Tomás Ortiz Reyes

Expediente 1204/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1204/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
21/11/2018

Partes del expediente

  • Tomás Ortiz Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    "...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se negó el amparo, y carece de relevancia documental. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos..."

  2. Principal

    V I S T O para resolver los autos del juicio de amparo 1204/2018-I-B y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, Tomás Ortiz Reyes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando SEGUNDO de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite el juicio de amparo y, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por una autoridad administrativa con residencia dentro del territorio donde tiene competencia este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: Del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México; y, Del Titular de la Oficialía Conciliadora, Mediadora y Calificadora de la Zona Oriente del Ayuntamiento Constitucional de Tultitlán, Estado de México: a) La imposición, orden, cobro, recaudación y autorización de la cantidad de $3,627.00 (tres mil seiscientos veintisiete pesos 00/100.), por concepto de multa, impuesta en la Boleta de Libertad de Presentado con número de folio 2305, de dieciocho de julio de dos mil dieciocho. TERCERO. Oportunidad. La presentación de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de las constancias remitidas por las autoridades responsables como complemento a su informe con justificación, toda vez que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciocho de julio de dos mil dieciocho (foja 34 del juicio); por lo que, de conformidad con el numeral 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la promoción del juicio constitucional transcurrió del diecinueve de julio al ocho de agosto de dos mil dieciocho, con descuento de los días veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve de julio, cuatro y cinco de agosto de dos mil dieciocho, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; consecuentemente, si la demanda de amparo se presentó el siete de agosto de dos mil dieciocho, es claro que fue promovida oportunamente. CUARTO. Inexistencia de actos reclamados. El Consejero Jurídico en representación del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, al rendir su informe justificado (f. 19 a 21 de autos), negó la existencia del acto reclamado. En consecuencia, dado que la parte quejosa no ofreció medio de convicción alguno para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable citada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, respecto de la autoridad y actos reclamados especificados. QUINTO. Certeza del acto reclamado. El Oficial Calificador del Segundo Turno de Zona Oriente de Tultitlán, Estado de México (f. 22 y 23 de autos) al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que además se corrobora con las copias certificadas de las constancias relativas a los actos reclamados, consistentes en la boleta de remisión de presentado y la diversa de libertad de presentado, ambas de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, que remitió dicha autoridad como apoyo a su informe, así como con la documental exhibida por el quejoso consistente en el original de la copia al carbón de la Boleta de Libertad de Presentado; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. SEXTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer diversa, por lo que procede el estudio de fondo del asunto. SÉPTIMO. Conceptos de violación. El quejoso formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." OCTAVO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa sin que en el caso opere la suplencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que deberá negarse el amparo y protección de la justicia federal solicitado. La parte quejosa aduce esencialmente, lo siguiente: Que se viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 16 Constitucional, toda vez que al imponerle la multa, la autoridad responsable incumple con el requisito esencial de fundamentación y motivación legal que debe contener todo acto administrativo. Lo que resulta infundado en atención a los razonamientos siguientes: Los numerales 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 117 de la Ley de Amparo, refieren, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. (.) Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional." *Lo resaltado en negritas no es de origen. Ahora bien, del primer precepto transcrito se desprende que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse. Así, por fundamentación del acto de autoridad se entiende, que es necesario que se sustente en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta que permita realizar el acto de autoridad, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que, por motivación del acto de autoridad debe entenderse como las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley; dicho de otro modo, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general y el caso específico en el que ésta va a operar o surtir efectos. En conclusión, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación de sus actos, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma que invoca. Asimismo, del segundo de los numerales puede desprenderse que cuando el juicio de amparo que se promueva contra actos que sean de naturaleza materialmente administrativa y se aduzca falta o insuficiencia de fundamentación y motivación en ellos, la autoridad responsable al momento de rendir su informe con justificación deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado, por lo cual, se dará vista con dicha complementación a la parte promovente a fin que, si es su deseo, amplíe la demanda. Ahora bien, en el caso, el quejoso reclama la imposición de una multa por parte del Oficial Calificador del Segundo Turno de Zona Oriente, alegando falta de fundamentación y motivación en ella. Así, del informe rendido por la responsable en mención, se desprende que el requisito consistente en la fundamentación del acto reclamado se encuentra colmado, toda vez que de la copia certificada de la Boleta de Remisión de Presentado, en la que se asienta la imposición de la multa reclamada (f. 34), se advierte que la autoridad cita el precepto que consideró transgredido por el quejoso, por el que consideró pertinente imponerle la multa reclamada, esto es, la infracción al Bando Municipal 2018 de Tultitlán, Estado de México, contemplada en su artículo 119, fracción XLIX, mismo que refiere: "ARTÍCULO 119.- Se consideran faltas e infracciones al Bando Municipal toda conducta individual o colectiva que constituye una contravención a sus disposiciones y así mismo las acciones u omisiones que alteren el orden público o afecten la seguridad pública, realizadas en lugares de uso común, acceso público o libre tránsito o que tengan efectos en este tipo de lugares; de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes: (.) XLIX. Cargar o descargar mercancías y/o traspaleo de productos y/o materiales en áreas públicas y lugares no autorizados para dicha actividad, excepto en los casos donde sea la descompostura del vehículo o que el objeto de la carga de la mercancía sea surtir mercancía al menudeo en establecimientos comerciales." Asimismo, indicó los artículos en los que fundamenta la legitimación para imponer la sanción administrativa (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 14, 16, 115 FRACCIÓN II Y III, LETRA H, 21 PÁRRAFOS IV, V, VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 122, 123 Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ARTÍCULO 53, FRACCIÓN X, 148, 149,150, FRACCIÓN II, INCISO B, D, E, F, 151, 152, 153, 166 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 1.8 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXCO; 1, 2, 3, 4, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, DEL VANDO MUNICIPAL VIGENTE Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES) Por tanto la responsable fundamentó esencialmente en los artículos: ARTÍCULOS 14, 16, 115 FRACCIÓN II Y III, LETRA H, 21 PÁRRAFOS IV, V, VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. ." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ." "Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: (.) II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: (.) h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito (.)" "Artículo 21. (.) Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso (.)" ARTÍCULOS 122, 123 Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO: "Artículo 122.- Los ayuntamientos de los municipios tienen las atribuciones que establecen la Constitución Federal, esta Constitución, y demás disposiciones legales aplicables. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos que señala la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los municipios ejercerán las facultades señaladas en la Constitución General de la República, de manera coordinada con el Gobierno del Estado, de acuerdo con los planes y programas federales, estatales, regionales y metropolitanos a que se refiere el artículo 139 de este ordenamiento." "Artículo 123.- Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, desempeñarán facultades normativas, para el régimen de gobierno y administración del Municipio, así como funciones de inspección, concernientes al cumplimiento de las disposiciones de observancia general aplicables." "Artículo 124.- Los ayuntamientos expedirán el Bando Municipal, que será promulgado y publicado el 5 de febrero de cada año; los reglamentos; y todas las normas necesarias para su organización y funcionamiento, conforme a las previsiones de la Constitución General de la República, de la presente Constitución, de la Ley Orgánica Municipal y demás ordenamientos aplicables. En caso de no promulgarse un nuevo bando municipal el día señalado, se publicará y observará el inmediato anterior." ARTÍCULOS 53, FRACCIÓN X, 148, 149,150, FRACCIÓN II, INCISO B, D, E, F, 151, 152, 153, 166 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO: "Artículo 53.- Los síndicos tendrán las siguientes atribuciones: (.) X. Vigilar que los Oficiales Calificadores, observen las disposiciones legales en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos; (.)" "Artículo 148.- En cada municipio el ayuntamiento designará, a propuesta del presidente municipal, al menos a un Oficial Calificador con sede en la cabecera municipal y en las poblaciones que el ayuntamiento determine en cada caso, quienes tendrán las atribuciones a las que se refiere el artículo 150. Así mismo podrá nombrar a los oficiales mediadores-conciliadores en materia comunitaria que requiera, los cuales durarán en su cargo tres años con posibilidad a ser nombrados para otros periodos. La forma de concluir la mediación y la conciliación, será por convenios suscritos o por acuerdo de las oficialías en caso de advertir simulación en el trámite." "Artículo 149.- Las oficialías se dividirán en mediadoras-conciliadoras y calificadoras. I. Para ser Oficial Mediador-Conciliador, se requiere: a). Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; b). No haber sido condenado por delito intencional; c). Ser de reconocida buena conducta y solvencia moral; d) Tener cuando menos treinta años al día de su designación; e) Ser licenciado en derecho, en psicología, en sociología, en antropología, en trabajo social, o en comunicaciones y tener acreditados los estudios en materia de mediación; y f) Estar certificado por el Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. II. Para ser Oficial Calificador, se requiere: a). Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; b). No haber sido condenado por delito intencional; c). Ser de reconocida buena conducta y solvencia moral; d). Tener cuando menos veintiocho años al día de su designación; y e). Ser licenciado en Derecho." "Artículo 150.- Son facultades y obligaciones de: (.) II. De los Oficiales Calificadores: (.) b). Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan por faltas o infracciones al bando municipal, reglamentos y demás disposiciones de carácter general contenidas en los ordenamientos expedidos por los ayuntamientos, y aquellas que deriven con motivo de la aplicación del Libro Octavo del Código Administrativo del Estado de México, excepto las de carácter fiscal; d). Expedir recibo oficial y enterar en la tesorería municipal los ingresos derivados por concepto de las multas impuestas en términos de Ley; e). Llevar un libro en donde se asiente todo lo actuado; f). Expedir a petición de parte, certificaciones de hechos de las actuaciones que realicen; (.)" "Artículo 151.- No pueden los oficiales conciliadores y calificadores: I. Girar órdenes de aprehensión; II. Imponer sanción alguna que no esté expresamente señalada en el bando municipal; III. Juzgar asuntos de carácter civil e imponer sanciones de carácter penal; IV. Ordenar la detención que sea competencia de otras autoridades." "Artículo 152.- Para el debido cumplimiento de las atribuciones que en este capítulo se previenen, cada ayuntamiento determinará la forma de organización y funcionamiento de las oficialías conciliadoras y calificadoras de su municipio. "Artículo 153.- Las faltas temporales de los oficiales calificadores serán cubiertas por el secretario de la propia oficialía o por el servidor público que el Presidente Municipal designe, quienes estarán habilitados para actuar en nombre del titular, siempre y cuando cumplan los requisitos de Ley." "Artículo 166.- Las infracciones a las normas contenidas en el Bando, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas municipales de observancia general, se sancionarán atendiendo a la gravedad de la falta cometida con: I. Amonestación; II. Multa hasta de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de cometer la infracción, pero si el infractor es jornalero, ejidatario u obrero, la multa no excederá del salario de un día. III. Suspensión temporal o cancelación del permiso o licencia; IV. Clausura temporal o definitiva; V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas." ARTÍCULO 1.8 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXCO: "Artículo 1.8.- Para tener validez, el acto administrativo deberá satisfacer lo siguiente: I. Ser expedido por autoridad competente y, en caso de que se trate de órgano colegiado, se deberá cumplir con las formalidades previstas al efecto en el ordenamiento que lo faculta para emitirlo; II. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o fin del acto; III. Ser expedido sin que existan dolo ni violencia en su emisión; IV. Que su objeto sea posible de hecho, determinado o determinable y esté previsto en el ordenamiento que resulte aplicable; V. Cumplir con la finalidad de interés público señalada en el ordenamiento que resulte aplicable, sin que puedan perseguirse otros fines distintos; VI. Constar por escrito o de manera electrónica indicando la autoridad de la que emane y contener la firma autógrafa, electrónica avanzada o el sello electrónico en su caso del servidor público; VII. Tratándose de un acto administrativo de molestia, estar fundado y motivado, señalando con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias generales o especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo constar en el propio acto administrativo la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso concreto; VIII. Expedirse de conformidad con los principios, normas e instituciones jurídicas que establezcan las disposiciones aplicables; IX. Guardar congruencia en su contenido y, en su caso, con lo solicitado; X. Señalar el lugar y la fecha de su emisión, así como los datos relativos a la identificación precisa del expediente, documentos, nombre y domicilio físico o correo electrónico de las personas de que se trate; XI. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse, se hará mención expresa de la dependencia emisora, la oficina en la que se encuentra dicho expediente o el portal electrónico a través del cual puede realizar la consulta del expediente respectivo; XII. Tratándose de resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, deberá hacerse mención del derecho y plazo que tienen para promover el recurso administrativo de inconformidad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; XIII. Resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos en las disposiciones aplicables." ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, DEL VANDO MUNICIPAL DE TULTITLÁN 2018: "ARTÍCULO 1.- En el Municipio de Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México, todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Todas las Autoridades Municipales, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos. El Ayuntamiento deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en los términos que establezca la Ley." "ARTÍCULO 2.- El Ayuntamiento, en materia de Derechos Humanos, realizará las siguientes acciones: I. Garantizar el respeto a los Derechos Humanos, difundiendo y promoviendo éstos entre los habitantes del Municipio, con perspectiva de género, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; II. Establecer las medidas conducentes para evitar la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los Derechos y libertades de las personas; III. Vigilar que en la cárcel Municipal, se actúe con base en el respeto a los Derechos Humanos; IV. Establecer programas tendientes a la protección de los Derechos Humanos de las mujeres, niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, migrantes y demás grupos vulnerables. V. Ejecutar las acciones tendientes a que todo Servidor Público Municipal esté obligado a responder las recomendaciones que emitan los Organismos de Derechos Humanos. VI. Prevenir y sancionar la tortura y otros actos o penas crueles, inhumanas o degradantes. VII.- Garantizar la seguridad de los periodistas y comunicadores en eventos públicos, que por propia naturaleza impliquen la presencia de medios de comunicación, debiendo prever las medidas y protocolos necesarios para reaccionar en caso de que se susciten agresiones en contra de estos." "ARTÍCULO 3.- El presente Bando Municipal de Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México; es de orden público, interés social y de observancia general dentro de su Territorio. Tiene por objeto regular la organización política y administrativa del Municipio, y establecer los Derechos y las Obligaciones de sus habitantes, con el carácter legal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, le atribuyen. Es el principal ordenamiento jurídico del que emanan los Reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones Administrativas de carácter Municipal." "ARTÍCULO 4.- Las disposiciones del presente Bando, Reglamentos y acuerdos que expida el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México; serán obligatorias para las Autoridades, Servidores Públicos, vecinos, habitantes y transeúntes, y su aplicación e interpretación corresponderá a las Autoridades Municipales, quienes tienen la obligación de vigilar su cumplimiento e imponer a los infractores las sanciones que legalmente procedan." "ARTÍCULO 114.- Queda prohibido a los vecinos, habitantes y transeúntes del Municipio, las siguientes conductas y actividades: I. Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública; II. Organizar, realizar o acudir a peleas de perros y gallos, aun cuando fueran para efectos de casteo; III. Alterar el orden público; IV. Realizar sus necesidades fisiológicas en la vía Pública o en lugares de uso común; V. Inhalar enervantes, sustancias tóxicas o volátiles y aquellas que generen drogadicción. VI. Hacer pintas en las fachadas de los bienes públicos o privados sin la autorización de quien deba darla; VII. Romper las banquetas, pavimentos y áreas de uso común, sin la autorización municipal, se entiende como una excepción las necesarias para reparar fugasde agua o de gas; VIII. Colocar o hacer propaganda comercial en los lugares prohibidos por la ley y sin la autorización correspondiente; IX. Colocar propaganda política en los lugares prohibidos por la ley; X. Realizar actividades sin contar con la autorización, licencia o permiso de la Autoridad Municipal, cuando así se requiera o establezca en la normatividad aplicable; XI. Provocar, hacer o generar ruido que perturbe la tranquilidad de los vecinos; XII. Ofender la dignidad humana. XIII. Tirar o depositar desechos en todo el Territorio Municipal." "ARTÍCULO 115.- Las medidas de control son determinaciones preventivas, ordenadas por las Autoridades administrativas del Ayuntamiento, que tienen por objeto evitar daños y perjuicios a las personas, bienes y al ambiente dentro del Municipio. Su aplicación, observancia y ejecución, se harán conforme a lo dispuesto en las normas de carácter Federal, estatal, Municipal y demás ordenamientos jurídicos aplicables." "ARTÍCULO 116.- Las medidas de control que la Autoridad competente podrá adoptar son las siguientes: I. Suspensión temporal, total o parcial, de la construcción, instalación, explotación de obras, prestación de servicios, establecimientos comerciales, industriales y de espectáculos; II. Desocupación o desalojo total o parcial de inmuebles; III. Prohibición para la utilización de inmuebles; IV. Demolición total o parcial; V. Retiro de materiales e instalaciones; VI. Evacuación de zonas; VII. Retirar asentamientos humanos irregulares; VIII. Retiro y aseguramiento de materiales o sustancias que se expendan en la vía Pública que puedan crear riesgo a la población o alteración al ambiente. IX. Cualquier otra acción o medida que tienda a evitar daños a personas, bienes y ambiente; y" "ARTÍCULO 117.- La aplicación de las medidas de control señaladas en el artículo anterior, se aplicarán en los siguientes casos y bajo las siguientes condiciones: I. Cuando exista riesgo inminente que implique la posibilidad de una emergencia, siniestro o desastre, de que se quebrante el orden público, se causen daños a las personas o sus bienes; o se lleven a cabo eventos y donde se rebase la capacidad autorizada; II. Cuando se realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios, sin contar con la autorización, licencia o permiso, que compruebe el legal funcionamiento de la actividad que se desarrolla. III. La adopción de estas medidas podrán realizarse a solicitud de Autoridades administrativas Federales, estatales o municipales, o por denuncia de particulares que resulten directamente afectados o ejerzan su derecho de petición, y se aplicarán estrictamente en el ámbito de competencia municipal, para lo cual deberá realizarse previamente visita de verificación conforme al artículo 128 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; IV. Presentadas las anteriores condiciones, la Autoridad Municipal competente podrá ordenar de manera inmediata la aplicación de las medidas de seguridad necesarias en dichos establecimientos o instalaciones industriales, comerciales, profesionales y de servicio o en bienes de uso común o dominio público. En el acta circunstanciada que contenga la aplicación de las medidas de control, deberá hacerse constar la citación al particular infractor al procedimiento administrativo para el desahogo de la garantía de audiencia y las medidas preventivas correspondientes." "ARTÍCULO 118.- Cuando la Autoridad ordene alguna de las medidas de control previstas en este capítulo, indicará al afectado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que, una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de las medidas de seguridad impuestas." "ARTÍCULO 119.- Se consideran faltas e infracciones al Bando Municipal toda conducta individual o colectiva que constituye una contravención a sus disposiciones y así mismo las acciones u omisiones que alteren el orden público o afecten la seguridad pública, realizadas en lugares de uso común, acceso público o libre tránsito o que tengan efectos en este tipo de lugares; de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes: I. Usar indebidamente o sin autorización el escudo topónimo del Municipio; II. Alterar o restringir el tránsito vehicular y peatonal; III. Agredir física y/o verbalmente o no atender las indicaciones de las Autoridades Municipales; IV. Las prácticas vandálicas que alteren el orden público y la paz social, así como las instalaciones y el funcionamiento de los Servicios Públicos Municipales, o causar daño en el alumbrado público. En estos casos se tendrá que reparar el daño causado, independientemente de la multa y de las sanciones penales a las que haya lugar; V. Contaminar el Medio Ambiente en cualquier forma, ya sea de manera visual o auditiva que provoque molestias o trastorne la tranquilidad de las personas, así como pintar topes y solicitar dadivas o donativos, y obstruir la vialidad sin la anuencia de la Autoridad competente. VI. Utilizar la vía Pública para la venta de productos, prestación de servicios de cualquier naturaleza en lugares o fechas no autorizadas por la Autoridad competente; VII. Hacer uso indebido de los servicios de policía, bomberos o de atención médica y asistencia social, reportando falsas alarmas; VIII. Maltratar, ensuciar, pintar, instalar letreros o símbolos que alteren de cualquier forma las fachadas de los edificios, esculturas, monumentos históricos, bardas o cualquier otro bien público o privado con fines no autorizados por las Autoridades Municipales, independientemente de las sanciones penales a que haya lugar. En estos casos se tendrá que reparar el daño causado, independientemente de la multa y de las sanciones penales a las que haya lugar; IX. Ingerir bebidas alcohólicas en la vía Pública o a bordo de un vehículo automotor, así como escandalizar en cualquiera de los lugares antes citados; X. Realizar en la vía pública, lugares públicos o en vehículos, conductas o actos que atenten contra el orden público, relaciones sexuales y eventos de desnudez; XI. Arrojar basura, residuos sólidos, desperdicios industriales, solventes, gasolina, petróleo o sus derivados y sustancias tóxicas o explosivas a las alcantarillas o a la vía pública, cajas de válvulas y en general a las instalaciones de agua potable y drenajes, así como establecer centros de acopio o recolección de basura no autorizados; XII. Desperdiciar ostensiblemente el agua o no cumplir con los requisitos, normas y condiciones de uso eficiente del agua que establece la ley; XIII. Permitir que sus predios se utilicen como basureros o se le dé cualquier otro uso indebido; XIV. No proporcionar los informes o datos que conforme a derecho le sean solicitados por las Autoridades Municipales, así como no permitir la realización de visitas de verificación en su domicilio, instalaciones, equipos o bienes de su propiedad, en los casos que señala la normatividad aplicable; XV. No atender los citatorios de las Autoridades Municipales; XVI. Vulnerar los Derechos de los niños y niñas, adultos mayores, mujeres, huérfanos, transeúntes y personas con discapacidad; XVII. Hacer uso inadecuado de los Servicios Públicos Municipales; XVIII. No responsabilizarse de los animales que sean de su propiedad o se encuentren bajo su cuidado, permitiendo que molesten o agredan a las personas o dañen lugares públicos o privados ajenos; permitan que deambulen libremente en la calle, así como azucen a cualquier animal para atacar a las personas; el responsable de los animales, tiene la obligación de recoger las heces fecales que dichos animales hagan en la vía o lugares públicos; XIX. Arrojar o abandonar en la vía pública: objetos, muebles, materiales de construcción, animales muertos, desperdicios y basura. Así como quemar residuos sólidos o líquidos incluyendo basura doméstica, hojarasca, hierba seca, llantas, plásticos, lubricantes, solventes, arrojar o abandonar las heces fecales generadas por las mascotas de su propiedad cuando transiten con ellas por la vía pública, parques, jardines, centros deportivos, áreas de Servicio Público Municipal o en las áreas comunes; XX. No barrer ni recolectar el frente de su domicilio o establecimiento comercial, o de prestación de servicios; XXI. Fumar en establecimientos cerrados donde existan señalamientos de su prohibición y oficinas públicas; XXII. Defecar o miccionar en la vía pública; XXIII. Derramar o tirar cualquier material en la vía Pública siendo conductor u ocupantes de cualquier vehículo; XXIV. Tratándose de propietarios, responsables o encargados de bares, cantinas, billares, pulquerías, establecimientos con pista de baile o música de cualquier tipo, restaurante - bar, u otros similares, permitir o propiciar actividades que alteren la tranquilidad o la moral pública; XXV. Conectarse a la red Municipal de agua potable, drenaje y alcantarillado, sin la autorización correspondiente; XXVI. Colocar, pegar, colgar, grafitear, pintar y repartir sin autorización de la Autoridad Municipal y sin cumplir con lo que establece el artículo 121 del Código Financiero del Estado de México; propaganda comercial en edificios públicos, portales, postes de alumbrado, cabinas telefónicas, semáforos, pisos, banquetas, guarniciones, camellones, puentes peatonales, pasos a desnivel, parques, jardines y demás bienes de dominio público. Con excepción de los anuncios dedicados a la búsqueda de personas o animales, o de proselitismo religioso; XXVII. Destruir o dañar los señalamientos viales y nomenclatura Municipal. En estos casos se tendrá que reparar el daño causado, independientemente de la multa y de las sanciones penales a las que haya lugar; XXVIII. Los propietarios o encargados de bares, cantinas o pulquerías, permitir el ingreso a menores de edad, así como a miembros del ejército o de cuerpos de seguridad Pública uniformados, así como el ingreso de cualquier persona que porte cualquier tipo de arma; XXIX. Vender a menores de edad bebidas alcohólicas o cigarros; XXX. Cortar, podar o derribar árboles, sin la autorización Municipal correspondiente; no se considera falta administrativa la poda moderada, ornamental, con fines estéticos y/o con fines de sanidad para la comunidad. XXXI. Quemar al aire libre cualquier material o residuo peligroso o altamente contaminante; XXXII. Llevar a cabo manejo y disposición final de residuos de origen industrial, comercial o de servicios, sin autorización, en particular los mataderos clandestinos; XXXIII. En materia de construcción no acatar las indicaciones que las Autoridades Municipales realicen sobre los horarios señalados para ello; XXXIV. En materia de construcción, no tener licencia de construcción; XXXV. Invadir u obstruir sin autorización la vía pública, las vías de comunicación, los sitios públicos, el acceso a predios Municipales impidiendo la entrada o el libre tránsito; XXXVI. No respetar los cajones de estacionamiento establecidos para personas con discapacidad, o hacer mal uso de ellas. XXXVII. Realizar juegos o eventos clandestinos; XXXVIII. Ejercer el comercio en lugar o giro diferente al autorizado; XXXIX. Almacenar o transportar sin permiso, materiales explosivos que pongan en peligro la salud, integridad física o los bienes propios o de terceros; XL. Almacenar, fabricar o vender artículos pirotécnicos, con explosivos u otros elementos, sin autorización; ablece el artículo 121 del Código independientemente de ponerlo a disposición de la Autoridad competente y decomisar la mercancía; XLI. Conducir un vehículo automotor en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancia psicotrópica prohibida; XLII. Quemar basura, llantas o derribar árboles sin la autorización de la Autoridad correspondiente; XLIII. Desperdiciar o tirar el agua ostensiblemente, barrer o limpiar fachadas o banquetas con manguera; XLIV. Invadir la vía Pública con sus mercancías o cualquier objeto, ya sea por el propietario, usufructuario, dependiente o encargado de un establecimiento comercial; XLV. Provocar, hacer o generar ruido que perturbe la tranquilidad de los vecinos; XLVI. Organizar o acudir a peleas de perros o peleas de gallos, incluyendo las que se realicen para fines de casteo. XLVII. Inhalar enervantes, substancias tóxicas o volátiles en la vía pública; XLVIII. Agredir física o verbalmente a los Servidores Públicos Municipales en el ejercicio de sus funciones; XLIX. Cargar o descargar mercancías y/o traspaleo de productos y/o materiales en áreas públicas y lugares no autorizados para dicha actividad, excepto en los casos donde sea la descompostura del vehículo o que el objeto de la carga de la mercancía sea surtir mercancía al menudeo en establecimientos comerciales. L. Transitar vehículos de carga que transporten materias primas forestales, productos y subproductos, por la infraestructura vial del Municipio, en el horario comprendido de las 20:00 a las 8:00 horas de todos los días de la semana. Se exceptúa de la presente fracción el transporte de leña para consumo doméstico de material leñoso proveniente de vegetación forestal sin ningún proceso de transformación que podrá ser utilizado como combustible en el hogar, para rituales o productos artesanales, hasta en un volumen menor a medio metro cúbico. LI.- Iniciar actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios sin haber obtenido la autorización, licencia o permiso expedido por la Autoridad Municipal competente. LII.-Iniciar la construcción, instalación y establecimiento de antenas de comunicaciones, telefonía, accesorios y cualquier otro medio de comunicación análogo, sin haber obtenido el permiso expedido por la Autoridad Municipal competente. LIII. Cerrar el servicio de estacionamientos concesionados, en establecimientos comerciales, industriales y de servicios, durante horarios de funcionamiento donde tienen obligación de brindar el mismo; LIV. Abandonar vehículos chatarra, cajas de tráiler en la vía pública, por lo que, previo procedimiento administrativo, serán retirados por las Autoridades competentes, con el fin de conservar la imagen urbana; LV.- No respetar el Alineamiento asignado en la constancia emitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano o invadir la vía pública; LVI. Descargar los escurrimientos pluviales de las azoteas en zonas peatonales; LVII. Construir en zonas de reserva territorial de preservación ecológica o áreas de uso común; LVIII. Ofertar públicamente la venta de lotes o terrenos, sin contar con la autorización de lotificación respectiva; LIX. No se considerará infracción el relleno de baches en la vía pública, sin que queden excedentes de los materiales utilizados, siempre y cuando estos no sean contraproducentes para la circulación vehicular. LX. Los ciudadanos podrán transportar dentro del Territorio Municipal, tanques de gas LP, solo de uso doméstico, siendo responsables de los daños que pudieran ocasionar con el citado traslado, así como los negocios y/o talleres que acrediten que son necesarios para el desempeño de su trabajo. LXI. Las demás que señalen otras leyes, Reglamentos, acuerdos y disposiciones legales aplicables. LXII. No se considerará falta administrativa acciones que realicen la ciudadanía para mejora de su entorno comunitario siempre y cuando estas sean acordadas con las Autoridades por escrito." "ARTÍCULO 120.- Se considera infracción toda acción u omisión que contravenga las disposiciones contenidas en el presente Bando, Reglamentos, acuerdos, circulares y demás ordenamientos que emita el Ayuntamiento y sean publicados en la Gaceta Municipal. Las infracciones serán sancionadas conforme a lo que señala este Título y demás disposiciones contenidas en los Reglamentos correspondientes. Los infractores del Bando Municipal que ameriten ser detenidos por la Autoridad competente, tendrán los siguientes Derechos: I. A ser tratado con igualdad, dignidad y respeto, durante y después de la detención; II. Desde el momento de su presentación ante el Oficial Calificador, al infractor se le harán saber los motivos de la retención y su derecho a guardar silencio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura; III. Es derecho del infractor rendir su declaración sobre los hechos materia de infracción administrativa o abstenerse de esta, si así lo considera prudente. En caso de solicitar rendir su declaración, podrá ser asistido por una persona de su confianza o, en su caso, de un representante de la Comisión Municipal de Derechos Humanos. IV. A que se le respeten los Derechos Humanos y sus garantías individuales que la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el Bando Municipal contemplan; V. A que se le ponga en conocimiento a un familiar o persona de confianza el hecho de su detención y el lugar de custodia en que se halle; VI. En ningún caso podrá prolongarse la detención preventiva, ni exceder del tiempo que como máximo de sanción fije el Bando Municipal vigente; VII. Si es retenido por más de 24 horas a recibir, alimento y agua; VIII. Las mujeres infractores, deberán ser confinadas en espacios separados al de los hombres." "ARTÍCULO 121.- Para la aplicación de multas por infracciones cometidas, se tomará como base a la Unidad de Medida y Actualización que determine anualmente el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Cuando el infractor sea jornalero, campesino, ejidatario, obrero o estudiante, la multa no excederá de un día de su jornal o salario de un día, lo cual deberá acreditar ante el Oficial Calificador con un documento que especifique sus actividades que desempeña. Si el infractor no pagase la multa impuesta, ésta se conmutará con arresto administrativo que en ningún caso excederá de 36 horas o trabajo social en beneficio de la comunidad. Cuando el infractor fuese empleado o tenga la posibilidad de presentar un documento que acredite sus ingresos, no podrá ser sancionado con multa mayor al importe de su salario de un día. Si el infractor no pagase la multa impuesta, ésta se conmutará con arresto administrativo que en estos casos será de hasta 36 horas o trabajo social en beneficio de la comunidad. Tratándose de no asalariados, empleados de bajos ingresos y pequeños comerciantes, o personas que no tengan la posibilidad de presentar un recibo de pago o documento para comprobar sus ingresos, se les impondrá una multa de hasta cuatro Unidades de Medida y Actualización que determine anualmente el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) para tal efecto será necesario que firmen bajo protesta de decir verdad junto con un testigo un documento donde manifiesten que se encuentran dentro de estos supuestos, (su salario actual y su situación económica). Si el infractor no pagase la multa impuesta, ésta se conmutará con arresto administrativo, que en estos casos será de hasta 36 horas o trabajo social en beneficio de la comunidad. En todos los casos, las oficialías calificadoras y mediadoras, deberán de expedir los recibos y órdenes de pago, debidamente autorizados por la Tesorería Municipal correspondientes al pago de la multa. Todo ciudadano que se presentado ante las Oficialías Calificadoras, tendrá derecho a realizar una llamada telefónica, lo anterior con la responsabilidad correspondiente para el Servidor Público que se niegue a proporcionarla. Todo ciudadano que sea presentado ante las Oficialías Calificadoras, tendrá derecho a la Garantía de Audiencia que señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior con la responsabilidad correspondiente para el servidor público que se niegue a proporcionarla." Preceptos que en términos generales prevén la facultad y competencia de la autoridad para emitir actos de molestia y privativos asimismo disponen la facultad de las autoridades administrativas para sancionar a los ciudadanos que incurran en alguna de las infracciones enumeradas; así como las disposiciones procesales aplicables al caso. Virtud a lo narrado, es que este juzgador considera que la autoridad fundó el acto atacado en esta instancia, pues la conducta del quejoso encuadró en el precepto por el cual se le impuso la sanción, aunado a que se citaron los preceptos que la autoridad consideró para justificar su competencia para emitirlo. En diverso contexto, por lo que hace al segundo requisito, consistente en la motivación, la responsable, al rendir su informe justificado, refirió que la imposición de la multa obedeció a los motivos siguientes: 1. Que el quejoso fue presentado por elementos de seguridad pública ante la Oficialía Calificadora del Segundo Turno de Zona Oriente, el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos por cometer la infracción al Bando Municipal 2018 de Tultitlán, Estado de México, contemplada en su artículo 119, fracción XLIX, consistente en la carga y descarga de mercancías en vía pública sin el permiso correspondiente. 2. Que en la misma fecha, a las catorce horas con cincuenta y siete minutos, se presentaron ciudadanos ante la Oficialía Calificadora a realizar el pago de la multa por la infracción al Bando Municipal, por lo que se les realizó el cobro por la cantidad de $3, 627.00 (tres mil seiscientos veintisiete pesos 00/100), y se dejó en libertad al ahora quejoso. Sanción que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. En dicho contexto, puede advertirse que la autoridad expresó los motivos que dieron origen al acto reclamado, complementando así el acto de autoridad tildado de inconstitucional, por lo que, de conformidad con el numeral 117 de la ley de la materia, en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa a efecto que, de ser su deseo, ampliara la demanda, proveído notificado personalmente el veinticinco de septiembre siguiente (f. 37). Posteriormente, en auto de veintitrés de los cursantes (f. 50), se realizó la certificación correspondiente en el sentido que, al haber fenecido el término otorgado a la parte quejosa para ampliar la demanda, sin que lo hubiera realizado, se tenía por no ampliada la demanda y se ordenó resolver con los elementos que obran en el expediente. En virtud de lo anterior, al no haber formulado concepto de violación alguno para impugnar la indebida fundamentación o motivación por parte de la responsable, es que se debe negar el amparo y protección de la justicia federal. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal a Tomás Ortiz Reyes. NOVENO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a loa novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Tomás Ortiz Reyes, contra los actos y autoridad indicados en el considerando CUARTO de esta sentencia, por los motivos ahí precisados. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Tomás Ortiz Reyes, en contra del acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando QUINTO de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expresados en el diverso OCTAVO. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Visto el apartado a) de la certificación con que se da cuenta, se advierte que el estado procesal que guarda el presente sumario, se advierte que ha fenecido el término de tres días concedido a la parte quejosa el quince de octubre de dos mil dieciocho, a efecto de ratificar el escrito con número de promoción 24703, sin que lo haya realizado, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene por no presentado el escrito de mérito. En diverso contexto, del apartado b) de la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa en auto de veinticuatro de octubre del año en curso, a efecto de ampliar su demanda de amparo, o bien, manifestar lo que a su interés conviniera, sin que hubiere hecho manifestación al respecto, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y, por tanto, deberá resolverse el presente asunto con los elementos que obran en el expediente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de quien dice ser el quejoso Tomas Ortiz Reyes, por medio del cual pretende desahogar el requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. No obstante, de manera evidente se advierte falta de identidad entre la firma que aparece en dicho escrito y la plasmada en la demanda; por tanto, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado con identificación oficial a ratificar tanto la firma, como el contenido del ocurso de cuenta; apercibiéndolo, que para el caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado. Lo anterior, sin perjuicio que, si al ratificar la firma del ocurso de cuenta, se advierta una diferencia notoria entre ésta y la plasmada en la demanda, así como en la diligencia de ratificación, este órgano podrá ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad y con ello, la procedencia del juicio de amparo. Determinación que guarda sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en el país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 09 de junio de 2017 10:15 h, de rubro y texto siguientes: PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada.

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