TOMASA CLEMENCIA RUIZ VELOZ y Otros.

Expediente 403/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
403/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • Tomasa Clemencia Ruiz Veloz
  • TOMASA CLEMENCIA RUIZ VELOZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio proveniente de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en Ciudad de México, mediante el cual informa respecto al acatamiento dado a la suspensión de plano otorgada a favor de los directos quejosos; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante auto de diez de abril del año en curso, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, por los motivos ahí expuestos. Delegados y domicilio. Con fundamento en los artículos 9 y 28 fracción I, todos de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable designando como delegados a las personas que cita y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su informe. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad asentada por el Actuario de la adscripción para localizar a los directos quejosos Tomasa Clemencia Ruiz Veloz, Nahum Isai Ruiz Veloz y Arelys Adriana Garcés González, en virtud de que éstos ya no se encuentran alojados en la estación migratoria de esta ciudad con motivo de los oficios de salida EM/BC/TIJ/3210/2023, EM/BC/TIJ/3211/2023, y, EM/BC/TIJ/3212/2023, de ocho de abril de dos mil veintitrés, expedidos a su favor por el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, las cuales tuvo a la vista y anexa en copia para constancia, se procede a proveer lo conducente a la demanda presentada a su favor. DESECHAMIENTO Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir de los quejosos, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en: "[.] le reclamo se haga valer el reconocimiento de la condición de refugiado como lo estipula el artículo 2 fracción VIII y 6 de la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. [.] le reclamo se hagan valer el reconocimiento de la condición de refugiados, así como dejar en libertad a los extranjeros en un lapso no mayor de 72 horas como lo estipula el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese contexto, al tomar en consideración que el actuario de la adscripción dio fe de los referidos oficios de salida y dicha circunstancia se corrobora con lo expuesto por el Agente Federal de Migración que lo atendió, quien le informó que los quejosos ya no se encuentran a alojados en las instalaciones de dicha autoridad migratoria en virtud de que les fue expedido el oficio libre de tránsito, teniendo por acreditado su nacionalidad (ecuatoriana) y estancia legal en el país con tarjeta de visitantes por razones humanitarias, por lo que resulta evidente que se encuentran en libertad; por lo que se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados; pues estos se dejaron sin efectos, como si no hubieran invadido la esfera jurídica de los directamente agraviados Tomasa Clemencia Ruiz Veloz, Nahum Isai Ruiz Veloz y Arelys Adriana Garcés González; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los quejosos Tomasa Clemencia Ruiz Veloz, Nahum Isai Ruiz Veloz y Arelys Adriana Garcés González, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional; de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor de los directos quejosos. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para los directamente agraviados que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por éstos) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables. Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto de los quejosos Tomasa Clemencia Ruiz Veloz, Nahum Isai Ruiz Veloz y Arelys Adriana Garcés González. Comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese por lista a la parte promovente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a ocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** a nombre de ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad y de otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número **********, se provee en los siguientes términos: I.- SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA INMINENTE DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO O 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Por cuanto hace a los actos reclamados por la parte promovente de amparo consistentes en cualquier otro acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que dicen ser objeto los directos agraviados ********************, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato tales actos, en caso de que se estén ejecutando o, en su caso, no se lleven a cabo, si es que se ordenaron. Ahora, con relación a los actos consistentes en la retención del directo agraviado con fines de deportación, así como su ejecución; y, considerando que hasta el momento no se tiene certeza de cuál es su situación migratoria, a fin de velar por una protección más amplia para los impetrantes, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 1, 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a ********************, la suspensión de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: 1. Se insiste, que al desconocerse en este momento la situación migratoria de la persona agraviada, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. No se ejecute ningún acto que traiga como consecuencia la deportación de los directos agraviados ********************, y queden a disposición de este Juzgado de Distrito, sólo en lo que atañe a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para los efectos de la determinación de su situación migratoria, en el sitio en que estime la misma de acuerdo a sus facultades administrativas, y bajo su más estricta responsabilidad deberán observar en todo momento las obligaciones que le impone la Ley de Migración y evitar tratos discriminatorios o violación de derechos, para lo cual están obligadas a respetar la dignidad inherente al ser humano. 3. En el entendido que los efectos de esta suspensión de plano no impiden a las autoridades responsables resolver lo conducente respecto de su situación migratoria. Es decir, la suspensión de plano concedida, únicamente es para el efecto de que no se ejecuten los actos de deportación de los quejosos. 4. De igual manera, en caso de que los referidos agraviados se encuentren en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, no deberán ser trasladados a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo. Empero, si al resolver la situación migratoria de aquel (sobre lo cual no se concede la medida suspensiva) las autoridades responsables, determinan que no procede la deportación, sino una figura diversa que califique el estatus en que se ubican los extranjeros quejosos; e inclusive, a consecuencia de ello, resulte procedente ordenar su libertad, podrá realizarlo, al no abarcar la suspensión concedida tal aspecto, siempre y cuando derive de un proceso migratorio. 5. Así las cosas, si la detención de los directos agraviados ********************, no tiene relación con la comisión de un delito ni con un procedimiento migratorio deberán ser puestos en libertad de inmediato, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. II. SUSPENSIÓN DE PLANO EN CASO DE QUE LA PARTE QUEJOSA ESTÁ SUJETA A UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO. 6. Se deberán dejar a los quejosos en inmediata libertad, pero sólo en el caso de que ya hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, sin que existiera constancia de que se haya emitido el acuerdo de presentación al momento de la interposición de la demanda, así como las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 del referido ordenamiento, como término máximo para ello; lo cual, es acorde con el artículo 21, párrafo cuarto, Constitucional. Tal criterio derivó de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, dentro del recurso de queja administrativa ******************** de su índice interpuesto dentro del juicio de amparo ******************** del índice de este órgano jurisdiccional y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, indicándole a las autoridades responsables que la seguridad y custodia de los directos agraviados queda bajo su más estricta responsabilidad, debiendo además tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. 7. Por otra parte, en relación con el acto reclamado consistente en la privación de la libertad de los directos quejosos dentro de un procedimiento migratorio, tomando en consideración que del ocurso de demanda, de manera indiciaria, se encuentran sujetos a un procedimiento administrativo ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, aunado a que el juzgador puede adoptar medidas cautelares en los términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el dispositivo 1 y la Ley de Migración; con fundamento en los artículos 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión ********************, para el efecto de que cese el alojamiento de que es sujeto en la Estación Migratoria de la Ciudad de Tijuana y sean puestos en libertad. En el entendido que las medidas establecidas para tal efecto en el artículo 102 de la Ley de Migración, quedan bajo su más estricta responsabilidad. Garantía. De igual manera, se conmina a las autoridades responsables migratorias para efecto de que la garantía que en su caso se fije al directo quejoso, no exceda de $******************** (******************** 00/100 moneda nacional), ello a fin de que pueda ser asequible para los promoventes del amparo y no convertir el alojamiento en la regla general en demerito de la libertad del quejoso. Lo anterior sin perjuicio de que, por un lado, el impetrante puedan acreditar su insolvencia económica ante la autoridad, en cuyo caso ésta deberá resolver sobre la reducción de la garantía o bien eximirlos de presentarla; o bien, si la autoridad recaba información que revele una capacidad económica mayor de los quejosos y advierte otras circunstancias que hagan objetivo el aumento del riesgo de evasión, pueda, fundando y motivando, incrementar esa suma: lo cual deberá hacer saber de inmediato a este tribunal. En caso de que tras la liberación de los quejosos por haber cumplido los requisitos señalados-, ellos o su garante moral incumplan o se sepa que incumplen alguno de tales requisitos, la presente medida cautelar quedará sin efectos, ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano jurisdiccional a revocar la libertad otorgada por la medida suspensional cuando incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas para su otorgamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.20o.A.20 A (10a.), visible en la página 3550, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tom IV, emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 2016410 que señala: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada. 7.1 Luego, en caso de que los directos quejosos se encuentren en el supuesto contemplado por el artículo 102 de la Ley de Migración, se solicita a las autoridades responsables a fin que de inmediato informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento a los quejosos, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse al respecto, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que los quejosos al momento de su detención, se encontraban en territorio nacional. La suspensión se concede en el entendido de que los directos agraviados ********************, queden a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. 7.2 En el entendido de que si los quejosos cumplen con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el País establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración o si en su caso en su calidad de refugiados cuentas con algún documento que les permita provisionalmente su legal estancia en el país, una vez que la autoridad migratoria se cerciore que efectivamente los directos quejosos cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, deberá ser puesto en libertad. Por tanto, hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: - Qué calidad migratoria tienen ********************. - Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentran sujetos y su fundamento legal. - Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos los directos agraviados; - Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó al directo quejoso los derechos con los que cuenta desde su ingreso a la estación migratoria. Asimismo, hágasele saber a las responsables, que dentro del horario que al respecto se encuentre establecido en la normativa aplicable del procedimiento -que en su caso- se encuentre instaurado en contra del aquí quejoso, deberán permitir a quien comparezca en su carácter de autorizado de éstas, la comunicación que sea necesaria para su defensa. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado que se analiza es diverso o deriva de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la parte quejosa en la demanda de amparo, como podría ser la comisión de un delito o, proviene de autoridades diversas a las señaladas como responsables. De igual materia la medida cautelar aquí decretada no surtirá efectos si con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto en un diverso juicio de amparo existe pronunciamiento de dichos actos reclamados. Asimismo, hágasele saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando los aquí quejosos, no se encuentren sujetos a un procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informen la imposibilidad jurídica que tengan para ello, apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI 25/12/22 16:14:58 RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se niega a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita atentamente se sirvan rendir su informe preferentemente a través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 15jdo15ctoacorreo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de presentar el comunicado respectivo a través de la vía electrónica, deberán estampar la firma electrónica a fin de que pueda tenerse por legalmente rendido, y en el caso de encontrarse imposibilitadas para firmar electrónicamente, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentran imposibilitados para firmar electrónicamente, lo que no excluye a las potestades responsables de las sanciones legales correspondientes, de ser omisas con lo anterior, en términos de la fracción III del numeral 52 bis del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a los directos agraviados ********************, para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización del agraviado en la Estación Migratoria de esta ciudad. De igual manera, el actuario de la adscripción deberá hacerle saber a los agraviados lo siguiente: 1. Requerir a los agraviados para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto, la notificación del presente proveído, manifiesten si autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, dado que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. 2. Hacerle del conocimiento a los agraviados que, para el caso de no nombrar como autorizado al profesionista antes mencionado, tienen el derecho de designar en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a diverso profesionista; 3. Y para el caso de que no se encuentren en posibilidad de realizar tal designación, hágaseles saber que pueden solicitar, se les designe a un Asesor Jurídico, dependiente del Instituto de Defensoría Pública Federal. Lo cual podrán hacer del conocimiento del Actuario de la adscripción, al momento de la notificación o por escrito en cualquier etapa del procedimiento. 4. De igual forma, para que en el acto de la notificación o bien dentro del término de tres días legalmente computados señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir todo tipo de notificaciones, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Asimismo, se comisiona al actuario de la adscripción para que en el caso de que los directos quejosos no hablen ni entiendan el idioma español, solicite al personal de la Estancia Migratoria en la que se encuentra alojado, por conducto del traductor que designe la autoridad migratoria, se realice la encomienda planteada en el presente proveído. Lo que se hace del conocimiento a las autoridades responsables para que realicen las gestiones necesarias para que de manera inmediata se pueda efectuar la aludida diligencia. De igual manera, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables de esta ciudad, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que, en caso de que se aplique o continúe aplicándose en perjuicio de ********************, algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentran dichos agraviados. Asimismo, se encomienda al Actuario respectivo que en el caso que con motivo de la carga laboral de la autoridad responsable no pueda dar cumplimiento a lo anterior en su primera búsqueda por virtud de que el directo quejoso haya obtenido libertad, entonces se coordine con dicho personal, a efecto de que a la brevedad, el área jurídica le proporcione la información correspondiente al ingreso y salida que en su caso tengan en su base de datos respecto al buscado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Notificación a las autoridades responsables. En otro tenor, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entreguen los oficios respectivos, ya sea a las autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en sus oficinas; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de ******************(********************); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de *******************(********************moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Domicilio. Toda vez que el promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que sean de índole personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio servicios jurisdiccionales en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el último párrafo del artículo 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y numeral 258 del Acuerdo Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" para consultar expedientes. Comunicaciones no procesales. Se toma conocimiento del número telefónico y correo electrónicos que proporciona la parte quejosa, para establecer el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento a las demás partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para esos fines. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como FIREL, o en su caso, la firma electrónica e-firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. En cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese personalmente a los directamente agraviados.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano