Tulio Bautista Bautista -privado de la libertad-

Expediente 239/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
239/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Tulio Bautista Bautista -privado de la libertad-
  • Tulio Bautista Bautista -privado de la libertad- y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el escrito aclaratorio signado por *** por el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, asimismo indicó la etapa procesal en la que se dictó el acto que reclama y el estado procesal en que se encuentra actualmente el procedimiento de origen. En tal virtud, téngasele dando cumplimiento a la prevención formulada por este juzgado federal el diez del mes en curso, en los términos efectuados en el ocurso de referencia. Atento a lo anterior, y vista de nueva cuenta la demanda de amparo que promueve el impetrante de amparo, contra las autoridades y acto siguientes: Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Acto reclamado: Resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dictado por el juez responsable, dentro de la causa judicial 76/2019, en la cual negó la nulidad de diversos actos procedimentales. Acto que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 16, 17 y 20, apartado B, fracción I y VIII, constitucionales. Ahora, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda, el suscrito advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". En ese sentido, de los numerales preinsertos se advierte que el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siendo que la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dictada por el juez responsable, dentro de la causa judicial ***, en la cual negó decretar la nulidad de diversos actos procedimentales planteados por la defensa, constituye únicamente una violación a las leyes del procedimiento, impugnable al dictarse la sentencia definitiva en el procedimiento de origen. En efecto, la citada resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, emitida dentro de la causa judicial ***, del índice de la responsable, por el cual negó decretar la nulidad de diversos actos procedimentales planteados por la defensa, no tiene tales características de irreparabilidad para la procedencia del amparo indirecto, bajo los lineamientos de la Ley de Amparo, atento a lo cual lo procedente es desechar en el presente juicio. Ahora bien, se pone de manifiesto que por actos de ejecución irreparable se entienden únicamente aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos emitidos en un juicio, de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos, no afectan a los gobernados, pues sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso se podrán interponer los recursos correspondientes e incluso recurrirlos en vía de amparo directo o indirecto, como en el caso. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia En síntesis, conforme a la definición legislativa contenida en el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten derechos sustantivos, y no los que sólo afecten derechos procesales. Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis en el que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación del juicio que resulten de imposible reparación, a fin de evitar la promoción de juicios indefinidos por cuestiones que se pudiera considerar que afectan sin que alcancen las condiciones que se establecen ahora específicamente, pudiendo llegar a generar ese pernicioso efecto; por ello, los actos dictados en este tipo de procedimientos son reclamables una vez que hayan trascendido a la resolución final, y sólo cuando hayan afectado derechos sustantivos pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. Sentado lo anterior, conviene destacar la diferencia entre los conceptos de derechos adjetivos y los derechos sustantivos. Los derechos adjetivos se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos o de jurisdicción voluntaria. Se trata pues de derechos emanados de las disposiciones instrumentales establecidas al servicio de la resolución final del procedimiento jurisdiccional. En cambio, los derechos sustantivos se derivan de preceptos destinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. "La clasificación derecho sustantivo se refiere a las normas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso." Según se ha visto, son de imposible reparación los actos intraprocesales que puedan afectar derechos sustantivos destinados a regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el trabajo, la libertad, el patrimonio, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones particulares, entre otros. El carácter irremediable de estos actos estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en la esfera jurídica material del gobernado, afectación que no podría desvanecerse con una sentencia favorable. En la especie, resulta claro que la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, emitida dentro de la causa judicial ***, del índice de la responsable, con la cual negó decretar la nulidad de diversos actos procedimentales planteados por la defensa, no debe ser considerada como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues dicha determinación únicamente afecta derechos adjetivos de las partes, los cuales producen efectos intraprocesales, mismos que pueden ser reparados al emitir la sentencia que en su momento se llegue a emitir en el controvertido de origen. Lo anterior, en virtud de que se trata de un acto que no produce una afectación material, ya que únicamente tiene efectos procesales, y los mismos pueden desaparecer si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable; por tanto, no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque -de existir- se trata de una de las violaciones a las leyes que rigen el procedimiento reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo. En ese sentido, se insiste que la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, emitida dentro de la causa judicial ***, del índice de la responsable, con la cual negó decretar la nulidad de diversos actos procedimentales planteados por la defensa; no puede considerarse como un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que, en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento. En esas condiciones, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro de juicio que tenga una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente. En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es procedente, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *** al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia.

  2. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que remite los autos originales del expediente principal relativo al juicio de amparo *** del índice de este órgano jurisdiccional, así como testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el veintiuno de abril de dos mil veintidós, por la superioridad en los autos del recurso de queja penal *** de la estadística del citado tribunal. Acúsese el recibo correspondiente y glósense al expediente principal devuelto, únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél a dicho tribunal. Ahora bien, en el caso, en dicha ejecutoria se determinó lo siguiente: ".ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." De la ejecutoria en comento se desprenden las siguientes consideraciones: "En mérito de lo anterior, es evidente que el Juez de Distrito no debió desechar la demanda de amparo, sino que debió prevenir al quejoso en términos del numeral ***, para que cumpliera con el requisito establecido en el precepto***, del mismo ordenamiento legal, es decir para que bajo protesta de decir verdad manifestara los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, entre otros datos que considerara pertinentes, debiendo destacar la etapa en la que se dictó el acto reclamado y el estado procesal en que el que se encuentre actualmente el procedimiento penal de origen, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del numeral citado en primer término; en ese sentido, sólo en caso de que el quejoso subsanara la omisión en que incurrió, el Juez de Distrito quedaría en aptitud de verificar la procedencia del juicio de amparo con base en los antecedentes que haya narrado aquél, en el en entendido que, si optara por tener actualizada nuevamente alguna causa de improcedencia, el A quo debe cerciorarse de que ésta sea manifiesta e indudable." Por tanto, como está ordenado por la superioridad: Prevención. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo que promueve ***, se previene a la parte quejosa para el efecto de que, en el plazo de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: PRIMERO. Manifieste bajo protesta de decir verdad, de forma cronológica, ordenada y detallada, la totalidad de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Se requiere lo anterior, en virtud de que el promovente fue omiso en relatar dicho apartado en su demanda de amparo, circunstancia que transgrede lo establecido en el numeral ***. SEGUNDO. Indique la etapa en la que se dictó el acto reclamado -resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós- y el estado procesal en que el que se encuentra actualmente el procedimiento penal de origen, esto es, la causa judicial ***, del índice del Juzgado Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Se apercibe al quejoso que, en caso de no dar cumplimiento al requerimiento señalado en párrafos precedentes, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Se le hace saber a la parte quejosa que la persona que en un juicio de amparo con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita los que les consten, con relación al acto reclamado, a excepción de los contemplados por el artículo ***, será acreedora a una pena de dos a seis años de prisión y multa.

  4. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

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