Ubaldino Cruz Arellano

Expediente 219/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
219/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
22/09/2021

Partes del expediente

  • Ubaldino Cruz Arellano
  • Fiscal del ministerio público dependiente de la Unidad de Investigación Integral y Justicia restauradora de la Fiscalia de Inmigrantes en Tapachula, Chiapas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto lo asentado en la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días hábiles, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión la resolución dictada en el presente asunto, sin que hicieran manifestación alguna, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha sentencia en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Ubaldino Cruz Arellano o Ubaldino Gamboa Orellana o Uvaldino Moreno Arellano ó Uvaldino Cruz Arellano, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, con???? fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como concluido y se ordena su archivo

  2. Principal

    SENTENCIA.- Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *********, por el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones vertidas en el considerando sexto de este fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente 5 Diario Oficial de la Federación, de diez de septiembre de dos mil siete. (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta resolución.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de tres días, concedido a la parte quejosa, en proveído de trece de julio del año en curso, para que manifestara si Ubaldino Cruz Arellano, es la misma persona que Ubaldino Gamboa Orellana o Uvaldino Moreno Arellano ó Uvaldino Cruz Arellano, por lo que al no haberse recibido por alguno de los medios autorizados, promoción alguna con la que el quejoso aclarara su nombre, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, en consecuencia se tiene como nombre del quejoso Ubaldino Cruz Arellano, persona distinta a la que se le dictó el auto de vinculación a proceso en la causa penal 70/2021, del índice del Juzgado de Control, Región 02 Tapachula, en esta ciudad, para los efectos legales

  4. Principal

    Agréguese a los autos los escritos firmados por José Luis Pérez Jiménez, defensor particular de la parte quejosa por los cuales hace diversas manifestaciones, ofrece como prueba superveniente la documental e instrumental de actuaciones consistente en la diligencia de quince de julio de dos mil veintiuno, para lo cual peticiona que se requiera a la titular de la Fiscalía de Inmigrantes, en esta ciudad; asimismo, solicita copia certificada de todos y cada uno de los informes justificados que obran en el presente juicio. En primer lugar, respecto de la prueba superveniente que refiere es la documental e instrumental de actuaciones consistente en la diligencia de quince de julio de dos mil veintiuno, para lo cual solicita que se requiera a la titular de la Fiscalía de Inmigrantes, en esta ciudad, a efecto de que exhiba el nombramiento del doctor Marco Antonio Morales Sánchez, dígase al promovente que no ha lugar acordar de conformidad su petición, por las consideraciones siguientes: Lizzeth Guadalupe Ibarias Chang 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.34 09/02/23 12:34:54 2 Mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, se agregó copia del audio y video de la audiencia de la audiencia de vinculación a proceso, celebrada en la causa penal 70/2021, que contiene la determinación que constituye el acto reclamado en este juicio. Ahora bien, el artículo 75, párrafos primero y segundo, de la Ley de la materia, dispone que: "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. [...]." Del precepto legal transcrito, se advierte que en el primer párrafo se establece el principio de limitación probatoria, que dispone que el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante ella; es decir, el acto reclamado se analizará de acuerdo con las constancias, motivos y fundamentos, que le fueron presentados al juez responsable en la audiencia correspondiente. De esta forma, la citada legislación limita a que el acto cuestionado se estudie tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, pues al ser el juicio de amparo un medio de defensa extraordinario, y no otra etapa de impugnación más, su análisis se Lizzeth Guadalupe Ibarias Chang 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.34 09/02/23 12:34:54 3 ??????A???????? restringe al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Por tanto, no pueden examinarse en el juicio de derechos fundamentales, diversas pruebas que no hayan sido analizadas en el acto reclamado, ni las rendidas con posterioridad, pues de hacerlo se introducirían elementos novedosos que la responsable no tuvo oportunidad de tomar en consideración. No obstante, el segundo párrafo del artículo en mención establece una excepción a dicho principio tratándose de amparo indirecto, y es la relativa a que el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. En un primer supuesto, dicha excepción se actualiza cuando el quejoso no hubiere tenido oportunidad de acudir como inculpado y ofrecer datos de prueba durante la integración de la carpeta de investigación o habiéndolo hecho, no se hubieren desahogado por causas ajenas a él. Un segundo supuesto, es cuando se trata de pruebas supervenientes, pues al consistir en probanzas que ni siquiera se habían producido al momento en que fue emitido el acto reclamado (auto de vinculación a proceso), es claro que existió imposibilidad material y jurídica para presentarlas ante la autoridad responsable al producirse el mismo.1 1 "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA. El primer párrafo del precepto indicado contiene una regla que brinda equilibrio y seguridad a los sujetos involucrados en el acto de autoridad, al exigir que, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto se aprecie tal y como aparezca probado ante la responsable, por lo que no se admitirán ni se tomarán en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Por otra parte, su segundo párrafo prevé una excepción a esa regla general, pues permite que en el amparo indirecto el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, supuesto normativo que debe interpretarse en el sentido de que esa posibilidad procesal opera, como la frase lo anuncia, "cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable", lo que podría ocurrir, por ejemplo, cuando se trate de una persona ajena al procedimiento de Lizzeth Guadalupe Ibarias Chang 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.34 09/02/23 12:34:54 4 Sin embargo, debe destacarse que en la parte final del segundo párrafo del precepto legal transcrito, se establece como condición para la admisión de las pruebas de referencia, que en tratándose de la materia penal, el juez de Distrito deberá cerciorarse de que el ofrecimiento probatorio en el juicio de amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Esto es, los de publicidad, concentración, contradicción, continuidad e inmediación, ello de conformidad con el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 4° del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, en lo que aquí interesa, el principio de contradicción garantiza la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2, en la medida en que se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria para apoyarlas o rebatirlas y observar desde el inicio la manera como formulan sus planteamientos en presencia del juzgador. La oralidad y la inmediación se constituyen como instrumentos de relevancia primordial, ya que el juzgador debe escuchar en forma directa, sin delegación y sin solución de continuidad, todos los argumentos que en ese momento se le expongan para sostener la creación del acto reclamado, o cuando la ley que lo rija no establezca la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas. En consecuencia, lo dispuesto en el segundo párrafo referido no sería aplicable si el gobernado fue parte en el procedimiento de formación del acto de autoridad, como podría ser un acto derivado de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que se entiende que las partes involucradas tienen la posibilidad procesal de probar a su favor.". Tesis 2a. XLIII/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2013966. 2 Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: [...] X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. Lizzeth Guadalupe Ibarias Chang 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.34 09/02/23 12:34:54 5 ??????A???????? imputación o la defensa, así como recibir los datos ofrecidos y cuyo desahogo sea aceptada. Así, la oralidad no se limita únicamente a la argumentación y contra-argumentación que se realiza en torno a los datos en que las partes se sustenten, pues de igual forma se celebran en audiencia pública diversas diligencias y actuaciones procesales, en las que tienen la misma oportunidad de intervención. De ahí que el principio de contradicción, tenga por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen, como lo dispone la fracción X del apartado A del artículo 20 constitucional. Por lo tanto, de admitirse dicha prueba, se incumplirían los principios que rigen el proceso penal acusatorio. Fundamenta lo anterior por las razones que la conforman, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 64/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 2, Libro I, correspondiente a octubre de dos mil once, página 993, registro 160812; de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que Lizzeth Guadalupe Ibarias Chang 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.34 09/02/23 12:34:54 6 exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda." En consecuencia, dígase al promovente que no ha lugar a requerir a la Fiscal del Ministerio Público las constancias que refiere, ya que el acto reclamado se dictó en un procedimiento penal de corte acusatorio como se expuso en párrafos que preceden. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que vierte en forma de alegatos mismas que se desahogan en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en el acto de la audiencia constitucional. Finalmente, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, expídasele Lizzeth Guadalupe Ibarias Chang 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.34 09/02/23 12:34:54 7 ??????A???????? la copia certificada del informe rendido por la autoridad responsable Juez de Control Región 02 Cero Dos, Tapachula, en esta ciudad, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos. Se hace de su conocimiento que, las constancias consultadas en el expediente electrónico que cuenten con la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, como lo dispone el artículo 36 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron jornadas presenciales de todos los órganos jurisdiccionales del citado Consejo, siendo esta de seis horas, como medida para evitar la concentración del personal con motivo de la pandemia, dividiéndose los órganos de cada edificio en grupos, repartidos en dos turnos, cada uno de los cuales, tendrá diferente horario de entrada y salida. En el caso, para este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, se fijó el turno vespertino como jornada presencial, teniéndose como horario de entrada las 13:15 horas y como horario de salida las 19:15 horas, ello de lunes a viernes; además, es importante enfatizar que dicho horario resulta aplicable al órgano jurisdiccional en su totalidad, en lo que interesa, entrega de copias a las partes.

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