Uclide García Torres y Otros.

Expediente 285/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
285/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
03/06/2019

Partes del expediente

  • Uclide García Torres y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio B-269/2019 signado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, por medio del cual remite copia certificada de la resolución dictada en la queja 91/2019 de su índice, de la que se advierte la Superioridad declaró infundado el recurso interpuesto en contra del proveído de ocho de abril de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda que dio origen a este sumario (fojas 5-10). Acúsese recibo. Archívese como asunto concluido. DOCUMENTOS. Dígase a la parte quejosa que conforme al artículo undécimo, párrafo tercero del citado Acuerdo, se deja a su disposición el documento exhibido en el sumario (fojas 16-18), por el término de noventa días. Apercibida que de no reclamarlo en ese plazo, éste seguirá agregado y tendrá igual suerte que este expediente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio con que la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, informa que mediante auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, tuvo por recibido el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de desechamiento. Radicada con el expediente 91/2019 de su índice.

  3. Principal

    1. Respecto del escrito signado por José de **********, identificado con folio 4373, se tiene por exhibida la copia certificada -por el fedatario público auxiliar Cinco de Tehuacán, Puebla- del primer testimonio del instrumento veintiséis mil ciento cuatro pasado ante la fe del titular de dicha notaría. 2. Por cuanto al diverso con folio 4388, glósese con copia del anexo a través de los que interpone recurso de queja en contra del auto de ocho de abril del año en curso -que desechó la demanda que dio origen al presente asunto- y formula agravios. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe y dígase a la Superioridad que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En virtud de lo anterior, remítase copia del escrito de cuenta y el original de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Xalapa, Veracruz, así como testimonio certificado de las constancias necesarias para su resolución.

  4. Principal

    "...Regístrese con el número 285/2019-VIII que le correspondió. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional, contenida en el numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo...El diverso 107, fracciones IV y V de la ley de la materia, prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Conforme a la fracción IV el juicio de amparo procede contra actos: a) ejecutados después de concluido el juicio; b) de ejecución de sentencia, y c) tratándose de remates. En relación con la fracción V, el amparo procede cuando los actos dictados dentro del juicio natural tienen sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera. Esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influye para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la amplitud de la norma contenida en la fracción V (imposible reparación), sintetizada en el párrafo que antecede, da pauta para interpretar la fracción IV (ejecución) en el sentido que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto...Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es: El retardo injustificado para dictar y mandarme notificar el auto que deberá recaer a mi escrito presentado en fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve dentro del expediente 914/2017 de los (sic) del índice del Juzgado Cuarto de primera instancia de la Ciudad de Veracruz. De la demanda se obtiene, que dicha persona presentó -el **********- ante el Juzgado **********, escrito solicitando copias certificadas de todo lo actuado en el expediente ********** de su índice. Juicio que además, se encuentra en ejecución. Sin que a la fecha ésta haya proveído y notificado al respecto. En efecto, se considera que el acto combatido tiene el carácter de una violación procesal, que no tiene el carácter de imposible reparación, al versar sobre aspectos relativos a la omisión de acordar el escrito presentado el **********, para la obtención de copias certificadas de todo lo actuado en el expediente ********** del índice del **********. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o el quejoso hubiese quedado sin defensa legal alguna y, en el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que se trata de un reclamo meramente procedimental relativo a la omisión de proveer un escrito; asimismo, dicho acto reclamado no puede verse de forma autónoma, porque se trata de una violación adjetiva, conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación correspondiente, en este caso, el Código de Comercio...Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Sin embargo, dado el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J.8/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario que la violación reclamada se traduzca en una violación directa e inmediata a un derecho sustantivo, que impida en forma actual, el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, el Máximo Tribunal del país estableció que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior, pues no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Respecto de lo cual, en el caso concreto, el artículo 1067, párrafo tercero de la legislación mercantil concede a las partes la facultad de hacer la solicitud por comparecencia. De modo que -en el caso particular- en primer lugar, no puede considerarse que de la fecha de la presentación de la petición formulada por el quejoso a la autoridad responsable (**********) a la presentación de la demanda (cinco **********), exista una abierta dilación del procedimiento o su total paralización, ya que sólo habían transcurrido siete días hábiles. Además, resulta un hecho notorio para este órgano las cargas de trabajo con que cuenta la autoridad señalada como responsable, razón por la que a pesar del tiempo acontecido, no puede considerarse excesivo y mucho menos interpretarse que exista una paralización en el procedimiento. Aunado a las reglas procesales que en el caso rigen el juicio de origen...Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracciones IV y V, aplicados a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, el juicio promovido resulta improcedente. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. No pasa inadvertido para el quien esto resuelve el hecho que ********** se ostente como mandatario de los directos quejosos ********** y **********, sin que tal circunstancia haya sido acreditada -como aduce- con la supuesta copia certificada del instrumento ********** que no exhibió. Lo que si bien llevaría a prevenir al promovente para que demostrara la personalidad con que se ostenta y, hecho ello, determinar sobre la procedencia o no de la acción constitucional intentada. Aún satisfecho tal presupuesto no cambiaría el sentido de la presente, dado lo notorio de la causa de improcedencia actualizada. DOMICILIO. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa los estrados de este Juzgado...".

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