Ulises Benítez Reynoso
Expediente 1551/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1551/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ulises Benítez Reynoso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Finalmente, no se hace ordena devolución de documento original alguno, toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime Cesar Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés Agréguese a los autos los escritos firmados por los quejosos, mediante el cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Se ordena distribuir entre las partes, las copias de los escritos de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, infórmese al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, en turno, sobre la interposición del presente medio de impugnación y póngase a su disposición el expediente electrónico de este juicio, en el cual se encuentran agregados los escritos de expresión de agravios presentado, para lo que tenga a bien determinar. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Por otra parte, notifíquese personalmente la presente determinación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente a los terceros interesados. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime Cesar Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los autos, se advierte que, por acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, se dio trámite al recurso de revisión interpuesto por la parte tercero interesada, en contra de la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo. En consecuencia, sin mayor demora, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, el oficio que contenga inserto este acuerdo y el escrito de agravios respectivo. Asimismo, desde este momento, se pone a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito que por razón de turno conozca de este medio de impugnación, el expediente electrónico del presente juicio de amparo, en el cual se encuentra agregado el escrito original de expresión de agravios. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 406/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. ********************, por propio derecho, reclama del Poder Judicial del Estado de Morelos, y del Director General de Administración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, la negativa y/o omisión en el cumplimiento del decreto número 287 publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad". Del Congreso del Estado de Morelos: La omisión de proporcionar los recursos económicos necesarios y suficientes para el pago de pensión por jubilación. De la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado: La falta de respuesta al escrito presentado, el nueve de marzo de dos mil veintitrés. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veinticinco de mayo del dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. La autoridad responsable Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, al rendir su respectivo informe previo negó la existencia de los actos que se le reclaman, consistente en la falta de respuesta al escrito presentado, el nueve de marzo de dos mil veintitrés. Máxime que la parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". SEGUNDO. Las autoridades responsables Poder Judicial del Estado de Morelos, el Director General de Administración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, al rendir su respectivo informe previo aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. Por su parte, la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, fue omisa al rendir su informe previo, no obstante de encontrarse legalmente notificada del auto por el cual se le requirió para tal efecto; sin embargo y tomando en consideración que rindió su informe justificado en el cuaderno principal negando el acto que se le reclama; ahora bien y no obstante su negativa, se tiene por cierto el acto que se le atribuye, toda vez que así se desprende de los demás informes de las autoridades responsables. Estudio sobre el otorgamiento de la suspensión: En principio, se precisa que la suspensión es una medida cautelar o conservativa de una situación ya existente, que tiene como finalidad evitar que ésta se altere, ya sea con la ejecución de los actos reclamados, o bien, por sus efectos y consecuencias, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado, porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. Igualmente debe decirse, que el preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día lejano en muchas ocasiones declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente, esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos. Ahora, de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran estos requisitos: Que la solicite el quejoso; y Que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, tenemos que una de las exigencias legales que debe colmarse para el otorgamiento de la suspensión, es que éste no contravenga disposiciones de orden público o perjudique el interés social. El orden público y el interés social son nociones vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. Luego, el concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo, tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación, que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. Con base en los citados razonamientos tenemos que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada I.4o.A.11 K (10a), de rubro "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD." y en la tesis de jurisprudencia 8, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.". El artículo 129 de la Ley de Amparo otorga al juzgado la facultad para negar la suspensión del acto reclamado cuando con su concesión se ocasionen perjuicios al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. La Ley de Amparo también prevé en su artículo 138, fracción I, que promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, concederá o negará la suspensión; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; así, tenemos que el juez de Distrito indefectiblemente debe dilucidar si la suspensión del acto reclamado afecta o no el interés social. En el caso concreto, el suscritoa estima que otorgar la suspensión no afectaría el interés social ni contravendría disposiciones de orden público, pues sólo tendría por efecto preservar una situación jurídica existente, es decir, un derecho social obtenido por el promovente de amparo, derivado de la relación laboral que prevaleció entre este y las autoridades, que se traduce en la pensión por jubilación aprobada mediante decreto doscientos ochenta y siete, publicado el veintisiete de marzo del dos mil trece, en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 5080; de ahí que la suspensión no constituye derecho alguno pues éste fue obtenido mediante el multicitado decreto, ni reporta una desventaja o trastorno para la sociedad, sino que se atiende además a la subsistencia del pensionado -aquí quejoso. Así, atendiendo a la naturaleza de la suspensión como medida conservativa de una situación existente, con fundamento en los artículos 128, 138, fracción I y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para efecto que se comience a realizar el pago a la quejosa ********************, del incremento de pensión por jubilación al que tenga derecho en los términos fijados mediante decreto doscientos ochenta y siete, publicado el veintisiete de marzo del dos mil trece, en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 5080, esto es, integrándose el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido en el decreto antes referido; por el que se le tuvo como pensionada del Poder Judicial del Estado de Morelos. La situación jurídica que crea esta suspensión debe prevalecer hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables el auto por el cual declare firme la sentencia que se dicte en lo principal del cual deriva esta incidencia. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada I.12o.C.6 K (10a.), del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UN ACTO OMISIVO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES, ATENTO A LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN O PERJUICIO QUE AQUÉL OCASIONE." Comuníquese a las autoridades responsables que conforme al artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, en relación con el artículo 238 de la Ley de Amparo, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Garantía. Sin que en el caso se establezca garantía alguna, toda vez que con la concesión de la presente medida cautelar no se ocasionan daños y perjuicios al patrimonio de terceros interesados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por la autoridad y motivos expuestos en el considerando primero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
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