autoridades; en virtud de que el Juez de dicho órgano jurisdiccional, estimó carecer de competencia legal para conocer de la misma, por razón de territorio. 1.2. Aceptación de competencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta el conocimiento de la demanda de amparo de referencia; acúsese el recibo de estilo correspondiente; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 157/2022. 1.3. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, que impone a este juzgador, la obligación de examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" Del numeral transcrito en interpretación de la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", define como características de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo las siguientes: ( La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ( Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. ( Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. ( Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo a ello, existen diferencias entre las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, pues las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, en un mismo nivel, por lo que para dirimir sus controversias existen en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, debiendo acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas o contempladas por la ley. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio están regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro, por lo que la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, la procedencia del juicio de amparo se encuentre supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que, con fundamento en una norma legal, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que por esta vía reclama la parte quejosa son los siguientes: 1. De las citadas autoridades responsables reclamo el anticonstitucional, ilegal e injusto acto consistente en que sin justificación alguna y sin que previamente se haya seguido juicio o procedimiento administrativo en mi contra ante los tribunales previamente establecidos, en el que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, conculcando mis derechos humanos y discriminándome único sustento de mi madre (cuyo nombre no proporciono para proteger su identidad y sus derechos humanos), siendo aproximadamente las, 12:16 doce horas con dieciséis .minutos del día 21 veintiuno de febrero del año en trayecto, verbalmente hicieron de mi conocimiento que "habría un relevo Institucional" y que en consecuencia mi espacio laboral con categoría de base sería ocupado por otra persona, aduciendo para ello que para ser defensor público de ese Instituto no se acreditó que hubiera participado en concurso de oposición, lo que implica una evidente discriminación y afectación en mi agravio y perjuicio de mi derecho humano al trabajo y a su estabilidad porque fundamentalmente ninguno de los aproximadamente 162 ciento sesenta y dos defensores públicos que integran la plantilla de esa fuente de trabajo participó en concurso de oposición alguno y pese a esa circunstancia solo a mi me piden ese requisito y al no tenerlo, porque inclusive la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán nunca ha publicado la convocatoria respectiva, pretenden privarme del derecho que ya tengo otorgado consistente en la base que ostento bajo la clave presupuestal 308502010014080039, lo que implica una clara discriminación porque solo a mí de entre 162 ciento sesenta y dos defensores se me distingue para afectar mis derechos. 2. Por la naturaleza del presente asunto, estimo pertinente individualizar o precisar como acto reclamado de la autoridad responsable denominada Director General del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, el consistente en que ilegal e ilícitamente, anticipándose a lo que en su momento pudiera acordar en sentido positivo o negativo la Junta de Gobierno de ese Instituto, decidió girar la orden al responsable Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que suspendiera en definitiva el pago de mi salario a partir del día 28 veintiocho de febrero en trayecto, es decir, dicha responsable sin contar previamente con la autorización del órgano jerárquico del Instituto en cita, unilateralmente decidió ordenar a la oficina pagadora en cita para que a partir de la fecha indicada ya no cubriera mi salario, lo que pone en relieve que en mi perjuicio obró al margen de las atribuciones, facultades o funciones que legalmente tiene conferidas, porque aún antes de que se lo autorizara su superior jerárquico tomó la determinación de perpetrar mi "relevo institucional" como ellos lo denominan. 3. Lo anterior; evidentemente conduce a señalar como acto reclamado de la autoridad responsable denominada Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, el consistente en que ilegal e ilícitamente, suspendió en definitiva el pago de mi salario a partir del próximo día 28 veintiocho del mes en curso, sin contar y sin cerciorarse fehacientemente de que así lo había autorizado la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública del Estado, porque su Director General no tiene conferidas esas facultades; dicho de otro modo, la mencionada responsable obró con inusual ligereza al realizar el movimiento de personal que implicaba dejar de pagar mi salario sin asegurarse de que efectivamente así lo había autorizado el órgano jerárquico del Instituto en cita, lo que hace evidente que en mi perjuicio y sin sustento legal alguno giró instrucciones a sus subalternos para que ya se me hiciera el pago de mi salario a partir de la fecha indicada. 4. De igual forma, como actos reclamados de las autoridades responsables denominadas Secretario Técnico del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán y Subdirector Administrativo del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, el consistente en que de manera degradante discriminatoria estando laborando en la ciudad de Uruapan, Michoacán, telefónicamente me citaron para que acudiera a las oficinas centrales del Instituto de Defensoría Pública del Estado, con sede en la ciudad de Morelia, Michoacán, nada más para informarme verbalmente que estaba despedida y que se haría un "relevo institucional", sin considerar que a acudir realizaría gastos que ellos no me reembolsarían, lo que revela una vez más el ánimo discriminatorio hacia mi persona por parte de las responsables, ya que para hacerme saber lo que me verbalmente me comunicaron, simplemente pudieron hacerlo telefónicamente sin hacerme gastar tiempo y dinero en un viaje a la capital del Estado para discriminarme, más aún porque no era necesario hacerme pasar por esa situación tan penosa, ya que físicamente no me entregaron nada. 5. También como actos reclamados de las autoridades responsables denominadas Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán y Director General del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, el consistente en que desde que tomaron posesión del cargo que ostentan, han estado realizando contrataciones de nuevos defensores públicos sin pública la convocatoria respectiva y realizar al efecto concursos de oposición, lo que nuevamente pone de manifiesto que solo es a la suscrita a quien discriminatoriamente le exigen el cumplimiento de ese requisito y sin contar con la autorización de la Junta de Gobierno de ese Instituto, pues ni siquiera ha autorizado la necesarísima convocatoria ni establecido los lineamientos que debe contener la misma. 6. Como acto reclamado de las autoridades responsables denominadas Junta de Gobierno, Director General, Secretario Técnico, Subdirector de Defensa y Asesoría Jurídica y Subdirector Administrativo, todas del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, el consistente en que de acuerdo con lo establecido por. La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, las responsables no hicieron valer oportunamente sus facultades de revisar la base que me fue legalmente otorgada, es decir, aún y cuando en términos de la citada Ley disponían del término de treinta días para hacer el movimiento de personal correspondiente, no lo hicieron oportunamente, pues dejaron transcurrir alrededor de tres meses para proceder en ese sentido; ahora al no contar los aproximadamente 162 defensores públicos del Estado con el requisito indispensable del concurso de oposición, repito, absolutamente todos desde la creación de dicho Instituto hasta las nuevas contrataciones realizadas durante los últimos 4 meses no cumplen con el requisito del concurso de oposición y por ello están contratados de manera irregular y por ese requisito faltante deberían estar todos en la misma situación que la suscrito, sin embargo ellos decidieron de manera discriminatoria despedirme a mi nada más, cuando basta que falte un requisito para no ser contratado, por lo que en su momento acreditaré que las responsable no han practicado ningún concurso de oposición a cada uno de los defensores que recién han contratado inclusive a aquellos lo han sido como apoyo legal, a fin de establecer en qué condiciones fueron contratados, o nombrados en el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, y que al momento de su contratación con qué requisitos ingresar. 7. Y, por último, como acto reclamado de las autoridades responsables denominadas Junta de Gobierno, Director General, Secretario Técnico, Subdirector de Defensa y Asesoría Jurídica y Subdirector Administrativo, todas del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, reclamo el acto consistente en que si bien es cierto que los artículos 16, fracción VI, 22 fracción IV, 33 fracción IV y artículo 34 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán, establecen que es atribución de la Junta de Gobierno aprobar los lineamientos para que se lleven a cabo concursos de oposición para el ingreso y permanencia de los servidores públicos del Instituto, y que corresponde al Director General publicar la convocatoria respectiva, también lo es que hasta el momento esas disposiciones legales han sido letra muerta pues nunca ha sido debidamente observada y acatada por el citado Instituto, es decir, hasta la fecha nadie ha obrado conforme lo establece dicho ordenamiento legal y, como se aprecia, solo es a la suscrito a la única que discriminatoriamente se me está exigiendo el cumplimiento de esa requisito. Expuesto lo anterior, se estima que los actos anteriormente citados no pueden ser reclamados a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, las autoridades señaladas como responsables, no se encuentran en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su relación con la parte quejosa no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, de coordinación, ya que su reclamo hacia las autoridades responsables, es en su calidad de servidor subordinado que presta sus servicios en la citada dependencia y en el cual pide el cumplimiento de sus obligaciones derivados de esa relación laboral que tiene con ellas. En este orden de ideas, si los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, no tienen como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que derivan de un vínculo laboral, el juicio de amparo resulta improcedente, pues las conductas de que se duele el quejoso, contrario a lo que sostiene, como ya se dijo, no reúnen las características de imperio para que se considere como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I, constitucional. Es aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Página: 307, con número de registro 194367, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Por lo tanto, atendiendo a lo aquí analizado, es dable concluir que los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituyen actos entre particulares, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, pues, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación. Con base en lo anterior, es permisible concluir que los actos reclamados en esta vía, no constituyen, actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para entender mejor la actual acepción de las autoridades responsables de referencia, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Asimismo, la jurisprudencia que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Finalmente, no se soslaya que el conflicto que pudiera derivar de las actuaciones realizadas por las autoridades puede ser reclamado ante las autoridades ordinarias del orden común competente; por tanto, se dejan expeditos los derechos del ocursante para hacerlos valer en la vía y forma que estime conducente. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." 1.4. Domicilio y autorizado. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ángel II Alanis Pedraza, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito que la autorizo para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 2. Determinaciones generales en relación con la actuación del personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. 2.3. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525234435 y 4525235483 ext. 1071 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al siguiente medio de contacto: Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Abel Jonapá García, quien da fe.
- Principal
En diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el secretario certifica: Que Ángel II Alanis Pedraza, cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que lo acredita como licenciado en derecho; lo que se asienta para el efecto legal conducente. Con ello se da cuenta al Juez y con un oficio al que se acompaña la demanda de amparo promovida por Ulises Naranjo Magallán, y turnada a este órgano jurisdiccional por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, en esta ciudad, misma que se registró con el folio 3283. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción de autos. Por recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, al que acompaña el juicio de amparo 232/2022, promovido por Ulises Naranjo Magallán, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia y otras autoridades; en virtud de que el Juez de dicho órgano jurisdiccional, estimó carecer de competencia legal para conocer de la misma, por razón de territorio. 1.2. Aceptación de competencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta el conocimiento de la demanda de amparo de referencia; acúsese el recibo de estilo correspondiente; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 157/2022. 1.3. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, que impone a este juzgador, la obligación de examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" Del numeral transcrito en interpretación de la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", define como características de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo las siguientes: ( La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ( Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. ( Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. ( Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo a ello, existen diferencias entre las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, pues las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, en un mismo nivel, por lo que para dirimir sus controversias existen en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, debiendo acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas o contempladas por la ley. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio están regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro, por lo que la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, la procedencia del juicio de amparo se encuentre supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que, con fundamento en una norma legal, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que por esta vía reclama la parte quejosa son los siguientes: 1. De las citadas autoridades responsables reclamo el anticonstitucional, ilegal e injusto acto consistente en que sin justificación alguna y sin que previamente se haya seguido juicio o procedimiento administrativo en mi contra ante los tribunales previamente establecidos, en el que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, conculcando mis derechos humanos y discriminándome único sustento de mi madre (cuyo nombre no proporciono para proteger su identidad y sus derechos humanos), siendo aproximadamente las, 12:16 doce horas con dieciséis .minutos del día 21 veintiuno de febrero del año en trayecto, verbalmente hicieron de mi conocimiento que "habría un relevo Institucional" y que en consecuencia mi espacio laboral con categoría de base sería ocupado por otra persona, aduciendo para ello que para ser defensor público de ese Instituto no se acreditó que hubiera participado en concurso de oposición, lo que implica una evidente discriminación y afectación en mi agravio y perjuicio de mi derecho humano al trabajo y a su estabilidad porque fundamentalmente ninguno de los aproximadamente 162 ciento sesenta y dos defensores públicos que integran la plantilla de esa fuente de trabajo participó en concurso de oposición alguno y pese a esa circunstancia solo a mi me piden ese requisito y al no tenerlo, porque inclusive la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán nunca ha publicado la convocatoria respectiva, pretenden privarme del derecho que ya tengo otorgado consistente en la base que ostento bajo la clave presupuestal 308502010014080039, lo que implica una clara discriminación porque solo a mí de entre 162 ciento sesenta y dos defensores se me distingue para afectar mis derechos. 2. Por la naturaleza del presente asunto, estimo pertinente individualizar o precisar como acto reclamado de la autoridad responsable denominada Director General del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, el consistente en que ilegal e ilícitamente, anticipándose a lo que en su momento pudiera acordar en sentido positivo o negativo la Junta de Gobierno de ese Instituto, decidió girar la orden al responsable Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que suspendiera en definitiva el pago de mi salario a partir del día 28 veintiocho de febrero en trayecto, es decir, dicha responsable sin contar previamente con la autorización del órgano jerárquico del Instituto en cita, unilateralmente decidió ordenar a la oficina pagadora en cita para que a partir de la fecha indicada ya no cubriera mi salario, lo que pone en relieve que en mi perjuicio obró al margen de las atribuciones, facultades o funciones que legalmente tiene conferidas, porque aún antes de que se lo autorizara su superior jerárquico tomó la determinación de perpetrar mi "relevo institucional" como ellos lo denominan. 3. Lo anterior; evidentemente conduce a señalar como acto reclamado de la autoridad responsable denominada Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, el consistente en que ilegal e ilícitamente, suspendió en definitiva el pago de mi salario a partir del próximo día 28 veintiocho del mes en curso, sin contar y sin cerciorarse fehacientemente de que así lo había autorizado la Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública del Estado, porque su Director General no tiene conferidas esas facultades; dicho de otro modo, la mencionada responsable obró con inusual ligereza al realizar el movimiento de personal que implicaba dejar de pagar mi salario sin asegurarse de que efectivamente así lo había autorizado el órgano jerárquico del Instituto en cita, lo que hace evidente que en mi perjuicio y sin sustento legal alguno giró instrucciones a sus subalternos para que ya se me hiciera el pago de mi salario a partir de la fecha indicada. 4. De igual forma, como actos reclamados de las autoridades responsables denominadas Secretario Técnico del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán y Subdirector Administrativo del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, el consistente en que de manera degradante discriminatoria estando laborando en la ciudad de Uruapan, Michoacán, telefónicamente me citaron para que acudiera a las oficinas centrales del Instituto de Defensoría Pública del Estado, con sede en la ciudad de Morelia, Michoacán, nada más para informarme verbalmente que estaba despedida y que se haría un "relevo institucional", sin considerar que a acudir realizaría gastos que ellos no me reembolsarían, lo que revela una vez más el ánimo discriminatorio hacia mi persona por parte de las responsables, ya que para hacerme saber lo que me verbalmente me comunicaron, simplemente pudieron hacerlo telefónicamente sin hacerme gastar tiempo y dinero en un viaje a la capital del Estado para discriminarme, más aún porque no era necesario hacerme pasar por esa situación tan penosa, ya que físicamente no me entregaron nada. 5. También como actos reclamados de las autoridades responsables denominadas Junta de Gobierno del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán y Director General del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, el consistente en que desde que tomaron posesión del cargo que ostentan, han estado realizando contrataciones de nuevos defensores públicos sin pública la convocatoria respectiva y realizar al efecto concursos de oposición, lo que nuevamente pone de manifiesto que solo es a la suscrita a quien discriminatoriamente le exigen el cumplimiento de ese requisito y sin contar con la autorización de la Junta de Gobierno de ese Instituto, pues ni siquiera ha autorizado la necesarísima convocatoria ni establecido los lineamientos que debe contener la misma. 6. Como acto reclamado de las autoridades responsables denominadas Junta de Gobierno, Director General, Secretario Técnico, Subdirector de Defensa y Asesoría Jurídica y Subdirector Administrativo, todas del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, el consistente en que de acuerdo con lo establecido por. La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, las responsables no hicieron valer oportunamente sus facultades de revisar la base que me fue legalmente otorgada, es decir, aún y cuando en términos de la citada Ley disponían del término de treinta días para hacer el movimiento de personal correspondiente, no lo hicieron oportunamente, pues dejaron transcurrir alrededor de tres meses para proceder en ese sentido; ahora al no contar los aproximadamente 162 defensores públicos del Estado con el requisito indispensable del concurso de oposición, repito, absolutamente todos desde la creación de dicho Instituto hasta las nuevas contrataciones realizadas durante los últimos 4 meses no cumplen con el requisito del concurso de oposición y por ello están contratados de manera irregular y por ese requisito faltante deberían estar todos en la misma situación que la suscrito, sin embargo ellos decidieron de manera discriminatoria despedirme a mi nada más, cuando basta que falte un requisito para no ser contratado, por lo que en su momento acreditaré que las responsable no han practicado ningún concurso de oposición a cada uno de los defensores que recién han contratado inclusive a aquellos lo han sido como apoyo legal, a fin de establecer en qué condiciones fueron contratados, o nombrados en el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, y que al momento de su contratación con qué requisitos ingresar. 7. Y, por último, como acto reclamado de las autoridades responsables denominadas Junta de Gobierno, Director General, Secretario Técnico, Subdirector de Defensa y Asesoría Jurídica y Subdirector Administrativo, todas del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, reclamo el acto consistente en que si bien es cierto que los artículos 16, fracción VI, 22 fracción IV, 33 fracción IV y artículo 34 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán, establecen que es atribución de la Junta de Gobierno aprobar los lineamientos para que se lleven a cabo concursos de oposición para el ingreso y permanencia de los servidores públicos del Instituto, y que corresponde al Director General publicar la convocatoria respectiva, también lo es que hasta el momento esas disposiciones legales han sido letra muerta pues nunca ha sido debidamente observada y acatada por el citado Instituto, es decir, hasta la fecha nadie ha obrado conforme lo establece dicho ordenamiento legal y, como se aprecia, solo es a la suscrito a la única que discriminatoriamente se me está exigiendo el cumplimiento de esa requisito. Expuesto lo anterior, se estima que los actos anteriormente citados no pueden ser reclamados a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, las autoridades señaladas como responsables, no se encuentran en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su relación con la parte quejosa no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, de coordinación, ya que su reclamo hacia las autoridades responsables, es en su calidad de servidor subordinado que presta sus servicios en la citada dependencia y en el cual pide el cumplimiento de sus obligaciones derivados de esa relación laboral que tiene con ellas. En este orden de ideas, si los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, no tienen como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que derivan de un vínculo laboral, el juicio de amparo resulta improcedente, pues las conductas de que se duele el quejoso, contrario a lo que sostiene, como ya se dijo, no reúnen las características de imperio para que se considere como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I, constitucional. Es aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Página: 307, con número de registro 194367, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Por lo tanto, atendiendo a lo aquí analizado, es dable concluir que los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituyen actos entre particulares, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, pues, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación. Con base en lo anterior, es permisible concluir que los actos reclamados en esta vía, no constituyen, actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para entender mejor la actual acepción de las autoridades responsables de referencia, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Asimismo, la jurisprudencia que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Finalmente, no se soslaya que el conflicto que pudiera derivar de las actuaciones realizadas por las autoridades puede ser reclamado ante las autoridades ordinarias del orden común competente; por tanto, se dejan expeditos los derechos del ocursante para hacerlos valer en la vía y forma que estime conducente. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." 1.4. Domicilio y autorizado. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ángel II Alanis Pedraza, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito que la autorizo para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 2. Determinaciones generales en relación con la actuación del personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. 2.3. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525234435 y 4525235483 ext. 1071 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al siguiente medio de contacto: Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Abel Jonapá García, quien da fe.
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