TV Azteca, S.A.B. de C.V.

Expediente 273/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
273/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/06/2023

Partes del expediente

  • TV Azteca, S.A.B. de C.V.
  • Congreso Constitucional del Estado de Aguascalientes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y anexos consistentes en un legajo de copias certificadas y testimonio de la resolución de quince de junio de dos mil veintitrés, dictada en la queja ********************. Acúsese recibo a la superioridad. La resolución emitida por el órgano en mención, en su punto resolutivo señala lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual, acusa de recibo del recurso de queja interpuesto por ***, apoderado legal de la moral quejosa ***, contra el auto de treinta y uno de marzo del año en curso; e informa que se admitió con el número de queja 160/2023. Atento a lo anterior, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes y está en espera a que el tribunal revisor emita la resolución respectiva. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por José Manuel Meillón del Pando, apoderado legal de la moral quejosa TV Azteca, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, mediante el cual interpone recurso de queja, contra el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva, la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad tal oficio y boleta de turno así como la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo de manera digitalizada. En el entendido que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario a fin de que esté en posibilidades de substanciar el recurso en cuestión. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el número de red #350 1241. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de la parte quejosa por el cual desahoga la prevención formulada en autos; por tanto se provee: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito debe examinar la demanda, y de existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por ello, en acatamiento a dicho precepto, al analizarse los escritos de demanda y aclaratorio, se concluye que debe desecharse, porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, como a continuación se demostrará. En el presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama como acto de aplicación de las normas generales que combate en la presente instancia, la ejecución y recaudación del cobro por concepto de Derecho de Alumbrado Público, correspondiente al mes de enero de dos mil veintitrés, así como la retención de dicho cobro. No obstante -según se adelantó-, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues el juicio de amparo no se promovió dentro del plazo contemplado para tal efecto por el artículo 17 de la ley de la materia. El precitado numeral 61, en la fracción que interesa, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.).". Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Precisadas las hipótesis a partir de las cuales inicia el cómputo de los plazos para promover la demanda de amparo, surge la siguiente interrogante, derivada de la demanda constitucional que se analiza: ¿A partir de qué momento debe contabilizarse el plazo para presentar una demanda de amparo contra leyes estatales que prevén el derecho por el servicio de alumbrado público; es decir: cuando se realiza una primera erogación parcial, o bien, hasta que se realiza el pago final y se tiene plena certeza del porcentaje y montos relativos a ese derecho? Con el objeto de dar respuesta al anterior cuestionamiento, resulta de suma relevancia indicar que en un asunto de naturaleza análoga, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver diversos amparos en revisión, estableció algunas prerrogativas esenciales que sirven de parámetro para delimitar a partir de qué momento inicia el cómputo del plazo para promover una demanda de amparo contra leyes tributarias; consistentes en: El plazo de quince días para presentar la demanda, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar la erogación relacionada con el pago del "tributo" de que se trate; Lo anterior se sustenta en el hecho de que aquella erogación se realizó con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta; y, El quejoso se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente Las anteriores consideraciones se encuentran inmersas en la jurisprudencia 2a./J. 83/2019 (10a.), sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décimo Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, página 1964, con número de registro 2020056, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA. Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.", pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente.". Establecido aquel marco referencial, ahora corresponde establecer que respecto del cobro por concepto de Derecho de Alumbrado Público, de cuyo acto de aplicación se hace derivar la inconstitucionalidad de las normas reclamadas, la quejosa manifestó que tuvo conocimiento del mismo desde el mes de enero de dos mil veintitrés, pues así lo manifestó expresamente bajo protesta de decir verdad en su escrito aclaratorio, tal como se advierte de lo que se transcribe a continuación: / Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.". Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe.". Ahora, a efecto de establecer el plazo de la oportunidad que tuvo la parte quejosa para combatir la ejecución y recaudación del cobro por concepto de Derecho de Alumbrado Público, correspondiente al mes de enero, así como la retención de dicho cobro, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos al tercero que actúa en auxilio de la administración -CFE-, para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de quince días, contenido en el artículo 17 de la ley de la materia, para presentar la demanda, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación. Lo anterior permite responder la interrogante formulada en el sentido de que el término de quince días para promover la demanda de amparo contra leyes estatales que prevén el derecho por el servicio de alumbrado público, inicia a partir de que se realiza una erogación parcial, aun cuando el quejoso no tenga pleno conocimiento del porcentaje y montos relativos a ese derecho, ni se hayan citado las normas generales que rigen el tributo respectivo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, lo referido por el promovente bajo protesta de decir verdad, respecto que la factura de anticipo expedida a inicios de mes por la Comisión Federal de Electricidad, que motivó el cobro realizado en enero, no contenía específicamente que el destino a cubrir de lo pagado fuese el concepto de Derecho de Alumbrado Público. En efecto, la circunstancia de que en la factura de anticipo expedida a principio de mes, no se hayan citado las normas generales que rigen cobro por el concepto de Derecho de Alumbrado Público, en principio, no modifica el conocimiento cierto que la quejosa tiene de la afectación patrimonial que se le causa - con motivo del cobro realizado en enero- y, por otra parte, porque la participación de la Comisión Federal de Electricidad, quien recibe el pago del concepto por Derecho de Alumbrado Público, no se da en una relación de supra a subordinación, pues de conformidad con lo establecido en los criterios jurisprudenciales 2a./J.112/2006 y 2a./J. 71/2018 (10a.), actúa en un plano de coordinación como particular en auxilio de la administración pública municipal, pues no tiene facultades coercitivas para exigir al contribuyente el pago de los derechos por el servició de alumbrado público, sino que se establece cierto procedimiento administrativo de ejecución por parte de las autoridades municipales, por lo que el particular está en posibilidad de efectuar el pago definitivo hasta que tenga plena certeza del porcentaje y montos relativos a ese derecho y, en su caso, se citen las normas generales que rigen el tributo respectivo; sin embargo, al realizar un pago anticipado asume los efectos jurídicos que derivan de ese pago, aun cuando no tenga plena certeza de los rubros y montos que lo integran. Por tanto, el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de los preceptos legales reclamados en la presente instancia, inició al siguiente día en que tuvo lugar la entrega de los recursos que tenía a su disposición la moral contribuyente, aquí quejosa; es decir, cuando realizó el pago de la citada factura, aun cuando sólo yaya realizado un pago parcial, puesto que esa afectación patrimonial es lo que lo faculta a acudir al juicio de amparo indirecto. Al respecto se invoca en cuanto a su contenido, la jurisprudencia PC.XXI. J/4 A (10a.), Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, página 1843, con número de registro 2010432, de rubro y texto: "DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO. DEFINICIÓN DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY NÚMERO 132 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2013. Para determinar cuál es el primer acto de aplicación de la ley indicada, tratándose del derecho de alumbrado público, debe analizarse el documento que contenga el cobro o pago que incluya ese derecho, aunque sea por algún periodo menor a un mes, como sucede cuando se incluyen sólo unos días de enero de 2013 y no el mes completo, supuesto en el que es evidente que el primer acto de aplicación de la referida ley lo constituye el momento en que nace la obligación tributaria, que es precisamente cuando se realiza el pago de esa obligación, pues primero surgen los actos de causación del derecho y después se paga. Además, al margen de la actualización de ese supuesto, deberá precisarse que éste se surte cuando se citen expresamente los artículos 86 y relativos relacionados con dicho cobro de la ley referida. Ello, porque es de singular importancia para el interés de los quejosos, la fijación correcta del momento procesal en que pueden impugnar la ley que estiman es inconstitucional; momento que debe coincidir con su conocimiento pleno o cabal, que debe estar plasmado expresamente en el acto autoritario de molestia, sobre qué artículos de la propia ley se les aplican.". En inteligencia de lo anterior, a partir del mes de enero, la parte quejosa se encontró en condiciones de combatir la ejecución y recaudación del cobro por concepto de Derecho de Alumbrado Público, correspondiente al mes de enero, así como la retención de dicho cobro, pues si bien no especifica el día de enero en que realizó el pago de la factura de anticipo expedida por la Comisión Federal de Electricidad; lo cierto es que aunque se hubiera efectuado tal cobro el último día de enero de la presente anualidad (treinta y uno de enero anterior), el ocurso de demanda, promovido vía electrónica, el seis de marzo del año en curso; se presentó fuera del plazo de quince días que para ello prevé la Ley de Amparo, razón por la cual, lo combatido constituye un acto consentido tácitamente. En ese contexto, el plazo de quince días con el que contaba para presentar la demanda, empezó a contar al día siguiente hábil de que efectúo el pago realizado en enero de la presente anualidad, y aunque este se hubiera efectuado, el último día del citado mes y año (treinta y uno de enero pasado), dicho termino inició el uno de febrero de dos mil veintitrés y feneció el veintidós del mismo mes y año, sin contar los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia, que excluye los sábados y domingos, así como el seis de febrero anterior, como se ejemplifica en el siguiente cuadro. ENERO 2023 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ÚLTIMO DÍA DE ENERO, MES EN EL QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTÓ REALIZAR EL MULTICITADO PAGO (DÍA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO) FEBRERO 2023 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 01 DÍA UNO 02 DÍA DOS 03 DÍA TRES 04 05 06 07 DÍA CUATRO 08 DÍA CINCO 09 DÍA SEIS 10 DÍA SIETE 11 12 13 DÍA OCHO 14 DÍA NUEVE 15 DÍA DIEZ 16 DÍA ONCE 17 DÍA DOCE 18 19 20 DÍA TRECE 21 DÍA CATORCE 22 DÍA QUINCE ÚLTIMO DÍA 23 24 25 26 27 28 MARZO 2023 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 01 02 03 04 05 06 DÍA EN QUE PRESENTÓ LA DEMANDA 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Por ende, si el juicio de amparo es improcedente respecto del primer acto concreto de aplicación (ejecución y recaudación del cobro por concepto de Derecho de Alumbrado Público, correspondiente al mes de enero, así como la retención de dicho cobro), los preceptos legales señalados como actos destacados, siguen la misma regla de improcedencia, dada la íntima vinculación que guardan entre sí, pues uno es consecuencia de los otros. En efecto, la improcedencia del juicio de amparo en cuanto al primer acto concreto de aplicación que se reclama, se hace extensiva a los preceptos legales que señala de inconstitucionales el promovente, teniendo en consideración que tratándose de un juicio de amparo contra leyes con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne al primer acto de su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio a la parte quejosa, y no por sí sola la ley, ya que la esencial vinculación entre el ordenamiento legal y el acto concreto de su aplicación, impide examinar uno prescindiendo del otro, circunstancia que no acontecería en el caso de que la sola existencia de la norma causara perjuicio al impetrante de amparo, como sucede en el amparo contra una ley autoaplicativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Volumen 145-150, Tercera Parte, página 169, con número de registro 818791, de rubro y texto siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación.". De igual forma, se precisa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Primera Parte, página 27, con número de registro 232028, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya.". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Agosto de 2000, Primera Parte, página 235, con número de registro 191311, de rubro y texto siguiente:, que a la letra señalan: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". Consecuentemente, al quedar acreditada la notoria actualización de la causa de improcedencia a que hizo referencia esta determinación, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ********************en su carácter de apoderado legal de la moral quejosa ********************. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

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