Tomás Pedro Gaspar Juan
Expediente 706/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/10/2022
Partes del expediente
- Tomás Pedro Gaspar Juan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio y anexo que remite el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por el cual rinde el informe justificado que le fue solicitado en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós; en virtud que el veintinueve de septiembre del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa ni su autorizado, interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se haya decretado el sobreseimiento fuera de audiencia, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio vía correo electrónico de cuenta suscrito por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esa ciudad, mediante el cual informa que el directo agraviado, no se encuentra alojado en las instalaciones de esa estación migratoria, dado que el veinte de septiembre del año en curso, se otorgó documento provisional de visitante. A fin de acreditar su dicho, adjunta a su informe - en archivo digital- copia de una constancia consistente en "Documento provisional", de veinte de septiembre de dos mil veintidós, expedido a nombre de Tomás Pedro Gaspar. Por tanto, se tiene a las autoridades migratorias dando cumplimiento al requerimiento que les fue formulado en auto de veintisiete del mes y año en curso. Ahora bien, del contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la legislación reglamentaria Lo anterior, es así tomando en consideración que en la demanda de amparo que promovió Juan Luis Alberto Entebi Hernández, en representación del directo quejoso Tomás Pedro Gaspar Juan y/o Tomás Pedro Gaspar, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que hizo consistir en: La ilegal detención y retención, la orden y ejecución de deportación e incomunicación, actos contemplados en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, dado que en esta misma data, se recibió el oficio suscrito por la autoridad responsable Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad; mediante el cual, informa que el directo agraviado, ya no se encuentra alojado en las instalaciones de la estancia migratoria de esa Oficina de Representación, puesto que el veinte de septiembre de dos mil veintidós, se le otorgó "documento provisional de visitante". Asimismo, la autoridad responsable en su oficio de cuenta, adjuntó documental consistente en el oficio de veinte de septiembre de dos mil veintidós, denominado "Documento provisional", a favor de Tomás Pedro Gaspar, del cual se advierte, en lo conducente, que: "Se procede a la liberación de El EXTRANJERO de nombre TOMÁS PEDRO GASPAR, de nacionalidad GUATEMALTECA. Esta condición de estancia sólo se otorgará a EL EXTRANJERO, mientras subsista el supuesto por el que se le autorizó y agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria DE EL EXTRANJERO. Toda vez que en base de dicho acuerdo a cumplido con los requisitos previstos en la suspensión de plano, por ubicarse en la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 111 de la Ley de Migración." A dicha documental, se le otorga valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en virtud de que existe certeza y fiabilidad del método en que fue generada y comunicada, al provenir de un correo oficial del Instituto Nacional de Migración. Así las cosas, tomando en consideración que los actos reclamados en el presente juicio lo constituyen la ilegal detención y retención, la orden y ejecución de deportación e incomunicación, y si de las constancias referidas se evidencia que dicha persona ya no se encuentra físicamente en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, es evidente que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, respecto de las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia. Al ser claro que, para los efectos del amparo los actos reclamados han cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera las hipótesis de las siguientes jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Finamente, en atención a lo determinado, procede dejar sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las trece horas del diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente y al directo quejoso por conducto de su autorizado.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio que remite de cuenta suscrito por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, al que anexa el expediente original del juicio de amparo 517/2022, promovido por Juan Luis Alberto Entebi Hernández a favor de Tomás Pedro Gaspar Juan; lo anterior, en virtud que el veintitrés de septiembre del año en curso, se recibieron vía electrónica dichas constancias y se proveyó lo conducente. Por otra parte, vista la constancia actuarial de cuenta relativa a la notificación del auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, practicada al promovente Juan Luis Alberto Entebi Hernández, se advierte que manifestó que "es mi deseo desistirme de la presente demanda de garantías, por así convenir a mis intereses". Por tanto, y previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que si bien es cierto, el artículo 12 de la ley de la materia, establece que el autorizado de la parte quejosa podrá interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en audiencias y solicitar la suspensión o su diferimiento, así como cualquier acto que resulte necesario para defender los derechos del autorizante; también lo es, que ello no implica que se encuentre facultado para realizar cualquier acto en nombre de la parte quejosa, ya que su actuación depende de las reglas que rigen el juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107 de la Constitución Federal y la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, dado que los hechos que le incumben son de carácter personal, y pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, alguna responsabilidad penal. En consecuencia, tomando en consideración lo antes expuesto, lo procedente es ordenar la ratificación del desistimiento que intenta el promovente; por tanto, se instruye al Actuario judicial adscrito, para que notifique personalmente al directo quejoso Tomás Pedro Gaspar Juan, el presente proveído, le ponga a la vista la constancia actuarial de cuenta y lo requiera para que en el acto mismo de la notificación o bien dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si ratifican o no el desistimiento de la demanda promovida a su favor; apercibido que de no hacerlo así se continuará con la secuela procesal en el presente asunto. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 119/2006, con de registro 174481, ubicada en la página 295, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que establece: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Hecho que sea lo anterior, dese nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente a Tomás Pedro Gaspar Juan.
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