Tony Sanchez Martinez
Expediente 943/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Tony Sanchez Martinez
- JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILlACION y ARBITRAJE DEL ESTADO
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.********************Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio número 1208, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese Órgano Colegiado en los autos del toca ********************.********************Acúsese el recibo de estilo correspondiente.********************Atento a la ejecutoria de mérito, hágase del conocimiento de las partes, que la resolución dictada por este Juzgado Federal, con fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis, fue confirmada por la Superioridad, bajo los puntos resolutivos: ********************"PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida.********************SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************".****************************************En esas condiciones, glósese a los presentes autos el cuaderno de antecedentes respectivo así como el cuaderno original del incidente de suspensión, para que obre como corresponda; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Por otra parte, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo ******************** de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.********************Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. ********************Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado.********************Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción.********************Notifíquese y cúmplase.********************Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 2824/2016, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual comunica que se admite el recurso de revisión interpuesto por Tony Sánchez Martínez por conducto de su apoderado Miguel Velázquez Martínez, parte quejosa en el presente juicio de amparo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil dieciséis; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de tres de agosto de dos mil dieciséis, que a la letra dice: Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por *********, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión, en contra de la resolución dictada el veintiséis de julio de dos mil dieciséis, por este Juzgado Federal. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 88 y 89 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN QUE SE HACE VALER. Se ordena agregar a los autos copia del escrito de expresión de agravios; distribúyanse las demás entre las partes y una vez que se encuentre debidamente integrado el presente juicio de amparo, remítase junto con el original y copia del mencionado escrito al Tribunal Colegiado correspondiente, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del citado recurso. Fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil dieciséis; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de julio de dos mil dieciséis AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con tres minutos del día veintiséis de julio de dos mil dieciséis, hora y día señalado para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con asistencia del Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien actúa y da fe, se inició la Audiencia Constitucional del juicio de amparo número 943/2016, promovido por *********************, a través de su apoderado legal; sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Se declara abierto el periodo probatorio, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales que acompañó el quejoso a su escrito de demanda, las que exhibió el apoderado legal de la parte tercero interesada Industria de Asiento Superior Sociedad Anónima de Capital Variable y las que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, en el informe de justificado, lo anterior con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede a abrir el periodo de alegatos, en el que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogados los que formuló el apoderado legal de la parte tercero interesada; por otra parte, se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no formuló pedimento alguno, motivo por el cual se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 943/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, y turnado a este juzgado de Distrito en esa fecha, Tony Sánchez Martínez, a través de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por el acto que a continuación se señala: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. De la H. Junta Especial 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la ilegal resolución dictada al incidente de falta de personalidad promovido por la ahora quejosa en el juicio natural número 01/1884/09-III. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, conocer de la demanda de garantías de que se trata, registrándose bajo el número 943/2016, misma que fue admitida a trámite mediante proveído de uno de junio de dos mil dieciséis; asimismo, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable y se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna; finalmente, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y que forma parte integrante del presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 103 y 107 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1° fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo fracción XVIII y cuarto fracción XVIII, de los Acuerdos Generales 03/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide el Territorio de la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado emana de una autoridad que radica dentro del ámbito territorial donde este juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en observancia a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; realizando para tal efecto, un análisis conjunto de la demanda de garantías, que atienda a lo que materialmente se pretende, tal y como lo ha dispuesto nuestro máximo Tribunal de la República. Tiene aplicación en este sentido, la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del Tomo XI de abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De igual forma, es aplicable por las razones que lo contienen, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a la Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, Tesis P. VI/2004, visible a página 255, cuyo epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por tanto, en cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con la finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, de tal manera que de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda y de las constancias que conforman el expediente, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar: * La resolución interlocutoria de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio laboral número 01/1884/09-JE1, del índice de la responsable, mediante la cual declaró improcedente el incidente de falta de personalidad planteado por la parte actora. Por razón de método y técnica del juicio de amparo, en toda sentencia primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". En relación al acto reclamado, la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la resolución interlocutoria de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio laboral número 01/1884/09-JE1, del índice de la responsable, mediante la cual declaró improcedente el incidente de falta de personalidad planteado por la parte actora, mismas que adquiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 305, visible en la página doscientos seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". TERCERO. Resulta innecesario analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en virtud de que en el presente asunto se actualiza una causal de improcedencia del juicio de amparo, cuyo análisis es oficioso, de orden público y de estudio preferente en término de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin que al caso sea dar vista a la parte quejosa, en virtud de que este órgano jurisdiccional no se encuentra en la hipótesis ahí prevista. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia identificada como I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la décima época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 2, enero de 2014, tomo IV, en la página 2660, en la que por rubro y texto, se dice: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita". En la especie, el acto de que se duele la parte quejosa se traduce en la resolución interlocutoria de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio laboral número 01/1884/09-JE1, del índice de la responsable, mediante la cual declaró improcedente el incidente de falta de personalidad planteado por la parte actora. Al respecto, este Juzgado Federal estima actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no constituye una resolución que afecte materialmente algún derecho sustantivo. Bien, en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. [.] [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El análisis de los preceptos invocados de la Ley de Amparo, orienta a materializar la improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. De ahí que sea necesario precisar qué se entiende por "ejecución irreparable", para efectos de la hipótesis legal señalada. En efecto, la propia Ley de Amparo define que debe entenderse por actos de imposible reparación, y son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como puede advertirse de lo expuesto, el nuevo criterio general introducido por el constituyente, es que los actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en modo tal que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata. Asimismo, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el que resulte afectado obtiene sentencia a su favor. Ahora, la parte quejosa se duele, esencialmente, de la resolución interlocutoria de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio laboral número 01/1884/09-JE1, del índice de la responsable, mediante la cual declaró improcedente el incidente de falta de personalidad planteado por la parte actora; sin embargo, dicha actuación judicial no afecta algún derecho sustantivo, como la vida, la propiedad, la libertad, la justicia pronta, etcétera. En efecto, con el acto procesal consistente en la determinación que declara improcedente el incidente de falta de personalidad, no se lesionan derechos sustantivos, sino meramente adjetivos, por lo que dicha determinación no se estima relevante para la procedencia del juicio de amparo, ya que, como se ve, en tal actuación judicial no se hace depender la suerte del procedimiento. Apoya lo anterior la tesis identificada como IV.1o.T.1 K (10a.), sustentada por Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en la décima época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero de 2014, tomo III, en la página 2162, en la que por rubro y texto, se dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL DISPONER QUE SON LOS QUE AFECTAN MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El referido numeral de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, no se contrapone con el contenido de los mandatos establecidos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino que, en todo caso, los reglamenta, ya que fija lo que debe entenderse por actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto y, al efecto, dispone que se trata de los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que si la Ley de Amparo es el ordenamiento reglamentario de los citados artículos constitucionales, se concluye que dicha legislación cumple con su finalidad y es congruente con la Constitución, en la medida en que regula el contenido y alcance de los conceptos previstos en ésta, sin que ello se traduzca en imponer limitantes al acceso a la administración de justicia". Así mismo, la tesis identificada como IV.2o.C.5 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en la décima época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero 2014, tomo III, en la página 2159, en la que por rubro y texto, se dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". De igual forma, la tesis identificada como II.1o.C.1 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en la décima época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes catorce de marzo de dos mil catorce, con el siguiente rubro y texto: "PERSONALIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El siete de febrero de dos mil trece, previo a la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se expidió dicha legislación, la Cámara de Diputados adujo, entre otras cosas, que incorporaba en forma puntual criterios que se habían desprendido de la jurisprudencia y de la doctrina jurídica que facilitaban el entendimiento del juicio de amparo, y que trataban de explicar en forma clara y precisa los aspectos técnicos del juicio de amparo, y fuera asequible para el común de las personas. Sobre esa base, como en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban la Ley de Amparo abrogada, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación se situaba como tales, tanto a los que afectaran derechos sustantivos como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior, y ahora en la Ley de Amparo vigente se acota expresamente a los primeros, debe entenderse que ante esa limitación, los citados en segundo plano no son susceptibles de combatirse en amparo indirecto, dado que no se incorporaron al texto del precepto de que se trata, no obstante la existencia de esos dos criterios orientadores que antaño interpretaban lo que debía entenderse por actos de imposible reparación. De ahí, entonces, que aun cuando la resolución que desestime la excepción de falta de personalidad pueda considerarse una violación procesal relevante, finalmente no ocasiona una afectación a derechos sustantivos, sino sólo procesales adjetivos y, por ende, debe reclamarse en la vía directa. De esta forma, este Tribunal Colegiado, en una nueva reflexión, se aparta del que venía sosteniendo desde el tres de abril de dos mil trece, en relación con el tema ahora analizado, y donde se había pronunciado en sentido diverso". En esas condiciones, al no darse los supuestos de procedencia para el juicio de amparo indirecto pues, como ya se dijo, el acto reclamado no afecta derechos sustantivos, se llega a la conclusión de que, para la procedencia del amparo indirecto, la resolución reclamada no es de imposible reparación, como lo establece la fracción V, del artículo 107 de la ley de la materia, por lo que la parte quejosa deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo, en el juicio respectivo, para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 172, de la Ley de Amparo. Asimismo, la jurisprudencia P./J. 24/92, en lo aplicable y conducente, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 56, Octava Época, Agosto de 1992, página 11, registro 205651, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el juicio de garantías por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, a contario sensu, ambos del citado ordenamiento legal. CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76, y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *********************, por el acto y la autoridad precisados en el resultando primero y por los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido del Secretario José Alberto Tapia Tapia, quien firma y da fe.-
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