Ulises Alí Rosas Romero
Expediente 1440/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1440/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ulises Alí Rosas Romero
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Notifíquese vía electrónica al quejoso.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida por Ulises Alí Rosas... , por propio derecho; fórmese el expediente relativo con el número 1440/2023-VIII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTOS RECLAMADOS La resolución de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el toca 584/2023, por el titular de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que determinó revocar los autos de diecinueve y veintitrés de mayo de dos mil veintitrés; en el primero, ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía, caligrafía, dactiloscopía y documentoscopía, a cargo de la perito Idalia Luna..., ofrecida por Juana Sánchez...; y por otra parte, respecto del auto de veintitrés de mayo, ordenó al juez primigenio realizar la declaración de confeso a cargo de Transportistas Unidos del Valle de México, clave 10 sociedad anónima de capital variable, sobre las posiciones que resultaran calificadas de legales. El acuerdo de cinco de octubre de la presente anualidad, dictado en el toca 584/2023, en el que se ordenó la expedición de copias certificadas de todo lo actuado, solicitadas por el agente del Ministerio Público de su adscripción, a costa del hoy agraviado. Asimismo, de la agente del Ministerio Público adscrita a la Sala Unitaria Civil con residencia en Tlalnepantla, Estado de México le reclama: La solicitud de copias certificadas a costa del promovente de la vista. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la Jurisprudencia: I.13o.A. J/61, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En el presente asunto, respecto del acto consistente en la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el toca 584/2023 por el titular de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que determinó revocar los autos de diecinueve y veintitrés de mayo de dos mil veintitrés; en el primero, ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía, caligrafía, dactiloscopía y documentoscopía, a cargo de la perito Idalia Luna..., ofrecida por Juana Sánchez Rojas; y por otra parte, respecto del auto de veintitrés de mayo, ordenó al juez primigenio realizar la declaración de confeso a cargo de Transportistas Unidos del Valle de México, clave 10 sociedad anónima de capital variable; el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, concatenada con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Dichos numerales disponen que el amparo procede en la vía indirecta contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de ahí que para dilucidar en qué vía se puede reclamar una violación cometida en el curso del juicio de origen, habrá de distinguirse si tiene o no efectos de imposible reparación sobre las personas o las cosas. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Este criterio se plasmó en varias tesis, destacando entre ellas la jurisprudencia P./J. 24/921 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora, como se anticipó, la parte quejosa reclama que la Sala responsable determinó revocar los autos apelados de diecinueve y veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictados por el Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, emitiendo diversos en los que por una parte, ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía, caligrafía, dactiloscopía y documentoscopía, a cargo de la perito Idalia Luna Morlán, ofrecida por Juana Sánchez Rojas. Y respecto al proveído de veintitrés de mayo del año que transcurre, ordenó al juez de origen realizar la declaración solicitada de confeso a cargo de Transportistas Unidos del Valle de México, clave 10 sociedad anónima de capital variable, de las posiciones que resulten calificadas de legales. Por lo antes expuesto, se considera que en este caso no se ocasiona al gobernado una afectación de imposible reparación, ya que las transgresiones reclamadas no implican la privación de la vida, de la integridad personal, de la libertad o de la propiedad; por el contrario, tal cuestión, dada su naturaleza, trastoca únicamente derechos adjetivos o procesales, pues la actuación combatida en esencia se relaciona con el desahogo de una prueba pericial y tener por confesa a Transportistas Unidos del Valle de México, clave 10 sociedad anónima de capital variable, de las posiciones que resultaran calificadas de legales. De ahí que el acto reclamado no encuadra en las hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para ser examinado aisladamente en el juicio biinstancial. Aunado a lo anterior, las violaciones de que se duele la parte quejosa pueden quedar insubsistentes, ya que todavía existe la posibilidad de que obtenga una sentencia favorable en el juicio de origen, situación ante la cual las consecuencias de los alegados perjuicios se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en su esfera jurídica. Empero, en el supuesto de que no obtenga sentencia favorable, podrá hacer valer las transgresiones manifestadas como violación procesal en los agravios en el recurso correspondiente o en última instancia puede ser combatida mediante el amparo que en su caso y oportunidad promueva contra la sentencia respectiva, pues en esa hipótesis se reflejaría la trascendencia de la violación procesal. De igual forma resulta ilustrativa, la Jurisprudencia: 3a. 20/90, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 236, cuyo contenido es el siguiente: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." Ahora, por lo que respecta al acuerdo de cinco de octubre de la presente anualidad, dictado en el toca 584/2023, por el titular de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el que se ordenó la expedición de copias certificadas de todo lo actuado, solicitadas por el agente del Ministerio Público de su adscripción, a costa del hoy agraviado; este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo. La precitada causal establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar; de donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, se observa que en cuanto al acto reclamado consistente en el acuerdo de cinco de octubre de la presente anualidad, dictado en el toca 584/2023, por el titular de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el que se ordenó la expedición de copias certificadas de todo lo actuado, solicitadas por el agente del Ministerio Público de su adscripción, a costa del hoy agraviado; el hoy impetrante antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, debió agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, con el que se podía modificar, nulificar o revocar el acto reclamado. Dicho medio de impugnación se encuentra previsto en los numerales 1.362 y 5.74, del ordenamiento procesal que dicen: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." De los anteriores preceptos se advierte que respecto del acto reclamado en estudio, el ordenamiento civil aplicable prevé como medio defensa el recurso de revocación, mismo que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar la determinación impugnada en esta vía. Mismo que se funda como un medio ordinario de defensa procedente en contra de los autos que no son apelables. De ahí que, aún cuando el auto que reclama el quejoso fue dictado en el toca 584/2023, por el titular de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el quejoso cuenta con los medios legales a su alcance que posibilitan su adecuada y completa defensa a fin de revertir el auto dictado por la alzada, de manera que la interposición del medio de defensa es un requisito para satisfacer el principio de definitividad. Sustenta lo anterior la tesis número XII.2º.32 C (9a), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de rubro: "REVOCACION. PROCEDE CONTRA EL AUTO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA)." Así como la tesis de jurisprudencia IV.3o. J/15 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de rubro: "CADUCIDAD EN SEGUNDA INSTANCIA, AUTO QUE LA DECRETA ES REVOCABLE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON)". Y la diversa jurisprudencia PR.C.CN. J/2 C (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, del siguiente rubro: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 620 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. PROCEDE CONTRA EL AUTO DE LA ALZADA QUE DECLARA INADMISIBLE EL DE APELACIÓN, POR LO QUE DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO." De ahí que, la parte quejosa, estaba en aptitud de interponer el recurso de revocación antes mencionado, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, por lo que con mayor razón, al ser parte en el juicio de donde deriva el acto reclamado, se encontraba obligado a agotar el medio de defensa previsto en la ley ordinaria, antes de acudir al amparo contra el acto que hoy reclama. Finalmente, no se soslaya que la parte quejosa, señala como autoridad responsable a la persona agente del Ministerio Público adscrita a la Sala Unitaria Civil con residencia en Tlalnepantla, Estado de México, de quien reclama la solicitud de copias certificadas a costa del promovente de la vista. Sin embargo, toda vez que dicha solicitud fue acordada por la Sala Unitaria responsable, debe concluirse que la determinación que le causa perjuicio es el acuerdo de cinco de octubre de la presente anualidad, dictado en el toca 584/2023, en el que se ordenó la expedición de copias certificadas de todo lo actuado, solicitadas por el agente del Ministerio Público de su adscripción, a costa del hoy agraviado; acto que como se indicó en supralíneas, debe ser combatido a través del recurso de revocación ante la Sala Civil. En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia analizadas, lo procedente es desechar de plano la demanda, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del diverso 30, fracción II, de la normatividad citada, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones vía electrónica por conducto del usuario "grisroxi", por así solicitarlo. Ténganse como autorizada a la persona que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír notificaciones e imponerse de autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintitrés de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INFORMACIÓN PÚBLICA (Oposición de datos personales) Por otro lado, respecto a la solicitud del quejoso, se le tiene formulando su oposición expresa a la publicación de sus datos personales al momento de dictar sentencia, por lo que, en términos del artículo 6º, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 23, 68, fracciones I y II, 115 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, serán considerados como confidenciales, porque la información que se reserva resulta ajena a violaciones graves de derechos humanos, en tanto que sólo corresponde a datos personales En consecuencia, se instruye al analista jurídico realice las modificaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De igual forma, se ordena al actuario de la adscripción, omitir tales datos en la publicación de listas, documentos y actuaciones cualesquiera, que por su contenido y forma pudieran revelarlos. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica al quejoso.
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