Ulises Gómez Beristain

Expediente 1373/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1373/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Ulises Gómez Beristain

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la boleta de cuenta, de la cual se desprende que el recurso de queja interpuesto en el presente juicio fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, para la sustanciación del medio de impugnación antes referido contra el acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, en el que se otorgó suspensión de plano; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    ".Cuernavaca, Morelos, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de diez días que establece el numeral 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, en contra del acuerdo por el que se sobreseyó fuera de audiencia, ha transcurrido como se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, queda firme el acuerdo de referencia. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuente con el acuse de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades señaladas como responsables, mediante los cuales se les comunica el acuerdo de veintitrés de febrero del año en curso, dictado en el presente asunto; no es obstáculo para que el citado auto cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente como concluido. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, toda vez que en este expediente se concedió a la parte quejosa la suspensión de plano de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se considera que el presente asunto es susceptible de ser depurado. Devolución de documentos: Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. En otro orden de ideas, se advierte que la autoridad señalada como responsable el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, interpuso recurso de queja en contra del auto de admisión de siete de octubre de dos mil veintiuno, y que fue acordado en proveído de ocho de noviembre del mismo año. Luego entonces, atendiendo a la prontitud con la que debe substanciarse el medio de impugnación antes referido, el cual lleva implícito el carácter de urgente por tratarse de una determinación con relación al auto de admisión con suspensión de plano y para efectos de evitar su paralización, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en turno del Decimoctavo Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad, original y copia del escrito en el que se interpone el medio de impugnación aludido, copia certificada de la resolución recurrida, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y demás pertinentes para su estudio. Lo anterior, sin que sea obstáculo la falta de notificación relacionada con el auto de admisión antes referido y el citado recurso a las autoridades señaladas como responsables dentro del presente juicio, pues dicha circunstancia no es impedimento alguno para remitir el citado medio de impugnación a la Superioridad. Sirve de apoyo, lo resuelto en la Contradicción de Criterios 86/2022, que originó la Jurisprudencia 126/2022, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO DE REMITIR EL RECURSO CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LO TUVO POR INTERPUESTO, NO PUEDE SER UN IMPEDIMENTO PARA SEGUIR SU TRÁMITE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 26/2017 (10a.)]. HECHOS: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes sobre la aplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.), con relación a la procedencia del recurso de queja de carácter urgente. Así, uno de ellos consideró que la sustanciación del recurso se encuentra supeditada a que el Juez de Distrito remita al Tribunal Colegiado de Circuito las constancias de notificación a las partes del auto en el cual se tuvo por interpuesto el recurso, estimando la aplicabilidad del criterio jurisprudencial de manera implícita. En contraposición, el otro Tribunal Colegiado no aplicó la jurisprudencia porque consideró que era violatoria del derecho a la justicia pronta, centrando su argumentación en torno a la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien es cierto que para la sustanciación del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, interpuesto en contra de la concesión o negativa de la suspensión de plano o provisional, existe la obligación establecida en el artículo 101, párrafo quinto, de la propia ley, en el sentido de que el Juez de Distrito debe remitir las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, también lo es que, en atención a los artículos 17, párrafo tercero, de la Constitución General y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede paralizarse el proceso so pretexto de que no se cuenta con las constancias de notificación, porque a la vez, existe un deber de dictar la resolución en un plazo de 48 horas. JUSTIFICACIÓN: Aun cuando esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.) había determinado que el trámite del recurso de queja de carácter urgente estaba supeditado a que el Juez de Distrito remitiera las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cierto es que el criterio fue emitido antes de la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General, por lo que, de una reinterpretación del proceso, se considera que esta Sala interrumpe dicha jurisprudencia y, por tanto, es necesario hacer una reinterpretación del criterio contenido en ella para evitar una metodología que privilegie la forma sobre el fondo. Entonces, atendiendo a la inmediatez con la cual debe sustanciarse el recurso de queja de carácter urgente por ser interpuesto en contra de una determinación con relación a la suspensión de plano o provisional (medida cautelar que busca la protección de derechos humanos), la obstaculización de su trámite por un formalismo sería contrario al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, porque se privilegiaría un requisito que podría dejar sin efectividad al juicio de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe."

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento al proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, informa que a la fecha el quejoso menor de iniciales U. G. B., fue inoculado contra el virus SARS-COV-2, con las dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech, de ahí que, se completó el esquema de vacunación. Por otra parte, téngase por recibido el escrito de cuenta, firmado por Gaspar Gómez Ramírez, en representación de su menor hijo de iniciales U. G. B., mediante el cual en cumplimiento al proveído señalado en el párrafo que antecede, bajo protesta de decir verdad, informa que el menor recibió la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna, tal y como lo acredita con las constancias que adjunta. En tales condiciones, este juzgado les tiene por hecha la comunicación y por tanto se procede a proveer lo siguiente: Del estudio integral que se efectúa a la demanda, el análisis de las constancias de autos y las manifestaciones antes hechas por los promoventes, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la omisión de implementar un programa de vacunación contra el VIRUS SARS COV-2, COVID-19, destinado a menores de edad de doce a diecisiete años y, por ende, la omisión de ordenar que se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer. Ahora bien, en el caso este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "................. "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y..." Para aclarar el contenido de esta porción normativa, es pertinente citar la jurisprudencia 2ª/J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, publicada en el tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". De la interpretación de la fracción antes citada, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales de un determinado acto de autoridad, que es generado sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, medio de control constitucional que el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia a la circunstancia de que el fallo protector, que en su caso, llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe considerarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo formalmente el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; lo cual, se actualiza cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió; por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se considere violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, inclusive cuando éste subsiste, pero se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. De tal suerte que, si el acto reclamado en el presente sumario, concretamente, es la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México, en la parte que omite regular la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, a los menores de edad adolescentes, cuya edad oscila entre los doce y diecisiete años, quien aquí resuelve, advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de la modificación del entorno de vacunación del menor de edad. Es así, pues de autos se desprende lo siguiente: ? Mediante oficio recibido el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Morelos, informó que el veintiuno de octubre de ese año, fue inoculado el menor quejoso de iniciales U. G. B., con la vacuna contra el virus SARS-COV2: primera dosis. ? Mediante escrito recibido el veintidós de febrero de dos mil veintidós, el padre de la parte quejosa exhibió los comprobantes de vacunación, en los que se advierte que fue inoculado el menor quejoso de iniciales U. G. B., con la vacuna contra el virus SARS-COV2: segunda dosis. Lo anterior demuestra que se ha cumplido con el esquema de vacunación. Por tales motivos, se considera se actualiza la causa de improcedencia anunciada. En tales condiciones, si bien el plan nacional de vacunación subsiste en sus términos, la materia de reclamo en la esfera jurídica de la parte quejosa dejó de existir, porque en el caso, la omisión contenida en la política pública ya no afecta la esfera de derechos de ésta. Lo anterior, debido a que los efectos del acto reclamado no se concretaran en el caso particular, dada la modificación del entorno en el cual se encuentra actualmente la menor de edad; esto es, dejó de existir el objeto o la materia de reclamo por el actual esquema de vacunación del infante. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia respecto del acto reclamado precisado, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este sumario constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con ocho minutos del diez de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que, a la fecha no obra constancia legal alguna de la que se desprenda que el quejoso menor de iniciales U. G. B., haya sido inoculado por cuanto a la segunda dosis, contra el virus SARS-COV-2, con el biológico Pfizer-BioNTech. En tales condiciones, se requiere al Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, para efectos de que informe si a la fecha fue aplicada la segunda dosis al menor señalado en el párrafo que antecede, de lo contrario indique la data en que deberá presentarse para efectos de que le sea aplicada la citada dosis. Por otra parte, se requiere a Gaspar Gómez Ramírez y Adriana Beristaín Jaime, en representación de su menor hijo de iniciales U. G. B., para que a la brevedad informen a este juzgado federal si a la fecha ya fue inoculado de la segunda dosis el quejoso menor de iniciales antes referidas, contra el virus SARS-COV-2, con el biológico Pfizer-BioNTech. Se les apercibe a los antes requeridos que de hacer caso omiso al presente auto, este órgano de control constitucional proveerá lo conducente, ello con el fin de resolver lo que conforme a derecho proceda el presente juicio. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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