Tomás Sánchez Sánchez
Expediente 722/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 34 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Tomás Sánchez Sánchez
- Secretario de Comunicacions y Transportes del Gobierno Federal
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se sobreseyó en este asunto. Notifíquese..."
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 722/2021-I, promovido por ******; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito ingresado el veinte de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, remitido por razón de turno a este juzgado el veintidós siguiente, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, y otras autoridades. SEGUNDO. Por acuerdo de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda con el número 722/2021-I, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante escrito presentado por la parte quejosa el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, registrado con el número 9191, ofreció diversas pruebas; a lo que este juzgador, por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se reservó a acordar lo conducente, hasta que obraran la totalidad de los informes justificados. CUARTO. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, con número de registro 10690, el quejoso amplió su demanda, la que se admitió por acuerdo de veintidós de septiembre siguiente. QUINTO. Mediante ocurso de doce de noviembre de dos mil veintiuno, con número de registro 13542, el quejoso pretendió ampliar su demanda de amparo, por lo que en proveído de doce de noviembre posterior, este juzgado advirtió la falta de identidad entre la firma que aparecía en dicho escrito y la plasmada en la demanda, así como en los diversos escritos con número de registro 9191 y 10690; por lo que requirió al promovente para que en el término de tres días, contado a partir de su notificación, se presentara al local de este juzgado con identificación oficial vigente a ratificar la firma y contenido del ocurso de cuenta, y una vez hecho lo anterior, se acordaría lo conducente. SEXTO. El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso se presentó ante este órgano jurisdiccional a ratificar la firma del escrito 13542; en atención a ello, en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgador determinó que a simple vista las firmas plasmadas en el escrito de demanda y en los diversos escritos con números internos 9191 y 10690, diferían notoriamente con la estampada en la comparecencia en cita; en consecuencia, a fin de dilucidar si dichas firmas fueron realizadas por el quejoso, se ordenó de oficio el desahogo de la pericial en materia de caligrafía y/o grafoscopia. SÉPTIMO. Mediante comparecencia de cuatro de febrero de dos mil veintidós, el perito oficial en materia de grafoscopía Salvador Biciego Lascurain, aceptó y protestó el cargo conferido a fin de determinar si las firmas plasmadas en el escrito de demanda y en los diversos escritos con números internos 9191 y 10690, y la de la comparecencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, provenían de la misma persona. OCTAVO. En ocurso presentado el de diez de febrero de dos mil veintidós, registrado con el número 1944, el perito oficial en materia de grafoscopía Salvador Biciego Lascurain, rindió su dictamen en el sentido de que la firma que se calza en la demanda, así como en el escrito de ampliación, no correspondían con la estampada por el quejoso en la comparecencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Escrito que fue ratificado mediante comparecencia de quince de febrero de dos mil veintiuno; por lo que en proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con su contenido, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera sin que lo hubieran hecho. El veinticinco de marzo de la presente anualidad tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio respecto del cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En el caso concreto, atendiendo al resultado del dictamen pericial rendido por el perito oficial en materia de grafoscopía Salvador Biciego Lascurain, se aprecia que concluyó que la firma que se calza en la demanda, y los escritos presentados en el juicio, no corresponden con la estampada en la comparecencia que realizó el quejoso el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Dictamen que es valorado por este juzgador, ya que se advierte que dicho especialista aceptó el cargo conferido, rindió y ratificó oportunamente su dictamen. Aunado a que el profesionista en comento, cuenta con la aptitud y los conocimientos especiales suficientes para dictaminar respecto de los hechos a probar, toda vez que se trata de un experto en materia de grafoscopía y no existe en autos motivo fundado para dudar de su imparcialidad. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le confiere pleno valor probatorio al dictamen rendido por el perito oficial designado en auxilio de las labores de este juzgado, por haber tomado en consideración los elementos que se fijaron por este Juzgado Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-2, JulioDiciembre de 1988, página 44 que refiere: PRUEBAS. VALORACION EN EL JUICIO DE AMPARO. El principio general para la valoración de las pruebas en el juicio de amparo, aplicando supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, consiste en que el tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las mismas unas frente a otras y para fijar el resultado final de dicha valuación, restringida parcialmente esa amplia libertad, únicamente con las reglas específicas sobre apreciación de probanzas determinadas que fija la propia ley. En ese contexto, se concluye que la firma estampada en el escrito de demanda y de ampliación de la misma, no corresponden a la del quejoso, es por lo que resulta innecesario analizar la existencia de los actos reclamados, pues sobreviene una causal de improcedencia que se advierte de oficio. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, con relación con el 6, ambos de la Ley de Amparo1 y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2 . De dichos preceptos se advierte que el juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de parte agraviada, es decir, cuando 1 Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 2 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] no existe la expresión de la voluntad de quien estima transgredidos sus derechos fundamentales, toda vez que es jurídicamente imposible que la instancia se tramite ante tal ausencia o, en su caso, una vez que se haya substanciado el procedimiento, se emita una sentencia definitiva en la que se resuelva una situación jurídica determinada, respecto de quien no expresó su deseo de promover; por tanto, no es posible que una resolución de esta naturaleza surta efectos. Lo anterior queda de manifiesto cuando el solicitante del amparo no estampa su firma en la demanda de amparo o en la ampliación a la misma, pues si la firma es el signo inequívoco de la expresión de voluntad del gobernado para demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, consecuentemente, ante su falta, no es procedente abordar el estudio de fondo. De ahí la necesidad de que al intentarse el juicio de amparo, como en otras instancias, la identificación del quejoso constituya un elemento esencial de la demanda, pues de ello depende el objeto específico del juicio de amparo. Por tanto, si en el caso se ha concluido que las firmas que obran en la demanda y en el escrito de ampliación de la misma, no provienen del quejoso; es evidente que se surte la causa de improcedencia en estudio al no haber expresado su voluntad de tramitarla. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que expone, la jurisprudencia 1a./J. 93/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 476, que señala: "RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA QUE CALZA UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. CUANDO SE DECLARA SU FALSEDAD A TRAVÉS DEL INCIDENTE RESUELTO CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA, TANTO AQUELLA DILIGENCIA COMO LA DEMANDA CARECEN DE EFICACIA, POR LO QUE AL NO TENERSE POR EXTERNADA LA VOLUNTAD DEL PROMOVENTE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Cuando al resolver el incidente respectivo un tribunal colegiado de circuito declara conjuntamente con la sentencia definitiva dictada en un juicio de amparo directo la falsedad de la firma que calza la demanda de garantías, tanto la diligencia en que el promovente reconozca dicha firma como la aludida demanda carecen de eficacia, ya que no existe certeza sobre su autenticidad, esto es, que realmente proviene de quien aparece como su autor jurídico, pues una firma sólo puede reconocerla quien la imprimió. Así, ante la mencionada declaración de falsedad, a la diligencia de reconocimiento de firmas no puede otorgársele el alcance de tener por presentada la demanda en la fecha en que el aparente promovente compareció ante el tribunal colegiado a reconocer la firma cuya autenticidad se cuestiona, en tanto que el objeto de dicha diligencia se limita a que el autor del documento reconozca como suya la firma impresa en él y no a hacer suyo el contenido de un instrumento que no suscribió. Por tanto, se concluye que quien aparece en la demanda como promovente, aunque el acto reclamado afecte su esfera jurídica, no externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley indicada". Máxime, que de tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Sustenta lo expuesto, la tesis VI. 2o. 692 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Noviembre de 1994, página 435, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes". Entonces, lo que procede sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Apoya lo determinado la jurisprudencia VI.2o.C. J/5 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, página 1594, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO RELATIVO UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO ES IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no puede tenerse como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo". Por lo expuesto, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se notificó a la parte quejosa el proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, por lista, el cual debió de haber sido vía electrónica; en consecuencia, se ordena notificar la presente determinación así como la diversa de dieciséis de los cursantes de manera electrónica. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas del veinticinco de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. SE NOTIFICA AUTO DE DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.-"Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la comparecencia del perito oficial en materia de grafoscopía y documentoscopía ****, mediante la cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de catorce de los cursantes, ratifica su opinión profesional. En consecuencia, dése vista a las partes por el término de tres días legalmente contados, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese.".
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio del Subdirector de Servicios Periciales en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento, toda vez que a la fecha ya fue rendido y ratificado el dictamen pericial encomendado al perito de su adscripción. Notifíquese.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Tomás García Jacobo1301/2019
- Tomás Hernández Hernández33/2019
- Tomás Montoya Mendoza633/2018
- Tomás Morales Domínguez378/2022
- Tomás Morales Domínguez1021/2022
- Tomás Ortiz Reyes1204/2018
- Tomasa Quintana Valdéz477/2018
- Tonatiuh Adad Rodríguez Castaldini279/2020
- Tonatiuh Adad Rodríguez Castaldini437/2021
- Toribio Morgado Matias849/2019
- Tranquilino Alvarado Pérez1827/2018
- Trehisy Kareli López López809/2022