Tony Valente Elizondo Franco
Expediente 62/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Tony Valente Elizondo Franco
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO DE CONFLICTO COMPETENCIAL. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; a través del cual adjunta testimonio de la ejecutoria dictada en conflicto competencial 5/2021, suscitado entre este Juzgado Federal y el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado Jalisco, en la que resolvió que dicho Órgano Jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con el punto cuatro del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y conforme al punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos seis meses contados a partir de la notificación de la presente determinación, pues no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
- Principal
Uruapan, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. ADMITE CONFLICTO [3504]. Con fundamento en el artículo 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito con residencia en Guadalajara, Jalisco, mediante el cual se informa que se admitió a trámite el conflicto de competencia, el cual quedó radicado como conflicto competencial 5/2021; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DEMANDA. Téngase por recibido el oficio OCC/C11/JDM/2021, signado por la Jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, por el que sobrecarta el diverso oficio 395-B, suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, residente en el Complejo Penitenciario de la Zona Metropolitana de Guadalajara, al que se adjunta el expediente del juicio de amparo 776/2020-I promovido por Elizondo Franco Tony Valente, contra actos del Juez Cuarto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, así como seis anexos. Acúsese recibo. Lo anterior, toda vez que mediante proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional, declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver la demanda de garantías en cuestión, al considerar que el acto reclamado, consistente en el auto de formal prisión de veintiuno de octubre de dos mil ocho, dictado en contra del quejoso por el Juez Cuarto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, tiene ejecución material en la localidad de Buenavista Tomatlán, Michoacán, donde este Tribunal ejerce jurisdiccional territorial, en razón de que el agraviado se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en dicha localidad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 62/2021-l; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asuntos, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. NO SE ACEPTA COMPETENCIA. No se comparte el criterio sustentado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, para justificar que la suscrita sea competente para conocer de la demanda referida, por las siguientes consideraciones: Resulta oportuno precisar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece las reglas de competencia entre jueces de Distrito, dispone: "Artículo 37 Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del precepto invocado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión se puntualizan en el siguiente orden: a) La primera se encuentra contenida en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda hipótesis que se contiene en el referido artículo 37, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un complemento a la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y se siga ejecutando en uno diverso, entonces, será competente el Juez ante quien se presente la demanda. c) Finalmente, la tercera regla se desprende del último párrafo del precepto en comento, consiste en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Siguiendo los lineamientos expuestos, en primer término, se debe acudir al examen del tipo de los actos reclamados; en segundo lugar, si dichos actos son de aquellos que tienen o no una ejecución material; y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta aplicable para resolver el presente asunto. Es de precisar que tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito, en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, la intención del legislador al fijar dicha competencia fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera el gobernado puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Asimismo, es importante destacar que para la aplicación de la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que sostiene la funcionaria declinante se actualiza, al considerar que el auto de formal prisión reclamado se está ejecutando en la localidad de Buenavista Tomatlán, Michoacán, habida cuenta que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en esa localidad, basta que se trate de ejecutar el acto o que haya comenzado a ejecutarse con la intervención de la autoridad, aunque no se haya logrado su total materialización, para que de esa manera se surta la competencia del Juez de Distrito del lugar donde se presenta ese hecho. En efecto, en el caso materia del presente juicio de garantías, se advierte que se actualiza la primera de las hipótesis establecidas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto tildado de inconstitucional por el peticionario de garantías, consistente en el auto de formal prisión dictado respecto de su persona, evidentemente conlleva una ejecución material. No obstante, contrariamente a lo apreciado por la Secretaria en funciones de Juez de Distrito declinante, se estima que este Tribunal Federal no es el legalmente competente para conocer y resolver del libelo constitucional en estudio, toda vez que la ejecución material del auto de término constitucional reclamado por el quejoso ocurre de manera simultánea en dos ámbitos territoriales diferentes. En efecto, de las constancias que integran el referido juicio de amparo 776/2020-I del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en el complejo penitenciario de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, se desprende que el promovente del amparo Elizondo Franco Tony Valente, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, según refiere, reclama el auto de formal prisión de veintiuno de octubre de dos mil dieciocho, dictado respecto de su persona por el Juez Cuarto de Distrito en La Laguna, residente en Torreón, Coahuila, en auxilio del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, dentro del proceso penal 229/2008, seguido en su contra. Bajo esa tesitura, se puntualiza, como fue indicado anteriormente, que si bien es cierto que los efectos del auto de formal prisión reclamado se materializan en la localidad de Buenavista Tomatlán, Michoacán, donde este Tribunal ejerce jurisdicción territorial, toda vez que el quejoso Elizondo Franco Tony Valente, refiere encontrarse recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", también lo es que esa circunstancia no implica que necesariamente esta juzgadora sea legalmente competente para conocer y resolver de la litis constitucional planteada por el referido agraviado. Lo anterior así se considera, pues es de explorado derecho que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia firme, estableció que cuando un gobernado (quejoso) se encuentra recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso. Lo anterior así lo determinó ese Alto Tribunal, al instituir que la ejecución material del auto de término constitucional ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes, esto es, el lugar donde guarda reclusión el inculpado y donde se instruye la causa penal, porque atendiendo a la naturaleza del acto reclamado sus efectos se trasladan directamente al proceso, donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, ante la potestad del juez de la causa a la que el procesado está sometido. Lo anteriormente determinado encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183, Materias Común y Penal, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Asimismo, la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J. 147/2005 (9a), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Enero de 2006, página 174, Materia Penal, que establece: COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Luego entonces, se sostiene que si el lugar donde se instruye al quejoso el proceso penal lo es en la Zona Metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, específicamente en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal, y que la demanda de amparo, por cuestión de turno, correspondió su conocimiento al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, es inconcuso que su titular es legalmente competente para conocer de dicho asunto; por tanto, este Juzgado Federal, no acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de garantías promovida por Elizondo Franco Tony Valente, contra actos del Juez Cuarto de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila y otras autoridades. Por consiguiente, sin hacer pronunciamiento sobre la admisión de la demanda de garantías, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, devuélvanse los autos del juicio de amparo 776/2020, a la Secretaria en funciones de Juez de Distrito, declinante, para los efectos legales conducentes, a quien se solicita se sirva ordenar a quien corresponda acuse el recibo de estilo e informe además la determinación tomada con relación al presente acuerdo. Con copia certificada de las principales constancias que integran el presente asunto, fórmese cuaderno de antecedentes correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas les han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen en su totalidad las labores presenciales en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo; y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes
- Tomas Angel Bernabe71/2019
- Tomas Hernández Carlón172/2017
- Tomas Jaime García Zavala403/2023
- Tomás Serrato Jaimes216/2019
- Tony Valente Elizondo Franco564/2022
- Tony Valente Elizondo Franco230/2021
- Trinidad Alberto de la Cruz Miranda591/2020
- Trinidad Paz Lopez342/2019
- Ubaldo Ojeda Hernández295/2018
- Ubaldo Ojeda Hernández217/2022
- Ubaldo Ojeda Hernandez519/2018
- Ubaldo Ojeda Hernandez181/2018