Ubaldo de Jesús Epifanio Uscanga Araujo
Expediente 421/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 421/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ubaldo de Jesús Epifanio Uscanga Araujo
Actuaciones
- Principal
Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto emitido el doce de mayo del año en curso, en el que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido.
- Principal
"...se sobresee el presente juicio fuera de audiencia por cambio de situación jurídica...se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las 10:50 horas del 18 de junio de 2018...".
- Principal
"...se sobresee el presente juicio fuera de audiencia por cambio de situación jurídica...se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las 10:50 horas del 18 de junio de 2018...".
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de mayo de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Ubaldo de Jesús Epifanio Uscanga Araujo contra actos del 1. Delegado de la Procuraduría General de la República, con sede en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número 421/2018-II en el libro de gobierno respectivo. Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado: ".Privación ilegal de mi libertad, lo cual es violatorio de mis garantías de legalidad y libertad, toda vez que esta detención fue sin una orden judicial de cateo, o que estuviera judicialmente justificada y sin que el suscrito cometiera algún delito fragante, sino que también se observa una detención cargada de racismo en relación a mi apariencia física, lo que motivó a estos elementos de la Marina Armada de México, denominados también policía naval, catearme sin que el suscrito hubiera cometido algún ilícito o alterado el orden público." -SUSPENSIÓN DE PLANO Y EFECTOS- No obstante que el quejoso no señala específicamente estar dentro de los supuestos de los actos a que alude el artículo 22 Constitucional, toda vez que su reclamo es la ilegal detención fuera de procedimiento, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión del acto reclamado, respecto de las autoridades responsables señaladas, para el efecto de que CESE DE INMEDIATO todo acto tendente a mantener incomunicado a Ubaldo de Jesús Epifanio Uscanga Araujo, así como todo aquél prohibido por el artículo 22 Constitucional. -REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES- Hágase del conocimiento de las responsables que ESTA MEDIDA SUSPENSIONAL se concede para que bajo su más estricta responsabilidad la ACATEN DE INMEDIATO, debiendo comunicar al suscrito, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de que se le notifique este acuerdo, el cumplimiento dado. Asimismo, requiérase al encargado o a la autoridad donde se encuentre privado de la libertad el peticionario de amparo, para que dentro del término citado en el párrafo anterior, informe a esta potestad federal, el estado de salud que guarda aquél y, a su vez, esté pendiente de que no sufra maltrato alguno. Igualmente, a las autoridades responsables, para que dentro del plazo mencionado, informen respecto de la forma y términos en que dén cumplimiento a la suspensión que ahora se concede. Precisando la fecha y hora exacta de la detención de la parte quejosa, así como de la puesta en libertad de la misma, en caso de que proceda. O bien, indiquen la fecha y hora en que el impetrante sea o fuera puesto a disposición de las autoridades competentes. Debiendo anexar al informe aquí solicitado copia certificada de las constancias que integren la investigación ministerial respectiva que demuestre la existencia de los actos que reclama la parte quejosa. Se hace del conocimiento de dichas responsables que si la orden privativa de libertad deriva de una averiguación previa el quejoso sólo podrá ser retenido hasta por CUARENTA Y OCHO O NOVENTA Y SEIS HORAS, según sea el caso. Conforme lo disponen los artículos 16, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 165 de la Ley de Amparo. Plazo en el que deberán ordenar su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial competente. Si la detención del directamente afectado fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como probable responsable de algún delito, la suspensión se concede para el efecto de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo noveno del artículo 16 constitucional lo permite. O bien, lleve a cabo la consignación respectiva, pero si no media investigación ministerial deberá ponerlo de INMEDIATO en libertad. De no ser la detención ordenada por autoridad judicial ni tratarse de delito flagrante o urgente, el Agente del Ministerio Público deberá ordenar su inmediata libertad, sin perjuicio de la averiguación previa correspondiente. A su vez, si la privación de libertad emana de procedimiento judicial (orden de aprehensión) así deberá informarlo, considerando que en dicho caso el directo quejoso está a disposición de autoridad judicial dentro de procedimiento y no fuera de él. Por otro lado, en caso de ser su detención con motivo de un arresto; se concede la suspensión de plano para que en el acto de la notificación se ponga al amparista en inmediata libertad, lo que deberá informar la autoridad responsable dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que se encuentre legalmente notificada del presente proveído. Asimismo, dentro del propio plazo, de ser el caso, comunique a este Juzgado cuántas horas de arresto cumplió y cuántas tiene pendientes por cumplir. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables en comento que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Ilícito que, de consumarse, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En términos de lo dispuesto por el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, para los efectos legales que procedan. En el entendido que de no cumplir con lo anterior en el término señalado, se le impondrá una multa consistente en cien días de salario mínimo. Con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con los numerales 238 y 259, todos de la Ley de Amparo. -CERCIORAMIENTO DE ACTUARIO- Se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales de esta adscripción para que se constituyan en los separos o en cualquiera de los lugares de reclusión de esta localidad o en la ciudad y Puerto de Veracruz. Certifique si el directo quejoso está incomunicado, sujeto a malos tratos o presenta algún tipo de lesión o tortura. Haga del conocimiento de la autoridad bajo cuya custodia se encuentra, los términos bajo los cuales fue concedida la suspensión de plano en el presente asunto y levantar constancia de lo anterior. Para el caso de que encuentre al detenido, le notifique el contenido de este acuerdo. Signifíquese al Actuario Judicial de la adscripción que al momento de la diligencia de notificación del presente proveído, requiera al quejoso para que aclare cuál es su nombre y apellidos, pues en apartado relativo al nombre y domicilio del quejoso, asentó "Emilio Martínez Chacón". Se comunica a las autoridades ante quienes deberá constituirse la persona comisionada para la diligencia, que deberán permitir el acceso de ésta a sus instalaciones a fin de verificar directamente si el solicitante de derechos humanos se encuentra en esa dependencia. En el entendido que el incumplimiento de ello y la obstaculización de la labor de dichos funcionarios constituye un delito. En términos del artículo 262, fracción V, de la Ley reglamentaria. De lo cual se dará vista inmediatamente al Procurador General de la República. Además en términos del artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se apercibe a dichas autoridades que el no permitir el acceso para verificar si el directo quejoso se encuentra dentro de sus instalaciones, generará la presunción para esta autoridad de que efectivamente se encuentra ahí incomunicado. Con las consecuencias legales que ello conlleva, en cuanto a las responsabilidades administrativas y penales, por la comisión de los delitos que resulten. -ADMISIÓN- Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda en sus términos. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado. INCIDENTE. Sin que haya lugar a ordenar su trámite, dado que se concedió la suspensión de plano del acto reclamado AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo en vigor, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este asunto, tomando en consideración las cargas de trabajo y agenda de audiencias que se lleva en este juzgado para tal efecto. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 del citado cuerpo de leyes, se pide informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días. Dichos informes deberán ser con estricto apego a lo establecido por los artículos 117, párrafo cuarto, 63 fracciones IV y V, 64 y 75, todos de la Ley de Amparo, remitiendo a este juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, con fundamento en lo establecido en el artículo 75 de dicho ordenamiento. - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, sin existir alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado que estatuye lo siguiente: "Artículo 238. Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo.= Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día". CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Se pide a las autoridades responsables que en caso de cambio de situación jurídica de la parte quejosa o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado u ocurrido causas notorias de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato. Apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la citada ley. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES. Conforme lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar con precisión la denominación de las autoridades responsables, se hace de su conocimiento que, en caso de que las autoridades que señaló como responsables no existan con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se suspenderá toda comunicación procesal con éstas. TERCERO INTERESADO. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo vigente, solicítese a las autoridades responsables que al momento de rendir su informe justificado, precisen si por virtud del delito por el cual se instruye la investigación ministerial o causa penal de origen existe alguna persona a quien le recaiga el carácter de víctima u ofendido, que pueda llegar a tener derecho a la reparación del daño o de reclamar la responsabilidad civil, y de ser así proporcionen el nombre y domicilio de la misma, si es que de autos se desprenden dichos datos, o en su defecto, digan si no le recae a persona alguna dicho carácter; ello a efecto de proveer sobre la existencia o no de tercero interesado en el presente asunto, conforme a lo expuesto en el citado ordinal 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Tomando en consideración la certificación de cuenta, de donde se desprende Belinda Heredia Trabulse y Jacob Gayosso Acevedo, no se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se les tiene como autorizados con la restricción que impone la última parte del párrafo segundo del 12 de la Ley de Amparo, aunado a que así lo solicitó el impetrante de amparo. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1° a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se aluda en el presente juicio estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor será determinado de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto, sin soslayar que lo anterior también dependerá de que el Congreso de la Unión emita la legislación reglamentaria para establecer el valor de la Unidad de Medida y Actualización. HABILITACIÓN. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. NOTIFICACIONES. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio a la agente del Ministerio Público adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la ley de la materia; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante atentos oficios que al efecto se giren, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio de sus oficinas principales, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28 de la Ley de Amparo. Dada la naturaleza del acto reclamado -ilegal privación de la libertad- no obstante el quejoso señaló como autoridades responsables a las siguientes: 1. Procuraduría General de la República 2. Ministerio Público Federal en turno. 3. Director de la Policía Naval VERACRUZ, VERACRUZ. A fin de dar celeridad y eficacia a la tramitación del presente sumario, gírense los comunicados correspondientes con la denominación correcta a efecto de lograr su recepción y cumplimiento. Se instruye al personal actuante, para que al notificar este acuerdo a la autoridad ministerial (en turno) indague a cuál Fiscal de la Federación correspondió el conocimiento de la detención del aquí quejoso Ubaldo de Jesús Epifanio Uscanga Araujo (si fuera el caso) para que le notifique el oficio que en este auto se ordena librar. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.
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