TRANQUILlNA MARTINEZ ROMERO
Expediente 1881/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1881/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- TRANQUILlNA MARTINEZ ROMERO
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, hayan interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia de fecha uno de febrero de dos mil diecisiete, dictada por este Juzgado Federal, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, primero de febrero de dos mil diecisiete. Audiencia Constitucional En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las once horas con cuatro minutos del uno de febrero de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Mario Andrés Lesher González, secretario con quien legalmente actúa, procede a dar inició a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1881/2016, promovido por Tranquilina Martínez Romero, por su propio derecho, sin asistencia de las partes. Luego, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 206494, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Enseguida el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar y se abre el periodo probatorio en la presente audiencia. Acto continuo, con fundamento en el artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, los informes justificados de las autoridades responsables, mismos que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda Ahora, sin más pruebas que desahogar, el Juez declara abierto el período de alegatos, por lo que el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento alguno. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 1881/2016, promovido por Tranquilina Martínez Romero, por su propio derecho, y: R E S U L T A N D O Único. Presentación de la demanda y trámite del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos; Tranquilina Martínez Romero, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que en su demanda indicó. En acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis este órgano jurisdiccional admitió la demanda promovida, por lo que solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en sus términos conforme al acta que antecede y sin la asistencia de las partes, por lo que: C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia legal. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que se reclaman actos de autoridades administrativas con residencia en la entidad federativa en que este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado es necesario precisar cuál es éste, por lo que debe analizarse íntegramente el escrito de demanda a fin de atender lo que quiso decir el quejoso y no únicamente lo que en apariencia dijo, ello a fin de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro electrónico 192097, que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de una interpretación íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional a las autoridades responsables I) Dirección de Supervisión Operativa de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos; II) Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos; y, III) Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, se hacen consistir en: 1. La orden de detención de la unidad de transporte público concesionada a Tranquilina Martínez Romero; y, 2. La orden de cancelación de la referida concesión. Actos que la parte quejosa considera violatorios de los artículos 6°, 7°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia el órgano jurisdiccional que conozca del mismo debe analizar, en primer lugar, la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular. Lo anterior es así, ya que de no ser ciertos los actos combatidos sería innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia; es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos. Tiene aplicación a lo expuesto en el párrafo que antecede la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 212775, cuyo rubro y texto establecen: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Luego, la Dirección de Supervisión Operativa y la Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular, ambas de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, así como la propia Secretaría, al rendir su informe justificado negaron expresamente la existencia de los actos reclamados, sin que se hayan desvirtuado dichas negativas por lo que, se adelanta, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Al respecto se invoca la jurisprudencia 284, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación con el registro electrónico 1002350, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En efecto, Tranquilina Martínez Romero reclama las órdenes de detención y cancelación emitidas respecto de la unidad de transporte público concesionada a su favor, actos que no existen, pues de los informes remitidos por las autoridades responsables se advierte que ninguna aceptó haber ordenado detención o cancelación alguna. Negativa que revirtió la carga de la prueba a la parte quejosa y que Tranquilina Martínez Romero no desvirtuó con medio de convicción alguno, no obstante la vista que se le dio con los informes justificados rendidos mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso concreto la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro electrónico 187728, que a continuación se transcribe: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese contexto, dada la inexistencia de los actos reclamados por la parte quejosa consistentes en las órdenes de detención y cancelación de la unidad de transporte público concesionada a su favor; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo en que se actúa. En atención al sentido del fallo, no es dable el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo en relación con el fondo del acto que se analiza. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia 509 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro electrónico 394465, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cuarto. Cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Tranquilina Martínez Romero, contra los actos y autoridades señaladas en la presente resolución, en términos del considerando tercero de la misma. Segundo. Por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez Jorge Carenzo Rivas, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos y advirtiéndose de los mismos que se encuentra transcurriendo el término concedido a las partes, para imponerse del contenido del informe rendido por el Director General Jurídico; Director General de Transporte Público, Privado y Particular; y Director de Supervisión Operativa, todos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos; consecuentemente, a fin de no violentar el procedimiento en esta contienda constitucional y proteger la equidad procesal de las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta las once horas con cuatro minutos del día uno de febrero de dos mil diecisiete, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense para que obren como correspondan los INFORMES JUSTIFICADOS, rendidos por el Director General Jurídico; Director General de Transporte público y Privado y Particular; y Director de Supervisión Operativa, todos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos; con sus contenidos, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Ténganse como Delegados de las citadas autoridades responsables, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designan, asimismo, se tiene como señalado el domicilio que indican siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
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