Ubaldo Jorge PèRez JuàRez
Expediente 664/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 664/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ubaldo Jorge PèRez JuàRez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia donde por una parte se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal y por la otra se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otra parte, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que por una parte se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal y por la otra se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b, de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 664/2021 promovido por ***. En este juicio de amparo se analiza la legalidad del auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 391/2021, por la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. ANTECEDENTES De acuerdo con la información contenida en la videograbación en la que consta la audiencia de control de la detención y vinculación a proceso se advierte que la agente del Ministerio Público narró los siguientes hechos: aproximadamente a las veintidós horas con dieciocho minutos del catorce de octubre de dos mil veinte, la ofendida conducía el vehículo de motor marca Aveo nueva generación, año 2018, con número de serie LSGHD52H2JD017680, con motor hecho en China, con placas de circulación R19AWN de la Ciudad de México, y el imputado Ubaldo Jorge Pérez Juárez conducía el vehículo marca Hyundai, tipo i10 GL manual color gris carbón, con número de serie MALAM5NB8CM980829, modelo 2012. con número de identificación vehicular 0018801, quien venía en la dirección vehicular de poniente a oriente, sobre la calle de Emiliano Zapata que comunica del puente de Nazareno hacia el fraccionamiento Aguayo en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca y al pasar específicamente sobre un vado en la entrada al fraccionamiento Aguayo, al manejar el inculpado su vehículo de motor con falta de cuidado y estar en estado de ebriedad, invade el carril contrario ocasionando el impacto con el vehículo Aveo de la hoy víctima Andrea Olga Gómez Salgado al momento de haber impactado el imputado Ubaldo Jorge Pérez Juárez hace una maniobra hacia la derecha y darse a la fuga, para incorporarse a la calle de Brasil y al llegar a la altura del domicilio marcado con el número 3 detiene la marcha por estar obstaculizada la calle por una construcción y donde es alcanzado por la víctima, sin que esta lo perdiera de vista, quien fue auxiliada por los vecinos y la policía de Santa Cruz Xoxocotlán, causándole el daño a la víctima de su unidad de motor en la parte frontal, porta placas delantero, huella de fricción, facia delantera hundida parcialmente de delante hacia atrás, luz delantera del lado derecho rota en su base, tapa del cobre ligeramente descuadrada, daño a la pintura, causando un total de daños a la víctima por la cantidad de $22,000.00 (veintidós mil pesos M/N). Los hechos anteriores dieron origen a la carpeta de investigación correspondiente, la cual, una vez integrada, la autoridad ministerial solicitó la presentación del quejoso acto de imputación, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de daños culposos por tránsito de vehículos. Auto de vinculación a proceso. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, llevó a cabo la audiencia en la que dictó auto de vinculación y medidas cautelares a proceso contra al aquí quejoso, por el delito de daños culposos por tránsito de vehículos. Demanda de amparo. En contra de la última determinación referida, el quejoso promovió el presente juicio de amparo indirecto en los términos que se indican a continuación. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo origen de este juicio, se formuló por escrito presentado el quince de junio de dos mil veintiunos, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El quejoso señaló como autoridades responsables al Juez de Control en el circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, y al Delegado Regional de la Unidad de Medidas Cautelares, de la Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca y como acto reclamado: La resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 391/2021, del Juez de Control de Juez de Control en el circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca; en donde se le dictó a Ubaldo Jorge Pérez Juárez, el auto de vinculación a proceso por el delito de daños culposos por tránsito de vehículos, en perjuicio patrimonial de Andrea Olga Gómez Salgado, así como su ejecución. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito, donde quedó registrada con el número 664/2021, previa aclaración, fue admitida a trámite el veintidós de junio de dos mil veintiuno. Una vez integrado el expediente, la audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque los actos reclamados fueron dictados por autoridades judiciales en materia penal y surten sus efectos dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD El juicio de amparo se promovió en tiempo, debido a que el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado contra el aquí quejoso en el proceso penal 391/2021, se lo notificaron en el momento de la audiencia, siendo esta fecha la que se toma en consideración con la finalidad de maximizar la protección a favor del quejoso como imputado y posibilitar un acceso integral a la jurisdicción constitucional, de conformidad con el principio pro persona; por tanto, si la demanda de amparo se recibió el quince de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, esto fue, dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley Reglamentaria. Lo anterior, toda vez que el término transcurrió del veintiocho de mayo al diecisiete de junio dos mil veintiuno, descontando los días veintinueve y treinta, de mayo y cinco, seis, doce y trece de junio del año en curso, por ser sábados y domingos. V. LEGITIMACIÓN Ubaldo Jorge Pérez Juárez, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo en virtud que es la persona imputada contra la cual se dicó el auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal de origen; determinación que afecta su esfera jurídica. VI. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y su respectiva aclaración, permite sostener que el quejoso atribuye al Juez de Control en el circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca: La resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa 391/2021, en donde se le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de daños culposos por tránsito de vehículos, cometido en perjuicio patrimonial de Andrea Olga Gómez Salgado. Mientras que, al Delegado Regional de la Unidad de Medidas Cautelares de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social e la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, la ejecución de dicho acto. VII. EXISTENCIA DE UN ACTO RECLAMADO. Al rendir informe justificado la Juez de Control en Materia Penal circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en el auto de vinculación dictado contra el quejoso, en la causa penal 391/2021, con fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Tal afirmación, se corrobora con los discos versátiles digitales relativos a la causa penal 391/2019 que remitió el juez de la causa, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. VIII. INEXISTENCIA DE UN ACTO RECLAMADO La autoridad responsable Delegado Regional de la Unidad de Medidas Cautelares, de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, y de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado, negó la existencia del acto reclamado a esa potestad. Destaca que si bien inicialmente el quejoso le reclamó "la supervisión quincenal que realiza al quejoso, con motivo de las medidas cautelares que se me impusieron", lo cierto es que al aclarar su demanda, precisó que no era su deseo reclamar las medidas cautelares impuestas, en virtud que el imputado hoy peticionario de amparo se encuentra en libertad. Por tanto, considerando que sólo se reclamó el auto de vinculación a proceso e implícitamente, también su ejecución, y advirtiendo que esta autoridad administrativa no tiene intervención directa en la causa penal ni ejecuta dicho auto porque no se encuentra dentro del ámbito de su competencia, es dable concluir que, como lo informa dicha autoridad administrativa, el acto que se le atribuye, no existe. En ese orden de ideas, este órgano constitucional con apoyo en el numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo, estima que debe sobreseerse en el juicio ante la inexistencia del acto atribuido al Delegado Regional de la Unidad de Medidas Cautelares. Tal declaración de inexistencia, se ve fortalecida por el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que plantea: ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. IX. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En relación al acto reclamado consistente en el auto de vinculación dictado contra el quejoso en la causa penal 391/2019, fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia y de oficio no se advierte la actualización de alguna hipótesis de inejercicio a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna causal de sobreseimiento de las previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre los actos reclamados, por lo que, a consideración de este órgano jurisdiccional, el amparo es procedente. X. ESTUDIO DE FONDO Es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, máxime que tampoco es un requisito que la ley exija, toda vez que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad basta con que en el fallo se precisen los puntos objetos del debate, que éstos se estudien y se les dé respuesta. Los conceptos de violación se estudian en la forma en que la parte quejosa los expresa, debido a que este órgano jurisdiccional aun supliendo la deficiencia de la queja, no advierte que se hayan transgredido sus derechos fundamentales. El quejoso aduce que se transgreden en su perjuicio los derechos humanos garantizados por los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque estima, esencialmente que: Se violan los artículos 4 y 44 de Código Nacional de Procedimientos Penales, porque el Representante Social leyó íntegramente las actuaciones de la carpeta de investigación. Se viola su garantía al debido proceso por no dictarse en cumplimiento de leyes expedidas con anterioridad al hecho. No se da cumplimiento a lo establecido por el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no se acredita que la supuesta víctima sea la propietaria del vehículo, ya que el juez de control no debió otorgarle valor a las copias simples exhibidas en la carpeta de investigación. Los dictámenes emitidos por el perito oficial carecen de cadena de custodia y por ello violan lo previsto por el artículo 21 Constitucional; así como, 227 y 132 del Código Nacional de Procedimientos penales, por lo cual debió otorgarles valor probatorio. En los dictámenes que emitió el perito Caín Aquino Santiago, se excedió respecto de lo instruido por el representante social, el monto estimado de los daños al realizar en nueva inspección ocular, por lo que carecen de valor probatorio. No existen indicios razonables para dictar la vinculación proceso. Motivos de disenso que resultan unos inoperantes y otros infundados, en razón de lo siguiente: Resulta parcialmente fundado pero inoperante el concepto de violación referido en el inciso a), toda vez que, si bien el representante social, en un primer momento leyó los datos que constan en las actuaciones de la carpeta de investigación, lo cierto es que, en la audiencia de comunicación de la imputación el Ministerio Público expuso los argumentos en los cuales basa su postura y explicó al imputado y al órgano jurisdiccional en proposiciones suficientemente concisas las circunstancias fácticas que pretende imputarle y las razones por las que los datos de prueba la acreditan. Por tales motivos, no puede considerarse que la autoridad responsable haya permitido actuaciones contrarias a los principios de oralidad y contradicción a que se refiere el citado precepto constitucional dado que exhortó al fiscal respectivo y, además, permitió la contradicción entre las partes otorgando el uso de la palabra a la defensa. En consecuencia, no se advierte transgresión a los artículos 20 apartado A de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consagran los principios en los que se basa el sistema penal acusatorio y oral. En atención a la manifestación del quejoso, relativa a que en el caso se le violó su garantía al debido proceso legal al no cumplirse en el procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, identificado como concepto de violación inciso b) este órgano constitucional estima que dicha afirmación es infundada. Es así, toda vez que al realizar un análisis oficioso de las constancias de autos se presume que fue citado a una audiencia inicial, ello en virtud de que se presentó a esta virtualmente, a través de video en conferencia en compañía de su defensor particular de forma oportuna. Aunado a ello, se le hicieron de su conocimiento los hechos que se le imputan, se le otorgó la oportunidad de declarar (a lo que se negó), la autoridad responsable le dio la oportunidad de integrar datos de prueba, así como, de controvertir lo expuesto por la representación social todo de conformidad previsto en el Código Nacional de Procedimientos penales, por lo que no existió ninguna violación a las formalidades esenciales de procedimiento. Destacando que, los aspectos descritos corresponden y satisfacen las formalidades relativas a la etapa procesal de que se trata, en virtud que el acto reclamado es únicamente un acto de molestia, no así un acto privativo. Por lo que hace al concepto de violación señalado en el inciso c), es inoperante, toda vez que, es cierto que para dar lugar a la investigación inicial debe presentarse una denuncia o querella que es la voluntad de la víctima u ofendido para comparecer y hacer del conocimiento de un hecho probablemente constitutivo a un delito al Ministerio Público quien, a su vez, está facultado para recibir denuncias o querellas. Ahora bien, en el caso concreto, la representación social tuvo conocimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito, con base en la declaración presentada por Andrea Olga Gómez Salgado, por lo cual se inició la carpeta de investigación 31985/FVCE/OAXACA/2020, que se judicializó registrándose como la causa penal 391/2021, que se instruye contra el hoy quejoso, de conformidad con los artículos 221, 225, 127 y 131 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden, el quejoso aduce que, la víctima únicamente exhibe la carta factura para acreditar la propiedad del vehículo dañado y según el imputado, no es suficiente para acreditar la propiedad. Sin embargo, este juzgado de Distrito advierte que tal manifestación fue objeto de contradicción entre las partes técnicas durante la audiencia respectiva lo cual, a su vez, fue retomado por la jueza de control al dictar el auto de vinculación a proceso en la cual destacó que si bien dicha constancia no acredita plenamente la propiedad de un vehículo también es cierto que, según la sana crítica y las máximas de la experiencia es posible en esta etapa procesal sostener que esa carta factura de diecisiete de octubre de dos mil veinte, conlleva a la presunción de que la víctima suscribió un contrato de crédito automotriz con la distribuidora Mega Oaxaca S.A. de C.V., para la adquisición del vehículo de motor tipo Aveo nueva generación, año dos mil dieciocho, con número de serie LSGHD52H2JD017680, con motor hecho en China, con placas de circulación R19AWN de la Ciudad de México. Por ese motivo, es correcta la determinación y ponderación de la Jueza de control, respecto a que en esta etapa procesal ese dato de prueba, en relación con los demás datos aportados por la representación social, como la propia querella de la víctima que resintió los daños en la que dice que adquirió la unidad de motor en pago a dicha persona moral, concatenando a la vez el parte informativo que obra en autos del Policía vial que acudió al lugar de los hechos, quien, como lo describe, se percató que el conductor del vehículo que señaló la víctima, se trataba del imputado que al parecer estaba en estado de ebriedad, lo que se corroboró por el médico que lo revisó y determinó que se encontraba en el tercer grado clínico de ebriedad y, por ello, no apto para conducir; datos que son aptos y suficientes para tener por acreditado ese requisito de probabilidad. Todo lo anterior sumado a que la propia víctima Andrea Olga Gómez Salgado, manifestó que adquirió la unidad de motor "en pagos"; en ese orden no es exigible en este momento procesal acreditar plenamente tales requisitos ni los elementos del delito, dado el estándar probatorio mínimo que corresponde a esta etapa procesal, con fundamento en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por eso que resulta innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo. Ahora, el concepto de violación identificado con el inciso d), es inoperante, porque se basa en la premisa falsa de que debe generarse una cadena de custodia respecto a los dictámenes periciales. En primer término, debe destacarse que, conforme al artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cadena de custodia consiste en un sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su aseguramiento. En ese orden, sobre la reclamación de la cadena de custodia de los dictámenes periciales a que hace referencia el quejoso; debe destacarse que, en el caso particular, la cadena de custodia debería aplicarse a los vehículos como instrumentos u objetivos del delito, no así a los dictámenes periciales, que se elaboran sobre aquellos, como pretende hacerlo valer el peticionario del amparo. Máxime que los peritos son los encargados de elaborar los dictámenes y, para tal fin, en todo momento tienen acceso a los indicios que obren en autos, lo anterior previsto en los artículos 131 fracción IX, 227 y 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, atinente al concepto de violación e), este órgano constitucional estima que es inoperante el argumento relativo a que los dictámenes periciales de mecánica de hechos y avalúo de daños, solicitados por el Agente del Ministerio Público, y realizados por el perito Caín Aquino Santiago, no debían tener valor probatorio, por haber excedido lo instruido por la representación social. Es así, porque sobre la mecánica de hechos, se emitió el dictamen con las respectivas técnicas de investigación el cual corresponde a los daños ocasionados por el inculpado hoy quejoso a la víctima, lo anterior previsto en los artículos 131, 230. 239 y 240 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, relativo a la mecánica de hechos y avalúo de daños, la juez de control estuvo en lo correcto al otorgarles valor probatorio, ya que fueron realizados por el perito experto en la materia, que a su vez es trabajador de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y estimó que los daños estimados para el imputado asciende a la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos M/N), por lo que hace a la víctima el daño estimado asciende a la cantidad de $22,000.00 (veintidós mil pesos M/N). Es así, porque los datos de prueba, deben ser valorados por el órgano jurisdiccional (juez de control) de manera libre y lógica, toda vez que se trató de actuaciones lícitas, lo anterior con fundamento en lo previsto por los artículos 259 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que en el caso concreto aconteció, sin que se advierta existiera una violación a los derechos humanos del quejoso. También resulta infundado el concepto de violación señalado con el inciso f), en el que la parte quejosa aduce insuficiencia; de indicios razonables para la vinculación a proceso. Es así, porque de inicio, se observa que en la audiencia respectiva de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 391/2021, la Juez responsable fundó su determinación en los artículos 19, 105,108,225, 261,265, 316 fracciones I y IV, 365 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En primer término, para la emisión del auto de vinculación a proceso la juez precisó que era necesario analizar los requisitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, porque actualmente para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio como lo requería el auto de formal prisión, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ello atendiendo al estándar probatorio mínimo que exige esta etapa procesal. Apoya esta conclusión la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ES INNECESARIO CONCEDER LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN SU CONTRA CUANDO EN SU DICTADO LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAYA TENIDO POR ACREDITADOS LOS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y/O SUBJETIVOS DEL CUERPO DEL DELITO, AL NO TENER UN EFECTO ÚTIL QUE FAVOREZCA LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que al emitirse un auto de vinculación a proceso no deben examinarse los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos del cuerpo del delito, porque su análisis es propio de la sentencia definitiva y no de esa determinación de plazo constitucional en el que únicamente se requiere establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, como deriva de las consideraciones emitidas al resolver la contradicción de tesis 87/2016, que originó la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).", por ello, cuando en un juicio de amparo indirecto el acto reclamado consista en el auto de vinculación a proceso y de su estudio se advierta que el juzgador de instancia tuvo por acreditados los mencionados elementos del cuerpo del delito, es innecesario conceder la protección constitucional únicamente para el efecto de que la responsable deje insubsistente el acto reclamado y, en su lugar, dicte otro en el que se limite a verificar por cualquier método la suficiencia de datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, pues ese estudio no tiene un impacto en el procedimiento, ya que si la resolución reclamada soportó un estudio más profundo en el que se advirtió que se cumple con las exigencias previstas en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente que resistirá un nuevo análisis menos riguroso, por tanto, dicha concesión carecería de un efecto útil que favorezca la situación jurídica del quejoso, lo que no es acorde con los propósitos esenciales del juicio de amparo. Por tanto, la fundamentación y motivación que expone la juez responsable es suficiente pues expresa los aspectos necesarios para tal fin, cumpliendo con lo estipulado por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; siendo lo anterior, suficiente para que se dictara contra el quejoso, el auto de vinculación a proceso. Lo anterior, se aprecia en el disco audiovisual que obran en autos, específicamente de los que contienen la audiencia de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se observa que la Juez responsable estableció de manera precisa, al emitir el auto de vinculación a proceso, el hecho que se desprende de los datos de prueba incorporados por la representación social. A mayor abundamiento, se destacó que al emitir el auto de vinculación a proceso, la juez responsable hizo alusión a los datos de prueba que ponderados permitían determinar de manera razonable que existía la posibilidad de que el imputado participó en la comisión de delito mencionado. De manera destacada, la juez de control tomó en cuenta, entre otros, los siguientes datos: La declaración que dio el dieciséis de octubre de dos mil veinte, la víctima Andrea Olga Gómez Salgado. El parte informativo del policía municipal vial de Santa Cruz Xoxocotlán, que arribó al lugar del hecho el día de los hechos. La carta factura relativa exhibida por la víctima, a través de la cual acredita la compra del vehículo dañado. El oficio que expidió el juez calificador de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca a través del cual remite el parte informativo del policía vial segundo Ramón Rojas Castellanos, que versa sobre lo que ocurrió el día y hora en que señaló el evento de la víctima, catorce de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las veintidós horas con dieciocho minutos. Mecánica de hechos y avalúo de daños realizados por el perito experto en la materia, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca -en el cual se estimaron que los daños para el imputado ascienden a la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos M/N), mientras que a la víctima el daño estimado asciende a la cantidad de $22,000.00 (veintidós mil pesos M/N)-. Diligencia de inspección ocular del citado Agente Estatal de Investigaciones. Se resalta que la responsable determinó que ninguno de esos datos de prueba se había obtenido con violación a derechos humanos, además que no fueron objetados por la defensa del imputado y, por tanto, ninguno de ellos es ilícito. Aunado a lo anterior, es importante destacar que en la etapa procesal en la que se emitió el acto reclamado, el estándar de prueba que debe tener en cuenta el juez de control es únicamente de indicio, ello atendiendo a los propios vocablos que utiliza la Constitución Federal en su artículo 19, como los artículos 261 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer como requisito que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, agrega igualmente que se entiende que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Es decir, al referirse a la probabilidad en la comisión de algún ilícito, la ley se refiere a que únicamente se debe demostrar en grado de indicio, sin que sea exigible al Ministerio Público ni al Juez de Control un estándar de prueba plena, pues el procedimiento aún se encuentra por someterse a una etapa de investigación complementaria o formalizada, además de que esta exigencia haría que se dictara una resolución similar a una sentencia, lo que es propio de la etapa de juicio y no de una etapa inicial o de investigación. Asimismo, la autoridad responsable hizo calificación de las conductas antijurídicas, determinando, por un lado, que tales ilícitos se subsumían en los delitos de daños culposos por tránsito de vehículo, estableciendo que el mismo se encuentra contemplado y sancionado por los artículos 387 fracción III, 8 fracción II, 9 fracción I, 10 fracción I del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, lo cual es acorde a las actuaciones de la causa penal en comento. Por tanto, la existencia del hecho probablemente constitutivo de delito y la probable participación del quejoso, quedaron determinadas de manera suficiente en el auto de vinculación a proceso, mediante el cúmulo de datos de prueba que fueron incorporados por el Ministerio Público y que además fueron concatenados mediante la valoración libre y lógica, así como el uso de máximas de la experiencia y reglas de la lógica por la Juez de Control; sin que en el caso se advierta, ni aun en suplencia, que existió alguna transgresión que vulnerara los derechos humanos del quejoso. XI. DECISIÓN En consecuencia, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, así como las consideraciones expresadas en este fallo, con fundamento en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, procede a negar la protección Federal solicitada en contra del auto de vinculación dictado contra el quejoso. Además, procede sobreseer en el juicio constitucional por inexistencia respecto del acto de ejecución atribuido al Delegado Regional de la Unidad de Medidas Cautelares, de la Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee por inexistencia respecto del acto de ejecución atribuido al Delegado Regional de la Unidad de Medidas Cautelares, de la Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ***, contra el acto reclamado al Juez de Control en el circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en las consideraciones referidas en el apartado X de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)
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S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 664/2021 promovido por ***. En este juicio de amparo se analiza la legalidad del auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 391/2021, por la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. ANTECEDENTES De acuerdo con la información contenida en la videograbación en la que consta la audiencia de control de la detención y vinculación a proceso se advierte que la agente del Ministerio Público narró los siguientes hechos: aproximadamente a las veintidós horas con dieciocho minutos del catorce de octubre de dos mil veinte, la ofendida conducía el vehículo de motor marca Aveo nueva generación, año 2018, con número de serie LSGHD52H2JD017680, con motor hecho en China, con placas de circulación R19AWN de la Ciudad de México, y el imputado Ubaldo Jorge Pérez Juárez conducía el vehículo marca Hyundai, tipo i10 GL manual color gris carbón, con número de serie MALAM5NB8CM980829, modelo 2012. con número de identificación vehicular 0018801, quien venía en la dirección vehicular de poniente a oriente, sobre la calle de Emiliano Zapata que comunica del puente de Nazareno hacia el fraccionamiento Aguayo en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca y al pasar específicamente sobre un vado en la entrada al fraccionamiento Aguayo, al manejar el inculpado su vehículo de motor con falta de cuidado y estar en estado de ebriedad, invade el carril contrario ocasionando el impacto con el vehículo Aveo de la hoy víctima Andrea Olga Gómez Salgado al momento de haber impactado el imputado Ubaldo Jorge Pérez Juárez hace una maniobra hacia la derecha y darse a la fuga, para incorporarse a la calle de Brasil y al llegar a la altura del domicilio marcado con el número 3 detiene la marcha por estar obstaculizada la calle por una construcción y donde es alcanzado por la víctima, sin que esta lo perdiera de vista, quien fue auxiliada por los vecinos y la policía de Santa Cruz Xoxocotlán, causándole el daño a la víctima de su unidad de motor en la parte frontal, porta placas delantero, huella de fricción, facia delantera hundida parcialmente de delante hacia atrás, luz delantera del lado derecho rota en su base, tapa del cobre ligeramente descuadrada, daño a la pintura, causando un total de daños a la víctima por la cantidad de $22,000.00 (veintidós mil pesos M/N). Los hechos anteriores dieron origen a la carpeta de investigación correspondiente, la cual, una vez integrada, la autoridad ministerial solicitó la presentación del quejoso acto de imputación, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de daños culposos por tránsito de vehículos. Auto de vinculación a proceso. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, llevó a cabo la audiencia en la que dictó auto de vinculación y medidas cautelares a proceso contra al aquí quejoso, por el delito de daños culposos por tránsito de vehículos. Demanda de amparo. En contra de la última determinación referida, el quejoso promovió el presente juicio de amparo indirecto en los términos que se indican a continuación. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo origen de este juicio, se formuló por escrito presentado el quince de junio de dos mil veintiunos, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El quejoso señaló como autoridades responsables al Juez de Control en el circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, y al Delegado Regional de la Unidad de Medidas Cautelares, de la Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca y como acto reclamado: La resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 391/2021, del Juez de Control de Juez de Control en el circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca; en donde se le dictó a Ubaldo Jorge Pérez Juárez, el auto de vinculación a proceso por el delito de daños culposos por tránsito de vehículos, en perjuicio patrimonial de Andrea Olga Gómez Salgado, así como su ejecución. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito, donde quedó registrada con el número 664/2021, previa aclaración, fue admitida a trámite el veintidós de junio de dos mil veintiuno. Una vez integrado el expediente, la audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque los actos reclamados fueron dictados por autoridades judiciales en materia penal y surten sus efectos dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD El juicio de amparo se promovió en tiempo, debido a que el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado contra el aquí quejoso en el proceso penal 391/2021, se lo notificaron en el momento de la audiencia, siendo esta fecha la que se toma en consideración con la finalidad de maximizar la protección a favor del quejoso como imputado y posibilitar un acceso integral a la jurisdicción constitucional, de conformidad con el principio pro persona; por tanto, si la demanda de amparo se recibió el quince de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, esto fue, dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley Reglamentaria. Lo anterior, toda vez que el término transcurrió del veintiocho de mayo al diecisiete de junio dos mil veintiuno, descontando los días veintinueve y treinta, de mayo y cinco, seis, doce y trece de junio del año en curso, por ser sábados y domingos. V. LEGITIMACIÓN Ubaldo Jorge Pérez Juárez, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo en virtud que es la persona imputada contra la cual se dicó el auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal de origen; determinación que afecta su esfera jurídica. VI. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y su respectiva aclaración, permite sostener que el quejoso atribuye al Juez de Control en el circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca: La resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa 391/2021, en donde se le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de daños culposos por tránsito de vehículos, cometido en perjuicio patrimonial de Andrea Olga Gómez Salgado. Mientras que, al Delegado Regional de la Unidad de Medidas Cautelares de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social e la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, la ejecución de dicho acto. VII. EXISTENCIA DE UN ACTO RECLAMADO. Al rendir informe justificado la Juez de Control en Materia Penal circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en el auto de vinculación dictado contra el quejoso, en la causa penal 391/2021, con fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Tal afirmación, se corrobora con los discos versátiles digitales relativos a la causa penal 391/2019 que remitió el juez de la causa, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. VIII. INEXISTENCIA DE UN ACTO RECLAMADO La autoridad responsable Delegado Regional de la Unidad de Medidas Cautelares, de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, y de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado, negó la existencia del acto reclamado a esa potestad. Destaca que si bien inicialmente el quejoso le reclamó "la supervisión quincenal que realiza al quejoso, con motivo de las medidas cautelares que se me impusieron", lo cierto es que al aclarar su demanda, precisó que no era su deseo reclamar las medidas cautelares impuestas, en virtud que el imputado hoy peticionario de amparo se encuentra en libertad. Por tanto, considerando que sólo se reclamó el auto de vinculación a proceso e implícitamente, también su ejecución, y advirtiendo que esta autoridad administrativa no tiene intervención directa en la causa penal ni ejecuta dicho auto porque no se encuentra dentro del ámbito de su competencia, es dable concluir que, como lo informa dicha autoridad administrativa, el acto que se le atribuye, no existe. En ese orden de ideas, este órgano constitucional con apoyo en el numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo, estima que debe sobreseerse en el juicio ante la inexistencia del acto atribuido al Delegado Regional de la Unidad de Medidas Cautelares. Tal declaración de inexistencia, se ve fortalecida por el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que plantea: ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. IX. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En relación al acto reclamado consistente en el auto de vinculación dictado contra el quejoso en la causa penal 391/2019, fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia y de oficio no se advierte la actualización de alguna hipótesis de inejercicio a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna causal de sobreseimiento de las previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre los actos reclamados, por lo que, a consideración de este órgano jurisdiccional, el amparo es procedente. X. ESTUDIO DE FONDO Es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, máxime que tampoco es un requisito que la ley exija, toda vez que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad basta con que en el fallo se precisen los puntos objetos del debate, que éstos se estudien y se les dé respuesta. Los conceptos de violación se estudian en la forma en que la parte quejosa los expresa, debido a que este órgano jurisdiccional aun supliendo la deficiencia de la queja, no advierte que se hayan transgredido sus derechos fundamentales. El quejoso aduce que se transgreden en su perjuicio los derechos humanos garantizados por los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque estima, esencialmente que: Se violan los artículos 4 y 44 de Código Nacional de Procedimientos Penales, porque el Representante Social leyó íntegramente las actuaciones de la carpeta de investigación. Se viola su garantía al debido proceso por no dictarse en cumplimiento de leyes expedidas con anterioridad al hecho. No se da cumplimiento a lo establecido por el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no se acredita que la supuesta víctima sea la propietaria del vehículo, ya que el juez de control no debió otorgarle valor a las copias simples exhibidas en la carpeta de investigación. Los dictámenes emitidos por el perito oficial carecen de cadena de custodia y por ello violan lo previsto por el artículo 21 Constitucional; así como, 227 y 132 del Código Nacional de Procedimientos penales, por lo cual debió otorgarles valor probatorio. En los dictámenes que emitió el perito Caín Aquino Santiago, se excedió respecto de lo instruido por el representante social, el monto estimado de los daños al realizar en nueva inspección ocular, por lo que carecen de valor probatorio. No existen indicios razonables para dictar la vinculación proceso. Motivos de disenso que resultan unos inoperantes y otros infundados, en razón de lo siguiente: Resulta parcialmente fundado pero inoperante el concepto de violación referido en el inciso a), toda vez que, si bien el representante social, en un primer momento leyó los datos que constan en las actuaciones de la carpeta de investigación, lo cierto es que, en la audiencia de comunicación de la imputación el Ministerio Público expuso los argumentos en los cuales basa su postura y explicó al imputado y al órgano jurisdiccional en proposiciones suficientemente concisas las circunstancias fácticas que pretende imputarle y las razones por las que los datos de prueba la acreditan. Por tales motivos, no puede considerarse que la autoridad responsable haya permitido actuaciones contrarias a los principios de oralidad y contradicción a que se refiere el citado precepto constitucional dado que exhortó al fiscal respectivo y, además, permitió la contradicción entre las partes otorgando el uso de la palabra a la defensa. En consecuencia, no se advierte transgresión a los artículos 20 apartado A de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consagran los principios en los que se basa el sistema penal acusatorio y oral. En atención a la manifestación del quejoso, relativa a que en el caso se le violó su garantía al debido proceso legal al no cumplirse en el procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, identificado como concepto de violación inciso b) este órgano constitucional estima que dicha afirmación es infundada. Es así, toda vez que al realizar un análisis oficioso de las constancias de autos se presume que fue citado a una audiencia inicial, ello en virtud de que se presentó a esta virtualmente, a través de video en conferencia en compañía de su defensor particular de forma oportuna. Aunado a ello, se le hicieron de su conocimiento los hechos que se le imputan, se le otorgó la oportunidad de declarar (a lo que se negó), la autoridad responsable le dio la oportunidad de integrar datos de prueba, así como, de controvertir lo expuesto por la representación social todo de conformidad previsto en el Código Nacional de Procedimientos penales, por lo que no existió ninguna violación a las formalidades esenciales de procedimiento. Destacando que, los aspectos descritos corresponden y satisfacen las formalidades relativas a la etapa procesal de que se trata, en virtud que el acto reclamado es únicamente un acto de molestia, no así un acto privativo. Por lo que hace al concepto de violación señalado en el inciso c), es inoperante, toda vez que, es cierto que para dar lugar a la investigación inicial debe presentarse una denuncia o querella que es la voluntad de la víctima u ofendido para comparecer y hacer del conocimiento de un hecho probablemente constitutivo a un delito al Ministerio Público quien, a su vez, está facultado para recibir denuncias o querellas. Ahora bien, en el caso concreto, la representación social tuvo conocimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito, con base en la declaración presentada por Andrea Olga Gómez Salgado, por lo cual se inició la carpeta de investigación 31985/FVCE/OAXACA/2020, que se judicializó registrándose como la causa penal 391/2021, que se instruye contra el hoy quejoso, de conformidad con los artículos 221, 225, 127 y 131 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden, el quejoso aduce que, la víctima únicamente exhibe la carta factura para acreditar la propiedad del vehículo dañado y según el imputado, no es suficiente para acreditar la propiedad. Sin embargo, este juzgado de Distrito advierte que tal manifestación fue objeto de contradicción entre las partes técnicas durante la audiencia respectiva lo cual, a su vez, fue retomado por la jueza de control al dictar el auto de vinculación a proceso en la cual destacó que si bien dicha constancia no acredita plenamente la propiedad de un vehículo también es cierto que, según la sana crítica y las máximas de la experiencia es posible en esta etapa procesal sostener que esa carta factura de diecisiete de octubre de dos mil veinte, conlleva a la presunción de que la víctima suscribió un contrato de crédito automotriz con la distribuidora Mega Oaxaca S.A. de C.V., para la adquisición del vehículo de motor tipo Aveo nueva generación, año dos mil dieciocho, con número de serie LSGHD52H2JD017680, con motor hecho en China, con placas de circulación R19AWN de la Ciudad de México. Por ese motivo, es correcta la determinación y ponderación de la Jueza de control, respecto a que en esta etapa procesal ese dato de prueba, en relación con los demás datos aportados por la representación social, como la propia querella de la víctima que resintió los daños en la que dice que adquirió la unidad de motor en pago a dicha persona moral, concatenando a la vez el parte informativo que obra en autos del Policía vial que acudió al lugar de los hechos, quien, como lo describe, se percató que el conductor del vehículo que señaló la víctima, se trataba del imputado que al parecer estaba en estado de ebriedad, lo que se corroboró por el médico que lo revisó y determinó que se encontraba en el tercer grado clínico de ebriedad y, por ello, no apto para conducir; datos que son aptos y suficientes para tener por acreditado ese requisito de probabilidad. Todo lo anterior sumado a que la propia víctima Andrea Olga Gómez Salgado, manifestó que adquirió la unidad de motor "en pagos"; en ese orden no es exigible en este momento procesal acreditar plenamente tales requisitos ni los elementos del delito, dado el estándar probatorio mínimo que corresponde a esta etapa procesal, con fundamento en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por eso que resulta innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo. Ahora, el concepto de violación identificado con el inciso d), es inoperante, porque se basa en la premisa falsa de que debe generarse una cadena de custodia respecto a los dictámenes periciales. En primer término, debe destacarse que, conforme al artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cadena de custodia consiste en un sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su aseguramiento. En ese orden, sobre la reclamación de la cadena de custodia de los dictámenes periciales a que hace referencia el quejoso; debe destacarse que, en el caso particular, la cadena de custodia debería aplicarse a los vehículos como instrumentos u objetivos del delito, no así a los dictámenes periciales, que se elaboran sobre aquellos, como pretende hacerlo valer el peticionario del amparo. Máxime que los peritos son los encargados de elaborar los dictámenes y, para tal fin, en todo momento tienen acceso a los indicios que obren en autos, lo anterior previsto en los artículos 131 fracción IX, 227 y 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, atinente al concepto de violación e), este órgano constitucional estima que es inoperante el argumento relativo a que los dictámenes periciales de mecánica de hechos y avalúo de daños, solicitados por el Agente del Ministerio Público, y realizados por el perito Caín Aquino Santiago, no debían tener valor probatorio, por haber excedido lo instruido por la representación social. Es así, porque sobre la mecánica de hechos, se emitió el dictamen con las respectivas técnicas de investigación el cual corresponde a los daños ocasionados por el inculpado hoy quejoso a la víctima, lo anterior previsto en los artículos 131, 230. 239 y 240 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, relativo a la mecánica de hechos y avalúo de daños, la juez de control estuvo en lo correcto al otorgarles valor probatorio, ya que fueron realizados por el perito experto en la materia, que a su vez es trabajador de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y estimó que los daños estimados para el imputado asciende a la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos M/N), por lo que hace a la víctima el daño estimado asciende a la cantidad de $22,000.00 (veintidós mil pesos M/N). Es así, porque los datos de prueba, deben ser valorados por el órgano jurisdiccional (juez de control) de manera libre y lógica, toda vez que se trató de actuaciones lícitas, lo anterior con fundamento en lo previsto por los artículos 259 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que en el caso concreto aconteció, sin que se advierta existiera una violación a los derechos humanos del quejoso. También resulta infundado el concepto de violación señalado con el inciso f), en el que la parte quejosa aduce insuficiencia; de indicios razonables para la vinculación a proceso. Es así, porque de inicio, se observa que en la audiencia respectiva de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 391/2021, la Juez responsable fundó su determinación en los artículos 19, 105,108,225, 261,265, 316 fracciones I y IV, 365 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En primer término, para la emisión del auto de vinculación a proceso la juez precisó que era necesario analizar los requisitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, porque actualmente para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio como lo requería el auto de formal prisión, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ello atendiendo al estándar probatorio mínimo que exige esta etapa procesal. Apoya esta conclusión la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ES INNECESARIO CONCEDER LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN SU CONTRA CUANDO EN SU DICTADO LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAYA TENIDO POR ACREDITADOS LOS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y/O SUBJETIVOS DEL CUERPO DEL DELITO, AL NO TENER UN EFECTO ÚTIL QUE FAVOREZCA LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que al emitirse un auto de vinculación a proceso no deben examinarse los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos del cuerpo del delito, porque su análisis es propio de la sentencia definitiva y no de esa determinación de plazo constitucional en el que únicamente se requiere establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, como deriva de las consideraciones emitidas al resolver la contradicción de tesis 87/2016, que originó la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).", por ello, cuando en un juicio de amparo indirecto el acto reclamado consista en el auto de vinculación a proceso y de su estudio se advierta que el juzgador de instancia tuvo por acreditados los mencionados elementos del cuerpo del delito, es innecesario conceder la protección constitucional únicamente para el efecto de que la responsable deje insubsistente el acto reclamado y, en su lugar, dicte otro en el que se limite a verificar por cualquier método la suficiencia de datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, pues ese estudio no tiene un impacto en el procedimiento, ya que si la resolución reclamada soportó un estudio más profundo en el que se advirtió que se cumple con las exigencias previstas en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente que resistirá un nuevo análisis menos riguroso, por tanto, dicha concesión carecería de un efecto útil que favorezca la situación jurídica del quejoso, lo que no es acorde con los propósitos esenciales del juicio de amparo. Por tanto, la fundamentación y motivación que expone la juez responsable es suficiente pues expresa los aspectos necesarios para tal fin, cumpliendo con lo estipulado por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; siendo lo anterior, suficiente para que se dictara contra el quejoso, el auto de vinculación a proceso. Lo anterior, se aprecia en el disco audiovisual que obran en autos, específicamente de los que contienen la audiencia de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se observa que la Juez responsable estableció de manera precisa, al emitir el auto de vinculación a proceso, el hecho que se desprende de los datos de prueba incorporados por la representación social. A mayor abundamiento, se destacó que al emitir el auto de vinculación a proceso, la juez responsable hizo alusión a los datos de prueba que ponderados permitían determinar de manera razonable que existía la posibilidad de que el imputado participó en la comisión de delito mencionado. De manera destacada, la juez de control tomó en cuenta, entre otros, los siguientes datos: La declaración que dio el dieciséis de octubre de dos mil veinte, la víctima Andrea Olga Gómez Salgado. El parte informativo del policía municipal vial de Santa Cruz Xoxocotlán, que arribó al lugar del hecho el día de los hechos. La carta factura relativa exhibida por la víctima, a través de la cual acredita la compra del vehículo dañado. El oficio que expidió el juez calificador de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca a través del cual remite el parte informativo del policía vial segundo Ramón Rojas Castellanos, que versa sobre lo que ocurrió el día y hora en que señaló el evento de la víctima, catorce de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las veintidós horas con dieciocho minutos. Mecánica de hechos y avalúo de daños realizados por el perito experto en la materia, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca -en el cual se estimaron que los daños para el imputado ascienden a la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos M/N), mientras que a la víctima el daño estimado asciende a la cantidad de $22,000.00 (veintidós mil pesos M/N)-. Diligencia de inspección ocular del citado Agente Estatal de Investigaciones. Se resalta que la responsable determinó que ninguno de esos datos de prueba se había obtenido con violación a derechos humanos, además que no fueron objetados por la defensa del imputado y, por tanto, ninguno de ellos es ilícito. Aunado a lo anterior, es importante destacar que en la etapa procesal en la que se emitió el acto reclamado, el estándar de prueba que debe tener en cuenta el juez de control es únicamente de indicio, ello atendiendo a los propios vocablos que utiliza la Constitución Federal en su artículo 19, como los artículos 261 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer como requisito que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, agrega igualmente que se entiende que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Es decir, al referirse a la probabilidad en la comisión de algún ilícito, la ley se refiere a que únicamente se debe demostrar en grado de indicio, sin que sea exigible al Ministerio Público ni al Juez de Control un estándar de prueba plena, pues el procedimiento aún se encuentra por someterse a una etapa de investigación complementaria o formalizada, además de que esta exigencia haría que se dictara una resolución similar a una sentencia, lo que es propio de la etapa de juicio y no de una etapa inicial o de investigación. Asimismo, la autoridad responsable hizo calificación de las conductas antijurídicas, determinando, por un lado, que tales ilícitos se subsumían en los delitos de daños culposos por tránsito de vehículo, estableciendo que el mismo se encuentra contemplado y sancionado por los artículos 387 fracción III, 8 fracción II, 9 fracción I, 10 fracción I del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, lo cual es acorde a las actuaciones de la causa penal en comento. Por tanto, la existencia del hecho probablemente constitutivo de delito y la probable participación del quejoso, quedaron determinadas de manera suficiente en el auto de vinculación a proceso, mediante el cúmulo de datos de prueba que fueron incorporados por el Ministerio Público y que además fueron concatenados mediante la valoración libre y lógica, así como el uso de máximas de la experiencia y reglas de la lógica por la Juez de Control; sin que en el caso se advierta, ni aun en suplencia, que existió alguna transgresión que vulnerara los derechos humanos del quejoso. XI. DECISIÓN En consecuencia, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, así como las consideraciones expresadas en este fallo, con fundamento en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, procede a negar la protección Federal solicitada en contra del auto de vinculación dictado contra el quejoso. Además, procede sobreseer en el juicio constitucional por inexistencia respecto del acto de ejecución atribuido al Delegado Regional de la Unidad de Medidas Cautelares, de la Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee por inexistencia respecto del acto de ejecución atribuido al Delegado Regional de la Unidad de Medidas Cautelares, de la Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ***, contra el acto reclamado al Juez de Control en el circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en las consideraciones referidas en el apartado X de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por el Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca y dese vista a las partes. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo téngase como prueba de la autoridad judicial responsable, el disco versátil que remite para tal efecto. De igual forma, el disco versátil que remite la autoridad judicial, guárdese en la mesa IV de la secretaría de este juzgado a disposición de las partes para su consulta. En apoyo de lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 26/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO. Los artículos 75, 119, 122, 123 y 124 de la Ley de Amparo, en atención al principio pro persona y el derecho de acceso a la justicia, deben interpretarse en el sentido que los avances científicos y tecnológicos pueden incorporarse como parte del acervo probatorio. Así, a las videograbaciones que las partes ofrezcan como prueba, en cualquier soporte, deberá dárseles el tratamiento de una prueba documental, al tratarse de información que se encuentra plasmada en un soporte distinto al papel pero que posee las mismas características y busca el mismo objetivo, por lo que podrán presentarse en amparo indirecto, en los términos previstos en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, con anterioridad a la audiencia constitucional, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la misma y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, en caso de que el ofrecimiento de una videograbación se haga como inspección judicial, el juzgador deberá admitirla, aclarando que se tratará como prueba documental, a efecto de garantizar el derecho a una adecuada defensa y el derecho a probar. Notifíquese.
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