Tulio Bautista Bautista

Expediente 424/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
424/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Tulio Bautista Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta firmado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como testimonio autorizado de la ejecutoria dictada el veintiocho de julio del presente año, en el recurso de queja penal 67/2022 del registro del referido órgano jurisdiccional, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, por propio derecho, en contra del auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en el juicio de amparo indirecto 424/2022-H.". Acúsese a la superioridad el recibo correspondiente. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósense al expediente principal devuelto, únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél a dicho tribunal. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. En consecuencia, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el cual transcribe el auto de veintiocho de abril del año en curso, dictado dentro del recurso de queja *** de su registro, del que se advierte que dicho tribunal admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de diecinueve de abril de la presente anualidad, a través del que se desechó la demanda de amparo; de lo se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Agréguese el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual solicita copias certificadas de todo lo actuado en el presente asunto. En ese sentido, expídasele a su costa, las copias certificadas que solicita, previa constancia que obre en autos para su entrega. Asimismo, se le hace de su conocimiento que, a efecto de que las copias que solicita le sean expedidas, deberá enviar un correo electrónico a la dirección jariverasa@cjf.gob.mx en el que precise el número de expediente, así como las constancias cuya certificación desea obtener; ello con la finalidad de que le sea agendada una cita, en la que acompañada por el personal autorizado por este juzgado federal, deberá acudir al Centro de Fotocopiado Oficial ubicado en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Tlaxcala, en donde habrán de reproducirse las actuaciones solicitadas. Se precisa que la data que se señale dependerá de la carga de trabajo y el volumen de las documentales a fotocopiar, la cual se hará de su conocimiento por la misma vía -correo electrónico- Asimismo, quedará a discreción de la parte interesada generar un código QR en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de ingresar a las instalaciones que ocupa este juzgado federal y que las copias certificadas le sean entregadas; empero, la cita deberá generarse para un día en que medien, cuando menos, cuarenta y ocho horas hábiles contadas a partir del fotocopiado de las constancias relativas, dado que es el lapso indispensable para que el personal reducido que labora presencialmente lleve a cabo los preparativos correspondientes. No obstante, dígasele a los quejosos que se encuentran en aptitud de obtener copia de las constancias que obren en el expediente electrónico, las cuales, al contener evidencia criptográfica, se consideran como copia certificada electrónicamente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Ahora, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Así las cosas, este órgano de control constitucional de oficio advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo ***. En cuanto a ello, es menester señalar que el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La demostración de lo anterior requiere dilucidar en qué consisten los actos de imposible reparación. Para explicar esto, se expondrá el criterio de clasificación de tales actos sustentado por el Máximo Tribunal del país durante la vigencia de la *** abrogada. Posteriormente, se explicarán las razones por las que ese criterio es inaplicable para los asuntos regidos por la actual ***. Establecía que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, ni la norma constitucional ni la reglamentaria establecían qué debe entenderse por actos de imposible reparación. De tal suerte, para dar contenido a ese concepto jurídico, fue necesaria la interpretación judicial de los tribunales de amparo. Como se puede ver, el citado precepto reiteró que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación; pero también agregó que esos actos son los que afecten materialmente derechos sustantivos. Así, el legislador secundario estableció una interpretación auténtica sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido. En este nuevo contexto normativo, no puede subsistir la interpretación judicial según la cual los actos de imposible reparación son los que afectan derechos sustantivos y los que podrían perturbar gravemente derechos adjetivos. Es así, porque esa clasificación dicotómica resulta incompatible con la definición legal recién acuñada, la cual sólo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos. En síntesis, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten derechos sustantivos, y no los que solo afecten derechos procesales. Sentado lo anterior, conviene destacar la diferencia entre los conceptos de derechos adjetivos y los derechos sustantivos. Los derechos adjetivos se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos o de jurisdicción voluntaria. Se trata pues de derechos emanados de las disposiciones instrumentales establecidas al servicio de la resolución final del procedimiento jurisdiccional. En cambio, los derechos sustantivos se derivan de preceptos destinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. "La clasificación derecho sustantivo se refiere a las normas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso." Según se ha visto, son de imposible reparación los actos intraprocesales que puedan afectar derechos sustantivos destinados a regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el trabajo, la libertad, el patrimonio, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones particulares, entre otros. El carácter irremediable de estos actos estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en la esfera jurídica material del gobernado, afectación que no podría desvanecerse con una sentencia favorable. En el caso, la parte quejosa se duele de la determinación de cinco de abril de dos mil veintidós, dictada en la causa judicial ***, por la cual el Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en atención a la petición de la defensa, negó excluir los medios de pruebas ofrecidos por el agente del ministerio público, dentro la etapa intermedia. Sin embargo, dicha resolución no debe ser considerada como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues únicamente afecta derechos adjetivos de las partes, los cuales producen efectos intraprocesales, mismos que pueden ser reparados al emitir la sentencia que en su momento se llegue a emitir en el controvertido de origen. Lo anterior, en virtud de que se trata de un acto que no produce una afectación material, ya que únicamente tiene efectos procesales, y los mismos pueden desaparecer si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable; por tanto, no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque -de existir- se trata de una de las violaciones a las leyes que rigen el procedimiento reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo. En ese sentido, se insiste que la resolución reclamada no puede considerarse como un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que, en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento. En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, es procedente, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por la parte quejosa ***, al encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta; y como autorizados para tales efectos a las personas que refiere, por así solicitarlo expresamente. De igual forma, se tiene por señalados el número telefónico, así como el correo electrónico, a efecto de que por esos medios, este juzgado establezca comunicación no procesal, sin que ello implique que dichos contactos a través de medios electrónicos sustituyan a las notificaciones El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.

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