Tomás Salvador Hernández Medina
Expediente 1020/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Tomás Salvador Hernández Medina
- Andrés Hernández Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los escritos de Patricia Flores Rodríguez, autorizada en términos amplios del tercero interesado Andrés Hernández Díaz. En el primero, la promovente interpone recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, en el que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación; en consecuencia, distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito con expresión de agravios y en acatamiento al numeral 89 del referido ordenamiento legal, remítanse en su oportunidad los autos del presente juicio de amparo con dos cuadernos de pruebas, escrito original con expresión de agravios y una copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. Con copia del escrito de expresión de agravios fórmese cuaderno de antecedentes. Finalmente, en el segundo de los escritos de cuenta, la promovente solicita copia certificada de la sentencia de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno dictada en el juicio agrario 401/2018; por tanto, como se solicita, con fundamento en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2º, expídase la copia certificada que se solicita, en el entendido que la misma se obtendrá del testimonio certificado del expediente 401/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, el cual fue remitido por dicha autoridad responsable, previo recibo y razón que de ello obre en autos. Notifíquese personalmente al quejoso y al tercero interesado Andrés Hernández Díaz; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; por lista a los restantes terceros interesados y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Principal
e R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, conforme a lo razonado en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Captúrese esta resolución, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente al quejoso y al tercero interesado ********************; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; por lista a los restantes terceros interesados y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, el día de hoy veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.***
- Principal
Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número ********************, promovido por********************; R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el trece de julio de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido el mismo día en este órgano jurisdiccional,******************** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33. Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala. ACTOS RECLAMADOS: A la primera autoridad, el quejoso reclama la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, en la que se declaró infundado el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia dictada en el juicio agrario ********************. A la segunda autoridad, se le reclama la anotación de la sentencia dictada en el referido juicio. Actos que considera violatorios de los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 1 a 14). SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. En proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, se ordenó radicar la demanda con el número de juicio de amparo ******************** y se admitió a trámite; se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento (fojas 15 a 18, 25 y 26). De igual forma, en la tramitación del presente juicio de amparo se ordenó el emplazamiento a los terceros interesados ********************, diligencias que se efectuaron en los términos que obran en autos (fojas 22 a 24 y 96 a 101). Además, mediante escrito acordado el veinte de julio de dos mil veintitrés, el tercero interesado ******************** se apersonó al presente juicio de amparo (fojas 27 a 29, 80 y 81). Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados, por grado, son del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia son de naturaleza administrativa y porque tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse en forma clara y precisa los actos reclamados. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: Al Magistrado del Tribunal Unitario Distrito 33, el quejoso reclama la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, en la que se declaró infundado el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia dictada en el juicio agrario ********************. Al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala, se le reclama la inscripción de la sentencia dictada en el referido juicio. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, en virtud de que al rendir sus informes justificados por conducto del Secretario de Acuerdos que suple la ausencia de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33 y del Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala, los cuales obran de fojas 31 a 77, 85 y 86, aceptaron los actos atribuidos y, por ende, se tiene plenamente probada su existencia. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con el expediente relativo a las copias certificadas del juicio agrario ******************** del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33 y con las copias certificadas de la inscripción de la sentencia efectuada en el Registro Agrario Nacional, las cuales fueron remitidas por las autoridades responsables como apoyo a sus informes justificados (fojas 35 a 77 del presente juicio de amparo, así como tomos I y II de pruebas). Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo a analizar el tema de la procedencia del juicio de amparo y para una mejor comprensión del asunto, es necesario relatar las constancias que dieron origen al acto reclamado: 1.- Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 33 con sede en el Estado de Tlaxcala, ******************** promovió juicio agrario de prescripción adquisitiva contra el ahora quejoso******************** y reclamó como prestaciones que ha operado la prescripción adquisitiva sobre la parcela ejidal con el número ******************** del núcleo agrario ********************, y que se le reconociera el derecho y titularidad sobre dicha parcela, la cual afirmó tener en posesión desde hace doce años; asimismo, solicitó se ordenara al Registro Agrario Nacional cancelara el certificado parcelario ******************** expedido a ********************, además de solicitar que se inscribiera y expidiera el certificado parcelario que lo acredita como titular de la referida parcela (fojas 1 a 13 del tomo I de pruebas). 2.- En acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33 admitió a trámite la demanda promovida por ******************** y ordenó el emplazamiento del demandado********************, diligencia que se llevó a cabo el día veintiséis siguiente (fojas 14, 15 y 20 ídem.). 3.- El doce de marzo de dos mil diecinueve se llevó a cabo la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Agraria, en la cual, entre otras cuestiones, el demandado******************** señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida ********************, y/o estrados; asimismo, el antes nombrado presentó su escrito de contestación de demanda y formuló demanda reconvencional contra ********************, a quien le reclamó como prestaciones la entrega y restitución de la parcela ejidal con el número ******************** del ejido de ******************** (fojas 40 a 58 ídem.). 4.- Seguido el trámite del juicio agrario por sus fases procesales, el tres de diciembre de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva en el juicio agrario ********************, en la cual se resolvió que el actor ******************** no acreditó sus pretensiones y el demandado******************** demostró sus excepciones y defensas, por tanto se determinó improcedente declarar que ha operado a favor de ******************** la prescripción de la parcela ******************** del ejido ********************; además, en acción reconvencional, se resolvió que el actor******************** acreditó parcialmente los extremos de sus pretensiones, en tanto que ******************** demostró sus excepciones y defensas, por lo cual determinó que el actor reconvencional es titular de la referida parcela y se declaró improcedente condenar al demandado a la restitución, desocupación y entrega de la misma (fojas 189 a 223 ídem.). 5.- El diez de enero de dos mil veinte se notificó la referida sentencia en el domicilio procesal señalado por el aquí quejoso,********************, sito en ********************, ello mediante instructivo que se dejó en el domicilio (foja 225 ídem.). 6.- Mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veinte,******************** interpuso recurso de revisión, el cual fue declarado improcedente por el Pleno del Tribunal Superior Agrario en resolución de diecinueve de agosto de dos mil veinte (fojas 226, 227 y 356 a 364 ídem.). 7.- Por escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, ******************** presentó demanda de amparo directo, de la cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quedando radicada la demanda con el número de juicio ********************, asimismo, dicho asunto fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en el cuaderno auxiliar ******************** en sesión de veintinueve de enero de dos mil veintiuno y se determinó conceder la protección constitucional al quejoso (fojas 232 a 273 y 286 a 309 ídem). 8.- En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33 dejó insubsistente la sentencia de tres de diciembre de dos mil diecinueve y dictó sentencia el día quince siguiente, en la que resolvió que ******************** probó su acción y declaró procedente declarar que ha operado la prescripción positiva en su beneficio de la parcela ******************** del ejido ********************, y ordenó que una vez que causara ejecutoria dicha resolución, se remitiera copia certificada de la misma al Registro Agrario Nacional en Tlaxcala para que procediera su inscripción; asimismo, resolvió que el actor reconvencional******************** no acreditó los extremos de sus pretensiones; finalmente, se ordenó que dicha sentencia fuera notificada a las partes en los domicilios procesales señalados en autos por conducto de sus autorizados legales (fojas 310 y 314 a 352 ídem.). 9.- Acta circunstanciada de veintinueve de noviembre de dos ml veintiuno levantada por la Actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, en la que asentó la imposibilidad para notificar a******************** la sentencia de veinticinco de marzo e dos mil veintiuno, al señalar que no logró localizar el domicilio señalado como ********************, en razón de que al recorrer la calle no apreció alguna edificación con el indicado número y solamente existen locales comerciales (foja 385 vta. ídem.). 10.- Notificación de sentencia practicada por estrados el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno a******************** (foja 385 ídem.). 11.- Mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, a******************** planteó incidente de nulidad de notificación de la sentencia dictada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno (fojas 388 a 392 ídem.). 12.- En acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33 desechó de plano el incidente de nulidad de notificaciones; asimismo, en dicho proveído causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de origen y se ordenó girar el oficio 340/2022 al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala para que realizara la inscripción de dicha sentencia (fojas 394 y 395 ídem.). 13.- Inconforme con la anterior determinación,******************** promovió juicio de amparo indirecto, del cual correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con el número ******************** y en el que en sentencia terminada de dictar el trece de septiembre de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional para el efecto de que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33 dejara insubsistente el acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós y admitiera el incidente de nulidad de notificaciones; asimismo, la sentencia protectora causó ejecutoria el veintidós de octubre de dos mil veintidós y se requirió su cumplimiento (fojas 476 a 485 y 498 idem.). 14.- En acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33 dejó insubsistente el acuerdo combatido y admitió a trámite el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia dictada en el juicio agrario de origen, celebrándose la audiencia relativa a dicho incidente el cinco de diciembre de dos mil veintidós (fojas 501 y 513 ídem.). 15.- En resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, se resolvió el incidente de nulidad de notificaciones en el sentido de declararlo infundado (fojas 532 a 534 ídem.). La anterior resolución es la que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, y previamente al estudio de fondo del asunto, la suscrita Juzgadora debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el tercero interesado ********************, en su escrito acordado el veintiocho de julio de dos mil veintitrés (fojas 27, 28, 80 y 81), aduce que el juicio de amparo promovido por******************** es improcedente, toda vez que considera que el quejoso no formuló conceptos de violación en su demanda de amparo, además de que se trata de actos consentidos y que ya fueron materia de diverso juicio de amparo. Las causales de improcedencia son infundadas. En primer lugar, es cierto que de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, no se desprende un capítulo específico que se denomine "conceptos de violación"; sin embargo, ello no torna improcedente el presente juicio constitucional, pues como se verá más adelante en esta sentencia, de un estudio integral de dicho libelo, es posible advertir los motivos de inconformidad del impetrante en relación con la resolución que constituye la materia de reclamo. Por tanto, son suficientes dichas argumentaciones para advertir la causa de pedir del quejoso al acudir a este instancia constitucional, aunque no se encuentran contenidas en un capítulo de la demanda que contenga la denominación de conceptos de violación En todo caso, aún y cuando no se hubiese planteado argumentación alguna que denote la inconformidad con el acto reclamado, ello no sería motivo suficiente para declarar la improcedencia del juicio, pues en el caso opera la suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo, dado que del juicio de origen se advierte que al impetrante******************** le reviste la calidad de ejidatario que en acude a esta instancia en defensa de sus derechos agrarios. Respecto a la segunda de las causales de improcedencia hechas valer por el tercero interesado, atinente a que la resolución reclamada se trata de un acto consentido, debe decirse que la Ley de Amparo, en su artículo 61, fracciones XIII y XIV, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." En el caso a estudio, no se acreditan tales supuestos, toda vez que del juicio agrario de origen se aprecia que la resolución aquí reclamada, consistente en la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, le fue notificada personalmente al autorizado del ahora quejoso******************** el veintitrés de junio de dos mil veintitrés. A partir de esa fecha, el antes nombrado contaba con el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 17 de la ley de la materia, el cual se computa del veintisiete de junio al diecisiete de julio de dos mil veintitrés, con descuento de los días veinticuatro y veinticinco de junio; uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de julio de ese año por ser inhábiles; por tanto, si la demanda de amparo se presentó el trece de julio de dos mil veintitrés, como se aprecia del sello de recepción que obra a foja 4 de autos, es dable concluir que se presentó en tiempo y, por tanto, no fue consentida tácitamente, como lo argumenta el tercero interesado. Además, de las constancias del juicio agrario de origen y del presente juicio de amparo, no se advierte manifestación alguna del quejoso que implique conformidad con el acto reclamado; de ahí que la causal de improcedencia hecha valer en ese sentido es infundada. Finalmente, el tercero interesado ******************** señala que el acto reclamado fue materia de diverso juicio de amparo; al respecto, el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Conforme a dicha disposición legal, el juicio de amparo no procede contra actos que fueron materia de diverso sumario constitucional conforme a la fracción X del mismo dispositivo legal, esto es, que haya sido promovido por el mismo quejoso y contra las mismas autoridades responsables. En el caso a estudio, no se acredita dicha causal de improcedencia, en razón que como quedó establecido en esta sentencia, los actos reclamados son la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, en la que se declaró infundado el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia dictada en el juicio agrario ******************** y la inscripción de dicha resolución en el Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala. Conforme a ello, de las actuaciones del procedimiento agrario de origen y de este sumario constitucional, se desprende que los anteriores actos no han sido materia de análisis en diverso juicio de amparo, pues en todo caso, lo que se encuentra demostrado es que contra la resolución de ocho de febrero de dos mil veintidós, en la cual el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33 desechó de plano el incidente de nulidad de notificaciones planteado por******************** (fojas 394 y 395 del juicio agrario), el antes nombrado promovió juicio de amparo indirecto. De dicho asunto correspondió conocer a este Juzgado de Distrito en el juicio de amparo ********************, en el cual se concedió la protección constitucional a efecto de que se dejara insubsistente dicho auto de desechamiento y se admitiera a trámite (fojas 476 a 485 y 498 idem.). Derivado de ello se dictó la resolución que resolvió declarar infundado dicho incidente, lo que es materia del presente asunto. En consecuencia, los actos reclamados en este juicio de amparo no fueron materia del diverso asunto radicado con el número ******************** de este órgano jurisdiccional, ni de otro sumario; por tanto, es infundada la causal de improcedencia que se hace valer por el tercero interesado. Finalmente, la autoridad responsable, Secretario de Acuerdos que suple a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, al rendir su informe justificado (fojas 85 y 86), hace valer como causal de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." La indicada autoridad afirma lo anterior, pues considera que la resolución que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo ya fue impugnado en el diverso sumario constitucional ******************** de este Juzgado de Distrito y se emitió en cumplimiento a lo ahí resuelto. Lo anterior es infundado, pues como ya se explicó, el referido juicio de amparo se promovió por******************** contra la determinación que desechó de plano el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia dictada en el juicio agrario ********************, es decir, se trata de un acto diferente al aquí combatido, pues lo que se reclama ahora es la determinación que resolvió de fondo dicho incidente. Además, la circunstancia que dicha resolución se haya emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo ********************, ello no hace improcedente esta instancia constitucional, toda vez que los efectos de esa sentencia protectora fueron para que se admitiera a trámite el incidente de notificación, sin que se le instruyera a la autoridad responsable que dictara su resolución en determinado sentido. En consecuencia, la determinación que se dictó en dicho incidente de notificación, al haberse emitido con libertad de jurisdicción de la autoridad responsable, sí es susceptible de ser analizada en este juicio de amparo, por lo cual la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable es infundada. No existiendo diversa causal de improcedencia que se haga valer, ni que se advierta de oficio, lo que corresponde ahora es analizar los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. SEXTO. Estudio de fondo. En este apartado se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, consistente en la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, en la que se declaró infundado el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia dictada en el juicio agrario ********************. De la demanda de amparo promovida por******************** que dio origen al presente asunto, se aprecia que el quejoso aduce que la indicada resolución es violatoria de sus derechos fundamentales por lo siguiente: Afirma que la notificación que le fue practicada de la sentencia dictada en el juicio agrario de origen fue ilegal porque se debió realizar de forma personal conforme a los artículos 171 y 172 de la Ley Agraria. Sostiene que la Actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, en el acta circunstanciada de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que hizo constar su imposibilidad para notificar personalmente la sentencia en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, no se ajustó a lo establecido en el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues no se asentó cómo fue que se trataba de la calle señalada ni plasmó su ubicación, aunado a que sí existe el número del inmueble designado para recibir notificaciones. Los anteriores conceptos de violación son fundados, aunque para declararlo así, deban ser suplidos en su deficiencia, conforme al artículo 79, fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que del juicio de origen se advierte que al quejoso******************** le reviste la calidad de ejidatario que en acude a esta instancia en defensa de sus derechos agrarios respecto a la parcela número ******************** del ejido ********************. Por principio, debe decirse que en el acto que aquí se combate, consistente en la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés que declaró infundado el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia practicada al quejoso (fojas 532 a 534), la autoridad responsable sustentó su decisión en las siguientes consideraciones: Que lo argumentado por******************** es infundado, dado que contrario a lo alegado por el incidentista, los artículos 172 y 173 de la Ley Agraria regulan las reglas para el emplazamiento, no así el tema de las notificaciones personales. Se sostuvo en la resolución reclamada que el artículo 173, párrafos quinto y sexto, de la Ley de Amparo dispone que quienes comparezcan ante los tribunales agrarios deben señalar domicilio ubicado en la población en que tenga sede el tribunal o las oficinas de la autoridad municipal del lugar donde vivan y que cuando no se señale domicilio, se harán en los estrados del tribunal. Que en el caso,********************, en audiencia de doce de marzo de dos mil diecinueve señaló como domicilio procesal el ubicado en ********************, y/o los estrados del tribunal. En ese sentido, en la resolución reclamada se dice que el domicilio designado no se encuentra en la población del Tribunal Agrario, ni se trata de las oficinas de la autoridad municipal del lugar donde vive el antes nombrado, aunado a que el propio incidentista señaló de manera indistinta los estrados del tribunal. Por tanto, concluyó que la notificación de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno practicada a******************** respecto a la sentencia dictada el veinticinco de marzo de ese año es legal, por lo cual declaró infundado el incidente propuesto. Ahora bien, las anteriores consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, a juicio de la suscrita resolutora, infringen en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque para ello deba suplirse la deficiencia de la queja. Se afirma lo dicho en razón de que la autoridad responsable, al emitir su resolución, dejó de observar que dentro del propio juicio agrario existe una notificación que se practicó en el domicilio señalado por el demandado********************, la cual fue efectuada por el Actuario adscrito al Tribunal Agrario Distrito 33. Dicha actuación se llevó a cabo el diez de enero de dos mil veinte, en la que el fedatario judicial hizo constar que se constituyó en el domicilio ubicado en ********************, en donde el Actuario hizo constar que notificó la sentencia que inicialmente se había dictado el tres de diciembre de dos mil diecinueve mediante instructivo que fijó en dicho inmueble (foja 225). Lo anterior tiene dos implicaciones para estimar que la resolución reclamada es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso. La primera, es la relativa a que el acto que aquí se combate infringe la garantía de seguridad jurídica, dado que la autoridad responsable, para determinar la legalidad de la notificación tildada de nula, estimó que el domicilio señalado por el demandado no estaba dentro de la misma población donde se ubica el Tribunal Unitario Agrario 33. Lo anterior genera en el gobernado incertidumbre legal, pues por un lado, ya se le había notificado personalmente una anterior resolución en el domicilio que señaló, mientras que en la resolución reclamada se indica que el domicilio que al efecto designó debió encontrarse en la sede del tribunal, lo que lleva implícito que para la responsable no era un sitio apto para ser notificado. La segunda implicación es que el acto reclamado infringe el derecho fundamental de legalidad, toda vez que la autoridad responsable, para declarar infundado el incidente de nulidad de que se trata, no valoró que si en autos ya había una notificación practicada en el domicilio señalado por el demandado, entonces el acta circunstanciada de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno levantada por la Actuaria de su adscripción no es coherente con las constancias de autos. En efecto, en dicha acta circunstanciada de veintinueve de noviembre de dos ml veintiuno, la Actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, asentó la imposibilidad para notificar a******************** la sentencia de veinticinco de marzo e dos mil veintiuno, al señalar que no logró localizar el domicilio señalado como ********************, en razón de que al recorrer la calle no apreció ninguna edificación con el indicado número y solamente existen locales comerciales (foja 385 vta. del tomo I de pruebas). Lo anterior motivó que, sin mediar previo acuerdo dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, la Actuaria Judicial - en fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno - procediera a notificar por estrados a******************** la sentencia de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno (foja 385 ídem.). Como puede advertirse, la indicada notificación que fue materia del incidente de nulidad planteado por el demandado en el juicio de origen, deriva del acta circunstanciada de veintinueve de noviembre de dos ml veintiuno, que como ya se dijo, es inconsistente con las constancias de autos, dado que en actuaciones del juicio de origen obra la diligencia de notificación diez de enero de dos mil veinte, de la que se advierte que el domicilio señalado para tal fin sí es existente; de ahí que se considera que el acto reclamado vulnera la garantía de legalidad, pues se omitió ponderar tal aspecto que incide en el sentido de la determinación incidental. Además, se estima que la notificación practicada por estrados el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno respecto a la sentencia dictada en autos es ilegal, toda vez que para su práctica se inobservó el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria conforme a su numeral 2º. Dichos numerales establecen: "Artículo 2o.- En lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate. "Artículo 311.- Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. "En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive, en la casa designada, la persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda proceder en los términos del artículo 313." De acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 311 del código procesal civil, la Actuaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, al no lograr localizar el domicilio designado, en todo caso, debió dar cuenta al Magistrado de su adscripción y no practicar la notificación por estrados sin que hubiera mediado previo acuerdo. Lo anterior lleva a concluir que la notificación impugnada no fue realizada conforme a derecho. No obsta a lo anterior la circunstancia de que el quejoso, en audiencia de doce de marzo de dos mil diecinueve celebrada en el juicio agrario (fojas 40 a 42 del tomo I de pruebas), haya señalado, además del domicilio ubicado en calle ********************, los estrados del Tribunal Agrario para oír y recibir notificaciones, toda vez que tal circunstancia es ineficaz para establecer que la notificación impugnada fue realizada de manera legal. Ello es así, pues en primer lugar, la notificación efectuada por estrados al demandado respecto a la sentencia dictada en el juicio de origen, no derivó ni tuvo su origen en la circunstancia atinente a que esa fuera la vía designada por******************** para que fuera notificado, sino que ello fue consecuencia del resultado del acta circunstanciada de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que como ya se dijo no es acorde a las constancias de autos. En segundo lugar, la suscrita juzgadora estima que en la sentencia dictada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno no se estableció con claridad la forma en que debía notificarse al demandado******************** dicha resolución, pues al respecto se estableció en el punto resolutivo décimo, lo siguiente: ". DÉCIMO.-. Notifíquese esta sentencia a las partes en sus domicilios procesales señalados en autos, por conducto de sus autorizados legales para tales efectos." Lo anterior es motivo de que exista inseguridad jurídica en la forma en que el ahora quejoso debió ser notificado de dicha sentencia, pues ante la circunstancia relativa a que******************** señaló dos vías para ser notificado (el domicilio situado en calle ********************, y los estrados del Tribunal), se debió especificar la manera en que debía ser enterado de dicha resolución, lo cual no sucedió así, lo cual torna ilegal la notificación de la sentencia dictada en el juicio agrario de origen. Se cita como apoyo a lo anterior, por las consideraciones e idea jurídica que contiene, la tesis XXVII.1o.5 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2020130 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XXVII.1o.5 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5288 Tipo: Aislada "NOTIFICACIONES EN EL AMPARO. LAS ORDENADAS "EN TÉRMINOS DE LEY", SIN PRECISAR SI DEBEN EFECTUARSE POR LISTA O PERSONALMENTE, GENERAN INCERTIDUMBRE E INSEGURIDAD JURÍDICA. El proveído que ordena realizar una notificación en el amparo "en términos de ley", genera incertidumbre e inseguridad jurídica, pues no precisa cómo debe efectuarse, si por lista o personalmente, y con ese proceder, se pretende delegar al actuario la responsabilidad de determinar cómo deben efectuarse las notificaciones ordenadas. En estas condiciones, cuando la notificación deba efectuarse al quejoso personalmente, así debe precisarse en el auto correspondiente, para generar certeza y no dejarlo a discreción del actuario, ni permitir que el juzgador pueda aducir que así lo ordenó, al indicar en "términos de ley", cuando expresamente no se estableció que debía ser personal, porque las determinaciones judiciales deben ser precisas y completas, para que se cumplan en sus términos. Lo anterior no atenta contra la libertad que otorga el artículo 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el cual establece que las actuaciones judiciales pueden efectuarse en cualquier forma, porque éstas deben expresar con claridad lo que ordenan, para que se acaten tanto por las partes, como por el actuario adscrito y, en todo caso, el Juez deberá atender lo prescrito en el capítulo IV de la ley mencionada, denominado: "Notificaciones". Considerar lo contrario, implicaría que pueda declararse infundado un incidente de nulidad de notificaciones, promovido en contra de un auto por no ordenar que su notificación se efectúe personalmente al quejoso o al tercero interesado, cuando ello así procediere, al haberse establecido su realización en "términos de ley" y, por ello, la comprende, lo que se estima incorrecto, dada su ambivalencia." En las relatadas circunstancias, al resultar violatoria de derechos fundamentales la resolución reclamada, se concede la protección constitucional solicitada a********************. Concesión del amparo que se hace extensiva a la autoridad responsable, Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala, a quien se le reclama la inscripción de la sentencia dictada en el juicio agrario de origen, actuar que no se combatió en esta instancia constitucional por vicios propios, sino como consecuencia de la ilegal notificación realizada en el procedimiento de origen. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación se determinarán con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que las autoridades responsables deben adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en las garantías que se consideraron infringidas. Se otorga el amparo a******************** para los siguientes efectos: I.- El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 33, deberá dejar insubsistente la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés dictada en el juicio agrario ********************, relativa al incidente de nulidad de notificación practicada el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno al demandado - aquí quejoso - de la sentencia dictada en dicho juicio. II.- Dicte una nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos de esta sentencia, declare fundado el incidente de nulidad de notificación planteado por el demandado********************. III.- Como consecuencia de ello, deberá ordenar que se deje sin efecto la inscripción en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala de la sentencia dictada en el juicio agrario ******************** ordenada mediante oficio 340/2022 de ocho de febrero de dos mil veintidós, ello hasta que cause ejecutoria dicha resolución, por lo cual el Delegado de dicho Registro deberá acatar lo aquí ordenado. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de fondo del acto que constituyó la litis en el presente juicio. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención, pueden obtenerlas del expediente electrónico, si cuentan con usuario, y tienen ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, conforme a lo razonado en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Captúrese esta resolución, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente al quejoso y al tercero interesado ********************; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; por lista a los restantes terceros interesados y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, el día de hoy veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, mediante el cual atiende al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés y remite copia certificada de todo lo actuado en el juicio laboral 401/2018; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento formulado en dicho auto. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental remitida por la autoridad responsable, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Dese vista a las partes con dicha probanza para que dentro del término de ocho días manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Dado lo voluminoso de las constancias fórmese cuaderno de pruebas para su mejor uso y manejo, identificado con el número II. De igual forma, la autoridad oficiante informa los domicilios de Alberto González Quiroz y del Comisariado Ejidal de San Antonio Calpulalpan, Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, por revestirles el carácter de terceros interesados. En ese sentido, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que, previo cercioramiento de que sean las personas buscadas, emplace al presente juicio de amparo a los terceros interesados Alberto González Quiroz y al Comisariado Ejidal de San Antonio Calpulalpan, Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, en las domicilios que al efecto se señalan, debiéndoles correr traslado con una copia simple de la demanda; auto admisorio de catorce de julio de dos mil veintitrés; resolución de diez de agosto de la presente anualidad en la que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva y del presente proveído, haciéndoles saber que la celebración de la audiencia constitucional está programada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS y el derecho que tienen de apersonarse si a su interés conviene. De igual forma, en el momento de la diligencia los requerirá para que dentro del término de tres días contado a partir del que sean legalmente emplazados, señalen domicilio en la ciudad de Tlaxcala y/o Apizaco, Tlaxcala, para oír y recibir notificaciones, o bien en su caso, usuario para oír y recibir notificaciones de forma electrónica, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin necesidad de ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se les harán mediante lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese y emplace a los terceros interesados. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
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