Tony Valente Elizondo Franco
Expediente 230/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Tony Valente Elizondo Franco
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. DEVUELVE DESPACHO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el primer oficio de cuenta número 1318-AQ, a través del cual el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, devuelve DEBIDAMENTE DILIGENCIADO el despacho 949/2021 orden 1644/2021, enviado a efecto de notificar al quejoso Tony Valente Elizondo Franco, el proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. SE ORDENA DAR DE BAJA. Ahora, bien, para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno, la comunicación oficial de mérito. Lo anterior, sin que sea necesario realizar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la misma fue recibida de manera electrónica. ACUSA RECIBO. Por otro lado, con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el segundo oficio de cuenta número 2916/2021, firmado en forma electrónica por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado 10298/2021, por el que se remitió el escrito de expresión de agravios y los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, para la substanciación del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, contra el proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno; el cual fue radicado y admitido como recurso de queja 95/2021, de su índice, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. En otro orden de ideas, en atención a la solicitud planteada por la Superioridad a efecto de que se ponga a su disposición el expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo a efecto de que éste pueda ser vinculado al recurso de revisión 95/2021, de su índice, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta y vinculación del expediente electrónico por el plazo de cinco días, contado a partir de que se notifique el presente acuerdo, ello para los efectos legales a que haya lugar en los autos del recurso de queja 95/2021, del índice del Órgano Colegiado solicitante. Por lo tanto, instrúyase al analista jurídico SISE, adscrito a éste órgano jurisdiccional a efecto de que habilite los permisos correspondientes respecto del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa y una vez concluido dicho plazo deberá deshabilitarlo sin ulterior acuerdo. NOTIFÍQUESE y POR OFICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO.
- Principal
Uruapan, Michoacán, treinta de abril de dos mil veintiuno. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA. Téngase por recibido el oficio 6658-B, remitido por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en el Complejo Penitenciario de la Zona Metropolitana de Guadalajara, al que acompaña las constancias que integran el juicio de amparo 776/2020, de su índice, formado con la demanda de amparo promovida por Tony Valente Elizondo Franco. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 230/2021-V; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. SE ACEPTA COMPETENCIA. Remisión de las constancias de cuenta, en virtud de que mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, el titular del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en el Complejo Penitenciario de la Zona Metropolitana de Guadalajara, determinó carecer de competencia legal para conocer el juicio de amparo indirecto 776/2020 de su estadística; y ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en esta ciudad, al estimar que el acto reclamado requiere ejecución material, desde luego en el lugar donde se encuentre el proceso penal de donde aquél derive (Uruapan, Michoacán). En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta el conocimiento de la demanda en cuestión. Acúsese recibo al Juzgado de Distrito declinante. PRECISIÓN. En efecto, el criterio que sostiene el Juzgador declinante estriba principalmente en el argumento de que la causa penal 462/2012, de donde deriva el acto reclamado (auto de formal prisión), del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, por cuestión de competencia, fue remitida al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, por así establecerlo el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito de Guadalajara, Jalisco, en el conflicto competencial 3/2021, suscitado entre los titulares de esos órganos jurisdiccionales. Concatenado con la circunstancia de que, en su momento, la autoridad oficiante, remitió el aludido juicio de amparo 776/2020 a este Juzgado de Distrito, declinando competencia por razón de territorio, formándose el expediente 62/2021; sin embargo, aquélla no fue aceptada por la suscrita, por lo que, la autoridad declinante planteó conflicto competencial del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, bajo el número 5/2021 en el que se concluyó que el titular declinante fue competente para conocer de la demanda de cuenta, virtud a que en el Tercer Circuito es donde se estaba instruyendo la referida causa penal al ahora quejoso; empero, como se estableció en el párrafo anterior, el proceso penal ahora es del conocimiento del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del tema del juicio de amparo en que se actúa, es necesario analizar las constancias recibidas, de cuyo contenido se advierte que, previa prevención que al efecto se formuló al quejoso por la autoridad declinante, el acto reclamado consiste en: ~ El auto de formal prisión emitido el veintiuno de octubre de dos mil ocho, como probable responsable en la comisión del delito de delincuencia organizada y otros, por el Juez Cuarto de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, en autos del exhorto 118/2008 de su índice, como actuación en auxilio del entonces Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, dentro de la causa penal 229/2008; la que fue remitida al Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, donde la registraron bajo el número 462/2012; y ahora, el titular de este último órgano jurisdiccional, por razón de territorio, la envió al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. Asimismo, resulta hacer una precisión invocada en la certificación secretarial de cuenta, en el sentido de que revisado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el juicio de amparo 433/2015, del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Estado de Jalisco, con sede en el Complejo Penitenciario de la Zona Metropolitana de Guadalajara, promovido por Tony Valente Elizondo Franco, donde también reclamo el auto de formal prisión, materia del juicio de amparo en que se actúa; asimismo, se consultó la resolución relativa a dicho sumario de la que se advierte que mediante sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil quince, se sobreseyó en ese juicio. Circunstancia que se robustece con lo informado por el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, mediante su acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintiuno (obra en el expediente de cuenta 776/2020), quien conocía de la causa penal de donde emana dicho reclamo; además precisó que dicha sentencia de sobreseimiento causó ejecutoria el veintiséis de enero de dos mil dieciséis. Datos que son analizados para mejor proveer en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles y que gozan de pleno valor probatorio conforme a los numerales 197200 y 202 de esa codificación; al tenor de jurisprudencia P./J. 16/2018 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, con registro digital 2017123, Décima Época, materia común, consultable en el Libro 55, Junio de 2018 Tomo I página 10 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, apreciadas íntegramente las constancias de cuenta y vista la demanda de amparo de origen y su escrito aclaratorio, se desecha de plano la petición Constitucional, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con las fracciones IX y X, del precepto legal 61, en relación con el numeral 107 fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; De la lectura del artículo anterior, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; asimismo, remite a la diversa fracción X del mismo precepto legal, que establece: "Artículo 61. X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; Por tanto, el juicio previo que haya versado por el mismo acto recamado, ha de ser promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, analizadas las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que, para que opere la causa de improcedencia aludida son necesarios los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo. b) Que ese juicio haya sido resuelto y causado ejecutoria la sentencia en él dictado. c) Que ambos juicios de garantías hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.95 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 420, del Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. Ahora, como se adelantó, se actualiza el supuesto de cosa juzgada respecto del acto aquí reclamado por el quejoso consistente en: El auto de formal prisión emitido el veintiuno de octubre de dos mil ocho, como probable responsable en la comisión del delito de delincuencia organizada y otros, por el Juez Cuarto de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, en autos del exhorto 118/2008, de su índice, como actuación en auxilio del entonces Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, dentro de la causa penal 229/2008; la que fue remitida al Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, donde la registraron bajo el número 462/2012; y ahora, el titular de este último órgano jurisdiccional, por razón de territorio, la envió al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. En efecto, como quedó establecido en párrafos anteriores, resulta un hecho notorio para este juzgado, la existencia del juicio de amparo 433/2015, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en el Complejo Penitenciario de la Zona Metropolitana de Guadalajara, de que se desprende que el quejoso Tony Valente Elizondo Franco, reclamó dicho auto de término constitucional, y mediante sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil quince, se sobreseyó en el juicio, la cual causó ejecutoria el veintiséis de enero de dos mil dieciséis (circunstancias legalmente valoradas anteriormente). No escapa del conocimiento de este Juzgado de Distrito que aparentemente las autoridades responsables no hayan sido señaladas en los mismos términos, tanto en el juicio de amparo invocado 433/2015, como en el 776/2020 -que ahora es 230/2021; sin embargo, por cuestiones competenciales han cambiado sus denominaciones, por lo tanto, se debe entender como autoridad emisora y rectora del proceso, a quien ahora conoce de la causa penal 462/2012, de donde deviene el acto reprochado, en ejercicio de la procuración de justicia, que lo es el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. Entonces, el acto reclamado por el quejoso en el presente sumario, guarda estrecha vinculación con lo analizado en el juicio de amparo 433/2015, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en el Complejo Penitenciario de la Zona Metropolitana de Guadalajara, por haberse promovido contra el mismo acto reclamado; el juicio primigenio ya fue resuelto y su determinación causó ejecutoria, como quedó evidenciado anteriormente; además, ambos sumarios fueron promovidos por el mismo quejoso, con la salvedad previamente anotada del señalamiento de las autoridades responsables; consecuentemente, se surten los requisitos de la figura jurídica de cosa juzgada. Esto es así, pues la finalidad que se busca en las fracciones X y XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podría vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio de la parte quejosa, en contra de un mismo acto, contrario a lo consagrado en la garantía constitucional de seguridad jurídica. Robustecen lo anterior los criterios siguientes: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado." Así como la tesis 1a. CCLXXVIII/2012, que a la letra señala: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74 fracción III, de la Ley de Amparo." Finalmente, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Tony Valente Elizondo Franco, por su propio derecho, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61 fracciones X y XI, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno que corresponda. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que estas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. DOMICILIO. Ahora, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a), téngase como domicilio del quejoso, el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán; ello, por ser este el lugar en que guarda reclusión. ASISTENCIA DE ABOGADO. Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad e instó este juicio por su propio derecho y no cuentan con persona autorizada en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, ni tampoco con un defensor que lo asista, requiérase al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública Federal, con sede en Morelia, Michoacán, para que en el término de tres días contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente proveído (al que deberá adjuntarse copia simple de la demanda de amparo), designe un Defensor Público Federal en favor del citado promovente para que actúe dentro del presente juicio de amparo 230/2021. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J.43/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2020495 de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Ahora, tomando en consideración que el promovente Tony Valente Elizondo Franco, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Diecisiete "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán; con fundamento en el artículo 116, párrafo segundo de la Ley de Amparo, gírese atento despacho vía electrónica al Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, a efecto de que ordene a quien corresponda, se constituya en el referido centro de reclusión y le notifique al quejoso la presente determinación, siendo específico en darle a conocer la circunstancia de que se ha solicitado un defensor público Federal que lo represente. En ese sentido, se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remita las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. En el entendido de que al realizar el envío por la vía electrónica, será innecesaria su remisión por la vía postal. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad, que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese por despacho a la parte quejosa.
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