Tomas Tafolla Aceves
Expediente 580/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Tomas Tafolla Aceves
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la resolución dictada en fecha seis de junio del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de garantías en que se actúa, sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se desechó la demanda en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto recurso alguno. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Con esta fecha se notifica mediante lista al quejoso el proveído emitido el seis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por -, con el carácter que se ostenta, mediante el cual intenta dar cumplimiento al requerimiento que se realizó en proveído de treinta y uno de mayo del presente año, y anexa las constancias y copias respectivas. Ahora, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Una vez asentado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda, así como del escrito aclaratorio, se advierte que uno de los actos reclamados por la quejosa, se hace consistir en: ".Promulgación y orden de publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación. por el que se reforma el artículo 19 Constitucional o bien la Inconstitucionalidad del Párrafo Segundo del artículo 19 Constitucional como se desprende de su escrito aclaratorio; por tanto, en primer término respecto del acto en comento, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que el juicio constitucional es improcedente contra adiciones o reformas a la Ley Suprema. Para justificar tal aserto, se reproduce el contenido del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ( - ) El artículo transcrito, establece la improcedencia del juicio constitucional contra las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos. Sobre tal aspecto, tanto el Pleno como la Segunda Sala, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han determinado que los preceptos de la indicada norma suprema al constituir la fuente de todo el ordenamiento jurídico deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional; aceptar lo contrario, esto es, la posibilidad de que el contenido de sus normas pueda ser objeto de control mediante el juicio de amparo, implicaría desconocer la calidad de norma fundamental que tiene. En efecto, la Constitución constituye el referente (principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 de la norma fundamental) de validez de las normas que son sometidas a escrutinio jurisdiccional vía los diversos medios de defensa que el propio ordenamiento prevé, sea juicio de amparo, acción o controversia constitucional, lo que impide que dicho ordenamiento sea juzgado a la luz de su propio contenido; aunado a que tanto el texto constitucional en sí mismo como su procedimiento de reforma y/o adiciones constituyen una unidad y un reflejo de la voluntad soberana (manifestada por el Constituyente o por el Poder Revisor) que escapa de cualquier tipo de control externo, sin que soslaye que, precisamente, el proceso de reforma es el único mecanismo de control que tiene a sí misma para validar e integrar nuevas normas jurídicas. No debe pasar desapercibido que si bien, el artículo 107, fracción I, constitucional establece que el juicio de amparo procede contra normas generales que causen perjuicio al quejoso, describiendo más adelante en diversos incisos qué debe entenderse por norma general, lo cierto es que en dicho concepto no pueden incluirse los preceptos normativos de la Constitución Mexicana, pues, como se dijo, atento al principio de supremacía constitucional esta constituye el fundamento y parámetro de validez de toda la producción normativa. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 3 / 2014 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 938 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, registro IUS 2005466, de rubro y contenido: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE REALIZARSE RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Los indicados preceptos no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante alguno de los recursos establecidos en la Ley de Amparo, pues las normas que componen la Constitución General de la República constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Además, porque ni en la Carta Magna ni en la ley citada se establece que, a través del juicio de amparo, aquélla pueda sujetarse a control constitucional, sino únicamente las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías establecidas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte sin que en el concepto "normas de carácter general" puedan entenderse incluidos los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ésta es la Ley Suprema que da fundamento normativo al juicio de amparo; y aun cuando se aceptara que, en sentido lato, es una norma general, lo cierto es que no es posible, desde el punto de vista formal, considerar que viola derechos humanos, pues ello implicaría que la Norma Fundamental no es tal, en la medida en que el sistema de control constitucional que establece es capaz de invalidar su propio contenido, aunado a que no es jurídicamente admisible desarticular la interdependencia de las normas constitucionales, negando el principio de unidad de la Constitución." También, es aplicable al caso la jurisprudencia 39 / 2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1136 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, septiembre de 2002 Materia Constitucional, Novena Época, registro IUS 185941, de rubro y contenido "PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL. De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional, ya que lo encuentra en sí mismo; esto es, la función que realizan el Congreso de la Unión, al acordar las modificaciones, las Legislaturas Estatales al aprobarlas, y aquél o la Comisión Permanente al realizar el cómputo de votos de las Legislaturas Locales y, en su caso, la declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo hacen en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en el extraordinario de Órgano Reformador de la Constitución, realizando una función de carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de ninguno de los órdenes jurídicos parciales, constituyendo de esta manera una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación compleja del órgano y en la atribución constitucional de su función, se encuentra su propia garantía." Además, dado el carácter supremo y de norma fundante que tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estima que todos sus preceptos son de igual jerarquía, por lo que, ninguno de ellos prevalece sobre los demás, ni puede sostenerse que no deba observarse alguno de estos por estimarse contrario a lo que disponen otros, pues, se rompería la unidad que como norma fundamental debe guardar al constituir la base y sistema de toda la producción normativa. Al respecto, es orientadora la tesis emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, visible en la página 22 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 39, Primera Parte, Materia Constitucional, Séptima Época, registro IUS 233476, de rubro y contenido: "CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ESTATUTOS NO PUEDEN SER CONTRADICTORIOS ENTRE SI. Las reformas a los artículos 49 y 131 de la Constitución, efectuadas por el Congreso de la Unión, no adolecen de inconstitucionalidad, ya que jurídicamente la Carta Magna no tiene ni puede tener contradicciones, de tal manera que, siendo todos sus preceptos de igual jerarquía, ninguno de ellos prevalece sobre los demás; por lo que no se puede decir que algunos de sus estatutos no deban observarse por ser contrarios a lo dispuesto por otros. La Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133, la Constitución no puede ser inconstitucional; es un postulado sin el cual no se podría hablar de orden jurídico positivo, porque es precisamente la Carta Fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho positivo de un Estado. Además, siendo "la Ley Suprema de toda la Unión únicamente puede ser modificada o adicionada de acuerdo con las disposiciones de la misma que en el derecho mexicano se contienen en el artículo 135 constitucional, y únicamente por conducto de un órgano especialmente calificado pueden realizarse las modificaciones o adiciones, y por exclusión, ningún otro medio de defensa legal como el juicio de amparo es apto para modificarla En conclusión, el juicio de amparo no es un medio de defensa para controvertir las normas constitucionales y el proceso de reforma o adición que origina a éstas de ahí que, este juzgador estima evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otro lado, el quejoso también señaló como acto reclamado: ".AL JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, UNIDAD LA PIEDAD, MICHOACÁN, SALA NÚMERO 2, DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. También le reclamo de manera simultánea la probable Orden de Aprehensión, Orden de Comparecencia, Orden de Localización y Orden de Presentación, por delito o delitos que nunca cometí acto (de aplicación, respecto de las normas que tilda de inconstitucionales) que presume deriva del cuaderno de antecedentes número -, del índice del juez responsable, ya que el día veintiséis de mayo del presente año, se dejó un instructivo de notificación en manos de su pareja, donde se le hace del conocimiento que el veinticinco del mismo mes y año, dicho Juez de Control señaló fecha y hora para una audiencia de formulación de imputación debido a su probabilidad de la comisión o participación en la misma, de un delito. En ese sentido, debemos de delimitar el acto aquí reclamado debido a que la parte quejosa no lo hizo en su escrito aclaratorio, sin embargo, del mismo y de la demanda que dio origen al presente asunto, se advierte que de lo que realmente se duele el promovente es de la audiencia de formulación de imputación (la cual no se ha llevado a cabo), esto debido a que de sus consecuencias se le podría privar de su libertar y aplicar diversos medios de apremio. Por tanto, respecto de los actos antes referidos el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la misma Ley -interpretado a contrario sensu- los cuales textualmente señalan Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 107 El amparo indirecto procede: ( ) IV Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)"" De los preceptos transcritos se advierte que tratándose de los actos ejecutados fuera de juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que se está reclamando, pues la citación para audiencia inicial es un acto de un tribunal judicial realizado fuera de juicio, no obstante, la citación para audiencia inicial no implica, por sí misma, afectación a la libertad personal del quejoso, lo cual conlleva que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso, aunque se reclama la orden de citación de la parte quejosa a la audiencia de formulación de imputación, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Por tanto, es evidente que la citación que en este juicio de amparo se reclama, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, no obstante que, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio. Sin embargo, ello no es suficiente para concluir que procede el amparo, ya que, en este caso, como ya se dijo en párrafos precedentes, estos actos deben afectar de manera directa y actual a la libertad del quejoso, lo cual, no acontece en el presente juicio de amparo. Cabe precisar que, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación para audiencia inicial no conlleva, por sí misma, afectación a la libertad personal del citado, como se desprende de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 141 de ese ordenamiento, que establecen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión "Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: "I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; "II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y." En este sentido, la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal de los quejosos, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. Asimismo, no pasa inadvertido para este juzgador Federal que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber primera, la inasistencia del citado segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia la cual si existe en el presente caso, debido a que el quejoso lo informó con antelación al Juez responsable y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. En este sentido, de la lectura de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, pues, se trata de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no afecta la libertad personal de los quejosos. Se arriba a esa conclusión, pues la citación no conlleva la privación de su libertad, sino únicamente hacerle de su conocimiento que se verificará una audiencia en la que se les hará saber que existe una investigación en su contra, y en caso de que no comparezca sin justificación alguna se podrá ordenar su comparecencia mediante el uso de la fuerza pública, lo que pudiera traducirse en un acto futuro de realización incierta, pues ello depende de la conducta que asuman los impetrantes de garantías de acudir o no a la cita que se le señale. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1 A / J 78 / 2018 ( 10 A ) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, Diciembre de 2018, tomo I, página 239, Décima época, cuyo rubro y texto son: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1 A / J 93 / 2013 ( 10 A )]. La primera sala de la suprema corte de justicia de la nación, al resolver la contradicción de tesis 97 / 2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1 / j 93 / 2013 ( 10 ) interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del código nacional de procedimientos penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del ministerio público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. de ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la ley de amparo." Sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa haya señalado también como acto reclamado: la Inconstitucionalidad del Tercer Párrafo del artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penal sin embargo, como ya se expuso la improcedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los diversos actos que reclama, lo mismo debe prevalecer y se debe determinar respecto de este último, pues como ya se dijo, el mismo es un acto que deriva de la audiencia de formulación de imputación que aún no se ha llevado a cabo, por tanto se consideran como actos futuros e inciertos, debido a que aún no se le ha imputado al quejoso la comisión de un delito o su participación en la misma, y en consecuencia, aún no resiente afectación alguna respecto de los actos en cuestión. En tales condiciones, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones I y XXIII de la Ley de Amparo, esta última en relación con el artículo 107 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como en el precepto 8 de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8 del Reglamento en cita. Notifíquese personalmente..." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, a seis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por -, con el carácter que se ostenta, mediante el cual intenta dar cumplimiento al requerimiento que se realizó en proveído de treinta y uno de mayo del presente año, y anexa las constancias y copias respectivas. Ahora, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Una vez asentado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda, así como del escrito aclaratorio, se advierte que uno de los actos reclamados por la quejosa, se hace consistir en: ".Promulgación y orden de publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación. por el que se reforma el artículo 19 Constitucional. ", o bien, ".la Inconstitucionalidad del Párrafo Segundo del artículo 19 Constitucional. ", como se desprende de su escrito aclaratorio; por tanto, en primer término respecto del acto en comento, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que el juicio constitucional es improcedente contra adiciones o reformas a la Ley Suprema. Para justificar tal aserto, se reproduce el contenido del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (.)" El artículo transcrito, establece la improcedencia del juicio constitucional contra las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos. Sobre tal aspecto, tanto el Pleno como la Segunda Sala, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han determinado que los preceptos de la indicada norma suprema al constituir la fuente de todo el ordenamiento jurídico deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional; aceptar lo contrario, esto es, la posibilidad de que el contenido de sus normas pueda ser objeto de control mediante el juicio de amparo, implicaría desconocer la calidad de norma fundamental que tiene. En efecto, la Constitución constituye el referente (principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 de la norma fundamental) de validez de las normas que son sometidas a escrutinio jurisdiccional vía los diversos medios de defensa que el propio ordenamiento prevé, sea juicio de amparo, acción o controversia constitucional, lo que impide que dicho ordenamiento sea juzgado a la luz de su propio contenido; aunado a que tanto el texto constitucional en sí mismo como su procedimiento de reforma y/o adiciones constituyen una unidad y un reflejo de la voluntad soberana (manifestada por el Constituyente o por el Poder Revisor) que escapa de cualquier tipo de control externo, sin que soslaye que, precisamente, el proceso de reforma es el único mecanismo de control que tiene a sí misma para validar e integrar nuevas normas jurídicas. No debe pasar desapercibido que si bien, el artículo 107, fracción I, constitucional establece que el juicio de amparo procede contra normas generales que causen perjuicio al quejoso, describiendo más adelante en diversos incisos qué debe entenderse por norma general, lo cierto es que en dicho concepto no pueden incluirse los preceptos normativos de la Constitución Mexicana, pues, como se dijo, atento al principio de supremacía constitucional esta constituye el fundamento y parámetro de validez de toda la producción normativa. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 3/2014 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 938 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, registro IUS 2005466, de rubro y contenido: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE REALIZARSE RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Los indicados preceptos no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante alguno de los recursos establecidos en la Ley de Amparo, pues las normas que componen la Constitución General de la República constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Además, porque ni en la Carta Magna ni en la ley citada se establece que, a través del juicio de amparo, aquélla pueda sujetarse a control constitucional, sino únicamente las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías establecidas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin que en el concepto "normas de carácter general" puedan entenderse incluidos los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ésta es la Ley Suprema que da fundamento normativo al juicio de amparo; y aun cuando se aceptara que, en sentido lato, es una norma general, lo cierto es que no es posible, desde el punto de vista formal, considerar que viola derechos humanos, pues ello implicaría que la Norma Fundamental no es tal, en la medida en que el sistema de control constitucional que establece es capaz de invalidar su propio contenido, aunado a que no es jurídicamente admisible desarticular la interdependencia de las normas constitucionales, negando el principio de unidad de la Constitución." También, es aplicable al caso la jurisprudencia 39/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1136 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, septiembre de 2002, Materia Constitucional, Novena Época, registro IUS 185941, de rubro y contenido: "PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL. De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional, ya que lo encuentra en sí mismo; esto es, la función que realizan el Congreso de la Unión, al acordar las modificaciones, las Legislaturas Estatales al aprobarlas, y aquél o la Comisión Permanente al realizar el cómputo de votos de las Legislaturas Locales y, en su caso, la declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo hacen en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en el extraordinario de Órgano Reformador de la Constitución, realizando una función de carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de ninguno de los órdenes jurídicos parciales, constituyendo de esta manera una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación compleja del órgano y en la atribución constitucional de su función, se encuentra su propia garantía." Además, dado el carácter supremo y de norma fundante que tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estima que todos sus preceptos son de igual jerarquía, por lo que, ninguno de ellos prevalece sobre los demás, ni puede sostenerse que no deba observarse alguno de estos por estimarse contrario a lo que disponen otros, pues, se rompería la unidad que como norma fundamental debe guardar al constituir la base y sistema de toda la producción normativa. Al respecto, es orientadora la tesis emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, visible en la página 22 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 39, Primera Parte, Materia Constitucional, Séptima Época, registro IUS 233476, de rubro y contenido: "CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ESTATUTOS NO PUEDEN SER CONTRADICTORIOS ENTRE SI. Las reformas a los artículos 49 y 131 de la Constitución, efectuadas por el Congreso de la Unión, no adolecen de inconstitucionalidad, ya que jurídicamente la Carta Magna no tiene ni puede tener contradicciones, de tal manera que, siendo todos sus preceptos de igual jerarquía, ninguno de ellos prevalece sobre los demás; por lo que no se puede decir que algunos de sus estatutos no deban observarse por ser contrarios a lo dispuesto por otros. La Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133, la Constitución no puede ser inconstitucional; es un postulado sin el cual no se podría hablar de orden jurídico positivo, porque es precisamente la Carta Fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho positivo de un Estado. Además, siendo "la Ley Suprema de toda la Unión", únicamente puede ser modificada o adicionada de acuerdo con las disposiciones de la misma que en el derecho mexicano se contienen en el artículo 135 constitucional, y únicamente por conducto de un órgano especialmente calificado pueden realizarse las modificaciones o adiciones, y por exclusión, ningún otro medio de defensa legal como el juicio de amparo es apto para modificarla." En conclusión, el juicio de amparo no es un medio de defensa para controvertir las normas constitucionales y el proceso de reforma o adición que origina a éstas; de ahí que, este juzgador estima evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otro lado, el quejoso también señaló como acto reclamado: ".AL JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, UNIDAD LA PIEDAD, MICHOACÁN, SALA NÚMERO 2, DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. También le reclamo de manera simultánea la probable Orden de Aprehensión, Orden de Comparecencia, Orden de Localización y Orden de Presentación, por delito o delitos que nunca cometí."; acto (de aplicación, respecto de las normas que tilda de inconstitucionales) que presume deriva del cuaderno de antecedentes número 84/2022, del índice del juez responsable, ya que el día veintiséis de mayo del presente año, se dejó un instructivo de notificación en manos de su pareja, donde se le hace del conocimiento que el veinticinco del mismo mes y año, dicho Juez de Control señaló fecha y hora para una audiencia de formulación de imputación debido a su probabilidad de la comisión o participación en la misma, de un delito. En ese sentido, debemos de delimitar el acto aquí reclamado debido a que la parte quejosa no lo hizo en su escrito aclaratorio, sin embargo, del mismo y de la demanda que dio origen al presente asunto, se advierte que de lo que realmente se duele el promovente es de la audiencia de formulación de imputación (la cual no se ha llevado a cabo), esto debido a que de sus consecuencias se le podría privar de su libertar y aplicar diversos medios de apremio. Por tanto, respecto de los actos antes referidos el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la misma Ley -interpretado a contrario sensu-, los cuales textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)"" De los preceptos transcritos se advierte que tratándose de los actos ejecutados fuera de juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que se está reclamando, pues la citación para audiencia inicial es un acto de un tribunal judicial realizado fuera de juicio, no obstante, la citación para audiencia inicial no implica, por sí misma, afectación a la libertad personal del quejoso, lo cual conlleva que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso, aunque se reclama la orden de citación de la parte quejosa a la audiencia de formulación de imputación, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Por tanto, es evidente que la citación que en este juicio de amparo se reclama, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, no obstante que, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio. Sin embargo, ello no es suficiente para concluir que procede el amparo, ya que, en este caso, como ya se dijo en párrafos precedentes, estos actos deben afectar de manera directa y actual a la libertad del quejoso, lo cual, no acontece en el presente juicio de amparo. Cabe precisar que, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación para audiencia inicial no conlleva, por sí misma, afectación a la libertad personal del citado, como se desprende de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 141 de ese ordenamiento, que establecen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión "Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: "I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; "II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y." En este sentido, la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal de los quejosos, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. Asimismo, no pasa inadvertido para este juzgador Federal que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia (la cual si existe en el presente caso, debido a que el quejoso lo informó con antelación al Juez responsable), y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. En este sentido, de la lectura de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, pues, se trata de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no afecta la libertad personal de los quejosos. Se arriba a esa conclusión, pues la citación no conlleva la privación de su libertad, sino únicamente hacerle de su conocimiento que se verificará una audiencia en la que se les hará saber que existe una investigación en su contra, y en caso de que no comparezca sin justificación alguna se podrá ordenar su comparecencia mediante el uso de la fuerza pública, lo que pudiera traducirse en un acto futuro de realización incierta, pues ello depende de la conducta que asuman los impetrantes de garantías de acudir o no a la cita que se le señale. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, Diciembre de 2018, tomo I, página 239, Décima época, cuyo rubro y texto son: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1A./J. 93/2013 (10A.)]. La primera sala de la suprema corte de justicia de la nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./j. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del código nacional de procedimientos penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del ministerio público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. de ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la ley de amparo." Sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa haya señalado también como acto reclamado: ".la Inconstitucionalidad del Tercer Párrafo del artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penal.", sin embargo, como ya se expuso la improcedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los diversos actos que reclama, lo mismo debe prevalecer y se debe determinar respecto de este último, pues como ya se dijo, el mismo es un acto que deriva de la audiencia de formulación de imputación que aún no se ha llevado a cabo, por tanto se consideran como actos futuros e inciertos, debido a que aún no se le ha imputado al quejoso la comisión de un delito o su participación en la misma, y en consecuencia, aún no resiente afectación alguna respecto de los actos en cuestión. En tales condiciones, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones I y XXIII de la Ley de Amparo, esta última en relación con el artículo 107 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso en cita, contra actos del ******************** anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-580/2022-C, y previo a admitirla se previene a la promovente con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que calare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atendiendo a lo establecido en dicho precepto, y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y, además, con fundamento en los numerales 108, fracción IV, 112, 114, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibida de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, cumpla con lo siguiente: Especifique el acto que desea reclamar en el presente juicio, en virtud de que en el apartado que señala como "IV. ACTO U OMISIÓN RECLAMADO", señala lo siguiente: ".Promulgación y orden de publicación del Decreto en el Diario Ofial de la Federación. por el que se reforma el artículo 19 Constitucional."; asimismo, aduce lo siguiente: ".C. JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL, UNIDAD LA PIEDAD, MICHOACÁN, SALA NÚMERO 2, DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. La Prisión Preventiva Oficiosa, pretendida."; por tanto, debe manifestar si reclama la inconstitucionalidad del artículo en comento, o bien, la posible orden de detención y/o aprehensión librada en su contra. Lo anterior, debido a que dicha información es necesaria a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto a la suspensión de los actos reclamados que solicita. Ahora, toda vez que en el capítulo IV. de su apartado "V. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Y QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN", manifiesta lo siguiente: ".Nunca se me hizo de conocimiento por parte de la fiscalía sobre la existencia de alguna carpeta de investigación, solo se me notificó de una audiencia de formulación de imputación, en donde me dicen que el juez de control orndenará mi prisión preventiva oficiosa."; deberá exhibir copia simple o ante su imposibilidad, la transcripción de la notificación que se le hizo de la audiencia de formulación de imputación. En ese sentido, tendrá que indicar en qué fecha se llevó o se llevará a cabo dicha audiencia de formulación de imputación, y de serle posible el número de causa penal del índice del Juez responsable, de la que deriva. En la inteligencia que de no cumplir con las prevenciones formuladas, se procederá en términos del artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, esto es, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA SU DEMANDA DE GARANTÍAS. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea - la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; en ese sentido, se tiente a la parte quejosa señalando como formas especiales y expeditas de contacto el correo electrónico siguiente: -. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, el promovente señala domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, y autoriza para ese efecto a las personas que hace alusión. Notifíquese personalmente.
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