Torbec Torno, Bombas, Electromécanica, Computación
Expediente 646/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 34 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 646/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 10/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Eladio Aguilar Xicoténcatl
- Torbec Torno, Bombas, Electromécanica, Computación
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio DACA/SCA/M-II/002172/2018, del Agente del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República de la Ciudad de México, por el que devuelve el oficio 6521/2018, dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; y, toda vez que de autos se advierte que esa Procuraduría tiene la representación del citado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, devuélvase dicho oficio a la autoridad oficiante para los efectos legales procedentes, remitiéndole copia simple del oficio de dos de agosto de dos mil diecisiete, por el que se acredita dicha representación. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, ordenándose agregar el original del incidente de suspensión y por cuerda separada el duplicado del mismo. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente y los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, ya que a criterio del suscrito no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Devuélvase al Presidente de la junta responsable el expediente laboral 412/2016, mismo que adjuntó al rendir su informe justificado, desglosándose los autos de las fojas 82 a la 311, dejándose en su lugar la certificación correspondiente. Notifíquese.
- Principal
A sus autos, el expedientillo derivado del presente juicio de amparo, en el que se ordenó reservar sobre el acuerdo del oficio registrado con el 19931, suscrito por la Supervisor "A" homologado a Jefe de Departamento de la Subdirección de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto se dictara la sentencia correspondiente en el presente juicio. En consecuencia, agréguese a sus autos el oficio citado en el párrafo que antecede por el que se rinde informe justificado, únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el veintinueve de enero del año en curso, se terminó de dictar sentencia en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
*** V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 646/2017 promovido por OLAF HERNÁNDEZ CUAHUTLE representante de MIGUEL ERNESTO BENÍTEZ RAMÍREZ en su carácter personal y como propietario de la negociación TORBEC TORNO, BOMBAS, ELECTROMECÁNICA, COMPUTACIÓN, en contra de los actos reclamados de la Junta Especial Número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, que consideró violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito presentado el diez de julio de dos mil diecisiete, OLAF HERNÁNDEZ CUAHUTLE representante de MIGUEL ERNESTO BENÍTEZ RAMÍREZ en su carácter personal y como propietario de la negociación TORBEC TORNO, BOMBAS, ELECTROMECÁNICA, COMPUTACIÓN, acudió ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en demanda del amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se precisa: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- Lo es la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, con domicilio en su recinto oficial." "IV. ACTO RECLAMADO.- De la Junta antes mencionada, se reclama la resolución de fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, misma que recayó al incidente de interrupción de juicio promovido por el suscrito en fecha veintisiete de junio de la presente anualidad, en la cual se negó la interrupción respectiva y omitió analizar cuestiones planteadas". Mediante escrito fechado el trece de julio de dos mil diecisiete la parte quejosa aclaró su escrito de demanda, señalando lo siguiente: "Se señalan como autoridades responsables a: H. Congreso de la Unión, con domicilio en su recinto oficial. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en su recinto oficial. Actos que se les reclaman: Del H. Congreso de la Unión.- La discusión, aprobación y expedición del Código Civil Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928, en específico el artículo 2600 tildado de inconstitucional. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.- La aprobación, firma, promulgación y orden de publicación del Código Civil Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928, en específico el artículo 2600 tildado de inconstitucional [.]" Los anteriores actos los estimó violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Por auto de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver del presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el acto que se reclama tendrá ejecución dentro del ámbito territorial en el cual ejerce jurisdicción. SEGUNDO.- Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben dejarse precisados los actos que se reclamaron a las autoridades señaladas como responsables, y que son los siguientes: La discusión, aprobación, promulgación y expedición del Código Civil Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928, en específico el artículo 2600; La resolución de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, emitida en el expediente laboral 412/2016. En tales condiciones, esos serán los actos que constituyan la materia de análisis de este juicio. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255 del Tomo XIX, Abril de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACION CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.- El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe de acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Una vez que se precisó lo anterior, se procede al análisis de la certeza o inexistencia del acto reclamado. TERCERO.- El Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores y Subdirectora de Amparos en representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, rindieron su informe justificado negando la existencia del acto reclamado sin que la parte quejosa haya aportado elemento probatorio alguno con el que desvirtuara la negativa que hicieron las autoridades responsables de mérito, y así estar en posibilidad de acreditar lo contrario, aun cuando se le dio la vista respectiva con el informe justificado rendido por éstas, por lo que recayó en ella la carga de la prueba, para acreditar de manera alguna la existencia de dichos actos. No obsta a lo anterior, que en el caso la parte quejosa haya ofrecido como pruebas de su parte, las documentales consistentes en copias deducidas del expediente 412/2016; ya que dichas documentales únicamente resultan pertinentes para acreditar la personalidad de quien promueve en nombre la parte quejosa, el escrito que dio origen al acto reclamado y el acta de defunción de la parte actora en el juicio de origen que justifica su deceso. Ciertamente, ya que en dichas documentales no se asienta dato alguno del cual se pueda inferir, que la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, haya discutido, aprobado, promulgado y expedido el Código Civil Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928, en específico el artículo 2600. Informe que dado su carácter de documento público por haber sido emitido por autoridades en ejercicio de sus funciones, merece pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa de su numeral 2°, que resulta apto para tener por demostrada la inexistencia de los actos que les atribuyen, pues de su contenido no se advierte la participación de las citadas responsables. Ahora bien, la obligación que impone el artículo 117 de la ley de la materia, en el sentido de que las autoridades responsables al rendir su informe deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia en el juicio y acompañar en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dichos informes, en los que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, más no cuando esas autoridades negaron categóricamente los actos que se les imputan, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos últimos, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza de los actos de que se trata y, luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que son ilegales. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (febrero de 2002), visible en la página 903, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa, debe sobreseerse en el juicio de garantías, por lo que hace a las mencionadas autoridades, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-2 (Enero-Junio de 1990), Octava Época, visible en la página 589, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en términos del artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo." Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII (Agosto de 2000), visible en la página 260, que indica: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, rindieron su informe justificado admitiendo la existencia del acto reclamado, certeza que se corrobora con el original del expediente 412/2016, documental a la que se le otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. La certeza de los anteriores actos deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables, sino además porque esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del ordenamiento relativo, en razón de tratarse de normativas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en virtud de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII (Agosto de 2000), visible en la página 260, que indica: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." QUINTO.- Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1ª. /J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo IX (Enero de 1999), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso concreto, este juzgador advierte de oficio que en la especie respecto del acto de aplicación consistente en la resolución de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, emitida en el expediente 412/2016 del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. En efecto, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, la Junta responsable emitió un proveído en cuya parte conducente señala: "[.] Se ordena agregar a los autos los escritos de fecha veintisiete de junio del año dos mil diecisiete, signado por el C. Miguel Ernesto Benítez Ramírez en su doble carácter de demandado en lo personal y como legítimo propietario de la negociación comercial conocida como TORBEC (Torno, Bombas, Electromecánica, Computación) respectivamente; atentos a su contenido el primero de los escritos, se tiene al citado promovente, revocando todo nombramiento de apoderados y domicilio hecho con anterioridad en autos y nombrando como nuevo apoderado legal al Licenciado Olaf Hernández Cuahutle, de igual forma con fundamento en el artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo, como lo solicita se le tiene designado como domicilio para recibir notificaciones los estrados de esta Honorable Junta. Por lo que respecta al segundo de sus escritos, atento a su contenido se le hace saber a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo que solicita, en primer término "la interrupción del juicio por muerte del trabajador" no es procedente toda vez que el demandado reconoció que no es necesario el ejercicio de una acción independiente a la intentada por el actor, para que el procedimiento pueda continuar después del fallecimiento de éste, por la intervención de los causahabientes. Y no ha lugar a la suspensión del procedimiento, en virtud de que, en términos del artículo 2600 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, y teniendo mandatario el actor, aun cuando el mandato termina por muerte del mandante, el mandatario debe continuar su encargo en tanto los herederos proveen por sí mismos en los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar un perjuicio, cobrando en lo conducente la jurisprudencia bajo el registro 244839, con el rubro "SUSPENSION IMPROCEDENTE DEL PROCEDIMIENTO POR MUERTE DEL TRABAJADOR". En segundo término la nulidad de lo actuado a partir de la muerte del trabajador, en tal tesitura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, las resoluciones que dicten las juntas no pueden ser invalidadas por medio de defensa alguno; y de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 762 relacionado con los diversos 739 a 751, 761 a 765 y específicamente lo dispuesto por el diverso 752 del ordenamiento legal invocado, se advierte que el legislador se refiere a la nulidad de las notificaciones mas no a las actuaciones de las juntas. Resultando aplicable al caso en concreto la jurisprudencia cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "NULIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL ES IMPROCEDENTE EL INCIDENTE QUE SE INTERPONE CON APOYO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 762 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN CONTRA DE LAS ACTUACIONES DISTINTAS A NOTIFICACIONES." Novena Época registro 181091, Instancia Segunda Sala, Jurisprudencia; Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio 2004, Materia (s): Laboral, Tesis 2ª./J.92/2004; página 284. Asimismo cobra aplicación la tesis cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE NULIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 762 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO NO VULNERA GARANTÍAS SI SE RECLAMÓ DETERMINADA ACTUACIÓN Y NO UNA NOTIFICACIÓN" [.] En esas circunstancias se desecha de plano el referido, ordenándose la continuación del procedimiento en la etapa procesal correspondiente [.]" Ahora bien, los mencionados preceptos legales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" Por otra parte, los artículos 107, Constitucional, fracción III, inciso b), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." De estas disposiciones se colige, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de dicho procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Y, como el artículo 62 de la nueva Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia 189, que aparece publicada en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia o laudo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que estos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora bien, en el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en la que se determinó que no ha lugar a la suspensión del procedimiento ni a la tramitación del incidente de nulidad planteado. De lo anterior, se desprende que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, por lo que es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, tal situación únicamente implica base para la emisión de la resolución que resuelva el juicio en lo principal. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia que resuelve el juicio natural es adverso a los intereses de la parte quejosa. Por otra parte, respecto a que la junta responsable omitió examinar las cuestiones planteadas por el solicitante del amparo, debe decirse que dicha omisión no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa, por ende, tampoco constituye un acto de imposible reparación. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 1086 del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo en vigor, y con apoyo en el dispositivo 63, fracción V de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de garantías. En esa tesitura, al resultar improcedente el acto de aplicación no se procede a analizar la inconstitucionalidad del numeral 2600 del Código Civil Federal, habida cuenta que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400 del Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, Apéndice 2000, de rubro y texto siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION.-Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Asimismo, tiene aplicación a respecto la jurisprudencia 509, visible en la página 335, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXIII en relación con el artículo 107, fracción V, 63, fracción V, 73, 74, 75, y 217 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MIGUEL ERNESTO BENITEZ RAMÍREZ en su carácter personal y como propietario de la negociación TORBEC TORNO, BOMBAS, ELECTROMECÁNICA, COMPUTACIÓN a través de su apoderado OLAF HERNÁNDEZ CUAHUTLE. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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