Ubaldo Hernández Castro

Expediente 728/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
728/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Ubaldo Hernández Castro
  • Ubaldo Hernández Castro y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de abril de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedieron la suspensión provisional y definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General . Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de once de diciembre de dos mil veinte e interlocutoria de veintiséis de enero del año en curso, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de abril de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia donde se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devuélvase a la autoridad judicial los medios de convicción que acompañó a su informe justificado, por carecer de objeto que continúen en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 728/2020, promovido por ***, en contra de actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar las consideraciones del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, para emitir auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal 723/2020, por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de Silvia Guadalupe Gómez Hernández. ANTECEDENTES El veintitrés de octubre de dos mil veinte, se desahogó la diligencia de comunicación de la imputación en la causa penal **, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. En dicha diligencia la Agente del Ministerio Público le hizo del conocimiento a **, los hechos que se le imputan, consistente en el delito de violencia familiar cometido en agravio de ** y solicitó al Juez lo vinculara a proceso. Realizado lo anterior, el juez de control responsable le hizo saber al imputado sus derechos y en qué consistía la diligencia que se llevaba a cabo. Así, una vez que el referido imputado y su defensa se pusieron de acuerdo, se reservó el derecho a declarar y solicitó se resolviera en ese instante su situación jurídica. En atención a ello, el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, dictó auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal **/2020, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de **. (Determinación que constituye el acto reclamado) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO **, presentó un escrito el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que precisará en el apartado correspondiente. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo se turnó el día de su presentación a este Juzgado de Distrito, la que se registró bajo el consecutivo 728/2020. Así, por auto de once de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca: El auto de vinculación a proceso de veintitrés de octubre de dos mil veinte, emitido dentro de la causa penal **/2020, por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de ***. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia de los actos reclamados al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado recibido el doce de enero de dos mil veintiuno por la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, lo que se corrobora con los discos versátiles digitales relativos a la causa penal 723/2020 que remitió en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." LEGITIMACIÓN Ubaldo Hernández Castro, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que el auto de vinculación a proceso reclamado, se emitió en su contra y lo obliga seguir un proceso penal, lo que a su decir vulnera sus derechos fundamentales. OPORTUNIDAD El acto reclamado se notificó a la parte quejosa en la audiencia de veintitrés de octubre de dos mil veinte, y esa notificación surtió efectos al día siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el veintisiete de octubre y concluyó el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, descontándose del cómputo los días el treinta y uno de octubre, unos, dos, siete, ocho, catorce, quince y dieciséis de noviembre de dos mil veinte, por ser sábados y domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. Al haberse presentado la demanda el dieciocho de noviembre de dos mil veinte-como se aprecia de la papeleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec-, se considera que es oportuna. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." ESTUDIO DEL ASUNTO El quejoso en su único concepto de violación, refiere que a su consideración no existen datos de prueba suficientes en la carpeta de investigación, para acreditar de manera probable que cometió el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar cometido en agravio de Silvia Guadalupe Gómez Hernández. Bien, recordemos que el acto que se controvierte en la presente instancia constitucional, es el auto de vinculación a proceso de veintitrés de octubre de dos mil veinte, emitido por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, en contra del aquí quejoso Ubaldo Hernández Castro, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar cometido en agravio de Silvia Guadalupe Gómez Hernández, lo que implica que la causa penal de origen se encuentra en la etapa preliminar o de investigación. Ahora, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. En ese sentido, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el Juez de control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Ahora bien, de la reproducción de los discos versátiles certificados que remitió la autoridad responsables, relativos a la audiencia de veintitrés de octubre de dos mil veinte, en la causa penal 723/2020, se advierte lo siguiente: Al minuto uno con treinta y nueve segundos de la grabación, se realizó la presentación de la institución ministerial y de Silvia Guadalupe Gómez Hernández, a quien le reviste el carácter de víctima. Al minutos trece con cuarenta segundos, el imputado consintió que fuera representado por el defensor de oficio; acto seguido, dicho profesionista se presentó formalmente en audiencia. A los dieciséis minutos con veinticinco segundos, la Institución Ministerial formuló la imputación de los hechos en contra de Ubaldo Hernández Castro. La formulación de la imputación finalizó formalmente a los veinte minutos con cincuenta y un minutos. A los veintitrés minutos con cuarenta segundos, la defensa se reservó el derecho a declarar. A los veintiocho minutos con treinta y cinco segundos, la institución ministerial realizó formalmente la solicitud de vinculación a proceso de Ubaldo Hernández Castro, por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar cometido en agravio de Silvia Guadalupe Gómez Hernández. A los cincuenta y ocho minutos con cinco segundos, el juez responsable, explica al imputado de manera detallada las consecuencias jurídicas de la solicitud realizada por la ministerio público, el derecho que tiene para que se resuelva su situación jurídica en ese momento o solicitar la ampliación del término para que aporte medios de pruebas al procedimiento. A los cincuenta y nueve minutos con diecinueve segundos, el imputado y su defensor indicaron al juez que era su deseo que se resolviera su situación jurídica en ese momento. A los sesenta minutos con cuatro segundo, el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, vinculó a proceso a ***, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar cometido en agravio de ***. De los acontecimientos antes expuesto, se debe puntualizar que se respetó al aquí quejoso el principio constitucional de presunción de inocencia, debido a que se le trató como tal, se le otorgó oportunidad de defensa al estar asistido por un defensor de oficio, se le hizo saber su derecho a guardar silencio o no declarar y la trascendencia de éste, su derecho a ofrecer pruebas, a la información, el conocimiento del motivo por el que estuvo en la sala de audiencias y su derecho a una impartición de justicia pronta. También, debe señalarse que se cumplió con lo previsto por el ordinal 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la audiencia se desahogó con apego a los principios de publicidad, al ser pública; de inmediatez, ya que la participación de las partes fue ininterrumpida, sin intermediarios; el de contradicción, debido a que las partes ejercieron libremente su derecho a controvertir los datos de convicción comunicados e incorporados verbalmente; de continuidad y concentración, en razón de que los actos desarrollados en la audiencia se realizaron en una sola, se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. Igualmente, se considera que se atendieron las exigencias que requiere el contenido del artículo 19 Constitucional, así como lo dispuesto por los ordinales 311 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque según consta de la copia certificada de los discos versátiles digitales de la audiencia celebrada en la causa penal de origen el veintitrés de octubre de dos mil veinte, la Agente del Ministerio Público formuló imputación por el hecho que la ley señala como delitos de violencia familiar, cometido en agravio de **, y se precisaron las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución. Posteriormente, se emitió auto de vinculación a proceso por la probable participación de Ubaldo Hernández Castro, en ese hecho delictivo. Los datos de prueba destacados en el auto de vinculación fueron los siguientes: De la Agente del Ministerio Público: Querella de Silvia Guadalupe Gómez Hernández, rendida ante el Agente del Ministerio Público, de fecha dos de agosto del dos mil veinte. Dictamen médico de lesiones, de fecha dos de agosto del dos mil veinte, emitido por la doctora María Elena Rojas Ramírez, perito médico de la Fiscalía General del Estado, con cedula profesional 2657929. Dictamen psicológico, de fecha el cuatro de agosto del dos mil veinte, emitido por la licenciada en psicológica Reyna Paola Aguilar Torres, perito psicóloga de la Fiscalía General del Estado, con cedula profesional ***. Entrevista del Agente Estatal de Investigaciones **, de fecha nueve de agosto del dos mil veinte, a **, quien es hija del imputado y de la víctima. Atestado del registro civil, emitido por parte de la Oficial Cuarto del Registro Civil de esta Ciudad, en relación al acta de matrimonio entre Ubaldo Hernández Castro y Silvia Guadalupe Gómez Hernández. Acta policial de inspección ocular, realizada a las once quince horas, del día ocho de agosto del dos mil veinte, por el mismo ***. El Juez de Control estableció sustancialmente que los hechos que se acreditan con los datos de prueba previamente enlistados, son los siguientes: "1. Que la víctima *** y el imputado ***, celebraron matrimonio civil el día quince de febrero del año dos mil siete, establecieron su domicilio familiar en la calle **, número **, colonia **, de Pueblo Nuevo, Oaxaca. 2. Que el día primero de agosto del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las veintiún horas con treinta minutos, llegó el imputado, en este caso el señor ** a su domicilio familiar ya citado y la víctima, la señora *** le sirvió de cenar y en ese momento el imputado le dio la cantidad de $600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.), le dijo que era su gasto, respondiéndole la víctima que eso no le alcanzaba para el teléfono y los gastos de la casa, a lo que el imputado le contestó que sólo eso le tocaba porque ella no le estaba dando el culo, enseguida la víctima se metió en su cuarto a dormir y el imputado le dijo que iba a dormir con ella porque le había dado dinero, a lo que la víctima le respondió que no y el imputado se fue a dormir a un cuarto en la planta alta del mismo domicilio. 3. Que siendo aproximadamente las dos horas del día dos de agosto del año dos mil veinte, la víctima se encontraba durmiendo en su cuarto ubicado en el mismo domicilio familiar y el imputado intentó entrar en ese momento al cuarto de la víctima, pero al tener seguro la puerta, comenzó a patear la puerta, la víctima se levantó y le quitó el seguro, en este momento el imputado empuja la puerta, se fue sobre la víctima y comienza a darle de puñetazos en la cabeza del lado izquierdo, diciéndole: "Para qué madres le pones seguro hija de la chingada, hija de tu puta madre", enseguida se metió al baño y al salir le dijo a la víctima que para qué le metió seguro a la puerta, si ya no quería nada con él, que si tenía otro que se fuera con él, que estaba harto y que se iba a ir pero se merecía esos golpes y más. 4. Con dicha conducta el imputado le ocasionó a la víctima un edema por contusión en región temporal izquierda, y psicoemocionalmente un estado de estrés agudo. [.]" Ahora, los hechos que la ley señala como el delito de violencia familiar, se encuentra estipulado en los numerales 404, 404 bis y 405 del Código Penal del Estado de Oaxaca aplicable, los cuales son del tenor siguiente: "CAPITULO I Violencia familiar 404. Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. 404 Bis. Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: I. Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas; II. Violencia psicoemocional. Acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio; III. Violencia patrimonial. Acto u omisión encaminado a apropiarse o destruir el patrimonio de la pareja o de cualquier miembro de la familia sin autorización, mismos que pueden consistir en el abuso de los ingresos, el apoderamiento, despojo, transformación, sustracción, destrucción, desaparición, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos; IV. Violencia económica. Privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos financieros para el bienestar físico y psicológico de los receptores de la violencia familiar o de algún miembro de la familia, cuyas formas de expresión pueden representar el incumplimiento de las responsabilidades alimentarias, para el sostenimiento familiar, o las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos; V. Violencia sexual. A toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo, lesiona o daña la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de cualquier persona. Se expresa a través de la inducción a presenciar o realizar prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, así como la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja, entre otros y; VI. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las personas a decidir libre, responsable y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, a servicios de atención prenatal, servicios obstétricos de emergencia y servicios de interrupción legal y segura del embarazo en casos de violación. 405. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de tres a nueve años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por la legislación en la materia; además se sujetará a tratamiento especializado en el Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, que para personas agresoras de violencia familiar establece la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. La pena señalada en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad de su mínimo y su máximo; en los casos en que la violencia se ejerza en contra de personas adultas mayores, persona con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o durante tres meses posteriores al parto. En el supuesto de que, se ejerza la violencia física a que se refiere la fracción I del artículo 404 Bis de este Código, la pena será de 5 a 10 años de prisión. En ningún caso se entenderá como tratamiento o rehabilitación, la violencia hacia persona alguna con trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los menores de edad. [.]" Énfasis propio. En relación con los elementos del ilícito en cuestión, el juez responsable destacó los siguientes: Que se realice una acción u omisión con la cual se domine, someta, agreda, controle a una persona dentro o fuera del domicilio familiar. Que se atente contra su integridad física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual o contra los derechos reproductivos. Que el agresor y agraviado tengan o hayan tenido una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad legal, concubinato, noviazgo, o relaciones similares. Así dicho juzgador precisó que en el caso específico se ejerció violencia familiar del tipo física y psicoemocional, dentro de una relación de afinidad legal como lo es el matrimonio. Para tener por comprobados los indicados elementos, la responsable tomó en consideración los datos de prueba ofrecidos dentro de la causa penal, los cuales fueron valorados de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 259, 263, 265 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El suscrito considera que fueron correctamente ponderados, porque, para acreditar los primeros dos elementos del tipo penal, tomó en consideración de manera conjunta, primeramente la querella realizada por ** rendida ante el Agente del Ministerio Público de fecha dos de agosto del dos mil veinte. De dicha narrativa se advierte que el día uno de agosto de dos mil veinte, siendo aproximadamente las veintiún horas con treinta minutos, arribó al domicilio familiar el imputado ***, acto seguido su esposa *** le sirvió de cenar y en ese momento el imputado le proporcionó la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), el cual correspondía para su gasto. La fémina le respondió que eso no le alcanzaba para el teléfono y los gastos de la casa, a lo que el imputado le contestó que sólo eso le tocaba porque ella no le estaba dando el culo. Posteriormente, la víctima se metió en su cuarto a dormir y el imputado le dijo que iba a dormir con ella porque le había dado dinero, a lo que la víctima le respondió que no, a lo que el imputado se fue a dormir a un cuarto en la planta alta del mismo domicilio. Así, siendo aproximadamente las dos horas del día dos de agosto del año dos mil veinte, la víctima se encontraba durmiendo en su cuarto ubicado en el mismo domicilio familiar y el imputado intentó entrar en ese momento al cuarto de la víctima, pero al tener seguro la puerta comenzó a patearla, enseguida la víctima se levantó y le quitó el seguro, en este momento el imputado empuja la puerta, se abalanza sobre la víctima y comienza a darle de golpes en la cabeza del lado izquierdo, diciéndole: "para qué madres le pones seguro hija de la chingada, hija de tu puta madre", enseguida el agresor se metió al baño y al salir le dijo a la víctima que para qué le metió seguro a la puerta, si ya no quería nada con él, que si tenía otro que se fuera con él, que estaba harto y que se iba a ir pero se merecía esos golpes y más. De ahí que el juez consideró, que ese dato es relevante al caso, porque la referida víctima en la que resintió la conducta delictiva desplegada por el imputado y es preponderante su declaración, lo que arrojó valor indiciario. Lo que se considera atinado porque la declaración de la víctima es objetiva, percibió hechos propios que son capaces de mencionar por cualquier persona, identifica el momento en el que sucede el hecho que da origen a la causa penal de origen; se advierten circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del hecho que manifestó a la institución ministerial, a saber, describió como un día común que le dio de cenar a su esposo y este le otorgó dinero para su gasto, el imputado empezó a insultarla, lo que concluyó en golpes; en consecuencia, resulta ser idónea, necesaria, pertinente y coherente para estimarla con alcance probatorio para fijar la circunstancias de tiempo, modo y ejecución del hecho que denunció. Lo antes narrado fue corroborado con la entrevista realizada por el Agente Estatal de Investigaciones de nueve de agosto de dos mil veinte a la hija procreada por la parte imputada y víctima, de nombre Abigail Hernández Gómez. En dicha entrevista se narra que efectivamente ella es hija de las partes imputada y víctima del proceso penal en estudio, que tiene conocimiento que desde hace siete años su padre de nombre Ubaldo Hernández Castro, golpea a su madre, ya que su progenitor es un hombre agresivo, que recuerda que siempre que llega de trabajar la insulta y le avienta cosas. Recuerda que el día dos de agosto de dos mil veinte, ella se encontraba durmiendo en su cuarto, que se ubica en el segundo nivel de la casa, cuando de pronto escuchó que su padre estaba golpeando la puerta del cuarto donde dormía su madre, el cual se ubica en el primer nivel de la casa. Acto seguido, escuchó que se abrió la puerta del cuarto de su madre y su padre le dijo "chingada madre porque cierras la puerta", al principio no hizo nada porque pensó que su padre solo le iba a reclamar a su mamá y a insultarla como siempre; sin embargo, de forma repentina escuchó el llamado de su madre "Abi puedes bajar por favor" a lo que se levantó de la cama y acudió al cuarto de su madre, encontrándola llorando, a lo que la cuestionó que había pasado, así Silvia Guadalupe Gómez Hernández contestó que el referido imputado la había golpeado con el puño en el lado izquierdo de la cabeza. A dicho medio de convicción le fue otorgado valor indiciario, ya que se trató de una narrativa por parte de una persona que estuvo el día de los hechos, que señala de manera detallada circunstancias de tiempo, modo y ejecución. De igual forma, se considera acertado el valor indiciario que el juez responsable otorgó a dicha entrevista, pues se trata de lo narrado por una testigo de los hechos acontecidos y que es hija de ambas partes. Seguidamente, tomó en consideración el certificado médico de lesiones de dos de agosto de dos mil veinte, emitido por la perito médico de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el que arrojó que la víctima presentó un edema por contusión en región temporal izquierda, las cuales son lesiones por más de doce horas de evolución, las cuales ponen en peligro la vida y tardan en sanar aproximadamente quince días. Así como el dictamen psicológico que se le practicó, de fecha cuatro de agosto de dos mil veinte, por la perito en psicología adscrita a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, opinión técnica que revela que la víctima presenta indicadores significativos de depresión intermitente, ansiedad en rangos altos y respecto del funcionamiento familiar, responde como "disfuncional familiar". La víctima no tiene rasgos psicóticos, retraso o daño mental y tiene adecuado contacto con la realidad. En el mismo dictamen tocante al estado emocional de la víctima, refiere que cuenta con un estrés agudo, donde muestra síntomas como ansiedad, angustia y temor, relacionados al problema de su relación, a lo que sugirió inicio de tratamiento terapéutico. De ese modo, atendiendo a que los dictámenes realizados tienen congruencia externa y son corroborados con la declaración de la víctima y lo declarado por su primogénita. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 256, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 188, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Sexta Época, Apéndice 2000, del tenor siguiente: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.-Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." De igual forma, tomo en consideración la inspección ocular realizada el ocho de agosto de dos mil veinte, por el Agente adscrito a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en el que describe el lugar donde se suscitaron los hechos, a lo que correctamente otorgó valor indiciario, al tratarse de un acto de investigación a cargo de una persona facultada para ello, la cual describe datos objetivos que se pueden perciben a través de los sentidos de la vista, el tacto y el oído, lo que guarda relación con la declaración de la víctima Silvia Guadalupe Gómez Hernández, ya que corrobora su dicho. Máxime, que para la práctica de dicha inspección no se necesitan conocimientos especializados, basta utilizar el sentido de la vista para detallar las características de ese lugar. En sustento a lo anterior, se cita la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, visible en la página 36, Volumen 56, Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES DEL, PARA ALLEGARSE PRUEBAS. INSPECCION. La Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, en su artículo 1o., fracción I, reglamenta las facultades que sobre el particular le concede la Constitución para allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para buscar prueba es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio Público, porque de no ser así se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del inculpado. Dentro de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual es de las más convincentes, porque satisface el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse. La que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, dando la Ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos. La función primordial del Ministerio Público es la de investigar, y, semánticamente, este vocablo significa practicar diligencias para descubrir alguna cosa, así como efectuar diligencias, esto es, averiguaciones que se hacen de un delito o reo. Tal es la esencia misma de la función del Ministerio Público, por lo que desconocer ésta es desnaturalizar su actividad. El Ministerio Público tiene la obligación impostergable de allegar al órgano jurisdiccional todos los medios probatorios para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado, pues de lo contrario incapacitaría a la autoridad judicial para resolver sobre la acción penal ejercitada, la cual no prosperaría y traería consigo zozobra social al no castigarse las conductas delictivas. Al Ministerio Público como órgano investigador le está permitido allegarse los elementos probatorios necesarios, ya que si su función fuera limitada daría como resultado una infructuosa investigación penal." Finalmente, otorgó valor probatorio al atestado del registro civil emitido por parte de la Oficial Cuarto del Registro Civil de esta Ciudad, en relación al acta de matrimonio entre *** y **, en la que demuestra hasta ese momento procesal penal la afinidad de las partes involucradas y se acredita el tercer elemento del cuerpo del delito. Se concuerda con el valor probatorio otorgado por el juez responsable, ya que se trata de una documental pública expedida por un funcionario en ejercicio de sus facultades, en la que como bien lo refiere, es suficiente e idónea para acreditar la afinidad legal de ** y **, bajo la institución del matrimonio. De ahí, que el juez responsable concluyó que los datos de prueba resultan idóneos y pertinente, para el esclarecimiento de los hechos delictivos; es decir, la violencia física y psicoemocional ejercida por parte de Ubaldo Hernández Castro en contra de su esposa Silvia Guadalupe Gómez Hernández, ocurrida los días uno y dos de agosto de dos mil veinte, información suficiente para sustentar la vinculación a proceso. Con base en lo anterior, el suscrito coincide con el resolutor de origen en cuanto a que el primer y segundo de los elemento del ilícito de violencia familiar (una acción que atente contra la integridad física y psicológica), se surte a partir de que el imputado el día uno y dos de agosto de dos mil veinte, primeramente realizó intimidaciones, insultos, amenazas y humillaciones a la persona de nombre **, lo que provocó alteración en su autoestima. No obstante ello, finalizó con agresión física haciendo uso de sus manos, ocasionando lesiones en contra de la víctima, que pusieron en peligro su integridad física. Por lo que respecta al tercer de los elementos (que el agresor y agraviado tengan relación por afinidad legal), en el caso que nos ocupa como bien lo consideró el resolutor de origen, es suficiente con el atestado de registro civil emitido por parte de la Oficial Cuarto del Registro Civil de esta Ciudad, en relación al acta de matrimonio entre ** y **, en la que demuestra hasta ese momento procesal penal la afinidad de las partes involucradas, bajo la institución del matrimonio. En ese sentido, el suscrito considera que con los datos de prueba destacados en párrafos anteriores se colman cada uno de los elementos de los hechos que la ley señala como el delito de violencia familiar. En lo que atañe a la probabilidad de que Ubaldo Hernández Castro, cometió el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, se encuentra demostrada hasta este momento con los mismos datos de prueba incorporados por la Agente del Ministerio Público, los cuales ya fueron reseñados en párrafos anteriores, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos en este apartado, ya que si bien es cierto que los elementos del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que los imputados lo perpetuaron son conceptos diferentes, también lo es que puede suceder que un medio de prueba sirva para comprobar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado, puede revelar la actualización del primero y, por otro, acreditar la existencia de aquélla probabilidad; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia violación de derechos fundamentales. En efecto, tal como lo precisó la responsable, dicha probabilidad se evidencia principalmente con lo expuesto por la querella de la víctima y de lo narrado en la entrevista realizada a su primogénita de nombre Abigail Hernández Gómez, en el que narra las acciones e intimidaciones por parte del imputado, que finalizaron en violencia física y psicoemocional. Así como el reconocimiento y señalamiento del autor de los hechos delictivos, quien estuvo a cargo de su pareja por afinidad legal. Lo que se corroboró con los dictámenes medico de lesiones y psicológico, donde acreditan de manera indiciaria las secuelas de lesiones física y psicológicas en perjuicio de la víctima. Luego entonces, de lo antes expuesto se patentiza, por lo menos hasta este momento, existe la probabilidad de que **, cometió el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en agravio de **. De ahí que este órgano jurisdiccional considere válido que la responsable determinara que la intervención de Ubaldo Hernández Castro, fue a título de autor, de conformidad con lo establecido en la fracción II del numeral 11 del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Bajo ese contexto, contrario a lo expuesto en su único concepto de violación realizado por la parte quejosa, a criterio de este Juzgador Federal, si existen datos de prueba hasta este momento procesal, para acreditar de manera indiciaria que participó en la comisión del hecho delictivo que se le imputa, tal y como se expuso a lo largo de la presente resolución. Máxime que para el dictado del auto de vinculación el Juez de Control no requiere la existencia de pruebas con valor probatorio pleno, sino sólo es necesario analizar si se aportaron datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Esto es, basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Igualmente, resulta aplicable la tesis XV.3o.6 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable en la página 2167, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." En ese tenor, el suscrito concluye que el Juez de Control al emitir el auto de vinculación a proceso, cumplió con las exigencias establecidas por el artículo 16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir la determinación en estudio se encuentra fundada y motivada, ya que de la videograbación de la audiencia se aprecia que precisó los fundamentos legales aplicables al caso concreto, así como los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían datos de prueba que denotan, hasta ese momento, que existe la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- participó en la comisión del hecho que la ley señala como violencia familiar, en agravio de ***. DECISIÓN Consecuentemente, al resultar jurídicamente ineficaz el único concepto de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **, en contra del acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado X del presente fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Del estado procesal de autos, se advierte que en determinación emitida el pasado dos de marzo, se ordenó agregar el informe justificado rendido por el juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet; por tanto, se encuentra transcurriendo la vista prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes tengan conocimiento del referido informe. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las catorce horas con veinticinco minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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