Tomas Salvador García Maldonado
Expediente 812/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 812/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Tomas Salvador García Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
....Vistos los autos y la certificación de cuenta; toda vez que por auto de diez de agosto de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, el cual no fue recurrido por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido....NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.....
- Principal
...Agréguese el oficio y anexo del Presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, con el cual rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, en términos del artículo 119 de la ley citada, se tiene por anunciada la prueba documental que anexa como justificación a su informe, la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 77 fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija (.)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, la parte quejosa reclama esencialmente la dilación en el cumplimiento del procedimiento de ejecución del controvertido laboral, pues la junta responsable ha omitido acordar su escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por el cual el directo quejoso solicitó se despache ejecución. Ahora, de las documentales remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, con valor probatorio pleno, en los términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°; se advierte que: El uno de agosto de dos mil veintidós, la citada responsable, acordó su escrito de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, informando, entre otras cosas, que se negó acordar de conformidad a lo solicitado, ya que no se ha materializado el auto de ejecución de siete de noviembre de dos mil diecinueve. Entonces, si la quejosa, señaló como acto reclamado la la dilación en el cumplimiento del procedimiento de ejecución del controvertido laboral, pues la junta responsable ha omitido acordar su escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, es inconcuso que, si bien, existió la omisión de dictar el acuerdo correspondiente en el juicio laboral, sin embargo, ésta ya no puede surtir efecto legal o material alguno, pues ya se dictó el acuerdo donde el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, proveyó lo conducente respecto de su escrito de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. De manera que es evidente la modificación del entorno en el cual se actualizó el acto reclamado, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria, pues derivado del auto de uno de agosto de dos mil veintidós, en la que la citada responsable acordó su escrito de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, impide que el acto aquí reclamado y sus efectos trasciendan a la esfera jurídica de la quejosa. Conviene indicar que, de con conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, en este juicio no es procedente dar vista a la parte quejosa para que amplíe su demanda en contra del auto de uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral J.32/0124/2010, del índice de la autoridad responsable, a través del cual, dio respuesta al escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno; ello, tomando en consideración que dicha determinación no constituye un acto de imposible reparación, ni tampoco constituye la última resolución emitida dentro del procedimiento de ejecución. De ahí que, per se, resulte improcedente el juicio de amparo respecto del acto referido. Por las consideraciones que la informan es aplicable la tesis P. LVII/2004, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". [Tesis P. LVII/2004, página 9, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época]. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, respecto a dicho acto reclamado, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia, con fundamento en los artículos 61 fracción XXI, y 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque en el segundo de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulta innecesario esperar resolver este juicio a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que del contenido del informe rendido por la autoridad responsable se advierte la cesación de los efectos del acto reclamado, y permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo; por tanto, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación, por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedenci previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
Agréguese el oficio y anexo del Presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, con el cual rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, en términos del artículo 119 de la ley citada, se tiene por anunciada la prueba documental que anexa como justificación a su informe, la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 77 fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija (.)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, la parte quejosa reclama esencialmente la dilación en el cumplimiento del procedimiento de ejecución del controvertido laboral, pues la junta responsable ha omitido acordar su escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por el cual el directo quejoso solicitó se despache ejecución. Ahora, de las documentales remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, con valor probatorio pleno, en los términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°; se advierte que: El uno de agosto de dos mil veintidós, la citada responsable, acordó su escrito de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, informando, entre otras cosas, que se negó acordar de conformidad a lo solicitado, ya que no se ha materializado el auto de ejecución de siete de noviembre de dos mil diecinueve. Entonces, si la quejosa, señaló como acto reclamado la la dilación en el cumplimiento del procedimiento de ejecución del controvertido laboral, pues la junta responsable ha omitido acordar su escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, es inconcuso que, si bien, existió la omisión de dictar el acuerdo correspondiente en el juicio laboral, sin embargo, ésta ya no puede surtir efecto legal o material alguno, pues ya se dictó el acuerdo donde el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, proveyó lo conducente respecto de su escrito de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. De manera que es evidente la modificación del entorno en el cual se actualizó el acto reclamado, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria, pues derivado del auto de uno de agosto de dos mil veintidós, en la que la citada responsable acordó su escrito de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, impide que el acto aquí reclamado y sus efectos trasciendan a la esfera jurídica de la quejosa. Conviene indicar que, de con conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, en este juicio no es procedente dar vista a la parte quejosa para que amplíe su demanda en contra del auto de uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral J.32/0124/2010, del índice de la autoridad responsable, a través del cual, dio respuesta al escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno; ello, tomando en consideración que dicha determinación no constituye un acto de imposible reparación, ni tampoco constituye la última resolución emitida dentro del procedimiento de ejecución. De ahí que, per se, resulte improcedente el juicio de amparo respecto del acto referido. Por las consideraciones que la informan es aplicable la tesis P. LVII/2004, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". [Tesis P. LVII/2004, página 9, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época]. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, respecto a dicho acto reclamado, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia, con fundamento en los artículos 61 fracción XXI, y 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque en el segundo de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulta innecesario esperar resolver este juicio a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que del contenido del informe rendido por la autoridad responsable se advierte la cesación de los efectos del acto reclamado, y permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo; por tanto, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación, por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedenci previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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"...Vista la segunda certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 117, de la Ley de Amparo, otorgado a la autoridad responsable Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para rendir su informe justificado, transcurre del ocho de julio al once de agosto del año en curso, tomando en cuenta que la notificación se realizó el siete de julio pasado, ya que la responsable goza de su primer periodo vacacional durante del dieciséis al treinta y uno de julio del año dos mil veintidós. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo..."
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