Tomasa Gregoria Arellano Hernandez
Expediente 753/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Tomasa Gregoria Arellano Hernandez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veinte. Como de la certificación que antecede así como del estado que guardan los autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado el trece de noviembre del presente año, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que presentó, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el proveído de mérito. Atento a lo anterior, al no existir acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se desechó la demanda; lo anterior, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA MEDIANTE LISTA LA PARTE QUEJOSA., DEL PROVEÍDO DE FECHA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: .Vista la demanda de amparo promovida por - por propio derecho contra actos - en su calidad de - regístrese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número l-753/2020-P. Ahora bien el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia" ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE O TENER DUDA DE SU OPERANCIA EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente notoria y absolutamente clara y por "indudable" que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho esto es que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Del análisis íntegro de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de privarla de sus derechos de posesión y propiedad respecto del terreno denominado "- emitida por el -. De lo que se desprende que la citada demanda es notoriamente improcedente pues en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con los numerales 103 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1° fracción I y 5 fracción II de la Ley en cita los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: ".II. La autoridad responsable teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Ahora bien previo a exponer las razones de la decisión que se adopta menester resulta precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así ya que la naturaleza antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el ordinal 5 fracción II de la Ley en comento también procede excepcionalmente en contra de particulares siempre y cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares en las cuales éstos actúan en un mismo plano es decir en igualdad por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil mercantil agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley estando ambas en el mismo nivel existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Además las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el precepto 105 fracciones I y II de la Constitución General de la República. En esas condiciones es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página treinta y nueve Tomo XIV correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Precisado lo anterior conviene señalar que el quejoso en los capítulos de autoridad responsable y acto reclamado señala como tal al - y en correlación con el acto que la quejosa reclama es inconcuso que al citado ente no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo; porque se está en presencia de actos entre particulares pues el Comisariado Ejidal realiza la ejecución del acto respecto del ejido y hacia su interior de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción; máxime que no se está en la hipótesis de la fracción II párrafo segundo del artículo 5 de la Ley de Amparo por virtud de que los entes ejidales no realizan actos equivalentes a los de la autoridad sino como se dijo se equiparan a actos entre particulares y de existir inconformidad de parte legítima debe dirimirse el conflicto respectivo ante la autoridad competente; por lo tanto el - no puede ser autoridad para los efectos del amparo de ahí que resulta improcedente la demanda de mérito. Máxime que un ente como el referido Comisariado Ejidal no es un órgano del Estado ya que se le perfiló como un mero sujeto de representación y ejecución del ejido teniendo a su cargo la dirección y vigilancia de éste el cual no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos aunado al hecho de que los conflictos suscitados entre los miembros del mismo no se ubican en una posición de supra a subordinación por el contrario sus relaciones se encuentran en un plano de coordinación debiendo resolver sus diferencias bajo las leyes comunes y mediante los procedimientos jurisdiccionales respectivos tales como el juicio agrario. Cobra aplicación la jurisprudencia VI.1o.A. J/20 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito Libro 68 Julio de dos mil nueve Tomo III visible a página 2086 Décima Época Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que literalmente establece: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados sin lugar a dudas se atribuyen a una autoridad; sin embargo cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales) este presupuesto procesal se torna preferente pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III) y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que como premisa lógica para que exista un acto de autoridad en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita si ésta no existe menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el numeral 5o. fracción II ambos de la Ley de Amparo sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal." Asimismo la jurisprudencia XXVII.3o.J/18(10a) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito dos mil cientos ochenta y cuatro Libro 16 correspondiente al mes de Marzo de dos mil quince Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o. fracción II de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales son susceptibles de crear modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte del proceso legislativo de la citada ley concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores) publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011 en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014 cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta Décima Época Libro 6 Tomo II mayo de 2014 página 853 en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral obligatoria y en una relación de supra subordinación" se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado a saber de: subordinación supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos desde esa posición creen modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien según el artículo 21 de la Ley Agraria la asamblea es un órgano del ejido no del Estado por lo cual no puede considerarse como autoridad máxime que de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así en estricto sentido pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992 presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido por ejemplo los avecindados son de coordinación ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales como el juicio agrario en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada pero que no está cargada del imperio coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto la asamblea indicada en sus relaciones con los sujetos del ejido no se ubica en una posición de supra a subordinación sino en una de coordinación por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." Asimismo sirve de ilustración la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito publicada en la página ochocientos cuarenta y uno Tomo XII diciembre de mil novecientos noventa y tres Materia Administrativa Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra señala: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación "de órgano de dirección y vigilancia del ejido" pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad imperatividad y coercitividad no participa de la naturaleza jurídica del Estado de consiguiente sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo." Así también la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página diecisiete volumen doscientos cinco a doscientos dieciséis tercera parte materia administrativa Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22 fracciones II y III de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca se desprende que no son autoridades agrarias sino propiamente órganos de dirección y vigilancia respectivamente de los ejidos correspondientes: en consecuencia aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional. En las relatadas condiciones de conformidad con el arábigo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con los dispositivos 103 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1° fracción I y 5 fracción II de la Ley aplicable la demanda promovida por la quejosa - contra actos del - es notoriamente improcedente; en consecuencia se impone DESECHARLA DE PLANO. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones documentos autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX Marzo de 2009 visible a página 2847 del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto con fundamento en los dispositivos 22 28 y 29 del Acuerdo 21/2020 ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional se exhorta a las partes para que cuando les sea posible y de estimarlo pertinente transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual las partes sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales de cuyo contenido se ordena su registro y de ser necesario su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. De igual forma en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5° 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita hágase saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio que tienen expedito su derecho para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo en la versión impresa o electrónica se supriman dichos datos salvo su nombre en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Se tiene por señalado el domicilio para recibir notificaciones personales y por autorizados para tal efecto a las personas que indica. Por lo tanto se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal al promovente del presente proveído acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente...; LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por - por propio derecho contra actos - en su calidad de - regístrese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número l-753/2020-P. Ahora bien el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia" ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE O TENER DUDA DE SU OPERANCIA EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente notoria y absolutamente clara y por "indudable" que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho esto es que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Del análisis íntegro de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de privarla de sus derechos de posesión y propiedad respecto del terreno denominado "- emitida por el -. De lo que se desprende que la citada demanda es notoriamente improcedente pues en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con los numerales 103 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1° fracción I y 5 fracción II de la Ley en cita los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: ".II. La autoridad responsable teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Ahora bien previo a exponer las razones de la decisión que se adopta menester resulta precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así ya que la naturaleza antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el ordinal 5 fracción II de la Ley en comento también procede excepcionalmente en contra de particulares siempre y cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares en las cuales éstos actúan en un mismo plano es decir en igualdad por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil mercantil agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley estando ambas en el mismo nivel existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Además las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el precepto 105 fracciones I y II de la Constitución General de la República. En esas condiciones es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página treinta y nueve Tomo XIV correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Precisado lo anterior conviene señalar que el quejoso en los capítulos de autoridad responsable y acto reclamado señala como tal al - y en correlación con el acto que la quejosa reclama es inconcuso que al citado ente no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo; porque se está en presencia de actos entre particulares pues el Comisariado Ejidal realiza la ejecución del acto respecto del ejido y hacia su interior de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción; máxime que no se está en la hipótesis de la fracción II párrafo segundo del artículo 5 de la Ley de Amparo por virtud de que los entes ejidales no realizan actos equivalentes a los de la autoridad sino como se dijo se equiparan a actos entre particulares y de existir inconformidad de parte legítima debe dirimirse el conflicto respectivo ante la autoridad competente; por lo tanto el - no puede ser autoridad para los efectos del amparo de ahí que resulta improcedente la demanda de mérito. Máxime que un ente como el referido Comisariado Ejidal no es un órgano del Estado ya que se le perfiló como un mero sujeto de representación y ejecución del ejido teniendo a su cargo la dirección y vigilancia de éste el cual no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos aunado al hecho de que los conflictos suscitados entre los miembros del mismo no se ubican en una posición de supra a subordinación por el contrario sus relaciones se encuentran en un plano de coordinación debiendo resolver sus diferencias bajo las leyes comunes y mediante los procedimientos jurisdiccionales respectivos tales como el juicio agrario. Cobra aplicación la jurisprudencia VI.1o.A. J/20 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito Libro 68 Julio de dos mil nueve Tomo III visible a página 2086 Décima Época Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que literalmente establece: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados sin lugar a dudas se atribuyen a una autoridad; sin embargo cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales) este presupuesto procesal se torna preferente pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III) y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que como premisa lógica para que exista un acto de autoridad en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita si ésta no existe menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el numeral 5o. fracción II ambos de la Ley de Amparo sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal." Asimismo la jurisprudencia XXVII.3o.J/18(10a) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito dos mil cientos ochenta y cuatro Libro 16 correspondiente al mes de Marzo de dos mil quince Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o. fracción II de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales son susceptibles de crear modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte del proceso legislativo de la citada ley concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores) publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011 en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014 cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta Décima Época Libro 6 Tomo II mayo de 2014 página 853 en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral obligatoria y en una relación de supra subordinación" se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado a saber de: subordinación supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos desde esa posición creen modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien según el artículo 21 de la Ley Agraria la asamblea es un órgano del ejido no del Estado por lo cual no puede considerarse como autoridad máxime que de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así en estricto sentido pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992 presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido por ejemplo los avecindados son de coordinación ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales como el juicio agrario en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada pero que no está cargada del imperio coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto la asamblea indicada en sus relaciones con los sujetos del ejido no se ubica en una posición de supra a subordinación sino en una de coordinación por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." Asimismo sirve de ilustración la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito publicada en la página ochocientos cuarenta y uno Tomo XII diciembre de mil novecientos noventa y tres Materia Administrativa Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra señala: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación "de órgano de dirección y vigilancia del ejido" pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad imperatividad y coercitividad no participa de la naturaleza jurídica del Estado de consiguiente sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo." Así también la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página diecisiete volumen doscientos cinco a doscientos dieciséis tercera parte materia administrativa Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22 fracciones II y III de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca se desprende que no son autoridades agrarias sino propiamente órganos de dirección y vigilancia respectivamente de los ejidos correspondientes: en consecuencia aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional. En las relatadas condiciones de conformidad con el arábigo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con los dispositivos 103 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1° fracción I y 5 fracción II de la Ley aplicable la demanda promovida por la quejosa - contra actos del - es notoriamente improcedente; en consecuencia se impone DESECHARLA DE PLANO. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones documentos autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX Marzo de 2009 visible a página 2847 del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto con fundamento en los dispositivos 22 28 y 29 del Acuerdo 21/2020 ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional se exhorta a las partes para que cuando les sea posible y de estimarlo pertinente transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual las partes sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales de cuyo contenido se ordena su registro y de ser necesario su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. De igual forma en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5° 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita hágase saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio que tienen expedito su derecho para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo en la versión impresa o electrónica se supriman dichos datos salvo su nombre en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Se tiene por señalado el domicilio para recibir notificaciones personales y por autorizados para tal efecto a las personas que indica. Por lo tanto se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal al promovente del presente proveído acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente.
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