Ulises Murillo Zepeda
Expediente 481/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Ulises Murillo Zepeda
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 981 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés (fojas 14 a 23), en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que ha causado estado dicho auto. Por lo tanto, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existir actuación pendiente por realizar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al artículo 21, fracción d)2 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la licenciada ***, Fiscal del Ministerio Público Investigador, de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 481/2023***. DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que el acto reclamado es: La negativa de judicializar la carpeta de investigación número ***, contenida en el auto o proveído de fecha 24 de febrero de 2023, dictado por la licenciada ***, Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, el cual le fue notificado el día viernes 17 de marzo de 2023. Dichos actos son notoriamente improcedentes como se advertirá en líneas siguientes. Atento a lo anterior, con el objeto de proveer lo conducente, es preciso señalar que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia, deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Atento a lo dispuesto en los numerales 62 y 113 de la ley de la materia, se procede al estudio de las causas de improcedencia, con el objeto de dilucidar si existe alguna que sea manifiesta e indudable, ya que de ser así, se procederá al desechamiento de plano de la demanda de amparo. En efecto, conviene retomar que en el escrito de cuenta se advierte que el acto reclamado por el promovente es el siguiente: La negativa de judicializar la carpeta de investigación número ***, contenida en el auto o proveído de fecha 24 de febrero de 2023, dictado por la licenciada ***, Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, el cual le fue notificado el día viernes 17 de marzo de 2023. Análisis que se formula atendiendo a la naturaleza propia de los actos reclamados y no a los calificativos que en su enunciación formula la parte promovente. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159, Tomo 18 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro número 239,099, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD." En relación con los actos reclamados se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: (..) Dicho precepto, en esencia dispone que el juicio de amparo es improcedente, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el caso se estima actualizada la invocada causal de improcedencia, en atención a que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad, rector del juicio de amparo, ya que contra la negativa de judicializar la carpeta de investigación número ***, procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que tiene una tramitación específica, como lo es un término para su interposición, ante una autoridad distinta y de mayor jerarquía a la que emitió el acto (Juez de Control), en el que se celebrará una audiencia en la que se citará a las partes y, por tanto, se advierte que el Juez de Control, es legalmente competente para conocer y resolver el recurso en comento. De la lectura del artículo en cita, se desprende que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Ahora bien, del precepto antes citado, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar los actos y omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todos aquellos actos u omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de todas las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, dilatar, obstaculizar, opacar, suspender o terminar un proceso penal. En este sentido, bien puede entenderse que los actos u omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la obstaculización de su función sustantiva, como protagonista en la etapa prejudicial de investigación, ya que esta radica esencialmente en el impulso que depara la prosecución de todo proceso penal en dicha fase. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso y destino de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de una decisión u omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese el estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando su labor correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracciones IX y XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido al acceso a la justicia; impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017640, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. (..) Aunado a lo anterior, y pese a lo esgrimido por el quejoso, se advierte que tuvo conocimiento de acto reclamado el diecisiete de marzo del año en curso, situación que pone en evidencia el consentimiento del acto que se reclama, pues la temporalidad que se tiene para interponer el medio de defensa establecido en el multicitado numeral 258 del Código penal adjetivo, establece un término de diez días, término que a la fecha se encuentra superado, lo que da por asentado que contrario a los argumentos expuesto en la demanda que se atiende, el acceso a la justicia siempre estuvo patente a merced del impetrante. Pues como se reitera, los actos u omisiones del Ministerio Publico en la investigación de delitos, deben impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal; esto en interdependencia con el derecho humano de certeza jurídica y tutela judicial efectiva. Bajo esa óptica, se sostiene que, contra los actos aquí reclamados, procede un medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el cual lo constituye el medio de defensa previsto en el multicitado artículo 258, lo que impone a la parte promovente agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, por virtud del cual pudo obtener la revocación o nulificación del acto reclamado, y al no haberlo hecho así, evidentemente inobservó el principio de definitividad, rector del juicio de amparo, quedando actualizada en plenitud la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. En tales condiciones, debe agotar el recurso o la controversia señalada al contar con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Es así, porque de acuerdo a dicho principio, el cual rige la procedencia del juicio de amparo, previo a la interposición de éste, deben ejercitarse los recursos ordinarios que prevenga la ley, que tengan por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, tal y como se estipuló en líneas precedentes, entonces debe concluirse que el presente juicio es improcedente. Consecuentemente, en términos de los artículos 113 y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, contra actos de la licenciada ***, Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, determinación que se toma en cumplimiento al derecho fundamental de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, puesto que su cédula profesional se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos del citado precepto a ****, toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentran inscritas en dicho sistema, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: **** EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten.
- Principal
CITATORIO).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, INCISO B), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA ***, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la licenciada ***, Fiscal del Ministerio Público Investigador, de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 481/2023***. DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que el acto reclamado es: La negativa de judicializar la carpeta de investigación número ***, contenida en el auto o proveído de fecha 24 de febrero de 2023, dictado por la licenciada ***, Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, el cual le fue notificado el día viernes 17 de marzo de 2023. Dichos actos son notoriamente improcedentes como se advertirá en líneas siguientes. Atento a lo anterior, con el objeto de proveer lo conducente, es preciso señalar que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia, deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Atento a lo dispuesto en los numerales 62 y 113 de la ley de la materia, se procede al estudio de las causas de improcedencia, con el objeto de dilucidar si existe alguna que sea manifiesta e indudable, ya que de ser así, se procederá al desechamiento de plano de la demanda de amparo. En efecto, conviene retomar que en el escrito de cuenta se advierte que el acto reclamado por el promovente es el siguiente: La negativa de judicializar la carpeta de investigación número ***, contenida en el auto o proveído de fecha 24 de febrero de 2023, dictado por la licenciada ***, Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, el cual le fue notificado el día viernes 17 de marzo de 2023. Análisis que se formula atendiendo a la naturaleza propia de los actos reclamados y no a los calificativos que en su enunciación formula la parte promovente. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159, Tomo 18 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro número 239,099, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD." En relación con los actos reclamados se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: (..) Dicho precepto, en esencia dispone que el juicio de amparo es improcedente, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el caso se estima actualizada la invocada causal de improcedencia, en atención a que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad, rector del juicio de amparo, ya que contra la negativa de judicializar la carpeta de investigación número ***, procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que tiene una tramitación específica, como lo es un término para su interposición, ante una autoridad distinta y de mayor jerarquía a la que emitió el acto (Juez de Control), en el que se celebrará una audiencia en la que se citará a las partes y, por tanto, se advierte que el Juez de Control, es legalmente competente para conocer y resolver el recurso en comento. De la lectura del artículo en cita, se desprende que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Ahora bien, del precepto antes citado, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar los actos y omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todos aquellos actos u omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de todas las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, dilatar, obstaculizar, opacar, suspender o terminar un proceso penal. En este sentido, bien puede entenderse que los actos u omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la obstaculización de su función sustantiva, como protagonista en la etapa prejudicial de investigación, ya que esta radica esencialmente en el impulso que depara la prosecución de todo proceso penal en dicha fase. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso y destino de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de una decisión u omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese el estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando su labor correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracciones IX y XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido al acceso a la justicia; impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017640, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. (..) Aunado a lo anterior, y pese a lo esgrimido por el quejoso, se advierte que tuvo conocimiento de acto reclamado el diecisiete de marzo del año en curso, situación que pone en evidencia el consentimiento del acto que se reclama, pues la temporalidad que se tiene para interponer el medio de defensa establecido en el multicitado numeral 258 del Código penal adjetivo, establece un término de diez días, término que a la fecha se encuentra superado, lo que da por asentado que contrario a los argumentos expuesto en la demanda que se atiende, el acceso a la justicia siempre estuvo patente a merced del impetrante. Pues como se reitera, los actos u omisiones del Ministerio Publico en la investigación de delitos, deben impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal; esto en interdependencia con el derecho humano de certeza jurídica y tutela judicial efectiva. Bajo esa óptica, se sostiene que, contra los actos aquí reclamados, procede un medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el cual lo constituye el medio de defensa previsto en el multicitado artículo 258, lo que impone a la parte promovente agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, por virtud del cual pudo obtener la revocación o nulificación del acto reclamado, y al no haberlo hecho así, evidentemente inobservó el principio de definitividad, rector del juicio de amparo, quedando actualizada en plenitud la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. En tales condiciones, debe agotar el recurso o la controversia señalada al contar con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Es así, porque de acuerdo a dicho principio, el cual rige la procedencia del juicio de amparo, previo a la interposición de éste, deben ejercitarse los recursos ordinarios que prevenga la ley, que tengan por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, tal y como se estipuló en líneas precedentes, entonces debe concluirse que el presente juicio es improcedente. Consecuentemente, en términos de los artículos 113 y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, contra actos de la licenciada ***, Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, determinación que se toma en cumplimiento al derecho fundamental de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, puesto que su cédula profesional se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos del citado precepto a ****, toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentran inscritas en dicho sistema, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: **** EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten.
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- Uriel Aguirre Cuevas844/2023
- Uriel Villegas Torres192/2021
- Urra Hernandez Yamisleny610/2021
- Valentín Nolazco Herrera783/2022