Tomas Pastrana Carrillo

Expediente 603/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
603/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Tomas Pastrana Carrillo

Actuaciones

  1. Principal

    "... Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, en la especie, mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo promovida por ******; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    "... Vista la razón de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, suscrita por la actuaria judicial adscrita, de la que se advierte la imposibilidad para notificar el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el domicilio señalado por la parte quejosa en su escrito de demanda, por las razones ahí expuestas. En consecuencia, con fundamento en el 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar dicha determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos..."

  3. Principal

    "... Vista la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 603/2022... Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, se estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el precepto 107, fracción I, de la Constitución Federal y el diverso 5, fracción I, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: "Artículo 5º..."Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:...Artículo 107...Los preceptos transcritos, establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Del análisis del referido artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo solamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida implica que tenga que ser real y no de carácter subjetivo. Así, para que se actualice un agravio, éste debe afectar algún derecho jurídicamente tutelado en favor del directo quejoso, es decir, de quien acude a la demanda de amparo, a efecto de salvaguardar aquel derecho; por lo que ese agravio debe concretarse en aquél y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. Para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle, habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. De modo que, para la procedencia de la acción constitucional, no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. En ese contexto, únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica; de conformidad con lo expuesto en la fracción I, del numeral 107 de la Carta Magna. Por su parte, los numerales 21, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 21..."Artículo 141...En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. En el caso, la parte quejosa se duele de la determinación emitida por el juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, para que comparezca el uno de junio de dos mil veintidós, a la formulación de imputación en su contra solicitada por el agente del Ministerio Público de ese distrito, sobre un delito que desconoce. Ahora bien, la orden de citación reclamada está encaminada a la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos por parte de la autoridad ministerial ante quienes se haya realizado la denuncia con ese fin, lo cierto es, que dicho acto no ocasiona un perjuicio a la esfera jurídica del impetrante del amparo, porque no se ha ocasionado alguna afectación en sus derechos fundamentales, como el de gozar de libertad o algún otro. Lo anterior, no implica que el quejoso hubiere participado en la comisión de un hecho probablemente constitutivo de algún ilícito, ya que simplemente representa un aviso de que debe presentarse ante la autoridad jurisdiccional a efecto continuar con la investigación. En ese orden de ideas, no puede considerarse que la citación reclamada está encaminada a la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos por parte de la autoridad responsable, sin que ocasionen un perjuicio a la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa, pues su emisión se trata de un acto futuro de realización incierta ya que la autoridad correspondiente podría determinar que, con motivo de la investigación que en su caso se realizara, el aquí quejoso no tendría responsabilidad alguna, caso en el cual, ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. Ante este panorama no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de la libertad a la parte quejosa y que por ello lesione sus derechos humanos o las garantías que para su protección establece la norma fundamental, ya que en todo caso será hasta que la autoridad jurisdiccional determine que existe la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y derivado de la petición que formule el representante social, se ordene entonces librar una orden de aprehensión, momento en el cual, de forma real y efectiva se afectará su esfera jurídica. Y si bien, el promovente debe comparecer ante la autoridad señalada como responsable, ello no es motivo para que su libertad se vea afectada, pues su presencia únicamente busca demostrar la verdad detrás de los probables hechos delictuosos para determinar si existe o no responsabilidad de su parte en la comisión de aquéllos, mas no así, privarlo de su libertad; además, se encuentra con libertad de acudir o no a la orden de citación; por tanto, dicho acto, no tiene como finalidad restringir su derecho de libertad, pues ésta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de aprehensión por una autoridad judicial. Considerar que la orden de citación transgrede su derecho de libertad, resulta improcedente, porque lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Lo anterior, en apego al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, en el que definió que de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar; por ende, ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Consideraciones que se encuentran contenidas en la jurisprudencia 78/2018, de la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]...En consecuencia, con fundamento en el diverso 113 del ordenamiento legal invocado, por notoriamente improcedente, de plano, se desecha la demanda de amparo..."

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